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Francisco Díaz: “La Administración de Justicia como un servicio público para la sociedad siempre, siempre me ha preocupado”
Defensa y consolidación del Estado de derecho, publicidad, transparencia y cero corrupción, y la educación legal popular; son algunas de las propuestas de este profesional del derecho, con más de 20 años de experiencia en estas materias, es uno de los candidatos por el Centro de Estudios Jurídicos para magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
- ¿Qué lo motiva y por qué se considera capacitado para ser Magistrado de la CSJ?
Debo decirle que yo siempre he estado preocupado y ocupado por el tema de la administración de Justicia, desde hace muchos años.
En 1988 fui fundador y director ejecutivo, durante diez años, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. Luego pasé al Consejo Nacional de la Judicatura de 1999 a 2001. De manera que el tema de la Administración de Justicia como un servicio público para la sociedad siempre me ha preocupado.
Ahora bien. Sin falsa modestia, debo decir que anteriormente ya había recibido una propuesta para ir como candidato a la Corte Suprema de Justicia; pero francamente, no había tenido, digamos, interés en eso. Por una parte, porque estoy claro de que hay un colorímetro político que ya me había cerrado a las puertas a la función pública más de una vez y, por otra parte, porque llega un momento en que uno quiere realizar una actividad profesional más tranquila.
Sin embargo, cuando en esta oportunidad me han propuesto la candidatura, yo he sentido la responsabilidad ciudadana y social de asumir el reto; porque el país atraviesa un momento bastante delicado en términos de instituciones democráticas, en términos de respeto a la Constitución, a las leyes, a los procedimientos. Y entonces creo que en esa situación hace falta poner la cara, poner el pecho.
Esas son las motivaciones por las cuales en esta oportunidad he aceptado este reto y he elaborado algunas propuestas sobre las que hablaremos. Me ha preocupado siempre la cultura jurídica de los ciudadanos y el tema propiamente de la administración de la administración de justicia.
Mi propia formación académica, las consultorías que he hecho para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para la OEA, mi paso por el Consejo Nacional de la Judicatura, y más recientemente como Superintendente de Competencia, me han dado una experiencia profesional bastante amplia, un conocimiento del derecho también bastante amplio y una claridad de conceptos, perdóneme la falta de modestia, respecto al Estado de derecho, las instituciones democráticas y la República. De manera que tengo la solvencia como para asumir esa responsabilidad.
- ¿Cuáles son sus principales propuestas para fortalecer la transparencia en la gestión de la CSJ?
Yo he formulado una propuesta de trabajo que tiene cinco puntos. El primero es al que ya me referí sobre la defensa y la consolidación del Estado de Derecho. Pero la segunda es precisamente información, transparencia y cero a la corrupción.
La aplicación del principio de máxima publicidad en las actuaciones tanto de la Corte Plena como de las Salas de la Corte Suprema de Justicia. Esto significa, entre otras cosas, publicar las agendas de la Corte Plena y de las salas, transmitir en directo las sesiones de la Corte Plena, desde luego, desde luego atendiendo los criterios de la Ley de Acceso a la Información Pública, es decir, de todo aquello que no implique un conocimiento privativo confidencial, sea de las partes afectadas en una situación judicial o de la deliberación que debe tener una sala internamente para definir criterios y emitir una resolución.
De modo que en toda esa área en que no se requiere la confidencialidad de las partes o del organismo que está pensando, que está elaborando su resolución, debe haber una plena publicidad para los ciudadanos. Creo que esa es la mejor respuesta que yo puedo darle, porque en eso mismo hay transparencia.
Habría que agregar que el Órgano Judicial debería de rendir cuentas, por lo menos una vez al año, sobre el desempeño general de los tribunales, y esto hacerlo conjuntamente con el Consejo Nacional de la Judicatura, que es quien tiene la responsabilidad legal inmediata de la evaluación de los tribunales.
¿Cuáles son sus principales propuestas en materia de función judicial?
En términos de procedimiento, sabemos que hay muchas cosas que resolver, por ejemplo, una ley de procedimientos constitucionales que sólo existe hasta el momento en proyecto. Habría que ponerla en práctica. Estamos casi todavía estrenando la Ley de Procedimientos Contencioso Administrativos, que está dando muy buenos resultados.
Creo que en este momento hay que aprovechar a plenitud la posibilidad de una informatización de la totalidad de la administración de todos los tribunales de la República; para empezar, garantizar que todos tengan buena accesibilidad a Internet, que les permita fácil acceso a enciclopedias jurídicas, a la jurisprudencia nacional, etcétera, pero también para poder organizar sus sistemas internos de archivo, de consulta y de comunicación con las partes.
