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Ataque armado en Guatemala deja muerto a un diputado y tres policías
El diputado opositor Julio César Portillo Paz murió en un ataque armado junto a 3 policías este viernes 6 en el departamento de Zacapa, al este de Guatemala. El crimen ocurrió en una zona marcada por la presencia del narcotráfico.
El Congreso de Guatemala confirmó la muerte del legislador, representante del distrito de Zacapa. La institución expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros.
“El presidente Luis Contreras, integrantes de Junta Directiva y diputados, lamentan el sensible fallecimiento del diputado Julio César Portillo Paz”, publicó el Congreso en la red social X.
El Ministerio de Gobernación informó que 3 fallecidos eran agentes policiales. Según la institución, los uniformados repelieron un ataque directo contra el diputado, perpetrado por individuos desconocidos.
Zacapa registra antecedentes de enfrentamientos entre narcotraficantes
El atentado ocurrió en una región del este de Guatemala con fuerte presencia de estructuras del narcotráfico.
En Zacapa opera el cartel de la familia Lorenzana, vinculado al cartel mexicano de Sinaloa. Además, el departamento registró enfrentamientos entre grupos del narcotráfico hace poco más de un mes.
Esos choques dejaron 8 personas muertas, según las autoridades.
Asimismo, puso a disposición de la Fiscalía a un centenar de soldados para facilitar las investigaciones sobre los enfrentamientos.
El legislador había llegado al Congreso con el partido Cabal
Portillo Paz obtuvo su curul en las elecciones de 2023 con el partido opositor Cabal. Sin embargo, posteriormente pasó a integrar la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), agrupación de la exprimera dama y excandidata presidencial Sandra Torres.
Fiesta vinculada a familiares de narcotraficantes generó polémica
La región también estuvo bajo atención pública a finales de octubre por una lujosa fiesta de 15 años.
La celebración correspondió a la hija de Xiomara Ovalle, alcaldesa de Zacapa. La funcionaria es familiar de un jefe de un poderoso cartel del país y esposa de un narcotraficante confeso.
Estados Unidos calificó el evento como una “narcoquinceañera”. Medios locales estimaron que su costo superó los 2.5 millones de dólares.
La fiesta generó cuestionamientos por los presuntos vínculos familiares de la alcaldesa con estructuras del narcotráfico.
