La Asamblea Legislativa aprobó una reforma constitucional que permite imponer la cadena perpetua en casos de homicidio, violación y terrorismo.

El pleno avaló la modificación con 59 votos, tras reformar el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución de la República de El Salvador.

La iniciativa fue presentada por el Órgano Ejecutivo antes de la sesión plenaria. Además, incluyó propuestas para reformar leyes secundarias vinculadas al sistema penal.

Propuesta del Ejecutivo y respaldo legislativo
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó la propuesta en nombre del Gobierno. El funcionario explicó que la reforma busca fortalecer el marco legal contra delitos graves.

Por su parte, el presidente Nayib Bukele anunció la iniciativa en redes sociales. En su mensaje, señaló que la reforma permitiría aplicar penas más severas a criminales.

El presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, impulsó su discusión en el pleno.
Además, los legisladores aprobaron la reforma con dispensa de trámite, lo que aceleró el proceso legislativo.

Cambios en el sistema penal salvadoreño
La reforma habilita la cadena perpetua, que hasta ahora estaba prohibida por la Constitución.
Asimismo, el Ejecutivo planteó ajustes al Código Penal de El Salvador, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra actos de terrorismo.

Estos cambios buscan armonizar la normativa secundaria con la nueva disposición constitucional.

Argumentos del Gobierno
El ministro Villatoro afirmó que la reforma es necesaria para garantizar la seguridad y consolidar cambios en el país.

También indicó que el Gobierno ha enfrentado críticas durante la implementación del régimen de excepción.

Según el funcionario, las medidas responden al objetivo de mantener el control del territorio y reducir la criminalidad.

Reacciones y cuestionamientos
La propuesta generó reacciones de distintos sectores. Algunas voces cuestionaron el endurecimiento de las penas en el contexto actual.

La investigadora Sonja Wolf señaló preocupaciones sobre derechos humanos tras el anuncio de la reforma.

Además, mencionó señalamientos internacionales sobre posibles violaciones en el marco del régimen de excepción.

Próximos pasos del proceso
La reforma constitucional marca un cambio en el sistema penal salvadoreño.

A partir de su aprobación, las autoridades deberán avanzar en la adecuación de leyes secundarias.

El proceso continuará con la implementación de las nuevas disposiciones y su aplicación en el sistema judicial.

SISA Seguros anunció el lanzamiento de su Plan 2026, una estrategia que busca fortalecer la innovación, la transformación digital y el crecimiento regional en el mercado asegurador.

La compañía informó que actualmente supera los 1.5 millones de asegurados y mantiene una participación de mercado de 23.04 %. Además, reporta primas netas por 231.7 millones de dólares.

Asimismo, la aseguradora indicó que pagó 116.4 millones de dólares en reclamos. Esta cifra equivale a cerca de medio millón de dólares por día hábil en indemnizaciones.

Fortaleza financiera en el mercado asegurador

SISA Seguros destacó que su estrategia mantiene como eje la seguridad financiera de sus clientes.

La empresa explicó que ofrece productos diversificados y procesos digitales para mejorar la atención. Además, impulsa servicios más ágiles para los asegurados.

La compañía también señaló que sus valores corporativos orientan sus operaciones. Entre ellos destacan la innovación, la confianza, el servicio al cliente y la excelencia operativa.

Transformación digital y expansión regional

El Plan 2026 de SISA Seguros incluye una estrategia enfocada en la transformación digital.

Por ejemplo, la empresa impulsa la automatización de procesos y la reducción de tiempos de atención. Además, busca integrar nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia del cliente.

Al mismo tiempo, la compañía avanza en su expansión regional. Actualmente cuenta con cinco sucursales en Guatemala y evalúa futuras operaciones en Honduras.

Esta estrategia pretende ampliar la comercialización de seguros y fortalecer su presencia en Centroamérica.

Innovación en productos y programas de fidelización

SISA también anunció el desarrollo de nuevos productos para ampliar su oferta.

Entre ellos figuran seguros agrícolas, alianzas comerciales y programas de fidelización para clientes.

Además, la empresa ofrece servicios como SISA Travel Insurance, que brinda asistencia las 24 horas y cobertura de hasta 50,000 dólares para viajes.

Por otro lado, el programa SISA WOW ofrece descuentos inmediatos en comercios afiliados mediante la aplicación móvil SISA GO.

Reconocimientos y respaldo internacional

El liderazgo de SISA Seguros también cuenta con respaldo en evaluaciones internacionales y nacionales.

La compañía mantiene una calificación internacional A- (Excelente) y una calificación local AAA (Excelente). Estas evaluaciones reflejan su estabilidad financiera.

Además, la empresa recibió el premio plata en los Fintech Americas Awards por su transformación digital.

También ocupa el tercer lugar nacional en servicio al cliente según Revista SUMMA.

Formación profesional y fortalecimiento del sector

La empresa también impulsa programas de capacitación para intermediarios y asesores de seguros.

Para ello, SISA desarrolla la Escuela de Formación de Intermediarios, que incluye módulos técnico, profesional y gerencial.

Según la compañía, estas iniciativas buscan fortalecer la calidad del servicio y el desarrollo del talento en el sector asegurador.

Con el lanzamiento del Plan 2026, SISA Seguros busca consolidar su liderazgo en el mercado de seguros en El Salvador y ampliar su crecimiento en la región

El Gobierno solicitó este martes a la Asamblea Legislativa aprobar una reforma constitucional para permitir la cadena perpetua en El Salvador contra personas condenadas por homicidio, violación y terrorismo.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó una pieza de correspondencia que propone modificar el artículo 27 de la Constitución. La iniciativa busca habilitar penas perpetuas exclusivamente para responsables de esos delitos graves.

