Con la proximidad de las vacaciones de fin de año, muchas familias salvadoreñas se preparan para viajar al extranjero. En este contexto, la Procuraduría General de la República (PGR) hizo un llamado a los padres de familia que planean salir del país con sus hijos, para que recuerden la importancia de contar con la autorización migratoria correspondiente, especialmente si uno de los progenitores no podrá acompañar al menor o si se desconoce el paradero de alguno de ellos.

Según la normativa vigente, cuando un niño, niña o adolescente desea salir del país acompañado de uno de los padres o de un tercero, es obligatorio obtener una autorización migratoria de salida.

Esta autorización, que se tramita con un documento notarial, es un requisito fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores, así como para evitar posibles situaciones de secuestro parental o traslado ilegal de niños.

¿Cuándo es necesario solicitar la autorización?

La autorización migratoria es necesaria en los siguientes casos:

• Si el niño, niña o adolescente viaja solo o acompañado solo por uno de los progenitores: En caso de que uno de los padres no pueda acompañar al menor, o si el menor será acompañado por una persona distinta a sus padres, se deberá gestionar la autorización para permitir que el menor pueda salir del país.

• Si el paradero de uno de los progenitores es desconocido: Si uno de los padres está ausente o no se tiene conocimiento de su paradero, también será necesario tramitar la autorización para que el menor pueda viajar.

La Procuraduría advierte que el proceso de solicitud de autorización migratoria debe realizarse con anticipación, ya que puede implicar la recopilación de documentación adicional y la verificación de la situación legal del menor.

Es importante recordar que este procedimiento busca prevenir situaciones de riesgo para los menores y asegurar que su salida del país se realice de manera legal y conforme a la normativa vigente en El Salvador.

Lo que dice Migración y Extranjería

Por su parte, la Dirección General de Migración y Extranjería informó que los documentos necesarios para que un menor de 18 años viaje sin la compañía de uno o ambos padres se requiere pasaporte vigente y en buen estado, además de la autorización de salida del país elaborada por un notario autorizado.

“Garantiza un viaje seguro y sin contratiempos cumpliendo con los requisitos que establece nuestra ley”, dijo la entidad pública.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició una serie de capacitaciones sobre el sistema de gestión anti soborno ISO 37001, que busca fortalecer la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones públicas.

Estas son impartidas por la Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos.
La inauguración de las jornadas estuvo a cargo del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez, quien también coordina la mencionada comisión.

El curso, dirigido a servidores públicos de diversas dependencias de la Corte, tiene como propósito dotar a los participantes de herramientas efectivas para detectar, prevenir y combatir las prácticas corruptas.

Durante su intervención, el magistrado Martínez destacó la importancia de este proceso formativo, invitando a los participantes a convertirse en agentes multiplicadores de una cultura de cumplimiento normativo.

“Les invitamos a aprovechar esta experiencia y fomentar una cultura de cumplimiento, cerrando las puertas a cualquier forma de corrupción que atente contra el patrimonio del país”, expresó.

Por su parte, Claudia Orozco, directora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, enfatizó la relevancia de la norma ISO 37001 como un marco robusto para implementar un sistema de gestión antisoborno. Orozco subrayó que, a lo largo de las jornadas, se abordarán los principios fundamentales, las herramientas y las estrategias necesarias para prevenir, detectar y abordar el soborno en las actividades cotidianas de los servidores públicos.

Las jornadas de capacitación, que se extenderán a lo largo de 5 sesiones de 4 horas cada una, son organizadas por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Unidad de Recursos Humanos de la CSJ.

La inauguración del evento también contó con la presencia de Julio Alberto Chávez, gerente general de Administración y Finanzas de la Corte, quien expresó su respaldo a esta iniciativa en pro de la transparencia y la integridad institucional.

La Comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen para ratificar un convenio internacional firmado por 52 países. Este acuerdo busca mejorar la efectividad en el cobro de cuotas alimenticias para niños y otros miembros de la familia a nivel global.

La ratificación oficial del «Convenio sobre cobro internacional de alimentos para los niños y otros miembros de la familia y su protocolo sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias» se llevará a cabo en la próxima sesión plenaria, programada para el martes.

