El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, y el procurador general, René Gustavo Escobar, firmaron un convenio de cooperación tecnológica con el objetivo de mejorar la administración de justicia en el país. 

El acuerdo busca impulsar el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito judicial.

Entre los puntos más destacados del convenio, se encuentra la interoperabilidad de sistemas, que permitirá una mayor integración entre las plataformas de ambas instituciones. 

Asimismo, se promoverá el desarrollo de audiencias y diligencias judiciales por videoconferencia, lo que contribuirá a agilizar los procesos judiciales y facilitar el acceso a la justicia.

Este acuerdo interinstitucional tiene como fin optimizar los recursos disponibles, garantizando al mismo tiempo el respeto al debido proceso y aumentando la eficiencia y la accesibilidad del sistema judicial. 

Con esta iniciativa, se espera que la implementación de nuevas herramientas tecnológicas haga más ágil y transparente la administración de justicia en el país.

El Salvador ha experimentado un notable crecimiento en el sector empresarial, especialmente entre las micro y pequeñas empresas, según lo destacó el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), Paul Steiner. 

Según el funcionario, el 99.6% de ellos pertenecen a este sector, lo que subraya su importancia para la economía nacional.

A nivel nacional, existen actualmente 980 empresas grandes, 2,830 medianas, 17,000 pequeñas, 290,000 micros, y 850,000 trabajadores por cuenta propia y agricultores en pequeño que emplean hasta tres personas. 

Las microempresas, que son aquellas que emplean hasta 10 personas o generan ventas anuales de hasta $175,000, constituyen el núcleo del emprendimiento en el país. 

Por su parte, las pequeñas empresas son aquellas que cuentan con entre 11 a 50 empleados o generan ingresos de entre $1.7 a $5 millones al año.

En este contexto, Steiner destacó los esfuerzos por formalizar y apoyar a las microempresas. 

En noviembre de 2023 el Ejecutivo firmó la Política de Integración Económica de las Microempresas, una estrategia destinada a integrar las economías, especialmente las microempresas, en el marco económico del país. 

Esta política incluye una reforma al marco legal, la implementación de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS), y la simplificación de los procesos de tramitología, lo cual facilita la inscripción de estas empresas y la creación de nuevos negocios.

“Ahora el proceso de inscripción de las micros y pequeñas empresas es sumamente práctico y nos coloca en una categoría avanzada a nivel mundial”, expresó Steiner, destacando los avances alcanzados bajo el gobierno actual. Estos cambios no solo han simplificado la burocracia, sino que han permitido que más personas se animen a emprender, lo cual se refleja en los incrementos en la cantidad de negocios registrados.

Uno de los sectores más beneficiados por esta política ha sido el de las tiendas de barrio, que ha registrado un crecimiento del 25 % a nivel nacional, pasando de 45,000 a 65,000 negocios. Este aumento es aún más evidente en áreas como el Gran San Salvador, donde el crecimiento ha sido del 65 % y en distritos como Apopa, donde la cifra se eleva al 227 %.

En La Campanera, una comunidad previamente afectada por la violencia, el crecimiento alcanzó un impresionante 319% mientras que en Las Margaritas fue del 187 %.

Steiner subrayó que este crecimiento es el resultado de una mayor inclusión financiera y el acceso a nuevas alternativas de comercialización, como el diplomado en comercio en línea, que ha permitido a los microempresarios ofrecer sus productos a través de plataformas digitales, ampliando su alcance y competitividad.

“El mercado está cambiando, y las personas están cambiando con él”, afirmó el presidente de CONAMYPE, señalando que los salvadoreños ahora se sienten más seguros de invertir sus ahorros en sus propios negocios.

Este fenómeno refleja un panorama positivo para el sector empresarial en El Salvador, y demuestra cómo las políticas públicas enfocadas en la simplificación de trámites y la inclusión financiera pueden ser claves para fomentar el crecimiento económico y la formalización de los emprendedores del país.

