La Fiscalía General logró que 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al expresidente Elías Antonio Saca pasen al Estado. Los bienes están valorados en aproximadamente $9.6 millones y se relacionan con una red de corrupción que desvió fondos públicos.

La resolución fue emitida por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio de El Salvador. Además, el tribunal ordenó la disolución de las sociedades utilizadas para canalizar los recursos.

Bienes vinculados a red de corrupción

Según la investigación fiscal, el exmandatario utilizó al menos siete sociedades fachada. A través de estas estructuras se desviaron fondos públicos durante su administración.

Posteriormente, el dinero fue utilizado para adquirir propiedades y activos financieros. Entre ellos figuran inmuebles ubicados en zonas exclusivas de San Salvador y en departamentos como La Libertad, El Salvador, La Paz, El Salvador y San Vicente, El Salvador.

Como resultado del proceso de extinción de dominio, estos bienes pasan ahora al control del Estado. La medida busca recuperar recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Tribunal ordena disolver sociedades utilizadas en el esquema

Además de los inmuebles y productos financieros, el tribunal ordenó la disolución de las sociedades vinculadas al caso. De acuerdo con la Fiscalía, estas empresas sirvieron para ocultar el origen de los fondos.

Las autoridades señalaron que la decisión permite recuperar patrimonio público. También busca evitar que estas estructuras vuelvan a operar.

El caso del expresidente Saca

Elías Antonio Saca gobernó El Salvador entre 2004 y 2009. Tras dejar el cargo, la Fiscalía inició varias investigaciones por presunto desvío de fondos públicos.

Las pesquisas señalaron que durante su administración se habrían utilizado cuentas y empresas para transferir recursos estatales hacia estructuras privadas.

En 2018, Saca fue condenado tras admitir cargos en un proceso judicial. El tribunal lo sentenció por delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero.

Las autoridades determinaron que el esquema permitió desviar millones de dólares del Estado. Parte de esos recursos se utilizó para adquirir bienes y financiar operaciones privadas.

La Fiscalía General informó que cuatro ciudadanos italianos seguirán en prisión provisional mientras continúa el proceso judicial en su contra. La decisión se tomó durante una audiencia celebrada el 9 de marzo de 2026 en el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de El Salvador.

Los procesados son Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga.

El juez concluyó que existen suficientes indicios para mantener la detención mientras avanza la investigación.

Investigación por estafa y falsificación de marcas

La Fiscalía acusa a los imputados de estafa, violación de distintivos comerciales y agrupaciones ilícitas.

Según las autoridades, el grupo vendía herramientas eléctricas, generadores y maquinaria industrial falsificada.

Los productos se ofrecían como si pertenecieran a marcas reconocidas del sector industrial. Sin embargo, los artículos eran de baja calidad.

Los sospechosos colocaban calcomanías originales o imitaciones para simular que se trataba de equipos auténticos.

Las víctimas pagaron entre 700 y 1,600 dólares por cada unidad.

Ventas a través de redes sociales

Las investigaciones indican que los acusados promocionaban los productos en plataformas digitales.

Entre las redes utilizadas figuran Facebook, Instagram y WhatsApp.

En esas plataformas publicaban anuncios dirigidos a empresas y compradores particulares.

Las publicaciones mostraban maquinaria presentada como equipo profesional para construcción o generación de energía.

Empresa ficticia para aparentar legalidad

De acuerdo con la investigación fiscal, uno de los acusados afirmaba representar en la región a una empresa denominada CATLINE.

Las autoridades aclararon que esa empresa no tiene relación con la marca Caterpillar, fabricante internacional de maquinaria pesada.

Además, los sospechosos utilizaban facturas falsas y nombres de empresas inexistentes para dar apariencia legal a las ventas.

Entre las entidades mencionadas aparece una supuesta compañía llamada “Grupo Motores de R.L.”.

Capturas realizadas en San Miguel

La Policía Nacional Civil capturó a los cuatro italianos el 19 de febrero de 2026.

El operativo se realizó en San Miguel, en la zona oriental del país.

Las autoridades sostienen que el grupo formaba parte de una red dedicada a la falsificación de marcas y estafas con maquinaria industrial.

La Fiscalía General consiguió que el denominado caso Forex en El Salvador avance a la etapa de juicio contra los hermanos Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez, acusados de estafa agravada por un presunto fraude que dejó al menos 375 víctimas y un monto defraudado superior a $2.5 millones.

La audiencia preliminar se desarrolló en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, donde el juez resolvió enviar a juicio a los tres imputados, quienes permanecen prófugos desde 2019 y enfrentan órdenes de captura nacionales e internacionales.

¿Qué es el caso Forex?

