El proceso judicial masivo contra 486 presuntos cabecillas de la pandilla MS-13 avanzó este lunes a su segunda semana de audiencias, mientras la Fiscalía General afirmó que cuenta con abundante evidencia documental, pericial y testimonial para sustentar los cargos contra los acusados.

La causa es considerada una de las más relevantes impulsadas por las autoridades salvadoreñas contra estructuras criminales de alto mando. Según la acusación fiscal, los procesados habrían ordenado y coordinado delitos cometidos en distintos puntos del país entre 2012 y 2022.

Entre los hechos atribuidos figuran más de 47,000 crímenes, incluyendo más de 29,000 homicidios, además de extorsiones, desapariciones y otros ilícitos vinculados al crimen organizado.

Fiscalía presenta nuevos peritajes en la audiencia

Durante la jornada, especialistas de la División Élite contra el Crimen Organizado expusieron análisis técnicos orientados a vincular a los imputados con las operaciones internas de la pandilla

Los peritajes describieron presuntos mecanismos de coordinación territorial, distribución de funciones y control de zonas estratégicas. Para la Fiscalía, esos elementos ayudan a demostrar que la estructura actuaba bajo una organización jerárquica y con capacidad nacional.

Los fiscales sostienen que las decisiones criminales no respondían a hechos aislados, sino a órdenes emitidas desde niveles superiores de mando.

Teléfono incautado aporta información clave

Uno de los elementos destacados en la audiencia fue el examen forense de un teléfono celular decomisado a un integrante de la organización

De acuerdo con la acusación, la información extraída del dispositivo permitió reconstruir canales de comunicación interna, instrucciones operativas y contactos entre miembros de diferentes sectores.

Las autoridades consideran que ese contenido digital refuerza la tesis de una red coordinada con procedimientos definidos para ejecutar acciones ilícitas.

Testigo relata cómo se autorizaban asesinatos

La audiencia también incluyó la declaración de un testigo que explicó supuestos códigos internos utilizados por la pandilla.

Según su relato, empleaban el término “válvula” para autorizar homicidios, especialmente contra agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fuerza Armada.

El testigo aseguró que, antes de atacar, los pandilleros identificaban a la víctima, tomaban fotografías y enviaban la información a grupos internos. Posteriormente, afirmó, los llamados “ranfleros” evaluaban la solicitud y emitían una aprobación conjunta.

Para la Fiscalía, ese testimonio evidencia la existencia de una cadena de mando y un sistema interno para ordenar asesinatos.

Proceso continúa bajo atención pública

El juicio se desarrolla bajo fuerte atención pública por la magnitud del caso y el número de imputados. Mientras sectores oficialistas destacan el avance de las acciones contra pandillas, organizaciones críticas mantienen observaciones sobre el desarrollo de procesos masivos

Las audiencias continuarán en los próximos días con la incorporación de más peritos, testigos y pruebas documentales.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 también abre un frente legal clave: la propiedad intelectual. Expertos señalan que el uso no autorizado de marcas, eslóganes, personajes y símbolos vinculados al torneo puede generar multas, sanciones administrativas e incluso procesos penales.

Carlos Castillo, socio y director de Propiedad Intelectual en Romero Pineda, explicó en una entrevista radial con La Tribu que la protección legal de estos activos comienza varios años antes del evento.

La firma Romero Pineda tiene la representación legal de la FIFA para El Salvador.

Protección legal inicia antes del Mundial 2026

Castillo indicó que los organizadores definen con anticipación qué marcas comerciales, frases promocionales y elementos visuales utilizarán durante la Copa del Mundo.

Añadió que el proceso será particular en esta edición, ya que el torneo se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Esto empieza años antes del evento del Mundial de fútbol, para saber qué marcas van a utilizar, eslogan y personajes”, señaló.

Evento privado con alta exposición pública

El abogado y socio de la firma explicó que el torneo tiene enorme visibilidad global, pero mantiene derechos privados sobre sus elementos comerciales.

