El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado dictó sentencia contra 52 miembros de la pandilla Barrio 18, facción Sureños, de Soyapango, imponiendo penas que oscilan entre los 21 y 45 años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que este es el primer juicio masivo realizado tras la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022.

Condenas según su rol en la pandilla
Los procesados fueron capturados entre el 30 de marzo y el 7 de abril de 2022 y condenados de acuerdo con el papel que desempeñaban dentro de la estructura criminal. Entre ellos se encuentran ranfleros, palabreros, homeboys y colaboradores, pertenecientes a diferentes sectores de Soyapango, como El Progreso, Villa de Jesús, Montes de San Bartolo y Los Ángeles.
Entre los condenados con las penas más altas se encuentran:

• Víctor López Mármol, alias Black (Villa de Jesús) – 45 años de prisión (ranflero).
• José Mauricio Aguiluz Portillo, alias Repollero (El Progreso) – 45 años de prisión (palabrero).
• Dennis Humberto Velásquez García, alias Sol (El Progreso) – 45 años de prisión (palabrero).
• Sigfredo Alejandro Trujillo Hernández, alias Pollo (Los Ángeles) – 45 años de prisión (palabrero).
• Rafael Antonio Medrano Bonilla, alias Sombra (Los Ángeles) – 45 años de prisión (palabrero).
  Otros integrantes, como Erick Antonio Blanco Laínez y Juan Jeremías Martínez Escobar, recibieron penas de 28 años, mientras que 14 colaboradores fueron sentenciados a 21 años de cárcel.

Juicios masivos bajo críticas
El proceso se llevó a cabo en un Tribunal contra el Crimen Organizado, por lo que los medios de comunicación no tuvieron acceso a la audiencia. Toda la información fue proporcionada por la FGR a través de comunicados oficiales.
Desde julio de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó disposiciones que permiten a la Fiscalía enjuiciar en bloque a presuntos pandilleros, agrupándolos según su clica y estructura criminal.
Esta medida, que estará vigente por dos años, ha sido cuestionada por la oposición y organizaciones internacionales, que advierten sobre posibles violaciones al debido proceso.

Con el objetivo de brindar orientación sobre la modalidad de la práctica jurídica y explicar los requisitos para acreditarse como abogado de la República, autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibieron a los aspirantes que comenzarán este proceso en el año 2025.

Un total de 365 egresados y graduados en Ciencias Jurídicas iniciarán su práctica bajo la modalidad de Apoyo a Instituciones, Tribunales y Dependencias de la CSJ, lo que les permitirá adquirir valiosa experiencia en el ejercicio profesional del derecho.

Durante la inducción, el presidente de la CSJ, Henry Mejía, subrayó la importancia de la práctica para fortalecer tanto los conocimientos como las competencias profesionales. 

“La practicidad es lo que los va a llevar a fortalecer no solo los conocimientos, sino también las competencias profesionales. Recuerden que en este proceso también comienza la prueba de su ética profesional, un aspecto esencial para caminar por el camino de la rectitud y la probidad que exige esta carrera”, expresó Mejía.

Por su parte, el magistrado presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, José Ernesto Clímaco, destacó que el objetivo de la inducción era proporcionar a los nuevos practicantes una visión integral del trabajo en la administración de justicia, más allá de los aspectos jurídicos. 

“Queremos que conozcan las diversas facetas que influyen en la administración de justicia, las habilidades profesionales necesarias, y la importancia de las relaciones laborales en el entorno en el que se van a desempeñar. Esto contribuirá al fortalecimiento del sistema judicial”, afirmó Clímaco.

En su intervención, el jefe del Departamento de Práctica Jurídica, Mario Ernesto Ávalos, recordó a los practicantes que las mil 024 horas que tendrán frente a ellos representan una oportunidad única para desarrollarse en un entorno profesional similar al que encontrarán al ejercer la abogacía. 

“Esta práctica es un requisito para autorizarse como abogado, pero también es una oportunidad para adquirir habilidades fundamentales para el futuro. El esfuerzo y la dedicación durante este proceso también deben generar satisfacción personal, ya que lo que se dé en esta etapa se traducirá en futuras oportunidades profesionales”, comentó Ávalos.

