En medio de un renovado debate sobre la inmigración impulsado por las políticas de la administración del expresidente Donald Trump, una serie digital ha captado la atención del público por su enfoque realista y conmovedor sobre el tema. Un Abogado en Nueva York, creada por el abogado Aníbal Romero, conocido por representar a trabajadores indocumentados empleados por la Organización Trump, retrata con dramatismo las batallas legales que enfrentan miles de inmigrantes en Estados Unidos.

La producción, compuesta por 35 episodios, se transmite de forma gratuita en YouTube e Instagram. Ambientada en la ciudad de Nueva York, la historia sigue a Aníbal, un abogado de inmigración comprometido con sus clientes, mientras navega casos que incluyen desde deportaciones y violencia doméstica hasta procesos para obtener visas y cargos penales.

Basada en hechos reales, la serie no solo muestra el complejo sistema judicial al que se enfrentan los inmigrantes, sino que también humaniza sus vivencias. 

“Todos los días veo historias que merecen ser contadas, pero los medios no las cubren”, afirma Romero. “Hoy en día, la gente no ve las noticias como antes. Esta serie es una forma de llevarles esas historias directamente a donde están”.

La producción ha resonado especialmente entre comunidades inmigrantes que enfrentan barreras lingüísticas y viven en condiciones de incertidumbre legal. Aportando aún más fuerza al relato, la actriz y ex Miss Universo Alicia Machado aparece como estrella invitada en un arco de tres episodios, interpretando a una fiscal que enfrenta a Aníbal en un caso de asesinato relacionado con violencia doméstica.

Los episodios con Machado se estrenan este miércoles 23 de abril, y continuarán el 30 de abril y el 7 de mayo. El final de temporada está programado para el 28 de junio.

Un Abogado en Nueva York representa un nuevo enfoque para hablar de inmigración en la era digital, mezclando entretenimiento con conciencia social y llevando a la pantalla las historias que pocas veces llegan a los noticieros tradicionales.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha vuelto a colocarse en el centro del debate regional al plantear oficialmente una propuesta de intercambio de prisioneros al gobierno de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro. La iniciativa, que ha generado reacciones encontradas, busca repatriar a más de 250 venezolanos detenidos en el país centroamericano a cambio de un número similar de presos políticos actualmente encarcelados en Venezuela.

La propuesta fue dada a conocer por el propio mandatario salvadoreño a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), donde también compartió el documento oficial remitido por la Cancillería salvadoreña al Ejecutivo venezolano. En la carta, fechada el 22 de abril en Antiguo Cuscatlán y con número de referencia MRREE/0091/2025, se establece la voluntad de El Salvador de facilitar la repatriación de 252 ciudadanos venezolanos detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

De acuerdo con las autoridades salvadoreñas, los detenidos están bajo custodia por su presunta relación con el grupo criminal transnacional conocido como “Tren de Aragua”, y habrían llegado al país como parte de recientes deportaciones desde Estados Unidos.

La propuesta incluye además la liberación de otros 50 reclusos de distintas nacionalidades como parte de una “operación humanitaria de mayor alcance”, según detalla el documento.

La reacción de Maduro, quien no ha aceptado hasta ahora el ofrecimiento, fue criticada duramente por Bukele. “¿Le pareció justo un intercambio de 30 por 1, pero rechaza ahora una propuesta equitativa de 1 por 1?”, cuestionó el presidente salvadoreño en alusión al canje previo entre el empresario colombiano Alex Saab y 30 opositores presos en Venezuela.

Bukele también puso en duda la sinceridad del gobierno venezolano en cuanto al interés por sus ciudadanos detenidos en El Salvador. “¿Fue un simple espectáculo mediático la recepción en Miraflores a los familiares de los detenidos?”, preguntó.

Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha emitido una respuesta oficial sobre la propuesta salvadoreña. El gobierno de Bukele, por su parte, reiteró su disposición a establecer los mecanismos técnicos necesarios para concretar el intercambio, si Caracas decide aceptarlo.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó este martes un dictamen favorable que permitirá incorporar $24 millones al presupuesto general de 2025, destinados a dar inicio al Programa Integral de Seguridad Hídrica en la cuenca del río Lempa. Esta inversión representa el primer desembolso de un compromiso financiero más amplio que se extenderá durante dos décadas.

Los fondos provienen del Acuerdo de Fondeo para Conservación, una iniciativa respaldada por organismos internacionales y estructurada en torno a un fideicomiso dedicado a la restauración y protección del afluente más importante de El Salvador.

Desembolso inicial y plan de largo plazo
El monto aprobado corresponde a un único pago de $24 millones, distribuidos en dos fases: $12 millones en abril y otros $12 millones en octubre de 2025. A partir de 2026 y hasta 2044, el gobierno realizará transferencias semestrales promedio de $17.5 millones, todas en concepto de conservación ambiental.

Los recursos serán canalizados a través del Fondo Fiduciario para la Conservación y Restauración del Río Lempa, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hídrica, preservar los ecosistemas y garantizar el acceso sostenible al agua para futuras generaciones.

Recursos provienen de manejo de deuda
Julio Darío Alemán, jefe del Departamento de Gestión de la Deuda del Ministerio de Hacienda, explicó que este primer aporte fue posible gracias a ahorros generados por operaciones de manejo de pasivos durante 2024, lo que permitió activar el compromiso del Ejecutivo con el fideicomiso ambiental.