Todo esto traería consigo agilización de los procedimientos, reducción de tareas repetitivas que tienen los jueces actualmente de firmar una, dos, tres veces un mismo documento porque va para aquí, va para allá, etcétera. Y obviamente, también habría reducción en el consumo de algún tipo de materiales, concretamente de papel, que es tan caro actualmente y tan importante desde el punto de vista del medio ambiente. De manera que hay que apostarle a una seria informatización de los tribunales como una forma de proximidad y de celeridad en los procedimientos.
¿Qué cambios administrativos considera necesarios para el Órgano Judicial?
Habría que estar dentro para ver cómo se maneja cotidianamente el Órgano Judicial, pero sí debo decirle la idea de que la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, deberían de poder dedicarse exclusivamente a su función de juzgar, es decir, a su función jurisdiccional, es una idea potente, una idea fundamental.
Esto significaría, en profundidad, literalmente, separar las funciones administrativas y encargársela a otra organización, lo cual implicaría inclusive una reforma en la Constitución.
Pero, si esto no es posible por las condiciones en que estamos viviendo, sí tendría que buscarse la forma en que los magistrados pudieran quedar al máximo liberado de responsabilidades puramente administrativas. Por otro lado, también la Ley de la carrera judicial y requiere modificaciones. Por ejemplo, la idea de que los jueces estén divididos en clases, en razón de la división político administrativa del territorio nacional en donde ejercen sus funciones, me es particularmente incómoda; porque la dimensión, la magnitud del ejercicio judicial es la misma si está en un juzgado de paz de San Salvador, que si está en un juzgado de paz de Candelaria de la Frontera, por decirle algo, sin menospreciar a Candelaria de la Frontera, solo por señalar la distancia. Entonces no tendrían por qué haber ahí diferenciaciones en clases y en consecuencia de salarios. También creo que es una de las cosas que hay que revisar.
¿Cuál es su visión sobre la independencia de poderes del Estado?
Hay tres cosas que deben de caracterizar a un juez o un magistrado: el conocimiento del derecho; su trayectoria ética, que sea una persona de moralidad notoria, como dice la Constitución; y , en tercer lugar, y en esto quiero enfatizar muchísimo, debe ser una persona de criterio absolutamente independiente, no solamente con relación a los partidos políticos y a la política, porque es lo que normalmente se asocia cuando se habla de independencia, desde luego que, a los partidos políticos y a los movimientos políticos, pero debe ser independiente también frente a los poderes económicos, frente al poder sindical, frente a los poderes religiosos que existen definitivamente, independiente incluso de la opinión pública, en un momento dado se puede mover para un lado o para otro. Los medios de comunicación pueden incidir o querer incidir frente a todo eso.
El funcionario judicial, y máxime un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, debe tener independencia plena, de tal forma que cuando tenga un caso a resolver sobre su escritorio, no tenga otro criterio más que la Constitución y la ley aplicable al caso a partir de su propia inteligencia, con plena independencia de todo lo demás. Yo creo que de las cualidades del magistrado y del órgano judicial, la independencia de criterio es la más valiosa de todas.
¿Considera que la Constitución de la República necesita reformas?
La Constitución vigente de 1983 conserva, digamos, la impronta de su antecesora de 1950, que es la Constitución, que realmente vino a modificar la estructura y la concepción del Estado en El Salvador, la que introdujo los derechos económicos, sociales y culturales, etc., y que llegó intacta, prácticamente, sólo con algunos cambios hasta mil novecientos ochenta y tres.
La Constitución de 1983 conserva en grandísima medida, como lo dice el informe de la Comisión redactora de la misma, la herencia de la de 1950, pero esta de 1983 fue mejorada gracias a los Acuerdos de paz que crearon nuevas instituciones, que colocaron a la Fuerza Armadas en el papel que le corresponde realmente y no en el papel de omnipresencia que tenía en las constituciones anteriores
En cuanto a la administración de justicia, concretamente, creó el Consejo Nacional de la Judicatura y, sobre todo, modificó la forma de la elección y nombramiento de magistrados de Corte, de Magistrados de Cámara y de jueces. Antes de eso, los magistrados de Corte salían del bolsillo de los diputados y los mismos diputados elegían, y los jueces salían del bolsillo de los magistrados de corte y ellos elegían jueces y magistrados de segunda instancia.
Ahora existen procedimientos de selección o de elección, como el caso que estamos viviendo actualmente.
