La Asamblea Legislativa prevé discutir y aprobar este miércoles reformas a la Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa (MYPE). El cambio central establece que las instituciones del Estado deberán pagar compensación por mora si cancelan bienes o servicios a micro y pequeñas empresas después del plazo legal de 30 días.

Reforma busca garantizar pago oportuno a las MYPE

La legislación vigente establece que las instituciones públicas deben pagar a las micro y pequeñas empresas (MYPE) en un máximo de 30 días por bienes o servicios adquiridos.

Sin embargo, la reforma mantiene ese plazo y añade una nueva obligación. Si una entidad estatal paga después del límite establecido, deberá compensar el retraso con el interés legal mercantil vigente sobre el monto adeudado.

De esta forma, el Estado deberá asumir un costo adicional cuando incumpla el plazo de pago.

Según el proyecto de reforma, esta medida busca incentivar el pago oportuno a proveedores MYPE y reducir los retrasos en las cancelaciones.

Hacienda definiría mecanismos para priorizar pagos

Además, la modificación del artículo 32 asigna nuevas responsabilidades al Ministerio de Hacienda.

La institución deberá crear mecanismos para priorizar la cancelación de facturas pendientes con micro y pequeñas empresas dentro de las entidades públicas.

El proceso se basará en informes presentados por las unidades financieras institucionales o por los responsables de cada área administrativa.

El objetivo es agilizar la gestión de cuentas por pagar del Estado y evitar atrasos prolongados.

Autoridades señalan impacto de los retrasos en empresas

El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul Steiner, explicó que la normativa actual establece el pago en 30 días, pero no contempla sanciones efectivas.

Según el funcionario, la reforma introduce una obligación directa. Las instituciones que paguen después del plazo deberán asumir intereses por el retraso.

Steiner aseguró que el Ministerio de Hacienda ya ajustó algunos procedimientos para que las instituciones públicas paguen las facturas de las MYPE dentro del plazo establecido.

Además, señaló que los atrasos pueden afectar seriamente a los negocios pequeños.

En algunos casos, indicó, empresas han cerrado operaciones porque el Estado tardó meses o incluso un año en cancelar las facturas.

Las MYPE representan la mayoría del tejido empresarial

Datos de Conamype indican que el sector de micro y pequeñas empresas en El Salvador domina el tejido empresarial.

En el país operan alrededor de 290 empresas grandes y 2,830 empresas medianas.

A ellas se suman 17,000 pequeñas empresas, cerca de 290,000 microempresas con entre cuatro y diez empleados y unas 840,000 con menos de cuatro trabajadores.

En conjunto, las MYPE representan el 99.6 % de las empresas salvadoreñas, según la institución.

Reforma genera cuestionamientos en la Asamblea

La iniciativa recibió dictamen favorable en comisión legislativa el lunes.

No obstante, durante el debate surgieron críticas sobre otros cambios incluidos en la reforma.

La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, cuestionó que el texto elimina referencias específicas a mujeres empresarias dentro de la normativa.

También señaló que la propuesta excluye a las universidades de la junta directiva de Conamype.

Falta información pública sobre deuda a proveedores

Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda no ha publicado el monto total adeudado por el Estado a proveedores por bienes y servicios.

En junio de 2025, la Asamblea aprobó una Ley de sostenibilidad fiscal que obliga a Hacienda a divulgar informes mensuales sobre atrasos en pagos estatales.

La normativa establece que el reporte debe incluir deudas por bienes, servicios y transferencias con más de 90 días de retraso en Tesorería.

Además, el informe debe detallar el movimiento de Letras del Tesoro (Letes) emitidas y canceladas.

Según la ley, el Ministerio de Hacienda debe publicar ese reporte durante los primeros diez días hábiles de cada mes.

El Gobierno de El Salvador elevó este lunes sus reservas de Bitcoin a 7,585.37 monedas, valoradas en más de 515 millones de dólares. Sin embargo, el valor total de esos activos digitales cayó más de 142 millones respecto al cierre de 2025.

La gubernamental Oficina Nacional del Bitcoin confirmó en la red social X la compra de una moneda adicional de la criptomoneda. La operación forma parte de una política de adquisición diaria impulsada por el Ejecutivo.

Con esta compra, el país centroamericano suma 67 bitcoines más que el registro del 31 de diciembre de 2025. En esa fecha, las reservas alcanzaban 7,518 monedas.

