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Francisco Díaz: “La Administración de Justicia como un servicio público para la sociedad siempre, siempre me ha preocupado”
Defensa y consolidación del Estado de derecho, publicidad, transparencia y cero corrupción, y la educación legal popular; son algunas de las propuestas de este profesional del derecho, con más de 20 años de experiencia en estas materias, es uno de los candidatos por el Centro de Estudios Jurídicos para magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
- ¿Qué lo motiva y por qué se considera capacitado para ser Magistrado de la CSJ?
Debo decirle que yo siempre he estado preocupado y ocupado por el tema de la administración de Justicia, desde hace muchos años.
En 1988 fui fundador y director ejecutivo, durante diez años, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Luego pasé al Consejo Nacional de la Judicatura de 1999 a 2001. De manera que el tema de la Administración de Justicia como un servicio público para la sociedad siempre me ha preocupado.
Ahora bien. Sin falsa modestia, debo decir que anteriormente ya había recibido una propuesta para ir como candidato a la Corte Suprema de Justicia; pero francamente, no había tenido, digamos, interés en eso. Por una parte, porque estoy claro de que hay un colorímetro político que ya me había cerrado a las puertas a la función pública más de una vez y, por otra parte, porque llega un momento en que uno quiere realizar una actividad profesional más tranquila.
Sin embargo, cuando en esta oportunidad me han propuesto la candidatura, yo he sentido la responsabilidad ciudadana y social de asumir el reto; porque el país atraviesa un momento bastante delicado en términos de instituciones democráticas, en términos de respeto a la Constitución, a las leyes, a los procedimientos. Y entonces creo que en esa situación hace falta poner la cara, poner el pecho.
Esas son las motivaciones por las cuales en esta oportunidad he aceptado este reto y he elaborado algunas propuestas sobre las que hablaremos. Me ha preocupado siempre la cultura jurídica de los ciudadanos y el tema propiamente de la administración de la administración de justicia.
Mi propia formación académica, las consultorías que he hecho para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para la OEA, mi paso por el Consejo Nacional de la Judicatura, y más recientemente como Superintendente de Competencia, me han dado una experiencia profesional bastante amplia, un conocimiento del derecho también bastante amplio y una claridad de conceptos, perdóneme la falta de modestia, respecto al Estado de derecho, las instituciones democráticas y la República. De manera que tengo la solvencia como para asumir esa responsabilidad.
- ¿Cuáles son sus principales propuestas para fortalecer la transparencia en la gestión de la CSJ?
Yo he formulado una propuesta de trabajo que tiene cinco puntos. El primero es al que ya me referí sobre la defensa y la consolidación del Estado de Derecho. Pero la segunda es precisamente información, transparencia y cero a la corrupción.
La aplicación del principio de máxima publicidad en las actuaciones tanto de la Corte Plena como de las Salas de la Corte Suprema de Justicia. Esto significa, entre otras cosas, publicar las agendas de la Corte Plena y de las salas, transmitir en directo las sesiones de la Corte Plena, desde luego, desde luego atendiendo los criterios de la Ley de Acceso a la Información Pública, es decir, de todo aquello que no implique un conocimiento privativo confidencial, sea de las partes afectadas en una situación judicial o de la deliberación que debe tener una sala internamente para definir criterios y emitir una resolución.
De modo que en toda esa área en que no se requiere la confidencialidad de las partes o del organismo que está pensando, que está elaborando su resolución, debe haber una plena publicidad para los ciudadanos. Creo que esa es la mejor respuesta que yo puedo darle, porque en eso mismo hay transparencia.
Habría que agregar que el Órgano Judicial debería de rendir cuentas, por lo menos una vez al año, sobre el desempeño general de los tribunales, y esto hacerlo conjuntamente con el Consejo Nacional de la Judicatura, que es quien tiene la responsabilidad legal inmediata de la evaluación de los tribunales.
¿Cuáles son sus principales propuestas en materia de función judicial?
En términos de procedimiento, sabemos que hay muchas cosas que resolver, por ejemplo, una ley de procedimientos constitucionales que sólo existe hasta el momento en proyecto. Habría que ponerla en práctica. Estamos casi todavía estrenando la Ley de Procedimientos Contencioso Administrativos, que está dando muy buenos resultados.
Creo que en este momento hay que aprovechar a plenitud la posibilidad de una informatización de la totalidad de la administración de todos los tribunales de la República; para empezar, garantizar que todos tengan buena accesibilidad a Internet, que les permita fácil acceso a enciclopedias jurídicas, a la jurisprudencia nacional, etcétera, pero también para poder organizar sus sistemas internos de archivo, de consulta y de comunicación con las partes.
