El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez García, participó en una visita a la Aduana Marítima del Puerto de Acajutla. Esta actividad se enmarca dentro del Diplomado en Anticorrupción Aduanera, que busca fortalecer los conocimientos técnicos y jurídicos en materia aduanera, con un enfoque en la lucha contra la corrupción en este sector.

La jornada estuvo centrada en el análisis de temas como la obligación tributaria aduanera y las implicaciones del comercio exterior. El Diplomado, en el que participan jueces y colaboradores de las jurisdicciones Contencioso Administrativa y Penal, abordó el módulo III, titulado «Obligación Tributaria Aduanera». 

Este módulo permitió a los participantes profundizar en cuestiones esenciales, como los tributos relacionados con las operaciones de comercio internacional, la clasificación arancelaria y el origen de las mercancías.

Como parte de la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones del puerto y observar los procesos operativos de carga y descarga de contenedores, lo que les permitió conectar de manera práctica los conocimientos adquiridos con los procesos reales que se desarrollan en el ámbito aduanero.

A esta visita asistieron Berta Nayelly Loya, jefa de la Oficina País de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Mylène Paradis, embajadora de Canadá; Benjamín Mayorga, director general de Aduanas; Luis Canto, gerente general de la Unión Portuaria del Pacífico; y Miguel Ángel Calero, presidente del Consejo Nacional de Judicatura, quien estuvo acompañado de los consejales del pleno.

Este tipo de actividades refuerzan la cooperación entre las diversas instituciones involucradas en la gestión aduanera y promueven la integración de esfuerzos en la lucha contra la corrupción en este campo clave para la economía nacional.

Costa Rica busca revitalizar su imagen de país seguro mediante la adopción de estrategias exitosas contra la violencia. Una delegación del gobierno costarricense, encabezada por el ministro de Justicia y Paz, Ronald Campos Valverde, y el viceministro Juan Carlos Arias Agüero, visita El Salvador para estudiar el modelo de seguridad implementado bajo la administración del presidente Nayib Bukele.

Durante su visita a San Salvador, los representantes costarricenses se reunieron con el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, quien compartió con ellos las experiencias y políticas que han transformado la situación de seguridad en el país centroamericano. 

Entre las principales estrategias destacaron el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, herramientas que han permitido a El Salvador reducir de manera drástica los índices de criminalidad y convertir al país en un referente de seguridad en la región.

“El Salvador es un ejemplo de cómo se pueden recuperar los niveles de seguridad que todos deseamos. Costa Rica también quiere ser un país seguro, un país de paz», comentó Campos Valverde durante una rueda de prensa conjunta con Villatoro. 

El ministro de Justicia y Paz costarricense también destacó el interés de su gobierno por utilizar los recursos necesarios para erradicar la violencia y enviar a prisión a aquellos que no respetan la ley.

En cuanto a las experiencias compartidas, Villatoro enfatizó que las políticas de seguridad de El Salvador se basan en datos y resultados concretos, no solo en discursos. 

«Es un honor poder compartir nuestra experiencia con Costa Rica, un país que siempre fue un referente de paz y seguridad, y ahora también enfrenta los retos de la violencia», expresó Villatoro.

Costa Rica afronta un problema de inseguridad sin precedentes, con la violencia criminal marcada por el narcotráfico.

Una jueza federal de Maryland, Estados Unidos, emitió una orden que obliga al gobierno de Estados Unidos a repatriar a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error por la administración de Donald Trump y que permanece encarcelado en una prisión de máxima seguridad. La decisión establece que Ábrego García debe ser devuelto a Estados Unidos antes de las 11:59 p.m. del 7 de abril.

Ábrego García, de 29 años, fue arrestado el pasado 12 de marzo en el estacionamiento de una tienda Ikea en Maryland, a solo menos de dos kilómetros de su hogar, mientras su hijo autista de 5 años lo esperaba en el vehículo. 

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se limitó a responder en su popular cuenta de X con un “gif” de un conejo asombrado ante la noticia.

