Defensa y consolidación del Estado de derecho, publicidad, transparencia y cero corrupción, y la educación legal popular; son algunas de las propuestas de este profesional del derecho, con más de 20 años de experiencia en estas materias, es uno de los candidatos por el Centro de Estudios Jurídicos para magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

1. ¿Qué lo motiva y por qué se considera capacitado para ser Magistrado de la CSJ?   

Debo decirle que yo siempre he estado preocupado y ocupado por el tema de la administración de Justicia, desde hace muchos años. 

En 1988 fui fundador y director ejecutivo, durante diez años, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Luego pasé al Consejo Nacional de la Judicatura de 1999 a 2001. De manera que el tema de la Administración de Justicia como un servicio público para la sociedad siempre me ha preocupado. 

Ahora bien. Sin falsa modestia, debo decir que anteriormente ya había recibido una propuesta para ir como candidato a la Corte Suprema de Justicia; pero francamente, no había tenido, digamos, interés en eso. Por una parte, porque estoy claro de que hay un colorímetro político que ya me había cerrado a las puertas a la función pública más de una vez y, por otra parte, porque llega un momento en que uno quiere realizar una actividad profesional más tranquila. 

Sin embargo, cuando en esta oportunidad me han propuesto la candidatura, yo he sentido la responsabilidad ciudadana y social de asumir el reto; porque el país atraviesa un momento bastante delicado en términos de instituciones democráticas, en términos de respeto a la Constitución, a las leyes, a los procedimientos. Y entonces creo que en esa situación hace falta poner la cara, poner el pecho. 

Esas son las motivaciones por las cuales en esta oportunidad he aceptado este reto y he elaborado algunas propuestas sobre las que hablaremos.  Me ha preocupado siempre la cultura jurídica de los ciudadanos y el tema propiamente de la administración de la administración de justicia. 

Mi propia formación académica, las consultorías que he hecho para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para la OEA, mi paso por el Consejo Nacional de la Judicatura, y más recientemente como Superintendente de Competencia, me han dado una experiencia profesional bastante amplia, un conocimiento del derecho también bastante amplio y una claridad de conceptos, perdóneme la falta de modestia, respecto al Estado de derecho, las instituciones democráticas y la República. De manera que tengo la solvencia como para asumir esa responsabilidad.

2. ¿Cuáles son sus principales propuestas para fortalecer la transparencia en la gestión de la CSJ? 

Yo he formulado una propuesta de trabajo que tiene cinco puntos. El primero es al que ya me referí sobre la defensa y la consolidación del Estado de Derecho. Pero la segunda es precisamente información, transparencia y cero a la corrupción. 

La aplicación del principio de máxima publicidad en las actuaciones tanto de la Corte Plena como de las Salas de la Corte Suprema de Justicia. Esto significa, entre otras cosas, publicar las agendas de la Corte Plena y de las salas, transmitir en directo las sesiones de la Corte Plena, desde luego, desde luego atendiendo los criterios de la Ley de Acceso a la Información Pública, es decir, de todo aquello que no implique un conocimiento privativo confidencial, sea de las partes afectadas en una situación judicial o de la deliberación que debe tener una sala internamente para definir criterios y emitir una resolución. 

De modo que en toda esa área en que no se requiere la confidencialidad de las partes o del organismo que está pensando, que está elaborando su resolución, debe haber una plena publicidad para los ciudadanos. Creo que esa es la mejor respuesta que yo puedo darle, porque en eso mismo hay transparencia. 

Habría que agregar que el Órgano Judicial debería de rendir cuentas, por lo menos una vez al año, sobre el desempeño general de los tribunales, y esto hacerlo conjuntamente con el Consejo Nacional de la Judicatura, que es quien tiene la responsabilidad legal inmediata de la evaluación de los tribunales.

¿Cuáles son sus principales propuestas en materia de función judicial? 

En términos de procedimiento, sabemos que hay muchas cosas que resolver, por ejemplo, una ley de procedimientos constitucionales que sólo existe hasta el momento en proyecto. Habría que ponerla en práctica. Estamos casi todavía estrenando la Ley de Procedimientos Contencioso Administrativos, que está dando muy buenos resultados. 

Creo que en este momento hay que aprovechar a plenitud la posibilidad de una informatización de la totalidad de la administración de todos los tribunales de la República; para empezar, garantizar que todos tengan buena accesibilidad a Internet, que les permita fácil acceso a enciclopedias jurídicas, a la jurisprudencia nacional, etcétera, pero también para poder organizar sus sistemas internos de archivo, de consulta y de comunicación con las partes. 

Todo esto traería consigo agilización de los procedimientos, reducción de tareas repetitivas que tienen los jueces actualmente de firmar una, dos, tres veces un mismo documento porque va para aquí, va para allá, etcétera. Y obviamente, también habría reducción en el consumo de algún tipo de materiales, concretamente de papel, que es tan caro actualmente y tan importante desde el punto de vista del medio ambiente. De manera que hay que apostarle a una seria informatización de los tribunales como una forma de proximidad y de celeridad en los procedimientos.

¿Qué cambios administrativos considera necesarios para el Órgano Judicial?