“Se trata de un evento privado de conocimiento público, pero eso no significa que cualquiera se pueda apropiar de cualquier elemento del evento”, afirmó.

Esto incluye nombres oficiales, logotipos, mascotas, campañas promocionales y material gráfico protegido.

Riesgos legales por uso indebido

Castillo advirtió que una empresa o persona no puede usar referencias del Mundial 2026 para atraer clientes sin autorización.

Según explicó, esa práctica puede constituir competencia desleal e infracción marcaria.

“Atraer clientela por medio de eventos como este es competencia desleal”, sostuvo.

También señaló que las autoridades pueden aplicar distintas sanciones según cada caso.

Multas y posibles consecuencias penales

El abogado indicó que existen infracciones administrativas con multas de alto valor económico.

“También hay infracciones administrativas, pero con multas de cientos de miles de dólares”, detalló.

Además, afirmó que algunos casos pueden escalar al ámbito penal.

“Hemos tenido contacto con la Fiscalía General de la República. Dependiendo de la perspectiva también puede haber una implicación penal”, agregó.

Uso periodístico sí tiene límites claros

Castillo diferenció el uso comercial del uso informativo. Explicó que los medios pueden mencionar el evento dentro de criterios legítimos.

“Bajo términos periodísticos sí hay una utilización leal”, señaló.

Sin embargo, recordó que el desconocimiento de la ley no exime responsabilidad cuando existe una infracción.

Propiedad intelectual gana peso económico

El especialista destacó que la propiedad intelectual protege creaciones humanas tangibles e intangibles.

También indicó que en El Salvador esta materia ha ganado importancia en las últimas décadas por su impacto económico.

Agregó que la seguridad jurídica fortalece la confianza para inversiones, negocios y protección de derechos.

La cadena perpetua en El Salvador ya entró en vigencia luego de cumplirse 30 días desde la ratificación constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele. 

La nueva normativa establece prisión perpetua para delitos graves, entre ellos homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones criminales o terroristas.

La reforma penal fue publicada el 27 de marzo en el Diario Oficial y comenzó a aplicarse este domingo. Con ello, el sistema penal salvadoreño incorpora una de las sanciones más severas de su historia reciente.

Qué delitos tendrán cadena perpetua en El Salvador

La ley fija la cadena perpetua como única pena para personas condenadas por varios delitos de extrema gravedad.

Entre ellos figuran:

Homicidio simple

Homicidio agravado

Feminicidio

Violación en distintas modalidades

Integración a organizaciones criminales

Pertenencia a grupos terroristas

Además, las pandillas pasan a encajar en esa categoría penal.

Reforma penal también alcanza a menores de edad

La normativa incluye a personas entre 12 y 18 años. En esos casos, los tribunales aplicarán revisiones obligatorias para valorar posibles medidas futuras.

Antes de esta reforma, los miembros de pandillas enfrentaban cargos por agrupaciones ilícitas. 

Las condenas iban de 20 a 30 años. Para cabecillas, las penas llegaban hasta 45 años.

Ahora, ese delito se aplicará a otros grupos delictivos no vinculados a pandillas, con penas de 10 a 20 años.

Cuándo podrán revisar condenas de prisión perpetua

La ley ordena revisiones periódicas de las penas. Los jueces deberán evaluar cada cinco años si procede un régimen de libertad controlada.

Los plazos mínimos serán:

25 años para menores de edad

30 años para adultos

35 años en casos con múltiples delitos

40 años cuando existan agravantes

Gobierno defiende medida y organismos la cuestionan

El oficialismo aseguró que la cadena perpetua en El Salvador cumple estándares constitucionales e internacionales, debido a los mecanismos de revisión judicial.

Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la prisión perpetua para menores de edad. El organismo indicó que esa sanción resulta incompatible con fines de reinserción.

Además, Human Rights Watch también expresó objeciones por posibles choques con normas internacionales de derechos humanos.

