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Asamblea aprueba ratificar acuerdo aduanero contra la corrupción entre EE.UU. y El Salvador

Este acuerdo, además de fortalecer la asistencia para combatir prácticas ilícitas incluye dotación de tecnología.

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La comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles el dictamen favorable para la ratificación del acuerdo de asistencia mutua aduanera entre El Salvador y Estados Unidos.

El acuerdo, suscrito el pasado 7 de octubre, busca fortalecer la cooperación en la gestión aduanera, mejorar la lucha contra las infracciones y asegurar una tasación precisa de los impuestos en las aduanas de ambos países.

El acuerdo permitirá a ambos gobiernos compartir prácticas y técnicas en la gestión aduanera, incluyendo métodos de tratamiento de pasajeros y carga, así como la aplicación de medidas coercitivas para enfrentar infracciones aduaneras.

También facilitará el intercambio de información sobre la importación ilegal de mercancías y permitirá la supervisión de personas y bienes sospechosos de estar involucrados en actividades ilícitas.

José Luis Maradiaga, subdirector de Aduanas de El Salvador, destacó que uno de los aspectos clave de este convenio es la creación de la Escuela de Formación Integral Aduanera, un proyecto que buscará capacitar de manera continua a los funcionarios aduaneros no solo en normas técnicas, sino también en principios éticos. Maradiaga subrayó que la iniciativa tiene como objetivo erradicar la corrupción en las fronteras, un problema históricamente asociado con las aduanas.

“Queremos que nuestra gente reciba capacitación constante. No sólo en conocimiento técnico, sino también en principios éticos para luchar contra la corrupción. Sabemos que antes las aduanas eran consideradas centros de corrupción, pero estamos avanzando en el proceso de superación de este problema”, indicó Maradiaga.

El convenio también contempla beneficios tangibles para la modernización de los servicios aduaneros en El Salvador, como la entrega de equipos tecnológicos, como tabletas y dispositivos móviles, para automatizar los procesos aduaneros. Además, se instalarán paneles solares en los recintos aduaneros y se mejorarán las oficinas de la Dirección General de Aduanas, lo cual contribuirá a mejorar la imagen de las instituciones encargadas de las fronteras y facilitará una mejor posición frente a otros países.

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El Salvador aprueba dos garantías soberanas por $190 millones para impulsar a las mipymes

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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles dos garantías soberanas por un total de $190 millones, destinadas a financiar programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el país. Los recursos, que provendrán de préstamos suscritos por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (Bandesal), se enfocarán en proyectos para mejorar la eficiencia energética y promover la transformación digital en este sector clave de la economía.
La primera garantía soberana permitirá un préstamo de hasta $60 millones, cuyo objetivo principal será fomentar el ahorro energético y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en las mipymes. Este financiamiento forma parte del Programa de Financiamiento para la Eficiencia Energética y Energías Renovables, impulsado por el gobierno en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El préstamo tiene un plazo de hasta 23 años y medio, con la primera cuota de amortización programada para 84 meses después de la firma del contrato. Los diputados aprobaron esta medida con 56 votos a favor, mientras que el partido Vamos optó por la abstención. Los pagos de los intereses se harán semestralmente, aplicando una tasa de referencia más un margen adicional para los préstamos de capital ordinario.
La segunda garantía soberana fue otorgada para un préstamo de hasta $130 millones, destinado a promover la adopción de tecnologías digitales y la transformación digital de las mipymes a través del Programa de Apoyo a la Transformación Tecnológica y Digital. Al igual que el préstamo anterior, este también tiene un plazo de hasta 23 años y seis meses, con pagos semestrales que iniciarán 84 meses después de la firma del contrato. Los intereses se calcularán de manera similar, utilizando una tasa de referencia más un margen aplicable a los préstamos ordinarios.
Ambos proyectos buscan fortalecer la capacidad de las mipymes para adaptarse a las nuevas demandas del mercado, mejorando su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

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Asamblea elimina la deuda política con 58 votos y con reforma constitucional exprés

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Con 58 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la eliminación del artículo 210 de la Constitución, suprimiendo así el financiamiento público a los partidos políticos, conocido como “deuda política”.
La medida fue impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, y se convirtió en la primera reforma constitucional aprobada mediante la nueva vía rápida establecida en enero de este año.
La deuda política es un mecanismo mediante el cual el Estado entrega fondos a los partidos políticos en función de los votos obtenidos en las elecciones. En El Salvador, se asignaban $6.05 por voto en comicios presidenciales, $3.28 en legislativos, $3.30 en Parlamento Centroamericano y $2.45 en municipales.
Este sistema buscaba garantizar la participación equitativa en la contienda electoral, pero ha sido criticado por su impacto en las finanzas públicas y el uso discrecional de los fondos.
Desde la bancada oficialista, el diputado Caleb Navarro calificó la eliminación de la deuda política como un hecho “histórico”, mientras que el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, defendió la medida argumentando que los fondos públicos no deben destinarse a campañas políticas.
Sin embargo, la oposición cuestionó la reforma, señalando que el oficialismo ya había cobrado más de $27 millones en deuda política antes de su eliminación y que ahora pretende concentrar más poder al modificar la Constitución con mayor facilidad.
El debate también incluyó posturas de legisladores como Reinaldo Carballo, del PDC, quien aseguró que su partido nunca recibió deuda política y que ahora los diputados deberán financiar sus campañas con sus propios salarios. Con la eliminación de la deuda política, los partidos deberán buscar nuevas formas de financiamiento, mientras la oposición advierte sobre los riesgos de modificar la Constitución sin amplios consensos.

