Noticias
Francisco Díaz: “La Administración de Justicia como un servicio público para la sociedad siempre, siempre me ha preocupado”
Defensa y consolidación del Estado de derecho, publicidad, transparencia y cero corrupción, y la educación legal popular; son algunas de las propuestas de este profesional del derecho, con más de 20 años de experiencia en estas materias, es uno de los candidatos por el Centro de Estudios Jurídicos para magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
- ¿Qué lo motiva y por qué se considera capacitado para ser Magistrado de la CSJ?
Debo decirle que yo siempre he estado preocupado y ocupado por el tema de la administración de Justicia, desde hace muchos años.
En 1988 fui fundador y director ejecutivo, durante diez años, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Luego pasé al Consejo Nacional de la Judicatura de 1999 a 2001. De manera que el tema de la Administración de Justicia como un servicio público para la sociedad siempre me ha preocupado.
Ahora bien. Sin falsa modestia, debo decir que anteriormente ya había recibido una propuesta para ir como candidato a la Corte Suprema de Justicia; pero francamente, no había tenido, digamos, interés en eso. Por una parte, porque estoy claro de que hay un colorímetro político que ya me había cerrado a las puertas a la función pública más de una vez y, por otra parte, porque llega un momento en que uno quiere realizar una actividad profesional más tranquila.
Sin embargo, cuando en esta oportunidad me han propuesto la candidatura, yo he sentido la responsabilidad ciudadana y social de asumir el reto; porque el país atraviesa un momento bastante delicado en términos de instituciones democráticas, en términos de respeto a la Constitución, a las leyes, a los procedimientos. Y entonces creo que en esa situación hace falta poner la cara, poner el pecho.
Esas son las motivaciones por las cuales en esta oportunidad he aceptado este reto y he elaborado algunas propuestas sobre las que hablaremos. Me ha preocupado siempre la cultura jurídica de los ciudadanos y el tema propiamente de la administración de la administración de justicia.
Mi propia formación académica, las consultorías que he hecho para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para la OEA, mi paso por el Consejo Nacional de la Judicatura, y más recientemente como Superintendente de Competencia, me han dado una experiencia profesional bastante amplia, un conocimiento del derecho también bastante amplio y una claridad de conceptos, perdóneme la falta de modestia, respecto al Estado de derecho, las instituciones democráticas y la República. De manera que tengo la solvencia como para asumir esa responsabilidad.
- ¿Cuáles son sus principales propuestas para fortalecer la transparencia en la gestión de la CSJ?
Yo he formulado una propuesta de trabajo que tiene cinco puntos. El primero es al que ya me referí sobre la defensa y la consolidación del Estado de Derecho. Pero la segunda es precisamente información, transparencia y cero a la corrupción.
La aplicación del principio de máxima publicidad en las actuaciones tanto de la Corte Plena como de las Salas de la Corte Suprema de Justicia. Esto significa, entre otras cosas, publicar las agendas de la Corte Plena y de las salas, transmitir en directo las sesiones de la Corte Plena, desde luego, desde luego atendiendo los criterios de la Ley de Acceso a la Información Pública, es decir, de todo aquello que no implique un conocimiento privativo confidencial, sea de las partes afectadas en una situación judicial o de la deliberación que debe tener una sala internamente para definir criterios y emitir una resolución.
De modo que en toda esa área en que no se requiere la confidencialidad de las partes o del organismo que está pensando, que está elaborando su resolución, debe haber una plena publicidad para los ciudadanos. Creo que esa es la mejor respuesta que yo puedo darle, porque en eso mismo hay transparencia.
Habría que agregar que el Órgano Judicial debería de rendir cuentas, por lo menos una vez al año, sobre el desempeño general de los tribunales, y esto hacerlo conjuntamente con el Consejo Nacional de la Judicatura, que es quien tiene la responsabilidad legal inmediata de la evaluación de los tribunales.
¿Cuáles son sus principales propuestas en materia de función judicial?
En términos de procedimiento, sabemos que hay muchas cosas que resolver, por ejemplo, una ley de procedimientos constitucionales que sólo existe hasta el momento en proyecto. Habría que ponerla en práctica. Estamos casi todavía estrenando la Ley de Procedimientos Contencioso Administrativos, que está dando muy buenos resultados.