Simultáneamente, las oficinas regionales de oriente y occidente realizaron sus respectivas jornadas de inducción en sus sedes locales, contando con la participación de la jefa de la Sección de Apoyo a Instituciones, Tribunales y Dependencias de la CSJ, María Elena Ortiz.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, a través de la Unidad de Género y con el respaldo de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), desarrolló el foro especializado “Derechos y ciudadanía digital para las mujeres”.
El evento tuvo como objetivo fortalecer las competencias técnicas y prácticas de las judicaturas para un abordaje integral en casos de violencia digital y garantizar un entorno seguro para las mujeres usuarias del sistema judicial.
Durante el foro, Claudia Nieves, coordinadora de la Unidad de Género, destacó la creciente problemática de la violencia digital de género y su impacto en miles de mujeres salvadoreñas.
“Hoy nos reunimos para reflexionar sobre una problemática que ha tomado fuerza en la era digital y que afecta a miles de mujeres salvadoreñas: la violencia digital de género. Este fenómeno, cada vez más común, se manifiesta en múltiples formas, como el acoso en redes sociales con la intención de generar daño”, expresó Nieves.
Asimismo, destacó el compromiso de la Corte Suprema de Justicia en la lucha contra este flagelo, enfatizando la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para investigar y judicializar estos casos con el fin de proteger a las víctimas y erradicar la impunidad.
Por su parte, Silvia Juárez, coordinadora del programa “Derecho a una vida libre de violencia para las mujeres” de ORMUSA, resaltó la importancia de estos espacios de reflexión y aprendizaje.
“Nos encanta podernos encontrar para hacer reflexiones más profundas y reivindicar a todas aquellas que siguen luchando. Quiero agradecer a la Unidad de Género y su trabajo constante en medio de mucha adversidad que aún enfrentamos las mujeres. Todavía nos falta camino por avanzar y celebramos los logros alcanzados”, afirmó Juárez.
Entre los temas abordados en el foro se incluyeron las tecnologías y relaciones sociotécnicas, las características de la violencia digital y un análisis de las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
El evento contó con la participación de judicaturas de paz, niñez y adolescencia, así como de especializadas en una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de la zona oriental del país, consolidando así un esfuerzo conjunto para fortalecer la justicia con enfoque de género en el entorno digital.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) continúa su misión de mejorar la formación y capacitación de los actores del sistema judicial del país. En esta ocasión, con el objetivo de profundizar en el ámbito del Derecho Procesal Civil y Mercantil, se desarrolló el Módulo I del Diplomado en Derecho Procesal Civil y Mercantil, que abordó temas cruciales como “El acto jurídico y las obligaciones civiles y mercantiles”.

Durante esta capacitación, los participantes recibieron herramientas doctrinales y jurisprudenciales fundamentales para una correcta interpretación y aplicación del Código Procesal Civil y Mercantil. 

A través de un enfoque práctico y teórico, los asistentes tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos esenciales para resolver casos complejos dentro de estas ramas del derecho.

El CNJ reafirmó, una vez más, su compromiso con la excelencia judicial y la profesionalización de los operadores de justicia, promoviendo un aprendizaje significativo que contribuye a la mejora de la administración de justicia en el país. 

Con esta capacitación, se busca no sólo fortalecer los conocimientos, sino también fomentar la aplicación correcta de la ley, lo que a su vez garantiza la equidad y efectividad en la resolución de conflictos.

Este diplomado es parte de los esfuerzos continuos del CNJ, dijo la institución, por ofrecer formación especializada a jueces, abogados y demás profesionales del ámbito judicial, en aras de construir un sistema de justicia más sólido y eficiente.

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que en el último año ha brindado atención psicológica a 10,668 personas, reafirmando su compromiso con el bienestar y la salud mental de la población.
“En el último año hemos atendido 10,668 personas en el área de atención psicológica. Para más información, comunícate con nuestro Centro de Atención Virtual, CAVAL, al 2231-9484”, informó la institución a través de un mensaje en redes sociales.
La PGR es una institución clave en la protección de los derechos de los ciudadanos, brindando asesoría y asistencia legal gratuita a quienes lo necesiten. Históricamente, ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de personas en situación de vulnerabilidad, facilitando el acceso a la justicia y promoviendo el respeto a los derechos humanos.
Además de su labor legal, la PGR también ha incorporado servicios de apoyo psicológico con el objetivo de atender a quienes enfrentan situaciones de crisis emocional o requieren acompañamiento en procesos judiciales que afectan su salud mental.
“En la Procuraduría te ayudamos a que cuides de tu salud mental”, reiteró la institución, invitando a la ciudadanía a hacer uso de los servicios de atención psicológica disponibles.