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Asamblea Legislativa reformará la Constitución este miércoles para eliminar la deuda política a los partidos

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El plato fuerte de la sesión plenaria de este 12 de febrero es la aprobación de una reforma constitucional que eliminará el financiamiento público destinado a los partidos políticos del país. 

El presidente de la Asamblea Legislativo, Ernesto Castro, confirmó que la reforma se someterá a votación en la sesión plenaria de hoy. 

Debido a la supermayoría oficialista, el cambio constitucional se da por sentado.

Caleb Navarro, subjefe de fracción del partido Nuevas Ideas, dijo el cambio constitucional será posible en una sola votación sin la necesidad de un proceso más largo.

Navarro expresó que, según la reforma al artículo 248 de la Constitución, la actual Asamblea Legislativa está facultada para realizar cambios constitucionales mediante una votación en la que se aprueben tres cuartas partes de los votos, es decir, 45 de los 60 diputados, lo que garantiza el respaldo de Nuevas Ideas y sus aliados, quienes suman 57 votos.

Este proceso de modificación constitucional comenzó con una reforma al artículo 248 aprobada el 29 de enero de 2025, que permite la reforma constitucional en una sola votación si se cuenta con el apoyo necesario. Este cambio en el procedimiento fue acordado en la legislatura anterior y comenzó con un acuerdo de reforma en abril de 2024.

Desde la oposición, representantes como la diputada Marcela Villatoro de Arena han cuestionado el uso de la reforma para eliminar la deuda política, calificándola de un «pretexto» para emprender reformas estructurales a la Constitución. 

La reforma constitucional que se aprobará este miércoles sería la primera impulsada por el partido Nuevas Ideas en el marco de un proceso que fue asignado por el presidente Nayib Bukele al vicepresidente Félix Ulloa. 

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Presidente de la Sala de lo Penal participa en sesión de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia

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Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, presidente de la Sala de lo Penal, asistió a una reunión con los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa para ofrecer su opinión técnica sobre las reformas propuestas a la Ley Penal Juvenil, la Ley contra el Crimen Organizado y la Ley Penitenciaria.

En relación con las reformas a la Ley Penal Juvenil, el magistrado Quinteros destacó la necesidad de un enfoque diferenciado para tratar a los adolescentes involucrados en el crimen organizado, con el fin de prevenir comportamientos criminales en el futuro. También subrayó la importancia de una mayor coherencia con la Ley contra el Crimen Organizado y propuso un control más riguroso en la ejecución de las penas.

Sobre la Ley contra el Crimen Organizado, Quinteros recomendó la asignación de un juez de apoyo por cada Tribunal Especializado en Crimen Organizado, así como la incorporación gradual de otros jueces para vigilar y ejecutar las penas. Además, sugirió especialización en el manejo de medidas para menores de edad y la implementación de evaluaciones periódicas sobre el modelo en curso.

En cuanto a la Ley Penitenciaria, el presidente de la Sala de lo Penal hizo hincapié en la necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre jueces especializados e instituciones del sector justicia, lo que garantizaría el cumplimiento de los objetivos de la ejecución penal.

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Asamblea Legislativa elige a Walter Salvador Sosa Funes como nuevo presidente de la Corte de Cuentas

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Tras más de cuatro meses de vacancia, la Asamblea Legislativa eligió a Walter Salvador Sosa Funes como nuevo presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para un período que finalizará el 27 de agosto de 2026.
La propuesta de Sosa Funes fue presentada por el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, y rápidamente obtuvo el respaldo de los diputados Reinaldo Carballo, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Rebeca Rodríguez, del Partido de Concertación Nacional (PCN), quienes coincidieron en que el perfil del candidato era el adecuado para el cargo.
La elección fue respaldada por 57 votos a favor de los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados. La bancada de Arena se abstuvo de votar, mientras que Vamos se opuso a la elección. 
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció el resultado de la votación: “Con 57 votos a favor, queda electo como presidente de la Corte de Cuentas de la República el licenciado Walter Salvador Sosa Funes”.
Inmediatamente después de la votación, Sosa Funes fue llamado al pleno y juramentado en su nuevo cargo.
Sosa Funes, quien fue uno de los 11 candidatos entrevistados para el puesto, asumirá la presidencia de la Corte de Cuentas tras el nombramiento de Roxana Soriano de Viaud como presidenta del Tribunal Supremo Electoral. 
Su experiencia incluye su labor como juez de paz en Dulce Nombre de María, Chalatenango y jefe ad honorem de la Oficina Regional Paracentral del Ministerio de Trabajo.
En su entrevista ante los diputados de la Comisión Política en noviembre, Sosa Funes se comprometió a “cumplir la Constitución” y a impulsar una serie de reformas dentro de la Corte de Cuentas. 
Entre sus propuestas destacan la digitalización de la institución, el fortalecimiento del capital humano para mejorar su funcionamiento, y la consolidación de la Corte como una entidad eficiente y respetable. 
En este último punto, mencionó que su objetivo es evitar que la Corte de Cuentas se convierta en «un circo», en referencia a episodios pasados con figuras políticas como la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar.
Sosa Funes aseguró que trabajará para garantizar que la Corte de Cuentas cumpla con su rol de fiscalización, supervisando las instituciones y municipios, y dando seguimiento a los planes y metas establecidos por la Constitución.

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