Creo que en este momento hay que aprovechar a plenitud la posibilidad de una informatización de la totalidad de la administración de todos los tribunales de la República; para empezar, garantizar que todos tengan buena accesibilidad a Internet, que les permita fácil acceso a enciclopedias jurídicas, a la jurisprudencia nacional, etcétera, pero también para poder organizar sus sistemas internos de archivo, de consulta y de comunicación con las partes.
Todo esto traería consigo agilización de los procedimientos, reducción de tareas repetitivas que tienen los jueces actualmente de firmar una, dos, tres veces un mismo documento porque va para aquí, va para allá, etcétera. Y obviamente, también habría reducción en el consumo de algún tipo de materiales, concretamente de papel, que es tan caro actualmente y tan importante desde el punto de vista del medio ambiente. De manera que hay que apostarle a una seria informatización de los tribunales como una forma de proximidad y de celeridad en los procedimientos.
¿Qué cambios administrativos considera necesarios para el Órgano Judicial?
Habría que estar dentro para ver cómo se maneja cotidianamente el Órgano Judicial, pero sí debo decirle la idea de que la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, deberían de poder dedicarse exclusivamente a su función de juzgar, es decir, a su función jurisdiccional, es una idea potente, una idea fundamental.
Esto significaría, en profundidad, literalmente, separar las funciones administrativas y encargársela a otra organización, lo cual implicaría inclusive una reforma en la Constitución.
Pero, si esto no es posible por las condiciones en que estamos viviendo, sí tendría que buscarse la forma en que los magistrados pudieran quedar al máximo liberado de responsabilidades puramente administrativas. Por otro lado, también la Ley de la carrera judicial y requiere modificaciones. Por ejemplo, la idea de que los jueces estén divididos en clases, en razón de la división político administrativa del territorio nacional en donde ejercen sus funciones, me es particularmente incómoda; porque la dimensión, la magnitud del ejercicio judicial es la misma si está en un juzgado de paz de San Salvador, que si está en un juzgado de paz de Candelaria de la Frontera, por decirle algo, sin menospreciar a Candelaria de la Frontera, solo por señalar la distancia. Entonces no tendrían por qué haber ahí diferenciaciones en clases y en consecuencia de salarios. También creo que es una de las cosas que hay que revisar.
¿Cuál es su visión sobre la independencia de poderes del Estado?
Hay tres cosas que deben de caracterizar a un juez o un magistrado: el conocimiento del derecho; su trayectoria ética, que sea una persona de moralidad notoria, como dice la Constitución; y , en tercer lugar, y en esto quiero enfatizar muchísimo, debe ser una persona de criterio absolutamente independiente, no solamente con relación a los partidos políticos y a la política, porque es lo que normalmente se asocia cuando se habla de independencia, desde luego que, a los partidos políticos y a los movimientos políticos, pero debe ser independiente también frente a los poderes económicos, frente al poder sindical, frente a los poderes religiosos que existen definitivamente, independiente incluso de la opinión pública, en un momento dado se puede mover para un lado o para otro. Los medios de comunicación pueden incidir o querer incidir frente a todo eso.
El funcionario judicial, y máxime un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, debe tener independencia plena, de tal forma que cuando tenga un caso a resolver sobre su escritorio, no tenga otro criterio más que la Constitución y la ley aplicable al caso a partir de su propia inteligencia, con plena independencia de todo lo demás. Yo creo que de las cualidades del magistrado y del órgano judicial, la independencia de criterio es la más valiosa de todas.
¿Considera que la Constitución de la República necesita reformas?
La Constitución vigente de 1983 conserva, digamos, la impronta de su antecesora de 1950, que es la Constitución, que realmente vino a modificar la estructura y la concepción del Estado en El Salvador, la que introdujo los derechos económicos, sociales y culturales, etc., y que llegó intacta, prácticamente, sólo con algunos cambios hasta mil novecientos ochenta y tres.
La Constitución de 1983 conserva en grandísima medida, como lo dice el informe de la Comisión redactora de la misma, la herencia de la de 1950, pero esta de 1983 fue mejorada gracias a los Acuerdos de paz que crearon nuevas instituciones, que colocaron a la Fuerza Armadas en el papel que le corresponde realmente y no en el papel de omnipresencia que tenía en las constituciones anteriores
En cuanto a la administración de justicia, concretamente, creó el Consejo Nacional de la Judicatura y, sobre todo, modificó la forma de la elección y nombramiento de magistrados de Corte, de Magistrados de Cámara y de jueces. Antes de eso, los magistrados de Corte salían del bolsillo de los diputados y los mismos diputados elegían, y los jueces salían del bolsillo de los magistrados de corte y ellos elegían jueces y magistrados de segunda instancia.
