La Asamblea Legislativa de El Salvador, a través de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, aprobó este viernes un dictamen favorable para reformar la normativa que regula el historial crediticio de los ciudadanos. Con esta reforma, las agencias que manejan esta información podrán transferirla a empresas especializadas en almacenamiento en la nube sin necesidad del consentimiento de los usuarios.
Si bien la nueva disposición no obliga a las agencias a utilizar la nube, sí les otorga la facultad de contratar este servicio con proveedores externos.
Tanto el Banco Central de Reserva (BCR) como la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) han asegurado que cualquier empresa que almacene estos datos deberá garantizar la confidencialidad y contar con mecanismos de ciberseguridad adecuados.
El dictamen fue aprobado sin modificaciones en una breve reunión, después de la lectura de este.
La superintendente adjunta de bancos, aseguradoras y otras entidades financieras, Daysi Mineros, sugirió a los diputados, en días anteriores, que el uso de la nube debía ser transparente para los usuarios.
La diputada González recordó que en 2021 se realizó otra reforma a la misma normativa, la cual permitió a la SSF fiscalizar a las agencias de información sin previo aviso y estableció que la falta de pago de membresías de tarjetas de crédito sin saldo de capital o interés vencido no se considerara un dato negativo en el historial crediticio.
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, sugirió que se analizaran las garantías de seguridad en la contratación de las empresas que resguardarán la información crediticia de los salvadoreños.
La aprobación de esta reforma abre la puerta a un nuevo modelo de almacenamiento de datos crediticios en El Salvador, con beneficios potenciales en eficiencia y acceso, pero también con cuestionamientos sobre la protección de la privacidad de los ciudadanos.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes una nueva extensión del régimen de excepción, que llegará a su tercer año el próximo 27 de marzo.
Con esta 36ª prórroga, el gobierno mantiene la suspensión de derechos constitucionales por 30 días más, desde el 7 de marzo hasta el 5 de abril de 2025.
El régimen, implementado desde 2022 como parte de la estrategia de seguridad del gobierno, ha resultado en la captura de más de 85,000 personas según informes oficiales.
Según la Constitución de El Salvador, los derechos restringidos bajo esta medida incluyen el derecho a ser informado sobre la causa de detención, la limitación del tiempo máximo de arresto a 72 horas y la privacidad de las telecomunicaciones.
El Ejecutivo argumentó que la medida sigue siendo necesaria para frenar la evolución de estrategias adoptadas por grupos criminales.
Entre las amenazas detectadas, según el gobierno, está el reclutamiento de menores en instituciones educativas y el cambio de apariencia de los pandilleros para evitar ser identificados.

Durante la sesión legislativa, la diputada Evelyn Merlos, del partido oficialista Nuevas Ideas, explicó que la prórroga mantiene la suspensión de tres derechos constitucionales clave.
Estos incluyen el derecho a conocer los motivos de la detención y a contar con un defensor, el límite de detención sin presentar cargos y la restricción en la privacidad de las telecomunicaciones.
Fueron 57 votos a favor por parte de Nuevas Ideas, el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Mientras tanto, los diputados de Arena se abstuvieron y la legisladora de Vamos votó en contra.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa acordó este lunes un dictamen favorable para incorporar $157.7 millones a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), destinados a la construcción y equipamiento del Aeropuerto del Pacífico en La Unión, así como para obras en el Aeropuerto de Ilopango.
Este financiamiento forma parte de un contrato de préstamo suscrito el 13 de septiembre de 2024 con la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un total de $320 millones, destinado a financiar el proyecto del Aeropuerto del Pacífico.
Durante la reunión, los diputados recibieron a Alexander López, asesor de CEPA, quien explicó la distribución y ejecución de los fondos.
López detalló que de los $320 millones del préstamo, $280 millones están disponibles para el proyecto. De esta suma, se solicitó una modificación presupuestaria para ejecutar $157.7 millones durante el año 2025, destinados a cubrir los costos estimados y facilitar la contratación de obras en la zona terrestre.
El funcionario destacó que este año se concluirán las obras de mitigación, incluyendo el cercado del 100% del aeropuerto, y se espera que las obras de terracería avancen entre un 60% y 70%.
La asignación de los fondos se divide en tres partes: $143.2 millones se destinarán a las obras de terracería para la construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico; $3.2 millones para el apoyo técnico, administrativo y auditorías externas del proyecto; y $11.3 millones se destinarán a la rehabilitación de la pista y la construcción de hangares para el estacionamiento de aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, ubicado en San Salvador.
López también destacó que, una vez en funcionamiento, el Aeropuerto Internacional del Pacífico generará alrededor de 2,000 empleos directos, incluyendo operadores aeronáuticos y agentes de rampa.
El proyecto se desarrolla en 600 manzanas de terreno, todas adquiridas, y dentro de esta área se dejará un espacio reservado para la Fuerza Aérea Salvadoreña como parte de un proyecto estratégico de seguridad nacional. El resto de los terrenos se destinarán a operaciones comerciales e industriales, como una terminal de carga y un centro para la industria aeronáutica.
Tras la exposición del funcionario, los diputados emitieron su voto y aprobaron el dictamen, que será presentado en la plenaria de este martes.
Con Información de diario El Mundo

La Asamblea Legislativa aprobó este miércoles, con 57 votos a favor, la ratificación del acuerdo de reforma constitucional que deroga el Artículo 210 de la Constitución de la República, con lo que se elimina la deuda política o financiamiento estatal para los partidos.
Esta reforma fue impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas y marca la culminación de la primera reforma constitucional que se ratifica dentro de la misma legislatura, tras el cambio al Artículo 248 de la Carta Magna que permite este tipo de modificaciones.
El Artículo 210, eliminado con esta reforma, reconocía la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos, regulado por ley secundaria. Con la derogación de este artículo, sólo se permitirá el financiamiento privado para los partidos.
La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, destacó que la deuda política servía como una fachada para encubrir el financiamiento privado de los partidos políticos, lo que implicaba intereses ocultos en la política.
Según Rivas, el Estado se ahorrará alrededor de $39.7 millones con la eliminación de este financiamiento público.
Por su parte, el diputado Reinaldo Carballo, del PDC, recordó que su partido nunca recibió financiamiento público a lo largo de sus campañas, y aseguró que esta reforma no le afectará, ya que siempre se ha financiado de manera privada.
El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, aseguró que la ratificación responde a las demandas del pueblo salvadoreño.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador aprobó por unanimidad el calendario electoral para las de 2027, un documento clave que detalla el cronograma de actividades tanto dentro como fuera del país. 

Este establece las principales fechas y procedimientos para garantizar un proceso electoral organizado y transparente.

Entre los aspectos destacados del calendario se encuentran:

• El cierre del Registro Electoral, que es esencial para garantizar que todos los ciudadanos aptos para votar estén debidamente inscritos.
• La actualización del domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI), un paso importante para asegurar la correcta asignación de los centros de votación.
• La convocatoria oficial para las elecciones, que marca el inicio formal del proceso electoral.
• El período de inscripción de candidaturas, que permitirá a los partidos y movimientos políticos presentar a sus aspirantes.
• El período de apertura y cierre de la propaganda electoral, que regulará la difusión de los mensajes de los candidatos.                                            
  Las elecciones, legislativas y municipales, serán el 28 de febrero.

Este avance en la planificación del proceso electoral representa un paso fundamental en la preparación del Plan General de Elecciones (PLAGEL), un conjunto de acciones orientadas a garantizar una jornada electoral organizada, segura y exitosa. 

Se espera que este proceso culmine en una fiesta electoral sin precedentes, en la que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto con total confianza.