El popular presidente Nayib Bukele dijo que la meta de su gobierno es que El Salvador figure en el mapa internacional por su recuperación económica, el principal objetivo de su segundo mandato, que inició el 1 de junio de este año.

“Nuestra próxima meta es que el mundo vea a El Salvador más por su milagro económico que por su milagro en seguridad”, publicó el mandatario en su cuenta en la red social X, su vía de comunicación preferida.

Su mensaje lo lanzó después que el gobierno de Estados Unidos anunciara el cierre financiero para la recompra de $1,000 millones de bonos vigentes a descuento sobre su valor nominal.

“Tomará algunos años, pero estamos en el camino correcto”, agregó Bukele.
Su política de seguridad ciudadana ha resultado exitosa para contener la criminalidad y arrestar a unos 82,000 pandilleros, prácticamente desarticulando a las maras, que provocaron miles de muertes durante años.

Al asumir su nuevo mandato de 5 años, el presidente se comprometió rescatar la economía y en estos meses ha lanzado medidas enfocadas a estabilizarla, como un proyecto de agromercados donde se ofrecen productos de canasta básica a bajos precios, el asocio público-privado para administrar puertos y la presentación de una propuesta de presupuesto general del país autofinanciado, entre otras.

En un logro para la sostenibilidad ambiental, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) y el Gobierno de El Salvador, junto a otras instituciones, anunciaron el pasado miércoles un acuerdo financiero de $1,000 millones. Esta suma se destinará a la recompra de bonos vigentes por un total de $1,031 millones, lo que permitirá invertir en la conservación y restauración de la cuenca del río Lempa.

Todos los ahorros generados de esta transacción se utilizarán para apoyar la conservación, la seguridad hídrica y la restauración de ecosistemas en la cuenca del río Lempa. JPMorgan Chase Bank, N.A. actuó como organizador del préstamo, mientras que J.P. Morgan Securities LLC manejó la recompra de los bonos.

La embajada de Estados Unidos destacó en un mensaje en redes sociales: «Tomemos $1,000 millones de deuda de El Salvador y convirtámosla en agua limpia para los salvadoreños. Nos unimos para construir crecimiento».

La DFC, como banco de desarrollo del gobierno de EE. UU., proporcionará $1,000 millones en seguro de riesgo político, complementado por una carta de crédito de $200 millones del CAF, lo que refuerza la base crediticia del proyecto y cataliza inversiones adicionales en la cuenca del río Lempa.

“El Salvador está entrando en un proyecto grande e innovador”, afirmó el embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan”.

El río Lempa, uno de los más largos de Centroamérica, es crucial para el bienestar de las comunidades salvadoreñas, ya que proporciona agua potable, apoya la generación hidroeléctrica y el riego. Se prevé que los proyectos financiados mejoren la calidad y cantidad de agua, fortalezcan la resiliencia climática y protejan el ecosistema natural.

El Gobierno de El Salvador estima obtener más de $352 millones en ahorros a lo largo de la vida de la deuda. De estos, $350 millones se destinarán al Programa de Conservación y Restauración del Río Lempa durante los próximos 20 años. Este programa contará con una financiación directa de $200 millones y un fideicomiso de $150 millones destinado a asegurar financiamiento continuo más allá de 2044.

La gestión del programa estará a cargo de CRS y FIAES, que colaborarán con diversas agencias gubernamentales para promover la seguridad hídrica, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo económico sostenible. Se espera que las primeras subvenciones a organizaciones no gubernamentales se otorguen en 2025, y el programa será supervisado por una Junta Directiva compuesta por representantes del gobierno y del sector no gubernamental.

Este acuerdo representa un compromiso histórico hacia la conservación ambiental y el desarrollo sostenible en El Salvador.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, del oficialista Nuevas Ideas, dijo que buscan la optimización de los recursos en la Asamblea Legislativa, destacando una reducción de $18.6 millones en los presupuestos asignados a las fracciones legislativas en comparación con administraciones anteriores.