Ahora existen procedimientos de selección o de elección, como el caso que estamos viviendo actualmente.
Esto dicho, yo pienso que con la Constitución que tenemos hay suficiente como para vivir una vida en democracia, como para vivir en una vida de desarrollo económico y social de la población; que no se ha cumplido es otra cosa, que de todas maneras hay cosas que se pueden corregir, sí; si ya hablábamos, por ejemplo, de la separación de función administrativa de la función jurisdiccional aplicable también al Tribunal Supremo Electoral y a la Corte de Cuentas de la República.
Entonces hay algunas reformas que convienen, pero de esto a decir que se necesita una nueva Constitución para un nuevo orden social y económico, hay una grandísima distancia. Por eso me parece que en este momento hablar de reformas a la Constitución es como tratar de respirar en medio de un incendio en donde la humareda precisamente ahoga.
¿Cuenta con un mensaje para para el gremio de abogados en relación a la votación de este domingo?
Claro que sí. Mi mensaje es: colegas, voten por favor pensando en quiénes, según ustedes, pueden ser los mejores magistrados, los que sean independientes, los que conozcan el derecho; los que tengan experiencia. No voten, porque invitaron a un coctel, porque entregaron un botecito de alcohol con la fotografía el día de las elecciones, porque son simpáticos y cuentan chistes, no; todo eso está bien para la cherada, todo eso está bien para el sábado.
Pero en este caso, en donde se tiene que elegir a cinco de los máximos funcionarios del Órgano Judicial, y en un momento tan turbulento de la vida jurídica y política del país, hagan una elección realmente pensando en lo que ustedes consideran que es lo mejor para El Salvador.
Economía
Turismo en El Salvador impulsa el crecimiento de Centroamérica durante 2026, según la ONU
El Salvador se posiciona como el principal referente del crecimiento turístico en Centroamérica durante 2026, en un año en el que la industria de viajes en América Latina continúa mostrando resiliencia frente a un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y mayores costos operativos.
Los datos más recientes reflejan que la región centroamericana registra el mayor dinamismo turístico del continente, y dentro de ese desempeño destaca especialmente el caso salvadoreño, que mantiene una acelerada llegada de visitantes internacionales.
Según cifras oficiales, el país recibió 1.7 millones de turistas entre enero y abril de este año, lo que representa un incremento del 35 % en comparación con el mismo período de 2025.
Mayor expansión
Este resultado consolida a El Salvador como uno de los destinos con mayor expansión en la región y fortalece las expectativas del sector para alcanzar la meta anual de 4.2 millones de visitantes internacionales. Hasta abril, el país ya había cumplido más del 40 % de ese objetivo, de acuerdo a ONU Turismo.
El desempeño del turismo salvadoreño ha sido atribuido a factores como el fortalecimiento de la seguridad, la promoción internacional y la realización de eventos que atraen visitantes de distintos mercados. Los principales emisores de turistas continúan siendo Guatemala, Estados Unidos y Honduras.
La conectividad aérea también ha contribuido al crecimiento de la actividad turística en América Latina. Diversos países han ampliado rutas y frecuencias internacionales para facilitar el movimiento de viajeros, una tendencia que favorece el flujo turístico hacia Centroamérica y fortalece la integración regional.
Además del aumento en la llegada de visitantes, el turismo ha ganado peso dentro de la economía salvadoreña. Actualmente, el sector representa cerca del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) y genera miles de empleos directos e indirectos vinculados a servicios, alojamiento, transporte y recreación.
Aunque algunos mercados de la región enfrentan dificultades para recuperar sus niveles de actividad, las perspectivas para El Salvador continúan siendo favorables.
Los resultados alcanzados durante los primeros meses de 2026 confirman el protagonismo del país dentro del crecimiento turístico centroamericano y refuerzan su posicionamiento como uno de los destinos emergentes más dinámicos de América Latina.
Con información de EFE
Tecnología
El Salvador lanza conjunto de datos de inteligencia artificial para desarrollar agentes digitales con identidad nacional
La Agencia Nacional de Inteligencia Artificial de El Salvador (ANIA) anunció el lanzamiento de Nemotron-Personas-El-Salvador, el primer conjunto de datos abierto de personas sintéticas creado específicamente para el país y basado en estadísticas oficiales salvadoreñas.