Esto dicho, yo pienso que con la Constitución que tenemos hay suficiente como para vivir una vida en democracia, como para vivir en una vida de desarrollo económico y social de la población; que no se ha cumplido es otra cosa, que de todas maneras hay cosas que se pueden corregir, sí; si ya hablábamos, por ejemplo, de la separación de función administrativa de la función jurisdiccional aplicable también al Tribunal Supremo Electoral y a la Corte de Cuentas de la República.
Entonces hay algunas reformas que convienen, pero de esto a decir que se necesita una nueva Constitución para un nuevo orden social y económico, hay una grandísima distancia. Por eso me parece que en este momento hablar de reformas a la Constitución es como tratar de respirar en medio de un incendio en donde la humareda precisamente ahoga.
¿Cuenta con un mensaje para para el gremio de abogados en relación a la votación de este domingo?
Claro que sí. Mi mensaje es: colegas, voten por favor pensando en quiénes, según ustedes, pueden ser los mejores magistrados, los que sean independientes, los que conozcan el derecho; los que tengan experiencia. No voten, porque invitaron a un coctel, porque entregaron un botecito de alcohol con la fotografía el día de las elecciones, porque son simpáticos y cuentan chistes, no; todo eso está bien para la cherada, todo eso está bien para el sábado.
Pero en este caso, en donde se tiene que elegir a cinco de los máximos funcionarios del Órgano Judicial, y en un momento tan turbulento de la vida jurídica y política del país, hagan una elección realmente pensando en lo que ustedes consideran que es lo mejor para El Salvador.
Más de 100 estudiantes de Derecho de Guatemala participaron en una jornada académica en El Salvador para conocer la organización y el funcionamiento de su sistema de justicia.
Los alumnos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala participaron en un intercambio de experiencias con funcionarios judiciales salvadoreños.
La actividad buscó acercar a los estudiantes al trabajo práctico de las instituciones de justicia. Además, permitió compartir experiencias sobre la labor jurisdiccional entre ambos países.
Magistrado destaca intercambio académico regional
El magistrado presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, destacó la cercanía entre Guatemala y El Salvador.
Durante su intervención, señaló la importancia de complementar la formación teórica con el conocimiento práctico del trabajo judicial.
También resaltó el valor de promover el intercambio de experiencias entre estudiantes y profesionales del Derecho de la región.
La jornada permitió que los universitarios conocieran directamente algunos procesos relacionados con la administración de justicia salvadoreña.
Funcionarios explican organización del sistema judicial
Posteriormente, funcionarios judiciales salvadoreños ofrecieron varias ponencias durante el encuentro académico.
Las exposiciones abordaron la organización y el funcionamiento del sistema de justicia de El Salvador. También incluyeron aspectos relacionados con su especialización y fortalecimiento institucional.
El intercambio generó un espacio para el diálogo y la reflexión sobre el trabajo de los tribunales y demás instituciones vinculadas con la justicia.
Además, los estudiantes pudieron conocer elementos prácticos que complementan los contenidos que reciben durante su formación universitaria.
Recorrido por instalaciones judiciales en San Salvador
La actividad concluyó con un recorrido por las instalaciones del Centro Judicial Integrado de Justicia Penal Dr. Isidro Menéndez, en San Salvador.
Durante la visita, los estudiantes tuvieron contacto directo con un espacio donde se desarrollan distintas actividades relacionadas con la administración de justicia penal.
El intercambio entre estudiantes guatemaltecos y funcionarios salvadoreños permitió conocer experiencias institucionales de ambos países y ampliar la formación académica de los futuros profesionales del Derecho.
La Asamblea Legislativa de El Salvador declaró este miércoles estado de emergencia nacional por seis meses ante la sequía asociada al fenómeno de El Niño.
La medida recibió 59 de los 60 votos del pleno y contempla una posible prórroga si persisten las condiciones climáticas adversas.
La declaratoria, solicitada por el presidente Nayib Bukele, responde al déficit de lluvias, los períodos secos y las altas temperaturas.
Estas condiciones ya afectan actividades agrícolas y ganaderas, además de aumentar los riesgos para la seguridad alimentaria.
Gobierno activa respuesta nacional
El estado de emergencia permitirá activar una estructura nacional para atender los efectos de la sequía meteorológica y agrícola.
Protección Civil coordinará el plan nacional de respuesta y activará las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores gestionará la cooperación internacional necesaria durante la emergencia.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería vigilará la seguridad alimentaria y el almacenamiento de granos básicos.
El Ministerio de Defensa tendrá a su cargo la logística para apoyar la atención de la población afectada.
Medida busca proteger producción y alimentos
Entre las acciones previstas figura la protección alimentaria y nutricional de la población.
