La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó con 56 votos a favor la ratificación de un acuerdo con Cuba, cuyo objetivo es permitir que los condenados a prisión cumplan sus penas en sus países de origen.
El acuerdo, firmado el 15 de octubre de 2024, fue suscrito por el viceministro de Justicia y director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, en representación de El Salvador, y el embajador de Cuba en el país, Tomás Lorenzo Gómez.
El acuerdo busca facilitar el cumplimiento de las condenas penales en los países de origen de los reos. Esto significa que los salvadoreños condenados en Cuba podrán solicitar cumplir su pena en El Salvador, y viceversa.
El fin principal es ayudar en la rehabilitación de los reclusos, al permitirles estar cerca de su entorno y familia.
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, El Salvador ya cuenta con acuerdos similares con otros países, como Argentina y Costa Rica, y el tratado con Cuba es de la misma naturaleza.
Sin embargo, se detalló que para evaluar las solicitudes de traslado, será el Ministerio de Justicia, a través de los Centros Penales, quien analice la conducta del reo y el tipo de delito por el que fue condenado.
Este análisis se enviará a las autoridades penitenciarias o judiciales cubanas, quienes decidirán si es viable aceptar al recluso. Además, se consultará con los jueces del sistema penitenciario de El Salvador.
El acuerdo ratificado consta de 3 considerandos y 14 artículos. Según los legisladores que dieron su visto bueno, el tratado busca establecer mecanismos más ágiles y eficientes en el ámbito de la extradición, con el fin de simplificar su tramitación y reducir las dificultades que actualmente existen.

El gobierno de la India ejecutará 25 proyectos de desarrollo e impacto social en El Salvador, que estarán orientados a áreas clave como educación, salud, saneamiento y desarrollo comunitario.
Estos se llevarán a cabo bajo 5 iniciativas, con un proyecto asignado para cada año en los próximos cinco años.
La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, firmó recientemente un acuerdo con el gobierno indio para formalizar este esfuerzo.
Según el acuerdo, se invertirá un total de $1,250,000, distribuidos en $50,000 para cada uno de los 5 proyectos anuales que se ejecutarán en el país.
“India es un aliado clave para El Salvador… firmamos un acuerdo que permitirá ejecutar 25 proyectos de desarrollo e impacto social en nuestro país durante los próximos 5 años. Cada proyecto tendrá un financiamiento de hasta $50 mil, sumando un total de $1,250,000”, explicó Hill en redes sociales.
Durante la firma del acuerdo, Hill Tinoco destacó la importancia de esta colaboración internacional, asegurando que el trabajo conjunto entre ambos países contribuirá a la construcción de un futuro más próspero y sostenible para El Salvador.
“Al sellar esta alianza, demostramos que, trabajando juntos, podremos construir un futuro más próspero y sostenible”, afirmó la funcionaria, quien estuvo acompañada por el embajador de la India en El Salvador, Manoj Kumar Mahopatra.
La administración de los fondos destinados a estos proyectos estará a cargo de la Secretaría Técnica del Financiamiento Externo (SETEFE), una dependencia de la Cancillería de El Salvador.