Esta decisión se enmarca en un esfuerzo más amplio por reducir el gasto público y mejorar la transparencia en la gestión de los recursos del Estado. Castro sostuvo que, desde 2021, se ha estado trabajando para disminuir los presupuestos de las fracciones parlamentarias, y que este enfoque continuará en el futuro.

“Hemos cerrado la legislatura anterior con 400 plazas menos en relación a los períodos anteriores, y la nueva propuesta es trabajar con 1,000 plazas menos en las fracciones legislativas”, explicó.

Además, el diputado hizo hincapié en la importancia del derecho a la manifestación, reafirmando que “vivimos en un país democrático” y que el empoderamiento del pueblo es fundamental.

“Ahora, el pueblo está empoderado y eso no sucedía con los gobiernos anteriores”, afirmó, aludiendo a un cambio en la relación entre el gobierno y la ciudadanía.

Este nuevo enfoque se presenta como una respuesta a los 30 años de descontento social que ha caracterizado la historia reciente del país.

Representantes del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) participaron en la conferencia “Observación General 26: Relativa a los derechos del niño y el medio ambiente, con especial atención al cambio climático”.

Este evento fue organizado en colaboración con la ONG ORMUSA y reunió a colaboradores y secretarios judiciales enfocados en los temas de niñez, adolescencia, paz y medio ambiente, así como a personal del Ministerio Público de la zona occidental.

Durante la conferencia, los asistentes analizaron en profundidad los derechos y principios que protegen a la niñez en el contexto del derecho a un medio ambiente sano. Este enfoque busca no sólo sensibilizar a los actores judiciales sobre la interconexión entre los derechos de los niños y el entorno, sino también promover el alineamiento con las normativas nacionales e internacionales vigentes.

La participación del CNJ resalta su compromiso con la formación continua y el fortalecimiento de capacidades en temas críticos como la protección de la niñez frente a los desafíos del cambio climático. Este tipo de eventos son fundamentales para generar conciencia y establecer estrategias efectivas que garanticen un futuro más seguro y sostenible para las nuevas generaciones.

Con estas acciones, se busca fomentar un marco legal más robusto que asegure la protección integral de los derechos de los niños, integrando la dimensión ambiental como un aspecto clave en su desarrollo y bienestar.

El director ejecutivo del COAMSS/OPAMSS, Luis Rodríguez, informó que en los municipios de La Libertad Este y La Libertad Costa se están ejecutando proyectos de inversión privada por un total de $2,000 millones, lo que refleja un clima favorable para los negocios en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Rodríguez dijo, en una entrevista televisiva, que La Libertad Este cuenta con más de $1,200 millones en inversión, mientras que La Libertad Costa tiene aproximadamente $700 millones en ejecución.

La Libertad Este incluye los distritos de Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, Huizúcar y San José Villanueva, mientras que La Libertad Costa abarca La Libertad, Tamanique, Teotepeque, Chiltiupán y Jicalapa.

Ambos municipios fueron recientemente incorporados al COAMSS/OPAMSS, ampliando la zona de influencia del AMSS y creando un corredor atractivo para inversiones, especialmente del sector privado.
Rodríguez destacó que La Libertad Este es actualmente el municipio más dinámico en términos de proyectos de inversión, mientras que en La Libertad Costa se avanza en el desarrollo del proyecto Surf City fase I.

Los equipos técnicos del COAMSS/OPAMSS continúan explorando La Libertad Costa para identificar oportunidades de inversión que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Además, junto a la alcaldía de La Libertad Este, está gestionando la transición de más de 30 grandes proyectos de inversión privada.

Rodríguez también informó que hasta el pasado lunes se habían liberado $1,400 millones en proyectos de inversión privada en el AMSS. Se espera que la inversión en proyectos habitacionales,comerciales, industriales y logísticos en el área metropolitana alcance los $7,800 millones durante el quinquenio 2024-2029.