Con este convenio, la Procuraduría General de la República (PGR) se convertirá en la autoridad central encargada de gestionar directamente las solicitudes de cuotas alimenticias con sus contrapartes en otros países, en lugar del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el responsable actualmente.

El acuerdo consta de 65 artículos y 2 anexos.

La ratificación por parte de El Salvador incluirá una reserva sobre el apartado 3 del artículo 44, así como una declaración relacionada con el uso de la lengua oficial en las comunicaciones, excluyendo el uso del francés o inglés.

Durante la presentación del convenio, una representante de la Cancillería destacó que este acuerdo representa un avance significativo en el compromiso de construir una sociedad más justa, protegiendo a los más vulnerables y asegurando que la justicia trascienda fronteras.

Entre los beneficios mencionados se incluyen procesos simplificados que reducirán tiempos y costos para las familias salvadoreñas, asistencia jurídica gratuita, garantía de seguridad alimentaria, incluso en el extranjero, y la posibilidad de coordinar la ejecución de resoluciones alimenticias.

La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, afirmó que el convenio proporcionará la asesoría legal necesaria para niños que lo requieran.

Por su parte, el diputado Raúl Chamagua, también de Nuevas Ideas, resaltó que este convenio soluciona el «limbo» en que quedaban las pensiones alimenticias cuando uno de los padres se mudaba al extranjero. Chamagua calificó el acuerdo como una «deuda» del Estado salvadoreño que no había sido abordada por administraciones anteriores, a pesar de que el acuerdo original data de 2007.

Finalmente, Figueroa expresó su confianza en que cuentan con los elementos necesarios para aprobar el convenio y solicitó a Chamagua que se preparen los proyectos para su votación.

La Procuraduría General de la República ha inaugurado el “Diplomado en Justicia Laboral”, impulsado por la Procuraduría Especializada de Derechos Laborales y ORMUSA.

Este programa tiene como objetivo proporcionar a los participantes conocimientos esenciales sobre inclusión, antidiscriminación y derechos humanos en el ámbito laboral.

Melvin Zepeda, Procurador especializado de derechos laborales, enfatizó la importancia de la tecnificación de la defensoría pública y del personal en diversas áreas de la institución.

Durante la inauguración, el procurador general, René Escobar, subrayó la responsabilidad de los servidores públicos de crear un entorno que valore y respete los derechos de todos los trabajadores, incluso con recursos limitados.

Escobar también mencionó que, aunque se han logrado avances en la reducción de desigualdades en el ámbito laboral, aún queda mucho por hacer para eliminar de manera definitiva estas brechas, especialmente para los grupos históricamente excluidos.

“Una de mis apuestas es apoyar la formación y tecnificación permanente de nuestros defensores públicos”, añadió.

El diplomado buscará dotar a los participantes de herramientas necesarias para garantizar los derechos de los trabajadores, enfocándose en los sectores más vulnerables.

El estudio de viabilidad del Tren del Pacífico fue entregado a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), por parte de una misión técnica de Corea del Sur, lo que le da más forma al ambicioso proyecto gubernamental.

El presidente de CEPA, Federico Anliker, anunció que un equipo técnico está colaborando con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) para llevar a cabo esta iniciativa, aunque no se ofrecieron detalles sobre los hallazgos de los estudios.

Anliker recordó que el proyecto se dividirá en dos fases: la primera abarca el trayecto desde San Salvador hasta el Puerto de Acajutla en Sonsonate, y la segunda se extenderá desde Acajutla hasta La Hachadura, en Ahuachapán.

El presidente de CEPA aseguró que la implementación del tren facilitará el proceso de importaciones y exportaciones de El Salvador.

El proyecto está en la mesa desde 2019, cuando el presidente Nayib Bukele ganó sus primeras presidenciales.

En agosto de 2024, CEPA comunicó que el MOPT estaba encargado de la gestión del proyecto, y que había contratado consultores para identificar las zonas más adecuadas para la construcción del ferrocarril. Recientemente, se confirmó que la compañía argentina AC & A coordinará el primer tramo del Tren del Pacífico, que conectará el Puerto de Acajutla con el Sitio del Niño en San Juan Opico, La Libertad.

En febrero de este año, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (Sieca) publicó un Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035, que estimó que el tren y los aeropuertos del oriente del país requerirían una inversión superior a $2,841 millones.