La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno aprobó este lunes la ratificación del “Acuerdo sobre Transporte Aéreo” entre El Salvador y Costa Rica, firmado en noviembre de 2024 durante la visita oficial del presidente Nayib Bukele a la nación vecina. 

Este acuerdo, que aún no ha sido hecho público, tiene como objetivo fortalecer la seguridad de las aeronaves civiles y prevenir actos ilícitos que puedan poner en riesgo la seguridad de las mismas, sus tripulaciones y pasajeros, así como las instalaciones de navegación aérea.

El convenio busca, específicamente, prevenir el secuestro de aeronaves y otros actos ilegales que puedan afectar la aviación civil. 

También se enfoca en mejorar la seguridad de los aeropuertos y las instalaciones vinculadas al transporte aéreo en ambos países, además de enfrentar diversas amenazas que afectan este sector estratégico.

El proceso de negociación para este acuerdo comenzó en octubre de 2022, según detalló Eduardo García, director de Relaciones Económicas de la Cancillería de El Salvador. 

García también indicó que el país ha firmado 15 acuerdos de seguridad aérea hasta la fecha, de los cuales 7 han sido formalizados entre 2021 y 2024.

A pesar de que el acuerdo no fue leído en la Comisión, los diputados avalaron su ratificación. 

Esta ratificación se enmarca en un esfuerzo más amplio de El Salvador para fortalecer sus relaciones internacionales en materia de aviación. 

A modo de ejemplo, el acuerdo con Canadá, firmado en octubre de 2018, ya es público y tiene una vigencia similar en cuanto a su propósito de fortalecer la seguridad aérea.

Durante la sesión, Patricia Aguilera Bran, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que en diciembre de 2024 se registró un incremento del 10 % en la cantidad de vuelos de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, con un total de 44,100 operaciones de llegadas, salidas y conexiones. Este aeropuerto, que cuenta con 19 puertas y salas de espera, ha experimentado un crecimiento notable en el tráfico aéreo.

Además, la directora mencionó un aumento del 21 % en la importación y exportación de carga, alcanzando 34.1 millones de kilogramos hasta el 15 de diciembre de 2024. 

También destacó un crecimiento del 25 % en los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, otro de los principales aeropuertos de El Salvador.

Por su parte, Eduardo García recordó que este año se celebran 180 años de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Costa Rica, y expresó su preocupación por la recuperación del flujo de turistas en ambos países. A pesar del progreso, destacó que aún no se ha alcanzado el nivel de turistas de 2019, por lo que llamó a seguir promoviendo y creando condiciones que favorezcan la recuperación y el crecimiento del sector turístico en ambos países.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la trigésima cuarta prórroga del régimen de excepción, una medida vigente desde marzo de 2022 y diseñada para combatir a las pandillas. Con esta decisión, se mantendrán suspendidas por 30 días más ciertas garantías constitucionales.
La extensión fue respaldada por 57 de los 60 diputados, todos pertenecientes a NI y sus aliados, lo que permite prolongar la suspensión del derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el límite de tres días para detenciones administrativas.
El decreto aprobado por los legisladores argumenta que “el fenómeno criminal persiste en el país”, pese a las declaraciones de las autoridades de seguridad, quienes aseguran haber desmantelado las principales estructuras de las pandillas.
El documento también señala que las organizaciones criminales han adoptado nuevas tácticas, como el uso de herramientas tecnológicas.
El régimen de excepción fue instaurado tras un fin de semana sangriento en marzo de 2022, cuando más de 80 personas fueron asesinadas.
Desde entonces, esta medida extraordinaria se ha convertido en el eje principal de la estrategia gubernamental contra las pandillas.
No obstante, diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado más de 6.400 casos de abusos, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas, además de reportar al menos 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal.

Rodolfo Delgado fue reelecto como fiscal general para el período 2025-2028 con 57 votos de diputados del oficialismo de Nuevas Ideas y sus aliados.
En la votación en la sesión plenaria, la número 36 de esta legislatura, hubo un voto en contra y 2 abstenciones.
En una decisión que se daba por sentada, el abogado, en el cargo desde mayo de 2021, era el más fuerte aspirante al cargo en una competencia en la que su rival fue Gonzalo Octavio Ayala López.
Delgado, que larga data en la Fiscalía, ha sido un actor clave en la política estatal de seguridad, marcada por un régimen de excepción que ha permitido el arresto, desde marzo de 2022, de casi 84,000 pandilleros.
El funcionario cuenta con una amplia experiencia en la investigación de delitos complejos, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado.
Sus colaboradores más cercanos sostienen que su enfoque es pragmático y esto le permite una toma de decisiones “ágiles”.