También se busca reducir los efectos sobre la agricultura, la agroindustria y la ganadería.
El diputado Christian Guevara, jefe de la bancada oficialista Nuevas Ideas, dijo que la medida busca anticipar mayores daños.
“Lo que se busca es prevenir daños a la agricultura, a la agroindustria y a la seguridad alimentaria”, afirmó.
La declaratoria se fundamenta en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
Esa norma permite declarar emergencia cuando un desastre amenaza a las personas, sus bienes, los servicios públicos o los ecosistemas.
Alerta roja permanece vigente
La Dirección General de Protección Civil declaró alerta roja el 25 de agosto de 2026.
La medida concentra especial atención en municipios expuestos al déficit hídrico y al estrés agrícola.
Además, considera posibles daños sobre los medios de vida de las comunidades afectadas.
Según la perspectiva climática del Ministerio de Medio Ambiente, El Niño continúa fortaleciéndose.
El fenómeno podría alcanzar una intensidad fuerte a muy fuerte entre finales de 2026 y comienzos de 2027.
El diputado Caleb Navarro señaló que la emergencia responde a afectaciones progresivas y acumulativas vinculadas con la situación climática.
El Gobierno priorizará la protección de agricultores y ganaderos, junto con el abastecimiento de alimentos durante el período de emergencia.
Los ciberdelincuentes mantienen ataques contra empresas y usuarios de América Latina con vulnerabilidades conocidas desde 2017, según la firma de ciberseguridad ESET.
El informe sobre el primer semestre de 2026 señala que los atacantes recurrieron principalmente al phishing, la ingeniería social y programas maliciosos.
Además, el ransomware tuvo menos presencia numérica, pero generó riesgos mayores para las operaciones y las finanzas empresariales.
Dos fallas concentran la mayoría de los ataques
Más del 81,8 % de los incidentes de explotación registrados en la región se concentró en dos vulnerabilidades de Microsoft Office.
La falla CVE-2017-0199 representó el 58,3 % de los ataques de explotación.
Mientras tanto, CVE-2017-11882 concentró otro 23,5 % de los incidentes.
Ambas vulnerabilidades fueron divulgadas en 2017 y todavía permiten ataques contra equipos que no han recibido las actualizaciones necesarias.
Según ESET, los atacantes utilizan documentos maliciosos para iniciar las infecciones y luego introducir otros programas.
Phishing mantiene presión sobre empresas
El phishing y la ingeniería social representaron, en promedio, el 23,66 % de las alertas detectadas en América Latina.
Los atacantes utilizaron plataformas como DocuSign, WeTransfer y Telegram para suplantar identidades y engañar a las víctimas.
Además, el uso de códigos QR amplió las vías para dirigir a los usuarios hacia sitios fraudulentos.
Los documentos PDF también mantuvieron un papel relevante, especialmente en fraudes relacionados con facturas y pagos.
Robo de credenciales alimenta nuevas intrusiones
Los infostealers también ganaron relevancia al facilitar el robo de contraseñas y otros datos personales.
Win/PSW.Amatera encabezó esta actividad en América Latina, seguido por AgentTesla, Formbook y SnakeStealer.
Asimismo, programas como LummaStealer y Rhadamanthys mostraron nuevas técnicas para evadir controles de seguridad.
En el sector financiero, los troyanos bancarios mantuvieron campañas adaptadas a los sistemas de pago de distintos países.
Ransomware genera menos alertas, pero mayor impacto
El ransomware representó apenas el 0,28 % de las detecciones regionales, pero mantuvo un alto riesgo para las empresas.
Qilin encabezó la actividad entre los grupos de extorsión dirigidos durante el semestre.
También aparecieron operaciones vinculadas con Babyk, BlackMatter, Conti, Phobos, Akira y DragonForce.
Ante este escenario, ESET recomienda actualizar Microsoft Office, reforzar los filtros de correo y utilizar autenticación multifactor.
Economía
Semana de la Sostenibilidad de FUNDEMAS aborda inteligencia artificial, finanzas y resiliencia empresarial
La Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) desarrolla su decimocuarta Semana de la Sostenibilidad y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), con énfasis en resiliencia, inteligencia artificial y financiamiento sostenible.
El encuentro reúne a empresarios, especialistas y representantes de distintos sectores para analizar los retos que enfrentan las empresas ante los cambios tecnológicos, económicos, ambientales y sociales.
Inteligencia artificial y adaptación empresarial
La jornada inaugural abordó la resiliencia empresarial en contextos complejos. Tomás Regalado, presidente de FUNDEMAS, destacó el valor de los datos para mejorar las decisiones empresariales.
