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Aprueban ley para regularización de lotes y parcelas para habitación

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La Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda ha emitido un dictamen favorable para la Creación de la Ley Especial para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional.

Según los considerandos de la normativa, su objetivo es solucionar la problemática de familias que enfrentan dificultades para legalizar sus terrenos o lotes debido a prácticas irregulares por parte de algunas empresas lotificadoras.

El presidente de la mesa de trabajo, Salvador Chacón, aseguró que este marco normativo establece un procedimiento claro para la regularización de lotificaciones y brinda nuevos lineamientos para quienes busquen tramitar las escrituras de sus lotes en las instituciones pertinentes.

«Con esta nueva ley especial, estamos proporcionando herramientas jurídicas al Ministerio de Vivienda, la Defensoría del Consumidor, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos y otras instituciones para lograr justicia social», expresó el legislador.

El marco legal busca regularizar, legalizar y autorizar lotificaciones habitacionales que fueron desarrolladas y comercializadas antes del 7 de septiembre de 2012. La ministra de Vivienda, Michelle Sol, afirmó en la comisión que existen más de 350,000 familias que han pagado parcial o totalmente sus lotes y aún no han recibido sus escrituras.

La normativa establece plazos definidos para la regularización e inscripción de lotificaciones que cumplan con los requisitos establecidos. Además, permitirá continuar los procesos que se hayan iniciado bajo legislaciones anteriores.

En el articulado de la ley se contempla la creación de un universo de nuevas lotificaciones a regularizar, y se asegura que la realidad física del inmueble coincida con la realidad registral para facilitar la inscripción de los lotes en el Centro Nacional de Registros.

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Regresa el concurso interuniversitario sobre competencias para juicios orales en su XVIII edición 

El Consejo Nacional de la Judicatura anunció el regreso del Concurso Interuniversitario sobre Competencias para Juicios Orales, en su XVIII edición, una oportunidad única para los estudiantes de Derecho de diversas universidades del país para poner a prueba sus habilidades en audiencias orales.

Este evento, que se ha convertido en un referente en la formación de futuros abogados, busca fortalecer las destrezas de los participantes en la gestión y exposición de casos en el marco de juicios orales. 

En esta nueva edición, la temática central estará enfocada en los delitos contra las mujeres cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, un tema de gran relevancia en el contexto actual, marcado por el creciente uso de plataformas digitales.

La competencia, que se desarrollará en diversas fases, tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una plataforma para mejorar su capacidad de argumentación y defender derechos en el contexto de la justicia penal. 

Además, les permitirá acercarse al mundo real de los procesos judiciales, enfrentándose a situaciones que requieren habilidades jurídicas, oratorias y de trabajo en equipo.

El período de inscripción está abierto del 17 al 31 de marzo, brindando a los estudiantes la oportunidad de formar parte de esta prestigiosa competencia. 

Las inscripciones se podrán realizar a través de la Escuela de Capacitación Judicial «Dr. Arturo Zeledón Castrillo», encargada de coordinar todo el proceso.

Participar en este concurso no sólo representa una oportunidad para reforzar las capacidades técnicas, sino también para destacar en el ámbito profesional, adquiriendo experiencia invaluable en el ejercicio de la oralidad, una de las áreas más cruciales del derecho actual.

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La Procuraduría General recuerda las sanciones por incumplir con el pago de la cuota alimenticia

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La Procuraduría General de la República (PGR) recordó a la ciudadanía las sanciones que enfrentan aquellos padres que no cumplen con su obligación de pagar la cuota alimenticia o manutención de sus hijos. 

La ley establece diversas restricciones que afectan directamente a los derechos y facilidades de quienes no abonen este pago esencial para el bienestar de los menores.

Entre las sanciones más destacadas, se encuentran:

  1. La imposibilidad de obtener o renovar el pasaporte, lo que limita la capacidad del incumplidor para viajar al extranjero.
  2. La prohibición de obtener o renovar la licencia de conducir o la tarjeta de circulación, lo cual afecta su libertad de movilidad.
  3. La restricción para salir del país, lo que implica que los padres morosos no podrán viajar fuera del territorio nacional hasta que regularicen su situación.

Estas medidas buscan asegurar que los derechos de los hijos sean respetados y que los responsables del sustento de los menores cumplan con su deber legal. 

La Procuraduría destaca que las hijas e hijos tienen el derecho a que se les brinde una manutención adecuada, y que cualquier incumplimiento de este compromiso será sancionado conforme a la ley.

En caso de que el padre o madre no cumpla con la cuota alimenticia establecida por el tribunal, los afectados pueden acudir a la Procuraduría General de la República para presentar la denuncia correspondiente. 

La institución se compromete a garantizar que se respeten los derechos de los menores y que los padres responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes.

Es fundamental recordar que los menores tienen derecho a recibir el apoyo necesario para su desarrollo, y la Procuraduría está dispuesta a tomar las acciones necesarias para hacer cumplir la ley.