La jueza Paula Xinis, quien dictó la sentencia, calificó la deportación como un «acto ilegal» y cuestionó las razones por las cuales se había tomado la decisión de enviarlo a El Salvador.

En 2019, un juez de inmigración había otorgado a Ábrego García una protección que impedía su deportación a su país de origen, debido a las amenazas de pandilleros que enfrentaba en El Salvador. Además, desde entonces había recibido un permiso de trabajo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 

A pesar de esa protección, Ábrego fue deportado y enviado al Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot), una prisión de alta seguridad en El Salvador, conocida por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en su interior.

La jueza Xinis expresó su preocupación por las condiciones en esa prisión, indicando que era inaceptable que Ábrego García hubiera sido enviado allí. La magistrada también enfatizó que la deportación había sido irregular, a pesar de que el gobierno de Trump había reconocido públicamente que se trató de un «error administrativo».

Este caso ha generado un amplio rechazo en Estados Unidos, especialmente entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes consideran que el gobierno está cometiendo injusticias contra personas con permisos legales para residir en el país. A pesar de los intentos de la Casa Blanca de vincular a Ábrego García con la pandilla MS-13, su familia y abogados han negado estas acusaciones, alegando que se basan en una declaración de un informante confidencial sin pruebas concretas. Además, los abogados insisten en que Ábrego nunca ha vivido en Nueva York, como afirman algunos funcionarios.

Los abogados de Ábrego García, en sus presentaciones ante los tribunales, subrayaron que el gobierno de Estados Unidos debe corregir su error, advirtiendo que si no lo hace, las órdenes de los tribunales de inmigración perderían validez. 

Simón Sandoval-Moshenberg, abogado de la defensa, destacó que el gobierno de Estados Unidos ha estado pagando al gobierno salvadoreño para mantener a Ábrego García encarcelado, lo que plantea la posibilidad de que su repatriación pueda llevarse a cabo rápidamente. Según Sandoval-Moshenberg, Estados Unidos tiene la capacidad de solicitar el regreso de Ábrego García de manera efectiva, basándose en acuerdos previos para corregir errores de deportación

Una jueza federal de Maryland, Estados Unidos, emitió una orden que obliga al gobierno de Estados Unidos a repatriar a Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error por la administración de Donald Trump y que permanece encarcelado en una prisión de máxima seguridad. La decisión establece que Ábrego García debe ser devuelto a Estados Unidos antes de las 11:59 p.m. del 7 de abril.

Ábrego García, de 29 años, fue arrestado el pasado 12 de marzo en el estacionamiento de una tienda Ikea en Maryland, a solo menos de dos kilómetros de su hogar, mientras su hijo autista de 5 años lo esperaba en el vehículo. 

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se limitó a responder en su popular cuenta de X con un “gif” de un conejo asombrado ante la noticia.

La jueza Paula Xinis, quien dictó la sentencia, calificó la deportación como un «acto ilegal» y cuestionó las razones por las cuales se había tomado la decisión de enviarlo a El Salvador.

En 2019, un juez de inmigración había otorgado a Ábrego García una protección que impedía su deportación a su país de origen, debido a las amenazas de pandilleros que enfrentaba en El Salvador. Además, desde entonces había recibido un permiso de trabajo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. 

A pesar de esa protección, Ábrego fue deportado y enviado al Centro de Confinamiento para Terroristas (Cecot), una prisión de alta seguridad en El Salvador, conocida por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en su interior.

La jueza Xinis expresó su preocupación por las condiciones en esa prisión, indicando que era inaceptable que Ábrego García hubiera sido enviado allí. La magistrada también enfatizó que la deportación había sido irregular, a pesar de que el gobierno de Trump había reconocido públicamente que se trató de un «error administrativo».

