El gobierno de El Salvador está preparando una emisión de bonos internacionales por $1,000 millones, según informó la agencia Bloomberg, como parte de sus esfuerzos por asegurar la estabilidad financiera del país antes de la próxima visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) programada para diciembre.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso citadas por Bloomberg, la agencia explicó que dos miembros del FMI, incluido Raphael Espinoza, jefe de la misión técnica de El Salvador, participaron de manera “inusual” en una conferencia telefónica con inversionistas organizada por el gobierno salvadoreño. La presencia de los funcionarios del FMI en la llamada fue interpretada por los inversionistas como una señal de que un acuerdo con el organismo internacional está cerca.

La emisión de bonos de $1,000 millones sería la segunda que realiza el gobierno de Nayib Bukele en 2024, después de que en abril pasado el país también colocara una cantidad similar en el mercado internacional. La nueva emisión está estructurada con un vencimiento a 30 años, lo que sugiere una estrategia de deuda a largo plazo para financiar las necesidades fiscales del país.

Visita del FMI y avances en el acuerdo

Bloomberg también detalló que los técnicos del FMI han informado a los inversionistas que una misión del organismo visitará El Salvador a principios de diciembre para continuar las negociaciones sobre un acuerdo preliminar alcanzado en agosto.

Dicho acuerdo contempla un paquete de medidas en áreas clave como la gobernanza, la transparencia y el clima de inversión, así como un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) durante los próximos 3 años.

Según funcionarios del gobierno citados por Bloomberg, el acuerdo con el FMI se espera que se cierre a mediados de diciembre, aunque no se han proporcionado detalles sobre el tamaño o la duración del programa de asistencia financiera.

El gobierno salvadoreño ha manifestado su intención de mejorar las condiciones económicas del país y mantener el apoyo de la comunidad financiera internacional.

Un proceso complicado con el FMI

Las negociaciones entre El Salvador y el FMI han estado marcadas por dificultades a lo largo de los últimos años. Tras un anuncio inicial de colaboración en marzo de 2021, el diálogo se estancó debido a las controversias internas, incluyendo la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general por parte de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.

Además, la aprobación de la Ley Bitcoin, que convirtió a la criptomoneda en moneda de curso legal en el país, provocó un nuevo obstáculo en las negociaciones con el FMI, que consideró que esta medida representaba riesgos para la economía y el sistema financiero del país.

A pesar de estos obstáculos, el gobierno de Bukele ha continuado buscando acuerdos con el FMI, y en la emisión de bonos de abril, el gobierno se comprometió con los inversionistas a tener un acuerdo formal con el FMI o mejorar la calificación de riesgo soberano del país en dos puntos antes de octubre de 2025.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Alexander Mejía, y la directora País de Misión Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés), Marla González Martínez, firmaron un convenio de cooperación orientado al fortalecimiento institucional y del talento humano en el sistema judicial.

Este acuerdo tiene como objetivo principal mejorar la atención y protección a víctimas de violencia física y sexual, especialmente mujeres, niños y adolescentes.

El convenio establece una serie de compromisos mutuos entre ambas instituciones, destacando el apoyo técnico y jurídico para el desarrollo de herramientas específicas que faciliten la valoración de riesgos.

Estas herramientas estarán diseñadas para permitir la emisión de medidas de protección más efectivas y adaptadas a las necesidades de las víctimas. Además, se incluirá el diseño de mecanismos para asegurar la notificación oportuna de las medidas y su seguimiento.

Uno de los aspectos clave del acuerdo es el fortalecimiento de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, así como el respaldo a los Facilitadores Judiciales en la atención a víctimas y sobrevivientes.

En este sentido, se busca incorporar enfoques informados sobre trauma y derechos humanos en la atención de niños, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Con este convenio, la CSJ y la IJM unen esfuerzos para garantizar un acceso a la justicia más eficaz, a través de la implementación de estrategias y acciones que mejoren la atención a las víctimas de violencia sexual y física, promoviendo una respuesta judicial más especializada y sensible a las necesidades de las personas afectadas.

En la firma del convenio, estuvieron presentes también el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros, y la directora de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, Vanessa Margarita Leiva.

Con el objetivo de fortalecer las competencias de los empleados del sistema judicial, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), inició el itinerario formativo sobre gestión del despacho judicial.

Esta capacitación se centra en la “Dirección del Juzgado y del Proceso” y está dirigida especialmente a secretarios y colaboradores judiciales que desempeñan funciones en el área penal.

El programa busca mejorar las habilidades de estos profesionales y contribuir a una mayor eficiencia en la administración de justicia.

El itinerario formativo está orientado a los empleados judiciales que laboran en las regiones central y paracentral del país.

La iniciativa tiene como principal objetivo asegurar que los participantes adquieran los conocimientos y herramientas necesarias para optimizar la gestión de los despachos judiciales.