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Sala de lo Contencioso Administrativo presenta su informe de trabajo correspondiente a febrero de 2025

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La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia presentó su informe sobre el trabajo jurisdiccional y administrativo correspondiente a febrero de 2025. Durante este período, se registraron, de acuerdo al reporte, avances significativos en la resolución de casos y la gestión de procesos.

Resumen de resoluciones judiciales

Total de resoluciones emitidas: 74

Total de egresos: 21

Total de sentencias: 4

Autos definitivos: 4

Autos simples: 13

Resoluciones de trámite: 53

Decretos emitidos: 46

Autos simples adicionales: 7

Ingresos del mes

El sistema también recibió 10 nuevos procesos, desglosados de la siguiente manera:

Demandas: 3

Avisos de demandas: 1

Recursos de apelación: 5

Incidentes – abstenciones: 1

Estado de los procesos

Actualmente, la Sala mantiene un total de 262 procesos en estudio, distribuidos de la siguiente manera:

Procesos en trámite: 173

Procesos en ejecución de sentencia: 39

Procesos con solicitudes de sujetos procesales o diligencias pendientes (posteriores a su terminación): 23

Amparos presentados: 27

Actividad administrativa

Además de la gestión de casos, la Sala de lo Contencioso Administrativo reportó haber realizado 282 notificaciones, 3 informes de amparos y 8 sesiones de Sala realizadas, entre otros.

El informe, hecho público por medio de redes sociales, busca la eficiencia y transparencia en la administración de justicia.

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Interés en reabrir adopciones internacionales entre El Salvador y Guatemala

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Autoridades de El Salvador y Guatemala han tenido recientes acercamientos entre para intentar reactivar las adopciones internacionales entre ambos países.
Este diálogo surge con el objetivo de fortalecer los procedimientos existentes y garantizar procesos seguros y transparentes que salvaguarden el bienestar de los niños involucrados.
En el marco de estos esfuerzos, representantes gubernamentales de ambas naciones llevaron a cabo un encuentro en el que se trazaron alianzas y se plantearon acuerdos comunes para facilitar este proceso.
Entre los temas centrales de la discusión estuvo la firma de un memorando de entendimiento, documento clave que formalizaría los compromisos adquiridos en esta iniciativa.
El Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala (CNA) ha reiterado su compromiso con la seguridad y eficacia de los procedimientos de adopción, asegurando que cada caso será manejado con el máximo rigor para proteger los derechos de los niños en situación de adopción.
Por su parte, la Procuraduría General de la República de El Salvador ha manifestado su interés en evaluar y desarrollar futuros proyectos en esta materia, posicionando a Guatemala como el primer país en establecer un acercamiento de este tipo con la nación vecina.
El primer encuentro formal entre ambas delegaciones se llevó a cabo el pasado 7 de noviembre de 2024, y se espera que los acuerdos alcanzados sirvan como base para una eventual reapertura de las adopciones internacionales, en beneficio de los niños que esperan una familia adoptiva.

La adopción como mecanismo de protección infantil
La adopción es una institución de protección social tutelada por el Estado, a través de la cual una persona asume como hijo propio al hijo biológico de otra.
En este contexto, el Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala es el organismo encargado de supervisar los procesos de restitución de derechos de los menores con sentencia de declaratoria de adoptabilidad y de dar seguimiento a las familias postulantes para la adopción.
El reinicio de las adopciones internacionales podría representar una alternativa viable para ofrecer a muchos niños en situación vulnerable la posibilidad de integrarse a un entorno familiar estable y seguro. No obstante, tanto Guatemala como El Salvador han enfatizado la necesidad de garantizar que cada adopción cumpla con estrictos protocolos legales y éticos, asegurando así la protección integral de la niñez.

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Concluye la formación en Jurisprudencia Constitucional sobre Justicia Penal Juvenil desarrollada por el CNJ

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La capacitación en Jurisprudencia Constitucional Relevante sobre Justicia Penal Juvenil, desarrollada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) finalizó este viernes, brindando herramientas fundamentales a magistrados y jueces para la correcta aplicación del derecho en casos que involucran a menores en conflicto con la ley penal.
Este espacio formativo estuvo dirigido a magistrados de Cámara de Segunda Instancia con competencia en materia penal, jueces de Sentencia e Instrucción, así como a integrantes de judicaturas especializadas en Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, Menores, Crimen Organizado, Primera Instancia con competencia mixta y de paz.
Durante el curso, los participantes profundizaron en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su aplicabilidad en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos relacionados con la niñez y adolescencia en conflicto con la ley penal.
Además, se abordó la jurisprudencia específica para adolescentes infractores, reafirmando el principio de especialidad en la conformación de los sistemas penales juveniles.
La iniciativa, según el CNJ, busca fortalecer el sistema judicial mediante el conocimiento y aplicación de normativas que garanticen un trato adecuado y especializado para los menores en situación de conflicto con la ley.

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