Todo esto traería consigo agilización de los procedimientos, reducción de tareas repetitivas que tienen los jueces actualmente de firmar una, dos, tres veces un mismo documento porque va para aquí, va para allá, etcétera. Y obviamente, también habría reducción en el consumo de algún tipo de materiales, concretamente de papel, que es tan caro actualmente y tan importante desde el punto de vista del medio ambiente. De manera que hay que apostarle a una seria informatización de los tribunales como una forma de proximidad y de celeridad en los procedimientos.
¿Qué cambios administrativos considera necesarios para el Órgano Judicial?
Habría que estar dentro para ver cómo se maneja cotidianamente el Órgano Judicial, pero sí debo decirle la idea de que la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, deberían de poder dedicarse exclusivamente a su función de juzgar, es decir, a su función jurisdiccional, es una idea potente, una idea fundamental.
Esto significaría, en profundidad, literalmente, separar las funciones administrativas y encargársela a otra organización, lo cual implicaría inclusive una reforma en la Constitución.
Pero, si esto no es posible por las condiciones en que estamos viviendo, sí tendría que buscarse la forma en que los magistrados pudieran quedar al máximo liberado de responsabilidades puramente administrativas. Por otro lado, también la Ley de la carrera judicial y requiere modificaciones. Por ejemplo, la idea de que los jueces estén divididos en clases, en razón de la división político administrativa del territorio nacional en donde ejercen sus funciones, me es particularmente incómoda; porque la dimensión, la magnitud del ejercicio judicial es la misma si está en un juzgado de paz de San Salvador, que si está en un juzgado de paz de Candelaria de la Frontera, por decirle algo, sin menospreciar a Candelaria de la Frontera, solo por señalar la distancia. Entonces no tendrían por qué haber ahí diferenciaciones en clases y en consecuencia de salarios. También creo que es una de las cosas que hay que revisar.
¿Cuál es su visión sobre la independencia de poderes del Estado?
Hay tres cosas que deben de caracterizar a un juez o un magistrado: el conocimiento del derecho; su trayectoria ética, que sea una persona de moralidad notoria, como dice la Constitución; y , en tercer lugar, y en esto quiero enfatizar muchísimo, debe ser una persona de criterio absolutamente independiente, no solamente con relación a los partidos políticos y a la política, porque es lo que normalmente se asocia cuando se habla de independencia, desde luego que, a los partidos políticos y a los movimientos políticos, pero debe ser independiente también frente a los poderes económicos, frente al poder sindical, frente a los poderes religiosos que existen definitivamente, independiente incluso de la opinión pública, en un momento dado se puede mover para un lado o para otro. Los medios de comunicación pueden incidir o querer incidir frente a todo eso.
El funcionario judicial, y máxime un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, debe tener independencia plena, de tal forma que cuando tenga un caso a resolver sobre su escritorio, no tenga otro criterio más que la Constitución y la ley aplicable al caso a partir de su propia inteligencia, con plena independencia de todo lo demás. Yo creo que de las cualidades del magistrado y del órgano judicial, la independencia de criterio es la más valiosa de todas.
¿Considera que la Constitución de la República necesita reformas?
La Constitución vigente de 1983 conserva, digamos, la impronta de su antecesora de 1950, que es la Constitución, que realmente vino a modificar la estructura y la concepción del Estado en El Salvador, la que introdujo los derechos económicos, sociales y culturales, etc., y que llegó intacta, prácticamente, sólo con algunos cambios hasta mil novecientos ochenta y tres.
La Constitución de 1983 conserva en grandísima medida, como lo dice el informe de la Comisión redactora de la misma, la herencia de la de 1950, pero esta de 1983 fue mejorada gracias a los Acuerdos de paz que crearon nuevas instituciones, que colocaron a la Fuerza Armadas en el papel que le corresponde realmente y no en el papel de omnipresencia que tenía en las constituciones anteriores
En cuanto a la administración de justicia, concretamente, creó el Consejo Nacional de la Judicatura y, sobre todo, modificó la forma de la elección y nombramiento de magistrados de Corte, de Magistrados de Cámara y de jueces. Antes de eso, los magistrados de Corte salían del bolsillo de los diputados y los mismos diputados elegían, y los jueces salían del bolsillo de los magistrados de corte y ellos elegían jueces y magistrados de segunda instancia.
Ahora existen procedimientos de selección o de elección, como el caso que estamos viviendo actualmente.
