Legal
Conversatorio sobre la modernización de la Adminstración Pública
El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) llevó a cabo el conversatorio “Modernización de la administración pública”, cuya ponente fue la magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, Dafne Sánchez quien hizo énfasis en que es necesario una Ley de Procedimientos Administrativos para que regulen de manera adecuada las pautas y los cauces de la actuación de la administración pública.
Para la experta, en El Salvador se ha vuelto urgente contar con una Ley de Procedimientos Administrativos ya que es necesario complementar el marco normativo que rige a la administración pública. “Se corre menos riesgo de incurrir en ilegalidades o hasta inconstitucionalidades. El país merece esa ley”, expresó la magistrada.
“Todo órgano del Estado que dicte actos administrativos constituye administración pública estos órganos cuando ejercen función administrativa siguen procedimientos administrativos esto quiere decir que dictan actos de procedimientos”, explicó.
“Nos preguntamos si la normativa que rige actualmente la administración pública es suficiente, ¿satisface las necesidades de la administración pública de los funcionarios para seguir procedimientos con toda seguridad?”, cuestiona la magistrada.
Hay dos puntos de vista, el régimen que rige la administración pública cuando ella sigue sus procedimientos administrativos de los órganos antes mencionados, por otra parte en nuestro sistema legal, estos procedimientos que se siguen en sedes administrativas son controladas por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) allá en sedes jurisdiccional.
“El no poseer una ley adecuada que con carácter general rija los procedimientos en sede administrativa, también dificulta el control por parte de la Sala de lo Contencioso. Si los funcionarios se encuentran con dificultades a la hora de seguir sus procedimientos porque nuestras leyes de procedimientos administrativos no establecen cómo va a actuar el funcionario cuando alguien le presente una petición, y el funcionario advierte que la petición no llena los requisitos necesarios o no se ha presentado la documentación completa que se necesita para decidir y el funcionario se pone a pensar ¿qué hago?”
“Esto genera inseguridad jurídica porque el funcionario no tiene ningún respaldo legal claro que le diga en qué sentido debe actuar. Esto genera duda para el funcionario y los ciudadanos”.
“Hay una serie de aspectos que por no contar actualmente con una Ley de Procedimientos Administrativos, los funcionarios se ven en problemas y los ciudadanos se ven en situaciones que no comprenden y que puedan terminar en violación a sus derechos”.
La ponente explicó que hay funcionarios que quieren hacer las cosas bien pero si no tiene una normativa adecuada que le rija los pasos a seguir pueden incurrir en ilegalidades e inconstitucionalidad y que al existir una normativa adecuada en sede administrativa también le va a resultar más seguro a la Sala de lo Contencioso Administrativo controlar las funciones de los funcionarios.
“Solo tenemos como norma general que rija la Sede Administrativa la Constitución de la República, pero la constitución tiene disposiciones de contenido muy denso que no cualquier persona puede interpretarla por eso, existe una legislación secundaria que admite la Asamblea Legislativa también reglamentos que dicta la administración pública precisamente para desarrollar esas disposiciones constitucionales”, detalló.
En nuestro país solo está como regla general la constitución pero no hay una ley secundaria que facilite la comprensión de los principios constitucionales de los valores que rigen la administración pública.
“De no aprobarse esta ley, seguirían las frecuentes violaciones a la constitución y a los derechos de los administrados”, expresó la experta.
Entre los aspectos significativos que trae el proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos están: desarrollar los principios que rigen el actuar de la administración pública que deban regirse, legalidad, economía, proporcionalidad, eficacia, verdad material, principio de simplicidad entre otros.
También viene regulado en el proyecto, los requisitos de los actos administrativos, lo relativo a la notificación de los actos administrativos, regulación sobre procedimiento sancionatorio.
El último proyecto de Ley de Procedimientos Administrativos trae como regla general el silencio positivo, según explicó la ponente quiere decir que la regla general en los casos que un ciudadano o ciudadana dirija una petición a los funcionarios públicos y no le responden en el plazo fiado por la ley, se va a entender que se accedió a la petición del particular, cuando surge este silencio ya la administración pública no puede resolver en otro sentido. El ciudadano puede pedir la certificación de ese acto mediante el cual se accedió a su petición y la administración se la debe dar.
