La Defensoría del Consumidor ha realizado en este año 1,700 inspecciones en diversos comercios a nivel nacional, con un 20 % de incumplimientos detectados en las normas que verifica la institución.

El presidente de la entidad, Ricardo Salazar, enfatizó la importancia de estas inspecciones para prevenir abusos y ajustes repentinos en los precios.
En lo que va de 2024, la Defensoría ha atendido más de 100,000 consultas, de las cuales 23,000 son denuncias recibidas en los últimos 9 meses.

Esta cifra supera las 21,000 quejas acumuladas durante todo el año pasado. Además, la institución ha logrado recuperar más de $29.2 millones en favor de 30,500 consumidores, abarcando diversos rubros, incluido el inmobiliario.

Salazar, además descartó cualquier posibilidad de desabastecimiento de granos básicos en el corto plazo, al tiempo que anunció un incremento en las inspecciones para evitar abusos en los precios.

En una entrevista televisiva aseguró que la importación de productos como el maíz blanco y amarillo, así como los frijoles, continúa de manera constante. “Descartamos cualquier tipo de riesgo de desabastecimiento en el corto plazo. Por ejemplo, en el caso de maíz blanco, se han importado 1.2 millones de quintales”, afirmó Salazar.

Los diputados de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea aprobaron un dictamen para las reformas a la Ley de Activos Digitales, que incluye nuevas normas de conducta para los proveedores de servicios de bitcoin.

Durante la sesión, Miguel Serafín, director de la Comisión de Activos Digitales (CNDA), explicó que una de las principales metas de estas reformas es incluir el ecosistema de proveedores de servicios de bitcoin dentro de la CNDA, buscando mejorar la eficiencia en la regulación.

“Esto obedece exclusivamente a motivos de eficiencia”, afirmó Serafín.
Las reformas buscan regular las transferencias de activos digitales tanto en ofertas públicas como privadas, estableciendo obligaciones para emisores y proveedores de servicios.

El objetivo es promover el mercado de activos digitales mientras se protege a los adquirentes.
El dictamen fue respaldado por los 11 diputados del partido Nuevas Ideas, aunque la diputada Claudia Ortiz de Vamos no participó en la votación.

Entre las reformas aprobadas se encuentran:
Normas de conducta: Se introducen artículos que establecen la necesidad de que los proveedores de servicios de bitcoin (PSB) mantengan un programa contra el lavado de dinero y salvaguarden los activos de los clientes mediante políticas adecuadas.

Mantenimiento de registros: Los PSB deberán llevar libros que reflejen con precisión sus activos, pasivos y el patrimonio, así como la información relevante de cada cliente.

Obligaciones adicionales: Incluyen la creación de un registro de quejas, un programa de ciberseguridad, y un plan de recuperación ante desastres, entre otros.
La reforma también introduce un procedimiento de registro que incluye etapas de preinscripción e inicio de operaciones, buscando mayor claridad y agilidad en el proceso.

Serafín detalló que la preinscripción permitirá una verificación inicial del cumplimiento de requisitos antes de pasar a la etapa de registro.

Otras disposiciones establecen que los PSB no podrán suspender sus operaciones sin la autorización de la CNDA, y refuerzan la facultad de la CNDA para requerir información y realizar inspecciones a los supervisados.

Las reformas serían aprobadas en la sesión plenaria programada para el 3 de octubre.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, confirmó este martes que la entrada en funcionamiento del sistema de fotomultas, que comenzará a operar este mes.

En una entrevista televisiva, Rodríguez aseguró que el proyecto ya está “listo” para su implementación.
Anteriormente se había anunciado que el sistema funcionaría en septiembre de este año.

Antes de activar las cámaras que impondrán las infracciones, el ministro destacó que se están ultimando detalles de señalización, especialmente en la autopista al aeropuerto internacional, donde existen confusiones respecto a los límites de velocidad.

“Hay tramos de 60 kilómetros por hora en una vía donde la velocidad máxima es de 90 kilómetros por hora. No podemos tener ese tipo de confusiones”, indicó Rodríguez.

El ministro también mencionó que las cámaras ya están operativas y se han comenzado a registrar infracciones por exceso de velocidad. Sin embargo, reiteró la importancia de garantizar una señalización adecuada antes de comenzar a multar. “Funcionará en este mes de octubre, sin duda», aseguró.