Un equipo de abogados presentó este lunes un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador, solicitando la liberación de 238 ciudadanos de ese país recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El bufete Grupo Ortega, que lleva la representación legal de 30 de los detenidos, indicó que la petición se realiza en coordinación con el Comité de Familiares de Migrantes. La petición, dijeron, es extensiva a todos los venezolanos encarcelados, aunque insistieron que representan a 30.
El abogado Jaime Ortega aseguró que los detenidos no tienen antecedentes criminales y que su detención se debió exclusivamente a su estatus migratorio en Estados Unidos.
“Hemos presentado documentación apostillada que demuestra que estas personas son migrantes, incluyendo a un cantante, y que no poseen vínculos con ninguna organización delictiva. El hábeas corpus es un recurso legal de emergencia que busca proteger la libertad e integridad física de los detenidos”, explicó Ortega.
El abogado también insistió en que sus representados no forman parte de la banda criminal Tren de Aragua, señalada por los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador como una organización transnacional delictiva. “No hay pruebas que los vinculen con esa estructura criminal”, enfatizó.
La solicitud presentada ante la CSJ plantea dos opciones: la liberación inmediata de los detenidos o su traslado a Venezuela, ya que muchos de ellos se encontraban tramitando asilo y residencia en Estados Unidos antes de ser deportados.
Por su parte, el abogado Salvador Ríos, también del Grupo Ortega, calificó las detenciones como “ilegales”, argumentando que los venezolanos no enfrentan procesos penales ni en El Salvador, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos.
Tanto el gobierno estadounidense como el salvadoreño han identificado a los detenidos como presuntos miembros del Tren de Aragua.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió la medida el pasado viernes, afirmando que los migrantes venezolanos deportados y enviados a El Salvador pasaron por un “riguroso proceso de verificación” para determinar sus vínculos con la organización criminal.

Pese al clima de incertidumbre generado por las recientes amenazas de deportación del presidente Donald Trump, las remesas enviadas desde Estados Unidos hacia El Salvador registraron un notable crecimiento del 15.5 % en los primeros dos meses de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Entre enero y febrero, el flujo de dinero enviado por salvadoreños en el extranjero alcanzó los $1,303 millones, lo que representa un incremento de $175.3 millones en comparación con los $1,127.7 millones reportados en el mismo periodo del año anterior.

El crecimiento registrado es el más alto desde 2021, cuando las remesas aumentaron en un 17.59 % debido al proceso de recuperación tras la crisis generada por la pandemia de covid-19.

La mayoría de estos fondos provienen de Estados Unidos, país donde reside la comunidad más grande de salvadoreños en el exterior. De hecho, el 92.6 % del total de remesas recibidas provino de esa nación, consolidando su importancia como fuente de ingresos para muchas familias en El Salvador.

Especialistas en economía señalan que el temor a posibles deportaciones podría estar impulsando este repunte, ya que en 2017, durante el inicio del primer mandato de Trump, se observó un fenómeno similar.

En promedio, cada día los hogares salvadoreños recibieron alrededor de $22.08 millones en remesas. Estos ingresos desempeñan un papel crucial en la economía del país, ya que el 98.4 % de los fondos se destina al consumo, beneficiando a miles de familias y dinamizando sectores como el comercio y los servicios. Además, las remesas superan otros rubros económicos clave como las exportaciones, el turismo internacional y la inversión extranjera directa.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Héctor Nahun Martínez García, y la directora para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción de la CSJ, Claudia María Orozco Aguilar, fueron ponentes en un conversatorio titulado “Descripción de la buena práctica. Aplicación preferente de la Convención Interamericana contra la Corrupción sobre la figura de asilo”.
Durante sus intervenciones, ambos funcionarios destacaron la implementación de buenas prácticas por parte de la CSJ en dos casos específicos, donde se aplicó de manera preferente el artículo 6, literales A y B de la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Esta decisión, coincidieron, subraya el compromiso de El Salvador con la lucha contra la corrupción y la cooperación internacional en este ámbito.
El magistrado Martínez resaltó la importancia de esta práctica, afirmando: “Esta buena práctica representa un hito para la jurisprudencia que se genera desde la Corte Suprema de Justicia, especialmente en materia de cooperación internacional. Como poder judicial, tomamos una decisión aplicando las convenciones y demostramos el compromiso que el Estado salvadoreño tiene, siendo un ejemplo para los demás países de la región”, explicó.
El conversatorio, organizado por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), concluyó con la entrega de diplomas a los participantes, una actividad en la que también participó el magistrado Martínez. Estos espacios tienen como objetivo fomentar que los servidores públicos se conviertan en agentes de cambio y multiplicadores del conocimiento adquirido en la lucha contra la corrupción.