La iniciativa se desarrolló en colaboración con NVIDIA y WideLabs, una empresa especializada en inteligencia artificial soberana en América Latina. Según la institución, el proyecto busca fortalecer el ecosistema nacional de IA y ofrecer una base tecnológica para el desarrollo de nuevos sistemas y agentes digitales.
Herramienta diseñada para reflejar la realidad demográfica
De acuerdo con la información divulgada, el conjunto de datos contiene perfiles ficticios que representan características demográficas reales de la población salvadoreña. Sin embargo, no incluye información personal identificable de ciudadanos.
La ANIA explicó que la herramienta utiliza distribuciones estadísticas basadas en el censo de 2024. De esta forma, desarrolladores, investigadores, universidades y empresas podrán probar modelos de inteligencia artificial sin utilizar datos personales reales.
Además, el recurso está disponible bajo una licencia abierta CC BY 4.0, lo que permite su uso gratuito en proyectos académicos, gubernamentales y empresariales.
Apoyo al desarrollo de asistentes y servicios digitales
Según la agencia, el conjunto de datos permitirá construir y evaluar asistentes de inteligencia artificial dirigidos a la población salvadoreña. La cobertura incluye los 14 departamentos del país y alrededor de un millón de personas sintéticas generadas artificialmente.
La directora ejecutiva adjunta de la ANIA, Lídice Nahomi González Aguilar, destacó que el proyecto incorpora principios de privacidad desde su diseño y busca adaptar la tecnología al contexto cultural y social de El Salvador.
Integración en una iniciativa tecnológica internacional
El anuncio también sitúa a El Salvador dentro del programa global Nemotron-Personas de NVIDIA, una colección de conjuntos de datos similares desarrollados para distintas economías.
La ANIA señaló que esta incorporación fortalece la posición del país en el desarrollo de inteligencia artificial soberana. Asimismo, afirmó que la nueva plataforma servirá como base para futuros modelos, asistentes virtuales y aplicaciones tecnológicas creadas por instituciones, startups e investigadores salvadoreños.
Economía
El Salvador entrega capital semilla a 95 empresas lideradas por mujeres para impulsar su crecimiento
Un total de 95 empresas lideradas por mujeres recibieron este miércoles capital semilla no reembolsable como parte del programa Mujer y Negocios, una iniciativa orientada a fortalecer emprendimientos, generar empleo y promover la autonomía económica femenina en El Salvador.
La entrega alcanzó los $375,364 y benefició a empresarias de distintos sectores productivos. El programa es impulsado por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO). Además, cuenta con el apoyo de la Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Financiamiento busca ampliar capacidad productiva y generación de empleo
Durante la actividad, el presidente CONAMYPE, Paul Steiner, explicó que el programa selecciona negocios que ya operan y muestran señales de rentabilidad.
Según indicó, el objetivo es ayudar a las empresas a crecer, incorporar tecnología, aumentar su productividad y convertirse en mayores generadoras de empleo.
El funcionario detalló que alrededor de 115 mujeres completaron el proceso de formación empresarial y que 95 de ellas recibieron el capital semilla. Asimismo, señaló que las participantes que no obtuvieron el fondo pueden acceder a una línea especial de financiamiento para continuar fortaleciendo sus proyectos.
Participan emprendimientos de diversos sectores económicos
Las beneficiarias desarrollan actividades en áreas como agricultura, agroindustria, servicios, gastronomía y floristería, entre otros rubros.
De acuerdo con las autoridades, la iniciativa busca fortalecer empresas presentes en comunidades de todo el país y facilitar nuevas oportunidades de desarrollo económico local.
Además, destacaron que la aceleración empresarial forma parte de las estrategias orientadas a mejorar el bienestar económico mediante el crecimiento de los pequeños negocios.
Beneficiarias destacan acompañamiento y capacitación
Durante el evento, la empresaria Nelly Albenia Quijano afirmó que el capital semilla representa una oportunidad para continuar expandiendo su negocio.
La beneficiaria señaló que el programa no solo brindó apoyo económico, sino también asesorías, acompañamiento y capacitación para fortalecer sus capacidades empresariales.
Por su parte, la embajadora de España en El Salvador, Sonia Álvarez Cibanal, destacó que las participantes asumieron un nuevo nivel de responsabilidad al consolidarse como empresarias, con capacidad para generar empleo y contribuir al desarrollo de sus comunidades.