Esto dicho, yo pienso que con la Constitución que tenemos hay suficiente como para vivir una vida en democracia, como para vivir en una vida de desarrollo económico y social de la población; que no se ha cumplido es otra cosa, que de todas maneras hay cosas que se pueden corregir, sí; si ya hablábamos, por ejemplo, de la separación de función administrativa de la función jurisdiccional aplicable también al Tribunal Supremo Electoral y a la Corte de Cuentas de la República.
Entonces hay algunas reformas que convienen, pero de esto a decir que se necesita una nueva Constitución para un nuevo orden social y económico, hay una grandísima distancia. Por eso me parece que en este momento hablar de reformas a la Constitución es como tratar de respirar en medio de un incendio en donde la humareda precisamente ahoga.
¿Cuenta con un mensaje para para el gremio de abogados en relación a la votación de este domingo?
Claro que sí. Mi mensaje es: colegas, voten por favor pensando en quiénes, según ustedes, pueden ser los mejores magistrados, los que sean independientes, los que conozcan el derecho; los que tengan experiencia. No voten, porque invitaron a un coctel, porque entregaron un botecito de alcohol con la fotografía el día de las elecciones, porque son simpáticos y cuentan chistes, no; todo eso está bien para la cherada, todo eso está bien para el sábado.
Pero en este caso, en donde se tiene que elegir a cinco de los máximos funcionarios del Órgano Judicial, y en un momento tan turbulento de la vida jurídica y política del país, hagan una elección realmente pensando en lo que ustedes consideran que es lo mejor para El Salvador.
La empresa Acres Inmobiliaria inició la construcción del proyecto Condado Quetzal, un desarrollo habitacional ubicado en Quezaltepeque, en el municipio de La Libertad Norte, con una inversión privada de $45 millones. El plan contempla la edificación de más de 900 viviendas y busca ampliar la oferta de vivienda en El Salvador.
La empresa realizó el acto de colocación de la primera recientemente. En la actividad participaron la ministra de Vivienda de El Salvador, Michelle Sol, representantes de instituciones públicas, empresarios y aliados estratégicos.
Según Acres Inmobiliaria, el proyecto combinará viviendas con infraestructura urbana, áreas verdes y espacios destinados a actividades comunitarias.
El plan incorpora infraestructura urbana y espacios para servicios
El desarrollo incluirá una reserva natural, ciclovías, una casa club, zonas recreativas, áreas comerciales, espacios de coworking y un área destinada a actividades de reflexión espiritual.
Además, la empresa informó que instalará cableado subterráneo y construirá una ciclovía de aproximadamente dos kilómetros. También prevé desarrollar un centro comercial y un templo como parte del complejo.
Oscar Bonilla, director ejecutivo de Acres Inmobiliaria, señaló que el proyecto representa el primer desarrollo inmobiliario de la empresa y forma parte de su estrategia para participar en distintos sectores de la economía salvadoreña.
Por su parte, Javier Bonilla, director ejecutivo de JOB Constructora, empresa vinculada al grupo, indicó que la construcción seguirá procesos técnicos orientados a mejorar la calidad de las viviendas y reducir los tiempos de ejecución.
La construcción prevé generar empleos durante las distintas etapas
La empresa estima que las obras crearán alrededor de 300 empleos directos y más de 200 empleos indirectos durante la fase de construcción.
Asimismo, informó que las siguientes etapas incorporarán nuevos sistemas constructivos para aumentar la eficiencia de los procesos y mantener estándares de calidad en las viviendas.
Viviendas estarán disponibles con financiamiento estatal
Condado Quetzal ofrecerá viviendas con precios desde $45,988. Los compradores podrán acceder a financiamiento mediante el Fondo Social para la Vivienda, institución pública salvadoreña que facilita créditos para la adquisición de casas.
Durante la ceremonia, la ministra Michelle Sol afirmó que la expansión de proyectos habitacionales responde al crecimiento urbano y destacó la importancia de promover inversiones destinadas a ampliar el acceso a la vivienda.
Con esta inversión, Acres Inmobiliaria incorpora al mercado salvadoreño un nuevo proyecto residencial que reúne vivienda, comercio, recreación e infraestructura urbana dentro de una comunidad planificada.
Economía
Seminario de comerciantes e industriales abordará estrategias aduaneras y logística para fortalecer importaciones y exportaciones
La Sociedad de Comerciantes e Industriales Salvadoreños (SCIS), en alianza con AITEX Logistics 3PL, realizará el 23 de julio un seminario-taller sobre gestión aduanera y cadena logística, dirigido a gerentes y mandos medios de empresas vinculadas al comercio exterior.
La actividad se desarrollará en la Hacienda de los Miranda y tendrá como objetivo actualizar a los participantes sobre los cambios implementados en la Dirección General de Aduanas de El Salvador para agilizar los procesos de importación y exportación.