Además, Rodríguez informó que se está preparando un proceso administrativo para notificar a los conductores sobre las multas. Estas notificaciones se enviarán por correo electrónico, lo que permitirá a los infractores revisar y apelar las sanciones impuestas.

A mediados de agosto, Rodríguez había anticipado que el sistema de fotomultas iniciaría en septiembre, limitándose inicialmente a tres carreteras del país: el bulevar Monseñor Romero, la autopista a Comalapa y la carretera al puerto de La Libertad. Desde entonces, el ministerio ha estado trabajando en la readecuación de la señalización vial, especialmente en lo que respecta a los límites de velocidad.

La Procuraduría General de la República (PGRS) promueve es cambio significativo en las políticas de atención, permitiendo a los adolescentes solicitar servicios sin necesidad de la representación de un adulto.

Esta medida busca empoderar a los jóvenes y garantizar su acceso a recursos legales.
Como parte de su campaña informativa, la PGR o “Procu”, como se le llama a la institución, presenta en una campaña en redes sociales un ejemplo práctico: “Tengo 15 años y quiero solicitar cuota alimenticia a mi papá, pero mi mamá no quiere. ¿Qué puedo hacer?”.

Ante esta inquietud, la institución aclara: “No te preocupes, nuestras leyes permiten que los adolescentes soliciten de manera directa los servicios en las instituciones. Si quieres solicitar cuota alimenticia, puedes hacerlo directamente”.

Con esta promoción de políticas la Procuraduría busca fortalecer su compromiso de apoyar a los adolescentes en el ejercicio de sus derechos y ofrece apoyo y guía por medio de su línea telefónica 2231-9484.

La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa tiene preparado un dictamen que propone “Disposiciones transitorias para la legalización de armas de fuego en el país”. Este decreto, de ser aprobado, permitiría a los ciudadanos registrar armas no legalizadas durante un plazo de 90 días, sin necesidad de justificar su origen o el uso que se les ha dado.

A pesar de que la propuesta fue respaldada por la Comisión la semana pasada, aún no ha sido discutida en el pleno, enfrentándose a críticas de diversos sectores, incluidos diputados de oposición y organizaciones sociales.

Según reportes periodísticos locales, entre los detractores se encuentra el criminalista Ricardo Sosa, asesor del Ministerio de Seguridad, quien argumenta que esta iniciativa contradice los esfuerzos gubernamentales para controlar la violencia.

Sosa expresó su preocupación en redes sociales, señalando que no se necesitan más armas en manos de la población y cuestionando la lógica detrás de legalizar armas que fueron adquiridas irregularmente.
El diputado Caleb Navarro, presidente de la Comisión y miembro del partido Nuevas Ideas, justificó la iniciativa al afirmar que está dirigida a aquellos ciudadanos que adquirieron armas en un contexto de inseguridad y que no han podido registrarlas.

“A esos buenos salvadoreños que se armaron para defender a sus familias o negocios, a ellos va dirigida esta disposición”, sostuvo.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió el proyecto como una “ley para gente honrada” y expresó que la trazabilidad de las armas, incluso en caso de robo, es beneficiosa para la sociedad.

La diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, se unió a las voces críticas, argumentando que la falta de información sobre el dictamen y la posibilidad de abusos son motivos suficientes para rechazar la propuesta.
“No podemos votar por algo que no conocemos”, enfatizó, refiriéndose también a los riesgos de denuncias anónimas sin penalización.

Este debate se sitúa en un contexto donde en enero de 2022, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y otros movimientos presentaron una propuesta para reformar la Ley de Armas, buscando establecer límites en la posesión de armas y medidas de control más rigurosas.
Sin embargo, esta iniciativa fue ignorada por el Legislativo, lo que ha llevado a cuestionar la voluntad política para abordar la problemática de la violencia en el país.

La posible legalización de armas en El Salvador sigue siendo un tema controvertido que plantea serias dudas sobre su conveniencia, en medio de un contexto de creciente preocupación por la seguridad, un tema que ha tenido grandes avances en los últimos dos años, y el uso responsable de las armas en la sociedad salvadoreña.