La doctora Dafne manifestó que este proyecto de ley se viene trabajando desde 1993 que entró a la Asamblea Legislativa pero no avanzó. El proyecto se volvió a movilizar en los gobiernos comprendidos entre 2004-2014 y tampoco avanzó.
El año pasado se remitió el proyecto a Casa Presidencial y han dicho que se está en la disposición del Órgano Ejecutivo y esperan presentar de nuevo este proyecto de ley.
Al aprobarse dicha ley, es necesario realizar capacitaciones para poder aplicar debidamente el proyecto.
En los próximos meses se espera presentar la iniciativa de ley.
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Presidente de la Corte Suprema y representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo abordan cooperación institucional
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Henry Alexander Mejía, sostuvo una reunión con el nuevo representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, Jairo Acuña-Alfaro, para abordar iniciativas de cooperación institucional y desarrollo.
El encuentro formó parte de la agenda de trabajo que el representante de la agencia de Naciones Unidas inició con instituciones públicas y actores del sector privado. El objetivo consiste en construir una hoja de ruta que apoye los esfuerzos de desarrollo sostenible en beneficio de la población salvadoreña.
Durante la reunión, ambas autoridades analizaron temas de interés común relacionados con innovación, transformación tecnológica y fortalecimiento de capacidades institucionales.
Agenda incluyó herramientas tecnológicas para la gestión pública
Las autoridades revisaron oportunidades de cooperación enfocadas en procesos de innovación y digitalización dentro de las instituciones.
Además, los participantes abordaron mecanismos para impulsar herramientas que permitan modernizar procesos y fortalecer servicios institucionales.
La reunión también permitió intercambiar perspectivas sobre proyectos vinculados con mejoras operativas y nuevas estrategias de trabajo.
PNUD amplía acercamientos con diversos sectores
Organismo de Naciones Unidas amplía acercamientos con diversos sectores
El nuevo representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo inició una agenda de reuniones con diferentes sectores del país.
La estrategia incluye encuentros con entidades estatales y representantes privados para identificar áreas de colaboración y definir acciones conjuntas.
Además, el organismo internacional busca consolidar iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de capacidades institucionales.
Magistrados y delegados participaron en el encuentro oficial
En la reunión participaron los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, José Ernesto Clímaco Valiente y Fernando Galo.
Asimismo, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acompañaron el encuentro y participaron en las conversaciones sobre temas de interés común.
Las autoridades desarrollaron la reunión en San Salvador este 1 de julio de 2026.
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El Salvador celebra el Día del Abogado y reconoce la labor de miles de profesionales del derecho
Cada 30 de junio, El Salvador conmemora el Día del Abogado con actividades académicas, reconocimientos y mensajes institucionales que destacan la labor de los profesionales del derecho en la defensa de la justicia y el cumplimiento de las leyes.
La fecha, establecida oficialmente mediante un decreto legislativo emitido el 5 de junio de 1984, reconoce el trabajo de quienes ejercen la abogacía y participan en la construcción del sistema jurídico del país. Este año, la conmemoración también recordó el papel que abogados y juristas desempeñan en el acceso ciudadano a la justicia.
Además, instituciones públicas difundieron mensajes alusivos a la jornada. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador compartió una felicitación enfocada en principios como la legalidad, la integridad y la garantía de derechos.
Una conmemoración creada por decreto hace más de cuatro décadas
El origen del Día del Abogado en El Salvador se remonta a 1984. En ese año, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Ley N.º 108 durante la administración del entonces presidente José Napoleón Duarte.
La normativa fijó el 30 de junio como el Día del Profesional del Derecho. Desde entonces, la jornada se convirtió en una fecha de reconocimiento para quienes ejercen funciones jurídicas en diferentes sectores.
A 42 años de su creación, la celebración continúa vigente dentro de las instituciones del Estado y de la comunidad jurídica salvadoreña.