El llamado caso Forex se refiere a una investigación por estafa agravada relacionada con supuestas inversiones en el mercado de divisas (Forex). Según la Fiscalía, los hermanos Rivas Álvarez crearon una sociedad falsa o plataforma ficticia con la que ofrecían a las víctimas altas ganancias por invertir en trading de divisas.

De acuerdo con la acusación, los imputados prometían rentabilidades de hasta el 15 % mensual e incluso, según la parte querellante, llegaron a ofrecer ganancias de hasta el 500 %. Sin embargo, el dinero entregado por los inversionistas nunca fue colocado en el mercado de divisas, sino que habría sido apropiado por los acusados.

Las indagaciones apuntan a que las víctimas entregaron montos que iban desde $1,000 hasta $50,000, aunque algunos casos individuales habrían superado esas cifras. La Fiscalía sostiene que el monto comprobado en este proceso supera los $2.5 millones, mientras que la querella particular estima que el total defraudado podría ascender a más de $50 millones.

375 víctimas y órdenes de captura vigentes

En el proceso judicial se contabilizan 375 víctimas directas. No obstante, en etapas anteriores y en procesos relacionados se ha mencionado que el número total de afectados podría ser mayor.

Los hermanos Rivas Álvarez se encuentran en calidad de rebeldes desde 2019. Sobre ellos pesan múltiples órdenes de captura en El Salvador y notificaciones rojas de Interpol, lo que amplía su búsqueda a nivel internacional.

Durante la audiencia preliminar, que se extendió por varios días debido al alto número de víctimas, la Fiscalía presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales con el objetivo de sustentar la acusación por estafa agravada.

Por su parte, la defensa ha sostenido que los imputados cuentan con fondos para responder a las inversiones realizadas, pero que el dinero se encuentra en el extranjero. Esta postura deberá ser debatida en la etapa de juicio.

Un esquema de fraude de inversión

El Caso Forex en El Salvador es señalado por las autoridades como un ejemplo de fraude de inversión o esquema piramidal disfrazado de trading en el mercado de divisas. Este tipo de estafa se basa en ofrecer altos rendimientos en poco tiempo para atraer inversionistas, utilizando el dinero de nuevos aportantes para sostener la ilusión de ganancias hasta que el sistema colapsa o los responsables desaparecen.

El caso comenzó a tomar fuerza alrededor de 2019, cuando las víctimas empezaron a denunciar que no recibían las ganancias prometidas ni la devolución de su capital.

Con la decisión judicial de enviar el expediente a juicio, el proceso entra en una fase clave para determinar la responsabilidad penal de los acusados y establecer, eventualmente, mecanismos de reparación para las víctimas.

El expediente que ahora figura en tribunales y fiscalías en El Salvador y Guatemala no solo tiene cifras millonarias y acusaciones de fraude corporativo por la batalla legal del control por la empresa de telecomunicaciones que opera en Latinoamérica Continental Towers. Tiene también a otro protagonista: el juez federal Lewis A. Kaplan, magistrado del Distrito Sur de Nueva York, cuya trayectoria vuelve a ser examinada mientras escala la disputa y sus implicaciones penales en los países centroamericanos.

Kaplan fue quien confirmó en enero de 2023 un laudo arbitral por 354 millones de dólares contra Continental Towers, empresa con operaciones en varios países latinoamericanos. La decisión benefició a TPG Peppertree, fondo vinculado financieramente a estructuras relacionadas con Goldman Sachs, y terminó proyectando efectos más allá del ámbito mercantil: hoy roza investigaciones criminales activas en Centroamérica.

Pero el debate ya no se limita al arbitraje. El foco está puesto en el juez.

Un antecedente: la censura de Naciones Unidas

En septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió la Opinión 24/2021, un documento técnico que cuestionó la actuación de Kaplan en el proceso contra el abogado ambientalista Steven Donziger, derivado del litigio Chevron Corporation–Ecuador.

El grupo calificó el procedimiento como una “asombrosa demostración de falta de objetividad e imparcialidad” y sostuvo que la detención de Donziger fue arbitraria. Entre los señalamientos figuraron la designación de fiscales privados tras la negativa del Ministerio Público federal y la admisión de testimonios controvertidos.

Aquella resolución no fue un episodio aislado. Decenas de premios Nobel y organizaciones jurídicas internacionales expresaron preocupación por el precedente. Aunque el caso Donziger es distinto al de Continental Towers, el patrón procesal descrito por la ONU reaparece hoy en los cuestionamientos formulados por actores centroamericanos.

El laudo que cruzó fronteras

La confirmación judicial del arbitraje en Nueva York parecía cerrar una disputa corporativa. Sin embargo, en paralelo, tribunales penales de El Salvador y Guatemala avanzaban en investigaciones propias.

