La Corte Suprema de Justicia abrió una convocatoria dirigida a imprentas interesadas en elaborar sellos de abogados y notarios, con un nuevo proceso de registro en línea.

La medida forma parte de la implementación del Acuerdo de Corte Plena 5-P. Este establece cambios en el proceso de autorización.

La Secretaría General del Órgano Judicial informó que el trámite se realizará en línea. Además, creará un registro oficial de tipografías autorizadas.

Registro de tipografías será obligatorio

A partir de este acuerdo, las imprentas deberán registrar las tipografías que utilizarán. Solo las fuentes aprobadas podrán emplearse en la elaboración de sellos.

Con esta medida, el Órgano Judicial busca ordenar el proceso y estandarizar los formatos utilizados por abogados y notarios.

Asimismo, el sistema permitirá mayor control sobre la emisión de estos instrumentos legales.

Plazo y envío de documentación

Las imprentas interesadas deben enviar su información en un plazo de 10 días hábiles. La fecha límite es el 21 de abril.

El envío se realizará por correo electrónico a la Secretaría General.

Las empresas deberán remitir datos básicos como nombre, dirección, teléfonos y Número de Identificación Tributaria.

También deberán adjuntar documentos legales. Entre ellos figuran la escritura de constitución o matrícula de empresa.

Requisitos de cumplimiento y control

Además, la convocatoria exige información sobre controles internos. Las imprentas deben detallar medidas de prevención de soborno y lavado de dinero.

También deben incluir su política de cero tolerancia al soborno. Asimismo, deben identificar a la persona responsable de su cumplimiento.

En caso de contar con certificación ISO 37001, deberán adjuntarla.

Canales de consulta disponibles

El Órgano Judicial habilitó un número telefónico para consultas. Los interesados pueden comunicarse al 2231-8300, extensión 1210.

Con esta convocatoria, la Corte Suprema busca actualizar y supervisar la elaboración de sellos legales en el país.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador recordó a la comunidad jurídica el procedimiento obligatorio en caso de fallecimiento de un abogado o notario, con énfasis en la entrega de sellos oficiales dentro del plazo legal establecido.

Según el aviso oficial, toda persona que tenga en su poder los sellos de un profesional del derecho fallecido debe entregarlos en la Secretaría General en un máximo de 15 días tras el deceso.

Entrega de sellos es obligatoria por ley
La institución explicó que esta obligación se encuentra regulada en el artículo 30 de la Ley de Notariado.

En ese sentido, la normativa establece que los sellos de abogado o notario no pueden permanecer en manos de terceros tras la muerte del titular. Por ello, su entrega debe realizarse de forma inmediata dentro del plazo fijado.

Además, la medida busca evitar el uso indebido de instrumentos legales y proteger la seguridad jurídica.

Lugar y forma de entrega
Las autoridades indicaron que los sellos deben entregarse en la Secretaría General, ubicada en el tercer nivel del Palacio Judicial, en el Centro de Gobierno de San Salvador.

Asimismo, la Corte Suprema habilitó la línea telefónica 2271-8888, extensión 1210, para brindar información adicional sobre el proceso.

Llamado a cumplir el procedimiento legal
La Corte reiteró el llamado a familiares, colegas o cualquier persona que resguarde los sellos a cumplir con esta disposición legal.

También subrayó que el cumplimiento oportuno del trámite contribuye al orden legal y evita posibles responsabilidades derivadas del uso indebido de sellos profesionales.

Finalmente, la institución insistió en que el plazo de 15 días es improrrogable, por lo que pidió actuar con diligencia tras el fallecimiento del abogado o notario.

La ratificación de la cadena perpetua en El Salvador iniciará su vigencia el próximo 3 de abril de 2026. El decreto 533 fue aprobado y publicado el 26 de marzo de 2026 en el Diario Oficial.

Según el documento, la reforma constitucional entrará en vigor ocho días después de su publicación. Con ello, el país incorpora la pena de cadena perpetua dentro de su marco legal.

Cambios al artículo 27 de la Constitución
La reforma modifica el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución. Antes, esta disposición prohibía de forma explícita las penas perpetuas en El Salvador.

El texto anterior establecía la prohibición de prisión por deudas, penas perpetuas, sanciones infamantes, proscriptivas y cualquier tipo de tormento.

Tras la modificación, la Constitución mantiene varias de esas prohibiciones. Sin embargo, ahora permite la pena perpetua exclusivamente para ciertos delitos graves.

El nuevo texto indica que la cadena perpetua se impondrá únicamente a homicidas, violadores y terroristas.

Delitos incluidos en la cadena perpetua
La Asamblea Legislativa aprobó la ratificación en la misma sesión plenaria en la que reformó varias leyes. Estas reformas buscan aplicar la cadena perpetua con opción de libertad controlada.