Profesionales ejercen en áreas clave para la sociedad
Actualmente, unos 37 mil abogados activos trabajan en el territorio salvadoreño. Los profesionales del derecho desarrollan labores en despachos privados, firmas corporativas y entidades públicas. También participan en áreas como derecho penal, civil, constitucional, administrativo, laboral, tributario e internacional.
Su trabajo incluye representación legal, asesoría jurídica y acompañamiento en procesos judiciales y administrativos.
Universidades y gremios impulsan actividades durante la jornada
La conmemoración también incluye actividades organizadas por universidades, asociaciones de juristas y entidades estatales.
Durante esta fecha se desarrollan foros académicos, conferencias magistrales y actos de reconocimiento dirigidos a profesionales destacados.
Estas actividades buscan fortalecer la formación continua y generar espacios de análisis sobre temas jurídicos actuales.
El sistema legal enfrenta nuevos retos en un entorno cambiante
La celebración ocurre en un contexto marcado por transformaciones políticas, cambios judiciales y nuevas demandas sociales.
Especialistas y entidades relacionadas con el ámbito jurídico señalan que temas como el acceso igualitario a la justicia, la ética profesional y el fortalecimiento institucional forman parte de los desafíos actuales.
Además, la labor del abogado mantiene un papel relevante como mecanismo de orientación y defensa de derechos dentro de la sociedad.
Isidro Menéndez permanece como una figura histórica del derecho salvadoreño
Aunque la fecha conmemorativa no está vinculada con un hecho histórico específico, la historia jurídica nacional reconoce a Isidro Menéndez como una figura central del desarrollo legal salvadoreño.
Nacido en 1795 en San Pedro Metapán, Menéndez participó en la Asamblea de Independencia de 1821 y contribuyó a la construcción de las bases jurídicas del país.
También impulsó proyectos educativos y legales, entre ellos la publicación de la “Recopilación de Leyes Patrias” y la creación del Colegio de Abogados en Ahuachapán.
Su legado permanece como una de las referencias históricas más importantes de la jurisprudencia salvadoreña.
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Federación de Asociaciones de Abogados presenta a 21 aspirantes al Consejo de la Judicatura
La Federación de Asociaciones de Abogados (Fedaes) presentó a 21 precandidatos que competirán por integrar el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para el período 2026-2031.
El CNJ es la institución encargada de evaluar, capacitar y proponer jueces y magistrados en el país. De sus siete integrantes, tres deben representar al gremio de abogados.
La Federación deberá presentar tres ternas de miembros propietarios y tres de suplentes, para un total de 18 nombres que serán definidos mediante votación secreta e igualitaria.
Aspirantes inician campaña antes de la jornada electoral
Los candidatos pertenecen a cuatro asociaciones de abogados y podrán realizar campaña desde el 30 de junio hasta el 9 de julio.
El presidente de la Federación, Rey Joaquín Nóchez Peña, señaló que la cantidad de inscritos superó las expectativas iniciales.
Además, indicó que el proceso refleja participación dentro del gremio y afirmó que los candidatos ya pueden solicitar apoyo para la elección.
Las votaciones se realizarán el 11 de julio desde las 8:00 de la mañana en los centros judiciales habilitados en cada departamento del país.
Integrantes actuales buscan mantener espacios dentro del organismo
Entre los participantes aparecen tres integrantes actuales del Consejo Nacional de la Judicatura.
Los abogados Santos Guerra Grijalba, Doris Deysi Castillo de Escobar y Alcides Salvador Funes Teos buscan continuar dentro de la institución.
Funes intenta alcanzar un cuarto período consecutivo y señaló que su experiencia administrativa constituye uno de sus principales argumentos.
Modificación técnica cambia el orden de la papeleta
El comité electoral informó además sobre un cambio en la organización de la papeleta.
Los nombres de los aspirantes aparecerán según el orden de inscripción y no en orden alfabético.
La reforma recibió aprobación por mayoría dentro de la directiva de la Federación y será aplicada durante la elección de este año.
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Corte Suprema presenta resultados de evaluación de programa sobre derechos humanos y prevención de violencia
La Corte Suprema de Justicia presentó los resultados de la evaluación del Programa Educativo para el Fortalecimiento en Derechos Humanos y Masculinidades para una Vida Libre de Violencia y Discriminación, una iniciativa implementada desde 2022 dentro de procesos judiciales.