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa daprobó este lunes la Ley General de Minería Metálica, derogando la prohibición vigente desde 2017. La decisión generó protestas dentro y fuera del recinto, con fuertes acusaciones por parte de opositores al gobierno y el rechazo de sectores de la sociedad civil, incluidos líderes religiosos.
La nueva normativa fue discutida en comisión legislativa durante el fin de semana y presentada a votación en sesión plenaria este 23 de diciembre.
Diputados de la bancada oficialista Nuevas Ideas y aliados del PCN y PDC respaldaron la ley, mientras que los partidos Arena y Vamos votaron en contra, calificando la decisión como un retroceso ambiental y social.
A las afueras de la Asamblea, grupos opositores manifestaron su rechazo. Dentro del recinto, diputados de partidos minoritarios alzaron rótulos con mensajes como “No a la minería”, destacando la creciente preocupación por el impacto ambiental y en la salud pública que podría traer la reactivación de esta industria en el país.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, defendió la medida argumentando que la ley busca proteger los recursos naturales y el bienestar del país a largo plazo. Según explicó, la normativa incluye estudios técnicos para identificar áreas donde la minería puede desarrollarse sin comprometer el medio ambiente ni los recursos hídricos.
Sin embargo, diputadas como Cesia Rivas, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, cuestionaron estas afirmaciones.
Rivas aseguró que la ley prioriza intereses económicos y políticos sobre la salud y el bienestar de los salvadoreños. Por su parte, Villatoro acusó al oficialismo de aprobar una normativa que, según ella, «envenenará el agua y afectará gravemente a la población».
William Soriano, diputado oficialista, argumentó que la minería podría generar beneficios económicos significativos, citando estimaciones del Banco Mundial que sugieren que cada dólar invertido en minería produce entre tres y cuatro dólares en retorno. Soriano destacó que los ingresos derivados de esta actividad podrían destinarse a proyectos de infraestructura, educación y salud.
Reynaldo Carballo, del PDC, añadió que los metales son esenciales para el avance tecnológico y que los procesos actuales de extracción pueden realizarse con menos impacto ambiental. Aseguró que la ley es necesaria para garantizar el acceso a recursos indispensables para la vida moderna.
Por su parte, la diputada Dania González insistió en que esta ley representa una oportunidad para impulsar el desarrollo de las economías locales y prometió que el gobierno no repetirá los errores del pasado, asegurando un equilibrio entre explotación minera y cuidado ambiental.
Finalmente, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, sometió la ley a votación, la cual fue aprobada con los 57 votos de la bancada oficialista y sus aliados. Los diputados celebraron con aplausos, mientras persisten las críticas y el rechazo por parte de la oposición, organizaciones civiles y sectores religiosos, que consideran que esta decisión compromete el futuro ambiental y social del país.

En una rápida sesión, la comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este sábado el dictamen favorable para la Ley General de Minería Metálica, un proyecto enviado por el Ejecutivo que busca regular la minería en el país.
La minería, prohibida en 2017, será discutida en el pleno el próximo lunes, con posibilidad de ser ratificada.
El dictamen fue aprobado en un encuentro marcado por intensos intercambios de opiniones.
Durante la reunión, el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y actual director de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, presentó el anteproyecto y defendió sus aspectos clave.
En su intervención, destacó que la nueva ley garantizaría una minería “responsable y amigable con el medio ambiente”, y subrayó la prohibición del uso de mercurio, uno de los elementos más contaminantes en las prácticas mineras.
«Esta ley establece los estándares más altos para proteger el medio ambiente y evitar el uso de metales pesados», insistió Álvarez, quien también señaló que el objetivo principal de la normativa es regular la minería de manera que minimice sus impactos negativos.

Oposición cuestiona falta de estudios previos
Pese a las afirmaciones del funcionario, la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, fue crítica sobre la falta de estudios técnicos, ambientales y económicos que respaldaran la reforma.
Ortiz recordó que El Salvador cuenta desde 2017 con una ley que prohíbe la minería metálica, y cuestionó la rapidez con que se está proponiendo un cambio sin la evidencia necesaria.
Aunque Álvarez reconoció que aún no se han realizado dichos estudios, justificó la medida señalando que la nueva ley permitiría al Estado realizar las investigaciones correspondientes a través de organismos como el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).
El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, también expresó su preocupación por los impactos ambientales de la minería.
Recordó la contaminación sufrida por el río San Sebastián en La Unión durante gobiernos anteriores, pero reconoció que la propuesta de la ley actual busca evitar que se repitan estos errores.

Ajustes al proyecto
Luego del debate, Álvarez propuso una serie de modificaciones al proyecto original, buscando fortalecer las sanciones para quienes realicen actividades mineras ilegales.
Las multas por faltas graves se incrementaron de 10 a 100 salarios mínimos, mientras que las faltas muy graves podrían acarrear sanciones de entre 500 y 1,000 salarios mínimos. Además, se incluyó en el proyecto la posibilidad de participación de las sociedades de economía mixta en la explotación minera.
Antes de que se sometiera el dictamen a votación, la diputada propuso escuchar la opinión de expertos y organizaciones ambientalistas para enriquecer el debate. Sin embargo, su sugerencia fue rechazada por los legisladores oficialistas.
Ortiz calificó el proceso de aprobación como «exprés», acusando a sus colegas de evitar un debate adecuado sobre el tema.
La presidenta de la comisión, Dania González, respondió que las observaciones de Ortiz serían incluidas en el acta de la sesión, pero subrayó que el proceso seguiría adelante sin modificaciones significativas.
A las 1:03 p.m. de ese sábado, el dictamen fue aprobado por unanimidad por los diputados de la bancada oficialista.
Ahora, será presentado en el pleno de la Asamblea Legislativa el próximo lunes 23 de diciembre para su ratificación.