Los delitos contemplados incluyen:

• Homicidio simple
• Homicidio agravado
• Feminicidio
• Feminicidio agravado
• Violación
• Violación agravada
• Violación en menor o incapaz
• Violación agravada en menor o incapaz
• Pertenencia a organizaciones terroristas
• Además, la normativa establece que la pena perpetua se aplicará tanto a autores como a cómplices.
• Aplicación de la pena y revisión judicial
  La reforma permite aplicar la cadena perpetua a personas desde los 12 años de edad. Asimismo, establece nuevas obligaciones para los jueces de lo criminal.
• En este contexto, los jueces deberán revisar de forma obligatoria las condenas de cadena perpetua.
• Esta revisión aplicará a todos los casos, sin excepción.
• La primera evaluación para una posible libertad controlada se realizará entre los 25 y 40 años de prisión. Posteriormente, se efectuará cada cinco años.
• Reformas legales complementarias
  Para implementar la reforma constitucional, la Asamblea Legislativa modificó seis cuerpos normativos.
• Entre ellos se encuentran el Código Penal y el Código Procesal Penal.
• También se reformaron la Ley Orgánica Judicial, la Ley Penal Juvenil y la Ley integral para una vida libre de violencia para las mujeres.
• Además, se incluyeron cambios en la Ley especial contra el terrorismo. Estas modificaciones buscan garantizar la aplicación de la cadena perpetua en el sistema judicial salvadoreño

La Corte Suprema de Justicia realizó la juramentación de 101 nuevos abogados en este viernes. El acto lo presidió Henry Alexander Mejía, presidente del máximo órgano judicial.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la importancia del ejercicio ético de la abogacía. Además, subrayaron el compromiso que adquieren los nuevos profesionales del derecho al integrarse al sistema judicial salvadoreño.

Ética y responsabilidad profesional

Mejía afirmó que los nuevos abogados deben actuar con ética, responsabilidad y apego a la ley. También enfatizó su rol en la construcción de una sociedad más justa.

Asimismo, señaló que los profesionales del derecho contribuyen al fortalecimiento del Estado de derecho. Por ello, instó a ejercer la profesión con integridad y compromiso social.

Toma de protesta y autoridades presentes

La magistrada Sandra Luz Chicas de Fuentes dirigió la toma de protesta. En su intervención, resaltó el compromiso que implica el ejercicio de la abogacía.

Además, indicó que los nuevos abogados deben actuar con independencia, vocación de servicio e integridad en cada caso que atiendan.

El acto contó con la presencia de los magistrados José Ernesto Clímaco, Vicente Alexander Rivas, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez, todos de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

También participó el jefe de la Sección de Investigación Profesional, Rubén Atilio Meléndez.

Fortalecimiento del sistema judicial 

Finalmente, la juramentación de nuevos abogados refuerza la capacidad del sistema judicial. También garantiza la disponibilidad de profesionales capacitados para atender las demandas legales de la población.

De esta manera, la Corte Suprema de Justicia impulsa un ejercicio profesional basado en valores. Además, promueve el respeto a la ley y el acceso a la justicia en El Salvador.

El Ministerio Público de Guatemala abrió una investigación por una presunta red de corrupción en procesos judiciales vinculados al caso de lavado de dinero relacionado con Continental Towers.

La indagación apunta a posibles actos ilegales dentro del sistema de justicia. Entre ellos figuran venta de información, manipulación de expedientes y obstrucción judicial.

El caso tiene conexiones con procesos penales activos en Guatemala y El Salvador, además de un arbitraje internacional en Nueva York.

Denuncia señala filtración de información y manipulación de casos

La investigación surge tras una denuncia presentada por fiscales guatemaltecos. Ellos aportaron videos, registros telefónicos y mensajes.

Según el expediente, un fiscal habría vendido información confidencial a la defensa de los implicados y a actores vinculados a empresas extranjeras.

Los procesos judiciales señalados involucran a Jorge Alberto Castro Gaitán, Jorge Gaitán Castro junto a otros imputados.

Las autoridades investigan si estas acciones alteraron el curso de los procesos por lavado de dinero y fraude.

Evidencias incluyen video dentro de la fiscalía
Entre las pruebas destaca un video grabado en una sede fiscal. En ese material, un agente expone debilidades del caso ante abogados particulares.

La denuncia califica este hecho como posible colusión. Según los fiscales, se habría facilitado información estratégica para favorecer a la defensa.

Además, los registros de comunicación muestran el uso de códigos. Por ejemplo, “compra del vehículo” habría servido para coordinar pagos ilícitos.

Posibles delitos bajo investigación
El Ministerio Público analiza la posible comisión de varios delitos. Entre ellos destacan:

• Cohecho activo
• Tráfico de influencias
• Obstrucción de justicia
• Violación de reserva
• Asociación ilícita
• Conspiración y encubrimiento
• También se investiga una posible estructura criminal orientada a manipular procesos judiciales, fabricar pruebas y coordinar testigos falsos.
• Conexión con arbitraje internacional en Nueva York
• El caso se vincula con la disputa entre Terra Towers y TPG Peppertree por el control de Continental Towers.
• Este conflicto derivó en un arbitraje internacional en Nueva York. Según la denuncia, algunos actores habrían intentado influir en procesos judiciales locales para fortalecer su posición en ese litigio.
• El documento menciona incluso posibles presiones económicas hacia operadores de justicia.

Ramificaciones en El Salvador
Las autoridades de El Salvador también siguen el caso. En ese país, investigan a los mismos implicados junto a ciudadanos estadounidenses.

Además, identificaron a un abogado que habría intentado replicar las maniobras. Entre ellas, ofrecimiento de dinero, fabricación de pruebas y contratación de testigos.
Las pesquisas buscan determinar si existió acceso irregular a información judicial

Caso bajo reserva y en etapa inicial
La investigación continúa en fase inicial y bajo reserva. Las autoridades evalúan la autenticidad y el alcance de las pruebas presentadas.

El caso Continental Towers sigue generando impacto regional. Combina procesos por lavado de dinero, corrupción judicial y disputas corporativas internacionales.

Por ahora, el Ministerio Público no ha informado sobre capturas adicionales ni imputaciones formales derivadas de esta nueva línea de investigación.