Las autoridades informaron que la evaluación permitirá actualizar contenidos y herramientas metodológicas para fortalecer la aplicación del programa y ampliar su impacto.
Hasta la fecha, el proyecto ha brindado atención a más de 3,500 hombres vinculados a procesos judiciales. El programa desarrolla procesos pedagógicos y seguimiento para promover reflexión, responsabilidad y cambios de conducta.
Herramientas educativas buscan reducir nuevas conductas violentas
Las autoridades explicaron que el programa busca prevenir nuevas manifestaciones de violencia mediante procesos educativos y acompañamiento especializado.
Además, la metodología incluye espacios orientados a identificar conductas y promover cambios personales durante el desarrollo de los procesos judiciales.
Jornada reunió a representantes del sistema judicial salvadoreño
La presentación contó con la participación de magistrados de distintas salas de la Corte Suprema de Justicia.
Entre los asistentes estuvieron magistrados de las áreas Constitucional, Penal y Contencioso Administrativo, quienes conocieron los resultados y alcances de la evaluación.
Organismos internacionales participan en el fortalecimiento del proyecto
La iniciativa fue desarrollada por la Dirección de Atención Integral a las Mujeres a través de equipos multidisciplinarios especializados.
Asimismo, el programa recibió apoyo de la Misión Internacional de Justicia y de la Federación Luterana Mundial para impulsar su ejecución y fortalecimiento institucional.
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Candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura avanzan tras elección en universidades privadas
El proceso para integrar el Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador avanzó con la elección de una terna de candidatos provenientes del sector de abogados docentes de universidades privadas. La selección definió tres aspirantes a miembros propietarios y un candidato suplente para el período 2026-2031.
La Asamblea Legislativa deberá elegir de entre estos a uno de los siete integrantes propietarios que conformarán el organismo responsable de proponer candidatos a jueces y magistrados del sistema judicial salvadoreño.
La terna quedó integrada por Verónica Lisseth González Penado, César Edgardo Castaneda y William Rafael Rebollo como aspirantes propietarios. Además, Óscar Antonio Canales Cisco fue seleccionado como candidato suplente.
La votación mostró diferencias amplias entre los participantes
Los resultados reflejaron distintos niveles de respaldo entre los aspirantes.
Según los datos disponibles, Verónica González obtuvo 82 votos. William Rafael Rebollo recibió 38 votos y César Edgardo Castaneda alcanzó 32 apoyos.
Por otra parte, Óscar Antonio Canales Cisco sumó 30 votos y quedó como aspirante suplente.
El sector registró únicamente cuatro candidatos. Por esa razón, el proceso no logró completar dos espacios destinados a suplencias.
Los antecedentes profesionales marcan el perfil de cada aspirante
Los candidatos presentan trayectorias distintas dentro del ámbito académico y judicial.
Verónica González forma parte del actual Consejo Nacional de la Judicatura para el período 2021-2026. También trabajó como secretaria judicial y especialista en derecho laboral.
Según su presentación profesional, posee dos maestrías y nueve estudios de posgrado.
William Rafael Rebollo ejerce como decano de una facultad de ciencias jurídicas y trabaja como consultor en gestión de proyectos.
César Edgardo Castaneda trabaja actualmente como jefe de unidad dentro del mismo Consejo Nacional de la Judicatura.
Mientras tanto, Óscar Antonio Canales Cisco ocupa un cargo como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia y cuenta con experiencia académica y judicial.
El organismo tiene influencia directa sobre futuros nombramientos
El Consejo Nacional de la Judicatura desempeña una función clave dentro del sistema judicial salvadoreño.
La institución propone candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de cámaras de segunda instancia y jueces de distintos niveles.
Además, la Asamblea Legislativa elige y puede destituir a sus integrantes mediante una votación calificada.
La etapa actual representa un paso más dentro de un proceso que definirá la futura integración de una institución con influencia directa sobre la selección de funcionarios judiciales del país.
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