Habría que estar dentro para ver cómo se maneja cotidianamente el Órgano Judicial, pero sí debo decirle la idea de que la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, deberían de poder dedicarse exclusivamente a su función de juzgar, es decir, a su función jurisdiccional, es una idea potente, una idea fundamental. 

Esto significaría, en profundidad, literalmente, separar las funciones administrativas y encargársela a otra organización, lo cual implicaría inclusive una reforma en la Constitución.

Pero, si esto no es posible por las condiciones en que estamos viviendo, sí tendría que buscarse la forma en que los magistrados pudieran quedar al máximo liberado de responsabilidades puramente administrativas. Por otro lado, también la Ley de la carrera judicial y requiere modificaciones.  Por ejemplo, la idea de que los jueces estén divididos en clases, en razón de la división político administrativa del territorio nacional en donde ejercen sus funciones, me es particularmente incómoda; porque la dimensión, la magnitud del ejercicio judicial es la misma si está en un juzgado de paz de San Salvador, que si está en un juzgado de paz de Candelaria de la Frontera, por decirle algo, sin menospreciar a Candelaria de la Frontera, solo por señalar la distancia. Entonces no tendrían por qué haber ahí diferenciaciones en clases y en consecuencia de salarios. También creo que es una de las cosas que hay que revisar.

¿Cuál es su visión sobre la independencia de poderes del Estado? 

Hay tres cosas que deben de caracterizar a un juez o un magistrado: el conocimiento del derecho; su trayectoria ética, que sea una persona de moralidad notoria, como dice la Constitución; y , en tercer lugar, y en esto quiero enfatizar muchísimo, debe ser una persona de criterio absolutamente independiente, no solamente con relación a los partidos políticos y a la política, porque es lo que normalmente se asocia cuando se habla de independencia, desde luego que, a los partidos políticos y a los movimientos políticos, pero debe ser independiente también frente a los poderes económicos, frente al poder sindical, frente a los poderes religiosos que existen definitivamente, independiente incluso de la opinión pública, en un momento dado se puede mover para un lado o para otro. Los medios de comunicación pueden incidir o querer incidir frente a todo eso.

El funcionario judicial, y máxime un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, debe tener independencia plena, de tal forma que cuando tenga un caso a resolver sobre su escritorio, no tenga otro criterio más que la Constitución y la ley aplicable al caso a partir de su propia inteligencia, con plena independencia de todo lo demás. Yo creo que de las cualidades del magistrado y del órgano judicial, la independencia de criterio es la más valiosa de todas.

¿Considera que la Constitución de la República necesita reformas? 

La Constitución vigente de 1983 conserva, digamos, la impronta de su antecesora de 1950, que es la Constitución, que realmente vino a modificar la estructura y la concepción del Estado en El Salvador, la que introdujo los derechos económicos, sociales y culturales, etc., y que llegó intacta, prácticamente, sólo con algunos cambios hasta mil novecientos ochenta y tres. 

La Constitución de 1983 conserva en grandísima medida, como lo dice el informe de la Comisión redactora de la misma, la herencia de la de 1950, pero esta de 1983 fue mejorada gracias a los Acuerdos de paz que crearon nuevas instituciones, que colocaron a la Fuerza Armadas en el papel que le corresponde realmente y no en el papel de omnipresencia que tenía en las constituciones anteriores

En cuanto a la administración de justicia, concretamente, creó el Consejo Nacional de la Judicatura y, sobre todo, modificó la forma de la elección y nombramiento de magistrados de Corte, de Magistrados de Cámara y de jueces. Antes de eso, los magistrados de Corte salían del bolsillo de los diputados y los mismos diputados elegían, y los jueces salían del bolsillo de los magistrados de corte y ellos elegían jueces y magistrados de segunda instancia.

Ahora existen procedimientos de selección o de elección, como el caso que estamos viviendo actualmente. 

Esto dicho, yo pienso que con la Constitución que tenemos hay suficiente como para vivir una vida en democracia, como para vivir en una vida de desarrollo económico y social de la población;  que no se ha cumplido es otra cosa, que de todas maneras hay cosas que se pueden corregir, sí;  si ya hablábamos, por ejemplo, de la separación de función administrativa  de la función jurisdiccional aplicable también al Tribunal Supremo Electoral  y a la Corte de Cuentas de la República. 

Entonces hay algunas reformas que convienen, pero de esto a decir que se necesita una nueva Constitución para un nuevo orden social y económico, hay una grandísima distancia. Por eso me parece que en este momento hablar de reformas a la Constitución es como tratar de respirar en medio de un incendio en donde la humareda precisamente ahoga.

¿Cuenta con un mensaje para para el gremio de abogados en relación a la votación de este domingo?

Claro que sí. Mi mensaje es: colegas, voten por favor pensando en quiénes, según ustedes, pueden ser los mejores magistrados, los que sean independientes, los que conozcan el derecho; los que tengan experiencia. No voten, porque invitaron a un coctel, porque entregaron un botecito de alcohol con la fotografía el día de las elecciones, porque son simpáticos y cuentan chistes, no; todo eso está bien para la cherada, todo eso está bien para el sábado. 

Pero en este caso, en donde se tiene que elegir a cinco de los máximos funcionarios del Órgano Judicial, y en un momento tan turbulento de la vida jurídica y política del país, hagan una elección realmente pensando en lo que ustedes consideran que es lo mejor para El Salvador.