Este esfuerzo se enmarca en una autorización otorgada en mayo de 2024, cuando la Asamblea Legislativa habilitó al Ejecutivo a gestionar títulos valores por hasta $1,500 millones.

De ese monto, $1,000 millones fueron proporcionados por JPMorgan Chase Bank como nueva deuda, respaldada por la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo (DFC) de Estados Unidos, y con garantía de la Cooperación Andina de Fomento (CAF).

Próximo paso: aprobación en el pleno
La incorporación presupuestaria de los primeros $24 millones deberá ser ratificada en la sesión plenaria del próximo 24 de abril. De ser aprobada, marcará el inicio de una inversión histórica para la seguridad hídrica y ambiental del país, con el río Lempa como eje central de la estrategia de conservación a largo plazo.

Este programa busca, además, generar beneficios sociales y económicos en las comunidades que dependen del río, considerado vital para el abastecimiento de agua, la agricultura y la biodiversidad en gran parte del territorio salvadoreño.

El más reciente Informe de Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento del 2.5 % para la economía salvadoreña en 2025, una cifra que, si bien representa una ligera baja frente al 3 % estimado anteriormente, se enmarca dentro de un entorno internacional retador, influido por tensiones comerciales globales y ajustes macroeconómicos.

El organismo internacional recortó en medio punto porcentual su previsión de crecimiento económico global para este año, situándola en 2.8 %, debido al impacto de la guerra comercial impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump. Esta situación ha afectado especialmente a economías clave como Estados Unidos, China y México, con efectos indirectos sobre países emergentes y en desarrollo, incluyendo a los de Centroamérica.

Centroamérica: resultados variados, pero positivos
A nivel regional, los países centroamericanos muestran un comportamiento económico mixto. Según los datos desagregados del FMI, Guatemala liderará el crecimiento en 2025 con un 4.1 %, seguida por Panamá (4 %), Costa Rica (3.4 %), Honduras (3.3 %) y Nicaragua (3.2 %). En contraste, El Salvador se ubica como la nación con menor expansión económica de la región.

Pese a ello, el entorno económico del país presenta señales de estabilidad que pueden ser vistas como oportunidades para fortalecer sus finanzas públicas y avanzar en reformas estructurales.

Acuerdo con el FMI: compromiso con el ajuste fiscal
Este informe del FMI es el primero que se publica desde que El Salvador suscribió un acuerdo de financiamiento por $1,400 millones con condiciones favorables, orientadas a fortalecer la sostenibilidad fiscal del país. Como parte del acuerdo, el gobierno salvadoreño se ha comprometido a aplicar un ajuste fiscal del 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) y a mejorar los niveles de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Si bien algunos analistas han señalado que la ejecución de estos compromisos ha sido parcial, los avances en materia fiscal son clave para mantener la confianza de los organismos multilaterales y de los inversionistas internacionales.

Las proyecciones del FMI apuntan a una continuidad en la tendencia de crecimiento moderado para El Salvador también en 2026, con un estimado nuevamente del 2.5 %. En ese año, se espera que Guatemala modere su crecimiento a 3.8 %, mientras que los demás países centroamericanos mantendrán ritmos similares al año anterior.

Un entorno global en transformación
Más allá de lo regional, el FMI advirtió que el mundo atraviesa una fase de reconfiguración económica. Las políticas arancelarias entre Estados Unidos y China han generado incertidumbre que podría prolongarse, afectando no solo al comercio global, sino también a la inversión y a la inflación, que se prevé alcance un 4.3 % en 2025 a nivel mundial.

El economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, explicó que los aranceles son un “shock de demanda negativo” que impacta directamente la productividad y eleva los costos de producción. Esta situación, combinada con nuevas dinámicas comerciales y cambios en las reglas del sistema económico global, podría representar tanto desafíos como nuevas oportunidades para países como El Salvador.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) continúa fortaleciendo las capacidades del funcionariado judicial y demás operadores del sector justicia mediante su ciclo de videoconferencias titulado Criminalística y Justicia Penal Juvenil. En esta ocasión, la institución anuncia la realización de su segunda sesión académica, enfocada en un tema clave para la administración de justicia: La Cadena de Custodia en el Proceso Penal Juvenil.

La jornada formativa se llevará a cabo el próximo 24 de abril de 2025, en horario de 9:00 de la mañana al mediodía y está dirigida a jueces, fiscales, defensores públicos, investigadores, académicos y miembros de la comunidad jurídica interesados en profundizar sus conocimientos sobre el tratamiento técnico y legal de las evidencias en procesos penales que involucran a adolescentes.

Los ponentes de esta edición son dos destacados especialistas en criminalística y derecho penal juvenil: el Msc. Rodolfo Saez Muñoz, experto chileno en Ciencias Forenses y Criminalística, y el Lic. Luis Eduardo Ticas Hernández, Coordinador de Apoyo de la Unidad Penal Juvenil de la Procuraduría General de la República (PGR).

La actividad forma parte del esfuerzo permanente del CNJ por ofrecer formación especializada que responda a los desafíos actuales del sistema de justicia, con especial atención a la protección de derechos en contextos sensibles como el de la niñez y adolescencia en conflicto con la ley.

Para más información sobre el ciclo de videoconferencias y futuras actividades académicas, las personas interesadas pueden consultar los canales oficiales del Consejo Nacional de la Judicatura.