Programa incluye normativa, clasificación y transformación digital
El seminario abordará temas como regímenes aduaneros, normas de origen, valoración de mercancías, clasificación arancelaria y merciología.
Además, los organizadores incorporarán el enfoque de Logística 4.0, que contempla el uso de tecnologías como la digitalización, la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas (IoT) para mejorar la eficiencia de la cadena logística.
Según los organizadores, el contenido busca ofrecer herramientas prácticas que permitan reducir tiempos de gestión, optimizar recursos y fortalecer la competitividad empresarial.
Funcionarios de Aduanas compartirán experiencia técnica
La jornada contará con la participación de especialistas de la Dirección General de Aduanas con amplia experiencia en la administración aduanera y en organismos internacionales.
Entre los ponentes figuran Guillermo Andrés Meza Bonilla, con más de 26 años de trayectoria en la institución; José Eraybin Henríquez, jefe de la Unidad de Valoración; Miguel Avendaño Hernández, especialista en normas de origen; e Iván Navidad, exsubdirector de Facilitación y Control y de Auditoría Aduanera.
Los expositores desarrollarán casos prácticos relacionados con los principales procedimientos del comercio exterior.
Empresas confirman participación en la capacitación
Los organizadores informaron que empresas como Amerijet, Sherwin Williams, RSM Auditoría Internacional, COSCAFÉ, PLG, HERGON y LACTOLAC confirmaron su asistencia al seminario.
SCIS destacó que cuenta con más de 70 años de trayectoria en apoyo a micro y pequeñas empresas, mientras que AITEX Logistics 3PL desarrolla programas de capacitación para el sector logístico desde hace varios años.
El seminario se realizará de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde y tendrá cupos limitados para los participantes.
Economía
Industria de América Latina pide proteger la seguridad alimentaria en el tratado global sobre plásticos
La Alianza Latinoamericana y del Caribe de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas (ALAIAB) llamó a que las negociaciones del tratado internacional para poner fin a la contaminación por plásticos protejan la inocuidad de los alimentos y se sustenten en evidencia científica.
La organización expresó que respalda el proceso de negociación y lo considera una oportunidad para impulsar soluciones sostenibles. Sin embargo, pidió que las futuras decisiones mantengan las funciones esenciales de los envases utilizados por la industria alimentaria.
Envases técnicos ayudan a reducir pérdidas de alimentos
ALAIAB explicó que los envases técnicos controlan factores como la humedad y el oxígeno. Además, ayudan a prevenir la contaminación y prolongan la vida útil de productos básicos como carnes, frutas y vegetales.
La organización señaló que estos sistemas también contribuyen a reducir el desperdicio de alimentos. Citó datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), según los cuales América Latina y el Caribe pierden el 11.6 % de los alimentos disponibles para consumo humano.
Por ello, la alianza sostuvo que cualquier regulación sobre materiales en contacto con alimentos debe basarse en evaluaciones de riesgo para evitar efectos sobre la seguridad alimentaria.
Sector solicita un proceso con respaldo científico
La directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de ALAIAB, Juliana Cortez, afirmó que la organización apoya un proceso transparente e inclusivo, con participación de todos los actores involucrados en el ciclo de vida de los envases.
También indicó que el sector busca aportar evidencia técnica y compartir buenas prácticas para fortalecer las negociaciones, sin afectar la inocuidad de los alimentos ni la eficiencia de los sistemas alimentarios.
Industria destaca avances en sostenibilidad
ALAIAB afirmó que la industria de alimentos y bebidas ya desarrolla iniciativas para reducir su impacto ambiental. Entre ellas mencionó el ecodiseño de envases, la disminución del uso de resina virgen y el desarrollo de empaques reciclables o reutilizables.
Según la organización, la industria genera más de siete millones de empleos directos en América Latina y el Caribe, aporta más de 285,000 millones de dólares a la economía regional y está integrada, en un 96 %, por pequeñas y medianas empresas.
La Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport) entregó la edición 47 de los Premios a Exportadores Destacados 2025-2026, con los que reconoció a empresas, empresarios e instituciones que contribuyen al crecimiento de las exportaciones y a la expansión de los productos salvadoreños en mercados internacionales.
Durante la ceremonia, la presidenta de Coexport, Silvia Cuéllar, señaló que las empresas galardonadas representan el 42 % de las exportaciones del país. Además, destacó su presencia en sectores como alimentos y bebidas, plásticos, industria químico-farmacéutica y turismo.
“Los sectores que ahora galardonamos, plástico, alimentos, bebidas, químico farmacéutico y turismo generan 5,263 millones de dólares en exportaciones en el 2025”, dijo Silvia Cuéllar, presidenta de COEXPORT.