En El Salvador, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado emitió difusiones rojas de INTERPOL contra ejecutivos de TPG Peppertree —entre ellos Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri— junto a empresarios guatemaltecos. Las acusaciones incluyen fraude millonario, estafa, extorsión y agrupaciones ilícitas en perjuicio de Continental Towers.

En Guatemala, el Ministerio Público dio un paso inusual: levantó la confidencialidad del arbitraje neoyorquino al considerar que la reserva no puede anteponerse a investigaciones penales de interés público. Además, advirtió que descalificar procesos soberanos desde un foro arbitral extranjero podría interpretarse como obstrucción de justicia.

La tensión jurídica es evidente: ¿puede un laudo privado limitar o desacreditar la persecución penal de un Estado?

En el texto del laudo confirmado por Kaplan, se consignan expresiones de descalificación hacia expedientes centroamericanos, lo que ha encendido aún más el debate en la región.

Conexiones bajo escrutinio

El trasfondo financiero tampoco ha pasado inadvertido. Entre los beneficiarios del laudo figura AMLQ Holdings, subsidiaria de Goldman Sachs, entidad que mantuvo relaciones comerciales con Jeffrey Epstein hasta 2010.

Kaplan fue socio durante más de dos décadas del bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, cuyo expresidente, Brad Karp, y la exdirectora legal de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, renunciaron en febrero de 2026 tras revelaciones del Departamento de Justicia estadounidense relacionadas con los archivos Epstein.

No existe, hasta ahora, una determinación judicial que establezca conflicto de interés directo. Sin embargo, el entramado corporativo ha alimentado cuestionamientos sobre la apariencia de independencia en un proceso que impacta a más de 1,100 empleados en ocho países latinoamericanos.

Soberanía vs. arbitraje: el choque de fondo

Lo que comenzó como una disputa accionaria entre TPG Peppertree y la guatemalteca Terra Towers por el control de Continental Towers se ha convertido en un caso testigo sobre los límites del arbitraje internacional frente a la jurisdicción penal de los Estados.

Para fiscales centroamericanos, ningún tribunal extranjero puede invalidar la persecución de delitos económicos cometidos dentro de su territorio. Para defensores del laudo, el arbitraje es un mecanismo legítimo de resolución de controversias comerciales.

En medio de esa colisión está Kaplan.

Un juez, múltiples controversias

El nombre de Lewis A. Kaplan vuelve así al centro de una tormenta jurídica internacional. No es la primera vez que su conducción de un proceso genera críticas formales de organismos multilaterales y asociaciones de abogados. Pero sí es la primera vez que una de sus decisiones tiene efectos tan directos sobre investigaciones penales soberanas en Centroamérica.

La pregunta que recorre despachos judiciales en San Salvador y Ciudad de Guatemala no es únicamente si el laudo fue correctamente validado bajo estándares neoyorquinos. Es si el magistrado que lo confirmó arrastraba antecedentes suficientes como para exigir un escrutinio más profundo.

Mientras tanto, el conflicto escala y la línea entre arbitraje privado y justicia penal pública se vuelve cada vez más delgada. Y en ese delicado equilibrio, el nombre del juez federal estadounidense continúa generando más interrogantes que certezas

Varios pandilleros del Barrio 18 recibieron condenas de hasta 597 años de prisión por delitos cometidos en distintos sectores de San Salvador. La Fiscalía General informó que el tribunal impuso las penas tras comprobar su participación en extorsiones, amenazas y otros ilícitos.

Según la institución, los hechos ocurrieron entre 2018 y 2019 y afectaron a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios.

Extorsiones sistemáticas a comerciantes y transportistas

La investigación determinó que los condenados exigían el pago de renta a cambio de permitir trabajar en zonas bajo su control. Las víctimas incluyeron empleados de camiones repartidores de bebidas, dueños de tiendas y empresarios del transporte colectivo.

De acuerdo con la Fiscalía General, los pandilleros utilizaban amenazas para obligar a las víctimas a entregar dinero de forma periódica. Además, mantenían presencia activa en diferentes puntos de la capital.

Cobros ilegales por traslado hacia Estados Unidos

La Fiscalía también estableció que algunos procesados ofrecían viajes irregulares hacia Estados Unidos. Por esos traslados cobraban entre 10 mil y 13 mil dólares por persona.

Estas actividades formaban parte de la estructura criminal del Barrio 18. Entre los condenados figuran líderes, mandos medios y colaboradores.

Condenas que superan los 500 años de prisión

El tribunal impuso las penas más altas a varios integrantes de la estructura. Mario Josué Anzora Ramírez recibió 597 años de prisión.

Denis Raúl Martínez Arias fue condenado a 415 años. Mauricio Alexander Leiva recibió 383 años.

Asimismo, Celedonia Esmeralda Jerez Clemente fue sentenciada a 178 años. Andy Jeferson Morán Cortez recibió una pena de 142 años.