Las instituciones participantes indicaron que el programa busca consolidar emprendimientos sostenibles y ampliar la participación de las mujeres en la actividad económica del país.
Noticias
Congreso de Guatemala aprueba ley antilavado de dinero para fortalecer la lucha contra delitos financieros
El Congreso de Guatemala aprobó este martes la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento, una normativa que actualiza las herramientas legales para combatir delitos financieros y fortalecer los controles sobre capitales ilícitos.
La iniciativa recibió 147 votos a favor y busca adaptar la legislación guatemalteca a estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Nueva normativa sustituye un marco legal con más de dos décadas de vigencia
La nueva legislación reemplaza disposiciones que estuvieron vigentes durante más de 25 años. Además, reúne en un solo cuerpo legal las medidas para enfrentar tanto el lavado de activos como el financiamiento de actividades terroristas.
Según el Congreso, la ley fortalece la capacidad institucional para detectar operaciones sospechosas y mejorar la cooperación con organismos internacionales encargados de combatir estos delitos.
Asimismo, el decreto incorpora principios impulsados por organismos especializados como el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
Autoridades destacan beneficios para la economía y la transparencia
La Superintendencia de Bancos calificó la aprobación del Decreto 15-2026 como un paso relevante para proteger la integridad del sistema financiero guatemalteco.
La entidad señaló que la normativa ayudará a prevenir el ingreso de recursos de origen ilícito y contribuirá a resguardar la reputación financiera del país ante la comunidad internacional.
Además, indicó que la efectividad de la ley dependerá de su correcta implementación y de la coordinación entre instituciones públicas y actores del sector financiero.
Respaldo del Ejecutivo y del sector empresarial
Tras la aprobación, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que la nueva legislación busca afectar las finanzas del narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.
Por otra parte, organizaciones empresariales respaldaron la medida y destacaron la importancia de contar con reglas actualizadas para prevenir delitos económicos.
Con esta decisión, Guatemala refuerza su marco regulatorio contra el lavado de dinero y busca cumplir los compromisos internacionales orientados a promover la transparencia y la seguridad financiera.
Tecnología
El Salvador apuesta por la inteligencia artificial para impulsar su transformación digital
El Salvador acelera la incorporación de inteligencia artificial (IA) en sectores estratégicos con el objetivo de fortalecer su transformación digital y posicionarse como un referente tecnológico en Centroamérica.
La apuesta incluye iniciativas en educación, salud y gestión pública, respaldadas por una legislación que promueve el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías en el país.
Según la empresa tecnológica Red Hat, el desafío actual ya no consiste únicamente en adoptar herramientas de IA, sino en construir plataformas seguras, escalables y sostenibles que permitan operarlas a largo plazo.
Marco legal busca fortalecer la innovación tecnológica
Uno de los principales avances ocurrió en febrero de 2025, cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial y Tecnologías.
La normativa busca impulsar la investigación, el desarrollo y la aplicación de inteligencia artificial en instituciones públicas y empresas privadas. Además, promueve programas de capacitación en áreas tecnológicas y fomenta proyectos vinculados con educación, salud, energía, seguridad y transporte.
Especialistas señalan que este tipo de iniciativas también contribuye al fortalecimiento de la soberanía digital y a una mayor capacidad de gestión de datos dentro del país.
Escuelas y universidades amplían el uso de nuevas herramientas
La educación figura entre los sectores con mayor incorporación de inteligencia artificial.
Como parte de esa estrategia, la empresa xAI anunció una alianza con el gobierno salvadoreño para implementar el asistente Grok en más de 5,000 escuelas públicas durante los próximos años.
El programa busca ofrecer aprendizaje personalizado a estudiantes y apoyo tecnológico a docentes.
Además, instituciones de educación superior desarrollan investigaciones para evaluar el impacto de la IA en los procesos de enseñanza, evaluación y administración académica.
Plataforma médica supera el millón de usuarios
La inteligencia artificial también gana espacio en los servicios de salud.
La plataforma DoctorSV, lanzada por el gobierno en 2025, permite consultas médicas digitales, seguimiento de pacientes y acceso a recetas mediante herramientas tecnológicas.
En abril de 2026, las autoridades ampliaron el proyecto para monitorear enfermedades crónicas. Según datos oficiales, el sistema ya supera 1.5 millones de usuarios registrados.
Mientras avanzan estas iniciativas, expertos destacan la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica para garantizar operaciones seguras, eficientes y sostenibles en el tiempo.
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