El ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, defendió las propuestas de reforma que buscan endurecer las penas y sanciones para conductores peligrosos, en lo que dijo es un intento por garantizar mayor seguridad vial en el país. 

Durante su intervención ante la Comisión de Seguridad y Justicia de la Asamblea Legislativa, Villatoro fue tajante al asegurar que el Estado salvadoreño no tolerará la presencia de alcohol o drogas en los conductores, eliminando cualquier tipo de tolerancia.

“Con esta propuesta el mensaje está claro: el Estado salvadoreño no va a tolerar el alcohol o drogas en conducción, sin medias tintas”, declaró el ministro al justificar las reformas a los artículos 147-E del Código Penal y 38 del Código Procesal Penal. 

Además, insistió en que estas medidas son necesarias para corregir errores del pasado, cuando gobiernos anteriores subestimaron la gravedad del consumo de drogas y su conexión con actividades delictivas.

El Gobierno ha propuesto que la conducción peligrosa sea considerada delito por cualquier concentración de alcohol en sangre, eliminando la actual tolerancia que permite hasta 100 miligramos por decilitro. También plantea endurecer las penas, incrementando la condena de 2-4 años de prisión a un rango de 2-5 años, y estableciendo sanciones más severas para conductores de transporte público y de carga, cuyas penas podrán alcanzar entre 5 y 10 años de prisión.

El ministro también defendió el aumento de las penas para casos de homicidio culposo relacionados con conducción peligrosa. Actualmente, estas condenas pueden ser de hasta 5 años y cuatro meses de prisión, pero bajo la nueva reforma podrían elevarse a 10 años, y hasta 15 años si involucran vehículos de transporte público o de carga.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, también respaldó la iniciativa y respondió a las dudas frecuentes de los ciudadanos respecto a cuánto alcohol podrían consumir sin infringir la ley. “La respuesta ahora será clara: nada, no se puede consumir alcohol si se va a conducir un vehículo”, afirmó.

Actualmente, las multas por conducir bajo los efectos del alcohol oscilan entre $57.14 para niveles de 50 a 99 miligramos por decilitro de sangre, mientras que niveles inferiores a 50 miligramos son tolerados. Las nuevas reformas buscan eliminar esta tolerancia y establecer controles más estrictos mediante pruebas de alcoholemia, alcotest y antidoping, cuyas evidencias tendrán valor probatorio suficiente en los procesos judiciales.

El Gobierno ha propuesto una reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que incluiría 23 nuevas infracciones de tránsito, además de modificar las ya existentes, con incrementos significativos en las sanciones económicas. El proyecto fue presentado ante la Asamblea Legislativa y busca ajustar las normativas para mejorar la seguridad vial y el orden en las calles.
Entre las nuevas infracciones propuestas se encuentran varias que afectan comportamientos cotidianos en las vías.
Por ejemplo, se sancionaría con una multa de $50 a quienes no enciendan las luces direccionales al cruzar o cambiar de carril.
También se incluye una multa de $100 para quienes no muevan los vehículos tras un accidente leve o no respeten el paso de ciclistas en la vía pública. En los casos más graves, como negarse a realizar pruebas de alcohol o drogas, la sanción podría alcanzar los $150.
Una de las modificaciones más destacadas es la extensión de la obligación del uso del cinturón de seguridad: bajo la nueva propuesta, todos los ocupantes de un vehículo, no solo los pasajeros delanteros, deberán usar este dispositivo de seguridad. Asimismo, aquellos que no reduzcan la velocidad en zonas con límite de 30 km/h podrían ser multados con $100.
Además, algunas regulaciones se flexibilizan, como el uso de faros halógenos, que ya no estarán prohibidos en la ciudad, pero sí deberán estar instalados a una altura superior a los 75 centímetros desde el suelo.