Según explicó el funcionario, la propuesta responde a una petición directa del presidente Nayib Bukele. Además, incluye reformas complementarias al Código Penal y a otras leyes para ajustar el marco jurídico vigente.

Reforma constitucional para permitir cadena perpetua

La propuesta plantea modificar el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución. Actualmente, la legislación salvadoreña prohíbe las penas perpetuas.

Con el cambio, el Gobierno pretende permitir la cadena perpetua únicamente para homicidas, violadores y terroristas. Asimismo, el Ejecutivo prevé reformas en la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y otras normas relacionadas.

De acuerdo con Villatoro, el gabinete de Seguridad y la Fiscalía analizaron previamente los comportamientos de homicidios y delitos sexuales antes de presentar la iniciativa.

Argumentos del Ejecutivo sobre seguridad

Durante la presentación, Villatoro afirmó que el Ejecutivo busca fortalecer el sistema penal frente a delitos graves. También señaló que el Gobierno mantiene su estrategia de seguridad contra estructuras criminales.

El ministro aseguró que la reforma pretende reforzar la protección de la población. Según sus declaraciones, el país aspira a eliminar la presencia de homicidas y violadores en las comunidades.

Asimismo, sostuvo que la medida forma parte de una revisión del sistema de justicia penal y de las leyes vinculadas a la seguridad pública.

Asamblea Legislativa analizaría la propuesta

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, confirmó que el órgano legislativo recibió la iniciativa de reforma constitucional.

Castro indicó que la Asamblea podría conocer la propuesta durante la sesión plenaria del mismo día. Para presentar formalmente la pieza se requieren al menos diez firmas de diputados.

Posteriormente, la Comisión Política analizará la reforma para su eventual ratificación. Además, el Legislativo prevé convocar al Gabinete de Seguridad para explicar los fundamentos de la propuesta y las reformas legales asociadas.

Mientras tanto, la sesión plenaria continúa en desarrollo y la iniciativa aún no ha sido ingresada formalmente al pleno.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró improcedente una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.

Cuatro ciudadanos solicitaron al tribunal que invalidara la norma, al considerar que permite la grabación unilateral de llamadas telefónicas y que esto vulnera derechos constitucionales como el honor y la intimidad.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios para abrir un proceso de control constitucional.

La resolución

La decisión quedó registrada en la resolución 57-2025, firmada por los magistrados Henry Alexander Mejía, Luis Suárez Magaña, Elsy Dueñas, Héctor Nahum Martínez y Ramón Iván García.

El tribunal emitió el fallo el 13 de marzo de 2026.

Según el documento, la demanda carecía de un contraste normativo debidamente argumentado, requisito indispensable para analizar una posible inconstitucionalidad.

Los magistrados indicaron que los demandantes no explicaron con claridad cómo la norma impugnada vulnera los derechos al honor o a la intimidad personal.

Qué establece el artículo cuestionado

El recurso buscaba invalidar el artículo 46 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.

Esta disposición establece que la grabación de telecomunicaciones autorizada por uno de los participantes de la comunicación no se considera una intervención ilegal.

Además, la ley señala que esas grabaciones pueden utilizarse como prueba en procesos judiciales, siempre que cumplan con las reglas generales de valoración de prueba.

Argumentos presentados por los demandantes

Los ciudadanos argumentaron que el artículo vulnera el artículo 2 de la Constitución, que reconoce el derecho al honor y a la intimidad personal.

También afirmaron que la grabación unilateral de llamadas podría facilitar abusos o manipulaciones que afecten estos derechos.

No obstante, la Sala concluyó que la demanda no explicó de forma concreta cómo la norma produce esas supuestas vulneraciones.

El artículo 46 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones se mantiene vigente y sin cambios.

La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla declaró la existencia de enriquecimiento ilícito del exdiputado y exalcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson Munguía, y de su grupo familiar.

La resolución concluyó que los demandados no justificaron legalmente el origen de varios fondos patrimoniales detectados durante el proceso judicial.

Según el fallo, el incremento patrimonial ocurrió mientras d’Aubuisson ejerció cargos públicos. Primero fue diputado propietario por el departamento de La Libertad entre 2012 y 2015.

Posteriormente, el tribunal analizó su gestión como alcalde de Santa Tecla durante dos períodos consecutivos, entre 2015 y 2018 y entre 2018 y 2021.

En ambos casos ocupó el cargo bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista.

Tribunal ordena devolver casi un millón de dólares

La resolución judicial establece que el monto total a restituir al Estado asciende a $990,396.99, correspondiente al incremento patrimonial que no pudo justificarse.

El tribunal ordenó que d’Aubuisson reintegre $450,729.39.

Además, su cónyuge Jacqueline López de d’Aubuisson deberá devolver $511,247.73.

Asimismo, la sentencia establece que Johana d’Aubuisson López deberá reintegrar $12,939.87. Por su parte, José Roberto d’Aubuisson López deberá devolver $15,480.

Análisis de pruebas financieras y patrimoniales

La Cámara Ambiental indicó que la decisión se basó en la valoración de diversas pruebas presentadas durante el proceso.

Entre ellas figuran pericias financieras, registros patrimoniales y otros documentos analizados por el tribunal.

Tras revisar ese material probatorio, la instancia judicial confirmó la responsabilidad civil del grupo familiar por el incremento patrimonial no justificado.

Inhabilitación para ejercer cargos públicos

Además de la devolución del dinero, el tribunal impuso una sanción adicional al exfuncionario.

La sentencia ordena la inhabilitación de José Roberto d’Aubuisson Munguía para ejercer cargos públicos durante diez años.