Este caso ha generado un amplio rechazo en Estados Unidos, especialmente entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes consideran que el gobierno está cometiendo injusticias contra personas con permisos legales para residir en el país. A pesar de los intentos de la Casa Blanca de vincular a Ábrego García con la pandilla MS-13, su familia y abogados han negado estas acusaciones, alegando que se basan en una declaración de un informante confidencial sin pruebas concretas. Además, los abogados insisten en que Ábrego nunca ha vivido en Nueva York, como afirman algunos funcionarios.

Los abogados de Ábrego García, en sus presentaciones ante los tribunales, subrayaron que el gobierno de Estados Unidos debe corregir su error, advirtiendo que si no lo hace, las órdenes de los tribunales de inmigración perderían validez. 

Simón Sandoval-Moshenberg, abogado de la defensa, destacó que el gobierno de Estados Unidos ha estado pagando al gobierno salvadoreño para mantener a Ábrego García encarcelado, lo que plantea la posibilidad de que su repatriación pueda llevarse a cabo rápidamente. Según Sandoval-Moshenberg, Estados Unidos tiene la capacidad de solicitar el regreso de Ábrego García de manera efectiva, basándose en acuerdos previos para corregir errores de deportación.

La Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la Corte Suprema de Justicia ha lanzado una campaña informativa con el objetivo de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial del país. La campaña busca resaltar la importancia de la integridad y la transparencia en el ejercicio de la función judicial, alineándose con los principios establecidos en el Código de Ética Judicial.

La honestidad, pilar fundamental de la función judicial

Uno de los aspectos clave de esta campaña es la promoción de la honestidad como valor esencial en la conducta de jueces y juezas. 

Según el artículo 12 del Código de Ética Judicial, se establece que la honestidad es indispensable para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial y contribuir al prestigio del Órgano Judicial. De acuerdo con este principio, los magistrados deben evitar cualquier conducta que pueda generar dudas sobre su imparcialidad y legalidad en el ejercicio de sus funciones.

Prohibición de beneficios injustificados 

La campaña también pone énfasis en la prohibición de que jueces y juezas reciban beneficios fuera de los que les corresponden por derecho. En este sentido, el Código de Ética Judicial prohíbe expresamente que los magistrados se apropien o hagan un uso indebido de los recursos destinados al cumplimiento de su labor. 

Esta medida tiene como objetivo asegurar que las decisiones judiciales sean tomadas sin influencias externas o incentivos personales, garantizando así la justicia imparcial.

Transparencia en el ejercicio del cargo

La integridad de los jueces y juezas se extiende a su comportamiento en el ejercicio de su cargo, buscando siempre que no exista ni la más mínima interpretación de que se aprovechan ilegítimamente de la posición que ocupan. 

Los magistrados deben actuar de tal forma que ningún observador razonable pueda pensar que se benefician de manera irregular de las personas o los bienes bajo su administración.

Esta campaña informativa resalta, según la Corte Suprema, su interés en el buen accionar del sistema judicial para actuar con transparencia, justicia y sin corrupción, en un esfuerzo por consolidar un Órgano que sea modelo de honestidad e integridad. 

El magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, compareció ante la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa para exponer una propuesta de reformas a la Ley Orgánica Judicial.

Las modificaciones buscan optimizar el funcionamiento del sistema judicial mediante la conversión del Juzgado de Primera Instancia de Armenia y del Juzgado de lo Civil y Mercantil Pluripersonal de Sonsonate, además de ampliar la competencia territorial del Juzgado de Instrucción de Izalco y del Juzgado de lo Laboral de Sonsonate.

Según el magistrado Quinteros Espinoza, esta propuesta permitirá redistribuir la carga de trabajo sin necesidad de nuevas sedes, aprovechando los recursos existentes en el departamento de Sonsonate y en los municipios de Jayaque, Sacacoyo y Tepecoyo, del departamento de La Libertad.

“La idea es optimizar la administración de justicia y mejorar los tiempos de respuesta a la ciudadanía, garantizando un acceso más eficiente a los servicios judiciales dentro de un esquema de racionalización de recursos”, destacó Quinteros Espinoza.

Esta iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos para fortalecer el sistema judicial y garantizar una atención más ágil a las demandas legales de la población.