También planteó los desafíos que genera la inteligencia artificial (IA). Regalado señaló que esta tecnología genera incertidumbre, pero también nuevas posibilidades para las empresas y la sociedad.
El programa incluyó la conferencia sobre inteligencia artificial responsable de Darren Gallop, director ejecutivo y cofundador de Carbide, de Canadá.
Además, especialistas analizaron los límites éticos, los neuroderechos y la protección de las personas frente al avance de la IA.
El embajador de la Unión Europea ante el Sistema de la Integración Centroamericana, Duccio Bandini, abordó también la sostenibilidad dentro de la cooperación europea.
Finanzas sostenibles abren oportunidades
La segunda jornada puso el foco en las finanzas sostenibles, la gestión de riesgos ambientales y la inclusión financiera.
Haydée de Trigueros, directora ejecutiva de FUNDEMAS, destacó las oportunidades que tienen las pequeñas y medianas empresas para acceder a financiamiento verde y social.
Explicó que las entidades financieras pueden ofrecer no solo crédito, sino también asesoría para estructurar proyectos empresariales sostenibles.
Como ejemplo, mencionó una empresa que obtuvo apoyo para desarrollar un negocio de producción y distribución de agua. El financiamiento incluyó equipos, materias primas y transporte.
FUNDEMAS informó además sobre una alianza con ABANSA, que agrupa a 11 bancos del sistema financiero salvadoreño. El objetivo consiste en facilitar el acceso empresarial a opciones de financiamiento sostenible.
Agenda continuará hasta el viernes
La Semana de la Sostenibilidad continuará hasta el 9 de octubre con actividades sobre gestión ambiental, riesgos, inversión, finanzas sostenibles, talento e innovación.
El programa concluirá con el Encuentro Empresarial El Salvador-Unión Europea, orientado a fortalecer vínculos comerciales y oportunidades de negocio vinculadas con la competitividad sostenible.
Economía
Identidad digital soberana plantea cambios en el modelo tradicional de verificación de clientes
La identidad digital soberana propone que las personas controlen sus datos y credenciales digitales al realizar trámites financieros y otros servicios.
El modelo puede transformar los procesos de conocimiento del cliente (KYC) y prevención del lavado de dinero (AML), según Marcos Allende López, cofundador y CEO de Blerify, empresa de tecnología que desarrolla infraestructura de identidad digital descentralizada y tokenización de activos.
El usuario controla sus credenciales digitales
En el modelo tradicional, las entidades financieras recurren a terceros para verificar documentos, biometría y distintas bases de datos.
La identidad digital soberana cambia ese proceso mediante una aplicación de identidad, conocida como ID Wallet.
El usuario almacena allí credenciales criptográficas y puede compartir datos verificables directamente con una institución.
Así, puede entregar únicamente la información requerida, sin enviar necesariamente un documento completo.
Los estándares ISO/IEC 18013-5, ISO/IEC 23220 y SD-JWT VC incorporan mecanismos de divulgación selectiva.
Además, según Allende López, las pruebas de conocimiento cero permiten demostrar un atributo sin revelar otros datos personales.
Por ejemplo, una persona podría demostrar que es mayor de edad sin compartir su nombre o fecha de nacimiento.
El sistema busca reducir datos sensibles
El modelo también plantea cambios ante el aumento de los deepfakes y otros métodos de suplantación mediante inteligencia artificial.
Según Allende López, las credenciales verificables pueden reducir el fraude y limitar la circulación de información sensible.
También pueden simplificar el proceso de incorporación de clientes a servicios financieros.
Sin embargo, el sistema requiere que la persona tenga previamente una credencial digital y un teléfono inteligente.
Por ello, su alcance dependerá de la emisión amplia y accesible de esas credenciales.
La seguridad depende de varios actores
Cada sistema establece niveles de garantía que definen las responsabilidades de gobiernos, proveedores de identidad, operadores de billeteras y usuarios.
La validación incluye una comprobación criptográfica de la credencial y su titular.
Después, el sistema verifica que el documento siga vigente y no haya sido revocado.
Finalmente, analiza los datos incluidos en la credencial antes de permitir su uso.
América Latina avanza hacia nuevos marcos legales
Varios países de la región ya reconocen documentos digitales mediante normas que les otorgan validez equivalente a los documentos físicos.
Costa Rica, Perú y Honduras han adoptado este tipo de mecanismos.
Uruguay, en cambio, desarrolla un marco más amplio para regular firmas digitales, infraestructura de clave pública y los distintos participantes del ecosistema.
El avance de la identidad digital soberana dependerá de combinar tecnología, regulación y mecanismos accesibles para los ciudadanos.
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