Aumento de las multas
Una de las modificaciones más notorias será el aumento de las multas, que pasarán de montos como los $11.43, $34.29 y $57.14 a nuevas tarifas de $50, $100 y $150.
Las infracciones leves, como virar en «U» en lugares no permitidos o conducir con luces altas en la ciudad, ahora implicarán sanciones de $50, en lugar de los $11.43 previos.
Las infracciones graves, como conducir en zig-zag o no ceder el paso a vehículos de emergencia, serán penalizadas con $100, en vez de los $34.29 anteriores. Por último, las infracciones más graves, como usar el teléfono móvil al volante, serán castigadas con una multa de $150, un aumento considerable respecto a los $57.14 actuales.

Nuevas infracciones propuestas
La propuesta introduce 23 nuevas faltas, algunas de las cuales buscan regular conductas ya comunes, como la circulación sin la tarjeta de circulación vigente o el no uso de chalecos reflectantes por parte de los motociclistas durante la noche.
A continuación, se destacan algunas de las infracciones más relevantes que se incluirían en el nuevo marco legal:

• Multas de $50:
  • Circular sin la tarjeta de circulación al día.
  • Conducir sin carnet de instructor de manejo o con carnet vencido.
  • No encender las luces direccionales al cambiar de carril.
  • Obstruir el paso con vehículos accidentados que solo impliquen daños materiales leves.
• Multas de $100:
  • Utilizar la vía de emergencia mientras las sirenas están activadas.
  • No conceder el paso a ciclistas en la vía pública.
  • No respetar las zonas destinadas para la circulación de bicicletas o estacionarse en lugares prohibidos.
  • No reducir la velocidad en zonas de riesgo como colegios y hospitales, o en zonas donde el límite de velocidad es de 30 km/h.
• Multas de $150:
  • Circular sobre aceras, ciclovías o en lugares no permitidos.
  • Negarse a realizar pruebas de alcohol o drogas.
  • Conducir sin los elementos de seguridad obligatorios, como el casco certificado en motocicletas o el uso de sillas para niños menores de cinco años.

El proyecto también propone ajustar varias infracciones preexistentes, como el uso de llantas lisas o en mal estado, que será sancionado con una multa de $50, en lugar de los $11.43 actuales.

La Fiscalía General informó sobre la captura de 14 personas, incluyendo abogados, notarios y civiles, acusados de utilizar sus conocimientos técnicos para despojar a propietarios de sus bienes inmuebles.
Los sospechosos habrían realizado una serie de maniobras fraudulentas para vender las propiedades a terceras personas, generando un perjuicio que supera los $200,000.

Modus operandi
Entre los detenidos se encuentra el notario Miguel Ángel Rodríguez, quien valiéndose de su oficio, certificó la venta de un inmueble sin que el propietario legítimo compareciera ante sus oficios notariales.
Pese a esta irregularidad, Rodríguez ofertó la propiedad a una tercera persona, consumando el acto fraudulento.
A los capturados se les acusa de diversos delitos relacionados con la falsificación de documentos y el uso de artimañas para estafar a las víctimas. Los cargos incluyen: uso y tenencia de documentos falsos, falsedad material, falsedad ideológica, falsedad documental agravada y estafa agravada

La Fiscalía insistió en la gravedad de estos delitos, ya que involucran una violación directa a la confianza depositada en los profesionales del derecho, quienes utilizaron sus conocimientos para cometer actos ilícitos en lugar de defender los intereses de sus clientes.
Las autoridades continúan investigando para determinar la participación de otros posibles implicados y recuperar los bienes despojados. Además, la Fiscalía busca fortalecer las pruebas para garantizar que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.
La Fiscalía instó a la población a estar alerta frente a este tipo de delitos y verificar cuidadosamente la legitimidad de las transacciones relacionadas con bienes inmuebles.

El Gobierno busca una nueva reforma penal para endurecer las penas aplicables al delito de conducción peligrosa y llevarlas hasta 10 años de prisión en algunos casos.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, propuso una nueva reforma al artículo 147-E del Código Penal con la que buscan fortalecer la legislación existente y aumentar las sanciones contra quienes pongan en riesgo la seguridad vial mediante disputas de vías, competencias sin autorización o la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas.