Reservas de bitcóin aumentan, pero el valor baja

Aunque el volumen de bitcóin en poder del Estado aumentó, el valor de mercado de las reservas disminuyó. El total pasó de 658.15 millones de dólares al cierre de 2025 a 515.53 millones actualmente.

La reducción equivale a una caída de 142.62 millones de dólares. En términos porcentuales, representa un descenso aproximado del 21.6 % en el valor de las reservas de criptomonedas del país.

Este cambio responde a la volatilidad del mercado del bitcóin. El precio de la criptomoneda ha registrado variaciones importantes en los últimos meses.

Estrategia de criptomonedas del Gobierno salvadoreño

El Salvador se convirtió en septiembre de 2021 en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. La criptomoneda comparte ese estatus con el dólar estadounidense.

La medida forma parte de la estrategia económica impulsada por el presidente Nayib Bukele. El Gobierno promovió el uso del activo digital para atraer inversión y fomentar la innovación financiera.

Además, el Ejecutivo impulsó incentivos para inversores vinculados al mercado de criptomonedas. Entre ellos figuran exenciones de impuestos relacionadas con ganancias en activos digitales.

Uso limitado del bitcóin en la vida cotidiana

Pese al impulso oficial, distintos estudios indican que el uso cotidiano del bitcóin sigue siendo bajo en el país. Más del 90 % de la población no lo utiliza de forma regular para pagos diarios.

Aun así, el Gobierno mantiene su estrategia de acumulación de criptomonedas. La política incluye compras periódicas de bitcóin para incrementar las reservas nacionales.

Evolución reciente del precio del bitcóin

El comportamiento del mercado también influye en el valor de las reservas salvadoreñas. El bitcóin cerró 2025 con una caída cercana al 6 %, aunque se mantuvo por encima de los 88,000 dólares.

Durante ese año, la criptomoneda alcanzó su máximo histórico en la sesión del 6 de octubre. En ese momento superó los 126,000 dólares por unidad.

Este lunes, el precio del bitcóin subía 2.6 % frente a la jornada anterior. La criptomoneda se cotizaba en 68,969.7 dólares.

Sin embargo, ese nivel sigue lejos del máximo registrado en octubre de 2025, cuando el activo digital alcanzó los 126,186 dólares.

La ministra de Economía, María Luisa Hayem, afirmó que el conflicto en Medio Oriente no provocará un impacto económico inmediato en El Salvador, aunque aseguró que el Gobierno mantiene monitoreo constante del mercado internacional.

Señaló que el Gobierno sigue de cerca la evolución del conflicto internacional y sus posibles efectos en la economía.

Durante una entrevista radial, Hayem explicó que las autoridades observan los cambios en el mercado energético global.

Sin embargo, la funcionaria aseguró que no prevén impactos económicos en el corto plazo ni en el mediano plazo.

Según indicó, el Ejecutivo mantiene vigilancia constante para responder ante cualquier variación relevante.

Alza del petróleo genera atención en mercados
El conflicto internacional ha generado volatilidad en el mercado energético.

El precio del petróleo West Texas Intermediate superó los 100 dólares por barril durante el fin de semana.

Este aumento se relaciona con tensiones en Irán y con el riesgo de interrupciones en el estrecho de Ormuz.

Ese corredor marítimo permite el tránsito de cerca del 20 % del petróleo comercializado a nivel mundial.
Por esa razón, cualquier conflicto en la zona suele generar cambios en los precios del crudo.

Gobierno afirma que el país está preparado
La ministra explicó que algunos factores internacionales escapan al control del país.
Aun así, indicó que el Gobierno mantiene seguimiento permanente para anticipar posibles efectos económicos.

Además, recordó que la administración del presidente Nayib Bukele aplicó medidas de alivio durante la crisis inflacionaria de 2022.

Según Hayem, esas acciones buscaron proteger a la población ante el aumento de precios internacionales.

Sector privado advierte sobre combustibles
Mientras tanto, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador advirtió que el conflicto podría influir en los precios de combustibles.

La gremial señaló que la volatilidad del petróleo podría trasladarse al mercado local en las próximas semanas.

Además, mencionó posibles efectos en la logística internacional y en las cadenas de suministro.

Estas condiciones podrían aumentar costos de transporte y presionar los precios de algunos productos.

Economía salvadoreña reporta crecimiento en 2025
Durante la entrevista, la ministra también se refirió al desempeño económico reciente del país.

Hayem señaló que 2025 fue un año con resultados superiores a lo previsto.

El Banco Central de Reserva de El Salvador publicará el informe final del crecimiento económico el 27 de marzo.