A través de esta capacitación, el CNJ pretende avanzar hacia la excelencia en el servicio judicial, brindando a los empleados las habilidades requeridas para desempeñar su labor de manera más efectiva.

El Consejo Nacional de la Judicatura destacó que este tipo de programas son esenciales para la mejora continua de los procesos judiciales y para el fortalecimiento de la estructura del sistema de justicia.

La formación tiene un enfoque práctico que facilitará la implementación de mejores prácticas dentro de los juzgados, contribuyendo así a una mayor celeridad y transparencia en la resolución de casos penales.

El Ministerio de Hacienda recordó que la amnistía fiscal 2024, que permite a los contribuyentes con deudas tributarias ponerse al día sin recargos, intereses o multas, está por concluir.

El plazo de gracia vence el próximo 1 de diciembre.

La amnistía es una oportunidad única para aquellos que aún tienen pendientes declaraciones o pagos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Tesorería (DGT).

Marvin Sorto, director general de Impuestos Internos, destacó que, a través de esta amnistía, los salvadoreños pueden regularizar su situación tributaria de forma voluntaria y sin sanciones adicionales.

El funcionario subrayó que para facilitar el proceso, el Ministerio ha habilitado más de 17 Centros de Atención Express en todo el país, donde se brinda asesoría especializada y gratuita a los contribuyentes. Esta medida busca garantizar que todos tengan acceso a la información necesaria para aprovechar el beneficio antes de que termine el plazo.

La amnistía cubre una variedad de impuestos, incluidos aquellos gestionados por la DGII, DGA y los pagos pendientes ante la DGT cuya fecha de vencimiento haya sido antes del 31 de julio de 2024.

Además, se extiende a los intereses generados por multas de tránsito, aunque es importante aclarar que las multas en sí mismas no se exoneran. En su lugar, el contribuyente podrá eliminar los recargos por intereses si se pone al día con el pago de la deuda. Para quienes tengan multas de tránsito, también existe la posibilidad de fraccionar el pago en hasta nueve cuotas mensuales.

Sorto también informó que, para mayor comodidad, los contribuyentes pueden optar por un plan de pagos flexible, que permite saldar la deuda en hasta nueve cuotas.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se unió a los llamados a prevenir el fenómeno de la conducción peligrosa, pidiendo a la ciudadanía a tomar conciencia sobre los riesgos legales que esta práctica conlleva.

A través de mensajes en redes sociales, la CJS instó a los conductores a ser más responsables al volante, haciendo especial énfasis en el respeto por las leyes de tránsito, que buscan salvaguardar tanto la seguridad de los conductores como de los peatones.

Conducción peligrosa y su riesgo legal

El Código Penal de El Salvador establece que la conducción peligrosa no sólo pone en riesgo la vida de las personas, sino que también está sujeta a severas sanciones.
Según la legislación vigente, existen tres acciones principales que son consideradas conducción peligrosa y que pueden derivar en consecuencias legales graves:

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas: Esta es una de las infracciones más comunes y graves, ya que el consumo de sustancias psicoactivas afecta la capacidad de reacción y el juicio del conductor, aumentando significativamente el riesgo de accidentes.

Participar en competencias o carreras en la vía pública: La realización de competencias de velocidad en calles y carreteras, también conocida como “street racing”, es una de las conductas más peligrosas, pues pone en riesgo la vida no solo de los participantes, sino también de los transeúntes y otros conductores.

Disputar la vía con otro vehículo: El desafío entre conductores por obtener la preferencia de paso o por adelantarse de manera imprudente, puede dar lugar a accidentes graves, especialmente cuando se realiza a altas velocidades o sin el debido respeto por las señales de tránsito.

Sanciones severas

Las consecuencias legales para quienes sean detenidos por conducción peligrosa son significativas. De acuerdo con el Código Penal, las sanciones pueden incluir:

Prisión: La pena privativa de libertad varía según la gravedad del delito. En algunos casos, puede ser de hasta 3 años de prisión, especialmente cuando se causa daño a otras personas o se pone en grave riesgo la seguridad pública (en algunos casos con agravantes puede conllevar penas de hasta 8 años).

Multas económicas: Además de la prisión, los infractores pueden enfrentar fuertes multas que buscan disuadir la repetición de estas conductas.

Suspensión de la licencia de conducir: En muchos casos, el conductor puede perder temporal o permanentemente su derecho a conducir, lo que implica una restricción significativa en su libertad para moverse por el país.

Un llamado a la prudencia

La Corte Suprema recordó que, si bien la conducción peligrosa es un delito, también es un comportamiento que se puede evitar con mayor conciencia y responsabilidad al volante. En este sentido, el mensaje es claro: “Maneja con prudencia y respeta las leyes”.
Las autoridades también han señalado que, además de las sanciones penales, la conducción peligrosa contribuye al incremento de los accidentes de tránsito, que siguen siendo una de las principales causas de muerte en el país.