El reciente Censo de Población y Vivienda de El Salvador ha mostrado avances significativos en el acceso a servicios básicos, especialmente en lo que respecta a la electricidad. Según los datos, un 90.7% de las viviendas en el país cuentan con acceso a energía eléctrica a través de la red pública, lo que refleja un progreso sustancial en la cobertura de este servicio en los últimos años.
Uno de los cambios más notables en la infraestructura energética del país es la diversificación de las fuentes utilizadas para generar electricidad.
En los últimos dos años, El Salvador ha comenzado a incorporar fuentes renovables y más sostenibles, como la energía eólica y solar, además del gas natural.
Esta diversificación no solo responde a una demanda creciente de energía, sino también a una estrategia para mejorar la sostenibilidad y reducir la dependencia de fuentes tradicionales.
A pesar de que la gran mayoría de los hogares dependen de la red pública para el suministro eléctrico, un pequeño porcentaje (0.4%) utiliza fuentes alternativas como paneles solares o generadores diésel.
Esta tendencia refleja un interés creciente por las energías renovables y las soluciones autónomas, especialmente en áreas rurales o zonas donde el acceso a la red eléctrica aún es limitado.
En cuanto a la cocina doméstica, El Salvador ha experimentado cambios importantes en los hábitos de consumo energético.
El uso de gas propano para cocinar ha ido en aumento desde 2007, mientras que el consumo de leña ha disminuido notablemente.
Este cambio se debe en parte a una mayor conciencia ambiental, el fortalecimiento de las leyes de protección del medio ambiente y la implementación de subsidios al gas para las familias de bajos ingresos, lo que ha facilitado el acceso a una alternativa más limpia y eficiente.
Por otro lado, el uso de electricidad para cocinar es extremadamente bajo, con sólo un 1% de los hogares que recurren a esta opción.
Esto se debe a factores como el alto costo de la electricidad, así como la disponibilidad y el costo de otros combustibles como el gas propano.
Finalmente, el Censo también revela que un 1.3% de los hogares en El Salvador no prepara sus propios alimentos.
Esta cifra podría estar relacionada con factores como cambios culturales en los hábitos alimenticios, la dinámica laboral de los miembros de la familia o el hecho de que algunas personas viven solas y prefieren recurrir a la comida preparada fuera del hogar.

Con el objetivo de fortalecer las capacidades de los actores judiciales encargados de la vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo el “taller de actualización sobre estándares nacionales e internacionales en Derecho Penitenciario”. 

Esta iniciativa fue coordinada por la Escuela de Capacitación Judicial (ECJ), con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El taller estuvo dirigido a secretarios y colaboradores judiciales de cámaras y juzgados competentes en materia de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena, quienes tuvieron la oportunidad de actualizar y ampliar sus conocimientos sobre los más recientes enfoques y estándares en la materia.

El principal objetivo de esta actividad académica fue proporcionar a los participantes herramientas y enfoques diferenciados en el control de penas y medidas restrictivas para personas privadas de libertad. 

En un contexto donde la justicia penal y la administración penitenciaria son cruciales para el respeto de los derechos humanos, este taller destacó la importancia de implementar un sistema más eficiente y humano en el manejo de los reclusos, alineado con los estándares nacionales e internacionales.

Durante las sesiones, se abordaron temas clave relacionados con las mejores prácticas y normas internacionales en Derecho Penitenciario, incluyendo los derechos de las personas privadas de libertad, el trato digno y la rehabilitación en el sistema penitenciario. Además, se promovió la reflexión sobre el papel de los funcionarios judiciales en el seguimiento y control de las penas, con un enfoque en la protección de los derechos humanos.

El apoyo del CICR fue fundamental para el éxito de esta capacitación, ya que brindó su experiencia y conocimientos en la implementación de estándares internacionales, reforzando así la relevancia de este tipo de talleres en el fortalecimiento del sistema judicial y penitenciario.

Este taller se enmarca dentro de un esfuerzo continuo por mejorar las competencias de los profesionales del derecho, promoviendo una justicia más equitativa y respetuosa de los derechos fundamentales de todas las personas, incluso aquellas privadas de libertad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que en 2024 se han gestionado inversiones por más de $111.5 millones a través de las embajadas y consulados del país.
La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, detalló que estos fondos están destinados a sectores clave como el turismo, la energía, la alimentación, la medicina y las bebidas.
«Solo este año, gracias al trabajo de nuestras embajadas y consulados, hemos logrado posicionar $111.5 millones en inversiones, en colaboración con otras instituciones», afirmó Mira en declaraciones recientes.
Este esfuerzo forma parte de la estrategia de «diplomacia económica» que el Ministerio de Relaciones Exteriores está impulsando, con el objetivo de atraer más inversiones y promover el turismo salvadoreño a nivel internacional.
La viceministra señaló que las previsiones indican que en 2025 la inversión canalizada a través de las representaciones diplomáticas del país superará los registros de este año.
Mira también destacó que las acciones de la Cancillería se alinean con el plan económico lanzado por el gobierno en junio de 2024, buscando generar «resultados tangibles» que contribuyan al crecimiento económico del país.