No obstante, la ministra adelantó que el producto interno bruto podría cerrar cerca del 4 %.
Según explicó, el sector construcción impulsó gran parte del crecimiento económico registrado durante el año pasado.

La Fiscalía General informó que cuatro ciudadanos italianos seguirán en prisión provisional mientras continúa el proceso judicial en su contra. La decisión se tomó durante una audiencia celebrada el 9 de marzo de 2026 en el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de El Salvador.

Los procesados son Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga.

El juez concluyó que existen suficientes indicios para mantener la detención mientras avanza la investigación.

Investigación por estafa y falsificación de marcas

La Fiscalía acusa a los imputados de estafa, violación de distintivos comerciales y agrupaciones ilícitas.

Según las autoridades, el grupo vendía herramientas eléctricas, generadores y maquinaria industrial falsificada.

Los productos se ofrecían como si pertenecieran a marcas reconocidas del sector industrial. Sin embargo, los artículos eran de baja calidad.

Los sospechosos colocaban calcomanías originales o imitaciones para simular que se trataba de equipos auténticos.

Las víctimas pagaron entre 700 y 1,600 dólares por cada unidad.

Ventas a través de redes sociales

Las investigaciones indican que los acusados promocionaban los productos en plataformas digitales.

Entre las redes utilizadas figuran Facebook, Instagram y WhatsApp.

En esas plataformas publicaban anuncios dirigidos a empresas y compradores particulares.

Las publicaciones mostraban maquinaria presentada como equipo profesional para construcción o generación de energía.

Empresa ficticia para aparentar legalidad

De acuerdo con la investigación fiscal, uno de los acusados afirmaba representar en la región a una empresa denominada CATLINE.

Las autoridades aclararon que esa empresa no tiene relación con la marca Caterpillar, fabricante internacional de maquinaria pesada.

Además, los sospechosos utilizaban facturas falsas y nombres de empresas inexistentes para dar apariencia legal a las ventas.

Entre las entidades mencionadas aparece una supuesta compañía llamada “Grupo Motores de R.L.”.

Capturas realizadas en San Miguel

La Policía Nacional Civil capturó a los cuatro italianos el 19 de febrero de 2026.

El operativo se realizó en San Miguel, en la zona oriental del país.

Las autoridades sostienen que el grupo formaba parte de una red dedicada a la falsificación de marcas y estafas con maquinaria industrial.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una alerta dirigida a la comunidad jurídica sobre mensajes fraudulentos que solicitan códigos de verificación para acceder al sistema SNE.

Según la institución, personas desconocidas envían mensajes a través de WhatsApp con el objetivo de obtener códigos de verificación bajo el argumento de habilitar notificaciones del sistema judicial.

El Órgano Judicial explicó que estos mensajes buscan engañar a los usuarios y obtener información que permita tomar control de cuentas o realizar acciones fraudulentas.

Advertencia a usuarios del sistema SNE

La advertencia se dirige especialmente a los usuarios del Sistema de Notificación Electrónica (SNE), utilizado para notificaciones y servicios vinculados al sistema judicial.

La Corte Suprema indicó que detectó intentos de fraude mediante solicitudes de códigos de verificación enviados por mensajería instantánea.

Por ello, la institución pidió a los usuarios no compartir códigos de verificación que no hayan solicitado a través de canales oficiales.

Además, recordó que el Órgano Judicial nunca pedirá enviar códigos de verificación por WhatsApp ni por otros medios informales.

Riesgo de fraude y control de cuentas

La institución explicó que compartir un código de verificación puede permitir que terceros tomen control de una cuenta de mensajería.

Este tipo de fraude digital suele utilizarse para suplantar identidades o acceder a información personal.

Por esa razón, el Órgano Judicial pidió a los usuarios actuar con cautela ante cualquier mensaje sospechoso que solicite datos personales o códigos de seguridad.

Asimismo, recomendó verificar siempre el origen de los mensajes antes de responder o compartir información.

Canales oficiales para consultas y reportes

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador también recordó que las consultas sobre el sistema SNE deben realizarse únicamente mediante sus canales oficiales de atención.

Los usuarios pueden reportar mensajes sospechosos o solicitar información a través del teléfono 2231-8359 o mediante el correo institucional csj.ddti.sne@oj.gob.sv

Además, el organismo reiteró que su sitio web oficial, Órgano Judicial de El Salvador, publica información actualizada sobre servicios y comunicaciones institucionales.