Incremento en las penas
En 2 ocasiones durante el 2021 el artículo 147-E del Código Penal fue modificado en dos ocasiones durante 2021 y este impone una pena de entre 2 y 4 años de prisión por conducción peligrosa de vehículos de motor, una reducción que se realizó en noviembre de 2021 después de que la reforma de septiembre del mismo año la elevara a entre 4 y 6 años.
La nueva propuesta contempla aumentar el rango a entre 2 y 5 años de prisión.

En cuanto a la conducción peligrosa en vehículos de transporte público o de carga, la propuesta elevaría las penas a entre 5 y 10 años de prisión.
Esto representa un cambio significativo respecto a las reformas de 2021, cuando inicialmente se establecieron penas de entre 5 y 8 años en septiembre, para luego reducirlas a entre 3 y 6 años en noviembre.

Sanciones más estrictas por homicidio culposo
Uno de los puntos más destacados de la propuesta es el endurecimiento de las penas en casos donde la conducción peligrosa resulte en homicidio culposo o lesiones muy graves.
Actualmente, el Código Penal incrementa la pena hasta un tercio del máximo, lo que equivale a 8 años de prisión. Con la reforma, la pena podría alcanzar hasta 10 años en casos relacionados con vehículos de motor y hasta 15 años si el delito involucra transporte público o de carga.

Medidas complementarias
La propuesta también incluye disposiciones adicionales para combatir la conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o psicoactivas. Según el texto, las pruebas realizadas en controles vehiculares serán consideradas prueba suficiente en flagrancia para determinar el delito.
La iniciativa del gobierno busca responder al creciente número de incidentes de tránsito relacionados con conductas irresponsables, así como a las demandas de mayor seguridad vial por parte de la ciudadanía.
Con esta propuesta, el Ejecutivo pretende disuadir a los conductores de incurrir en comportamientos peligrosos y garantizar un entorno más seguro para los usuarios de las vías.
El pleno legislativo conoció el martes 17 de diciembre la iniciativa, que ahora se encuentra en proceso de análisis para su eventual aprobación.

La Procuraduría General de la República (PGR) suscribió una carta de entendimiento con el Proyecto Justicia, iniciativa implementada por Dexis Consulting Group y financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer las capacidades de investigación de la defensa pública penal y mejorar los servicios institucionales, en una alianza estratégica que promete optimizar el acceso a la justicia y el trato hacia las víctimas.

El Proyecto Justicia, que ya ha demostrado ser un motor de cambio en el ámbito judicial, busca implementar soluciones efectivas para garantizar que las víctimas tengan acceso a una justicia más pronta y eficiente. 

Entre los objetivos clave del proyecto destaca la ampliación y fortalecimiento de los servicios de asistencia y trato para las personas afectadas por el sistema judicial.

En su intervención, el procurador general René Escobar subrayó las áreas de intervención del memorándum de entendimiento, que incluyen el fortalecimiento de la investigación en la defensa pública penal, la ampliación del acceso a la justicia para las víctimas y la optimización de las capacidades institucionales para brindar servicios de calidad.

Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso de ambas instituciones de mejorar de manera continua la calidad de los servicios que ofrecen a la ciudadanía. «Nuestro deber es con la población usuaria, y estamos comprometidos a seguir trabajando para garantizar que sus derechos sean respetados y sus necesidades atendidas de manera humana y cercana», afirmó Escobar.

Además, se destacó el enfoque del Proyecto Justicia y la PGR por una justicia centrada en la persona, priorizando la calidad, cercanía y humanidad en la atención a los usuarios. Este enfoque no solo busca mejorar los procedimientos judiciales, sino también hacer que las víctimas se sientan respaldadas y escuchadas durante todo el proceso judicial.