Distinciones abarcan trayectoria, innovación y nuevos mercados
El máximo reconocimiento, el Premio Exportador Destacado, fue entregado de manera póstuma al doctor Víctor Jorge Saca, fundador de Laboratorios Vijosa, por su aporte al desarrollo de la industria farmacéutica salvadoreña.
El Premio Coexport al Exportador recayó en Grupo Ternova, empresa fundada en 1970 que exporta soluciones de empaque y productos de cuidado personal a mercados de América y Asia. En 2025 registró exportaciones por 78.7 millones de dólares.
Por su parte, Robertoni recibió el Premio Trayectoria Exportadora por más de siete décadas de actividad en la producción de alimentos y cubiertos desechables con presencia en Estados Unidos y Centroamérica.
Asimismo, Industrias Sanchia obtuvo el Premio Exportador al Área Centroamericana. La compañía fabrica productos plásticos para el hogar y comercializa sus productos en 17 países.
Reconocen servicios, pequeñas empresas y liderazgo empresarial
El Premio Exportador de Servicios fue otorgado a la ministra de Turismo, Morena Valdez, por el proyecto Surf City, promovido como una estrategia para fortalecer el turismo internacional.
En tanto, Inversiones Montecarlo recibió el Premio Innovación Exportadora por su expansión internacional en la industria de bebidas alcohólicas.
Coexport también distinguió a Laboratorios Biológicos de El Salvador (LABIS) con el Premio PYME Exportador. La empresa exporta productos veterinarios a nueve mercados latinoamericanos y desarrolló una solución para combatir el gusano barrenador del ganado.
Finalmente, la doctora Ildiko de Tesak recibió el Premio a la Mujer Exportadora por su trayectoria y su contribución al crecimiento de Productos Alimenticios Diana, una de las principales compañías de alimentos de El Salvador.
Legal
FEDAES oficializa candidatos para integrar el Consejo Nacional de la Judicatura tras votación de abogados
La Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) oficializó los resultados de la elección de 18 candidatos que integrarán las ternas propuestas para ocupar seis puestos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). La votación contó con la participación de 2,560 abogados el pasado 11 de julio.
Los candidatos seleccionados serán enviados a la Asamblea Legislativa, que deberá elegir a tres consejeros propietarios y tres suplentes para representar a la FEDAES en el CNJ durante el período 2026-2031.
Santos Guerra Grijalva obtuvo la mayor cantidad de votos
El abogado Santos Guerra Grijalva encabezó los resultados de la elección con 1,395 votos. Le siguieron Karla Cecilia Roque de Rodríguez, con 1,130 votos, y Alexander Efraín Ticas Navarro, con 1,104 votos.
Además, Sonia Aracely López Sandoval obtuvo 1,082 votos; Maritza Venancia Zapata Cañas alcanzó 1,078 votos; y Edwing Armando Zeledón Hernández sumó 1,065 votos.
La lista de 18 candidatos quedó conformada con los aspirantes que obtuvieron los mayores respaldos durante la jornada electoral organizada por la federación de abogados.
Asamblea Legislativa deberá elegir a los representantes del CNJ
Tras la elección interna de la FEDAES, los candidatos pasarán a la siguiente etapa del proceso. La Asamblea Legislativa deberá escoger a los representantes que ocuparán los cargos dentro del Consejo Nacional de la Judicatura.
El CNJ está compuesto por siete consejeros propietarios y siete suplentes. De ese grupo, tres propietarios y tres suplentes surgen de las ternas propuestas por la FEDAES.
Los otros integrantes corresponden a representantes de la Universidad de El Salvador, universidades privadas, el Ministerio Público y el Órgano Judicial.
FEDAES abre plazo para presentar recursos contra resultados
El presidente de la FEDAES, Rey Nóchez, informó que los candidatos tienen un plazo de 48 horas hábiles para presentar impugnaciones o recursos contra los resultados electorales.
El período comenzará después de la notificación oficial a los participantes. Si no existen recursos pendientes, el Comité Central Electoral declarará firmes los resultados.
Luego, la federación enviará las ternas a la Asamblea Legislativa para continuar con la elección de los nuevos integrantes del CNJ.
Participación electoral fue menor al 5 % del padrón disponible
La jornada electoral del 11 de julio reunió a 2,560 abogados en los 14 centros judiciales del país. Según FEDAES, esa cifra representó menos del 5 % del padrón electoral habilitado.
Nóchez señaló que el proceso busca recuperar la participación del gremio de abogados en la elección de representantes para instituciones vinculadas al sistema judicial.
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