Reforma entra en vigor durante régimen de excepción

La medida comenzó en medio del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esa política permitió miles de capturas y una reducción de homicidios.

No obstante, organizaciones críticas reportan denuncias por violaciones a derechos humanos y muertes bajo custodia estatal.

Con información de Diario El Mundo

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador juramentó este viernes a 116 nuevos abogados correspondientes a abril de 2026.

El acto lo presidió el titular del órgano judicial, Henry Alexander Mejía. Con esta ceremonia, los profesionales quedan habilitados para ejercer la abogacía en el país.

Además, los nuevos abogados cumplieron con todos los requisitos legales establecidos para iniciar su ejercicio profesional en el ámbito jurídico salvadoreño.

Ceremonia destaca compromiso ético y responsabilidad profesional

Durante la actividad, el magistrado Fernando Galo tomó protesta a los nuevos profesionales del derecho. La ceremonia mantuvo un carácter solemne y formal.

En ese contexto, las autoridades destacaron la importancia de ejercer la abogacía con ética, integridad y respeto al ordenamiento jurídico.

Asimismo, subrayaron que los abogados deben asumir su rol con responsabilidad para brindar un servicio adecuado a la sociedad.

Participan magistrados y comisión de abogacía

El evento contó con la participación de la Comisión de Abogacía y Notariado. Entre los asistentes estuvieron magistrados y funcionarios vinculados al área jurídica.

También participó el jefe de la Sección de Investigación Profesional, quien forma parte del proceso de habilitación de los nuevos abogados.

La presencia de estas autoridades refuerza la formalidad del proceso de juramentación y control del ejercicio profesional.

Crece el número de abogados habilitados en 2026

Hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha juramentado 582 nuevos abogados en lo que va de 2026.

En enero, tomaron la protesta 239; 126 más lo hicieron en febrero y durante marzo, 101.

En enero, la institución realizó una ceremonia virtual en la que habilitó a cientos de profesionales. Ese acto marcó el inicio del año judicial en materia de abogacía.

Además, estas cifras reflejan un crecimiento sostenido del gremio jurídico en El Salvador. En 2025, el país cerró con más de 1,800 abogados autorizados para ejercer.

En consecuencia, la juramentación de abogados continúa como un proceso clave para garantizar la incorporación de nuevos profesionales al sistema legal salvadoreño.

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó al excomisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Cristian Herson Flores Sandoval, por solicitar sobornos a empresarios.

La sentencia establece que el exfuncionario pidió más de $200,000 a cambio de supuestos beneficios en licitaciones públicas. Además, ofrecía acceso a influencias políticas que nunca se concretaron.

Junto a él, también fue condenado su asistente, José Ángel Quintanilla Rosales, por el mismo delito de cohecho impropio.

Detalles del esquema de sobornos

Según la resolución judicial, los acusados exigían dinero bajo presión, engaños y abuso de poder. Las víctimas entregaron los pagos con la expectativa de obtener ventajas en proyectos estatales.

Uno de los casos ocurrió en diciembre de 2021. En ese momento, una víctima entregó $50,000 en efectivo al asistente. El dinero había sido solicitado por el excomisionado para facilitar proyectos de infraestructura educativa y portuaria.

Asimismo, otro testigo declaró que entregó $123,170, además de $25,000 y $29,567.58. Estos pagos se realizaron entre agosto y noviembre de ese mismo año. Los acusados prometieron beneficios mediante supuestas consultorías.

Penas impuestas por el tribunal

Como resultado del juicio, Flores Sandoval recibió una condena de cuatro años de prisión.

Además, el tribunal lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.

Por su parte, Quintanilla Rosales fue condenado a dos años de cárcel. Sin embargo, la pena fue sustituida por jornadas de trabajo de utilidad pública.

Restitución del dinero y resolución final

El tribunal también resolvió absolver a ambos de responsabilidad civil. Esta decisión se tomó porque restituyeron el dinero a las víctimas antes de la sentencia.

Las autoridades confirmaron que el excomisionado había sido capturado en abril de 2024.