Judicial
Juez de EE. UU. relacionado con caso en El Salvador y Guatemala arrastra serios cuestionamientos de la ONU y del gremio de abogados
El expediente que ahora figura en tribunales y fiscalías en El Salvador y Guatemala no solo tiene cifras millonarias y acusaciones de fraude corporativo por la batalla legal del control por la empresa de telecomunicaciones que opera en Latinoamérica Continental Towers. Tiene también a otro protagonista: el juez federal Lewis A. Kaplan, magistrado del Distrito Sur de Nueva York, cuya trayectoria vuelve a ser examinada mientras escala la disputa y sus implicaciones penales en los países centroamericanos.
Kaplan fue quien confirmó en enero de 2023 un laudo arbitral por 354 millones de dólares contra Continental Towers, empresa con operaciones en varios países latinoamericanos. La decisión benefició a TPG Peppertree, fondo vinculado financieramente a estructuras relacionadas con Goldman Sachs, y terminó proyectando efectos más allá del ámbito mercantil: hoy roza investigaciones criminales activas en Centroamérica.
Pero el debate ya no se limita al arbitraje. El foco está puesto en el juez.
Un antecedente: la censura de Naciones Unidas
En septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU emitió la Opinión 24/2021, un documento técnico que cuestionó la actuación de Kaplan en el proceso contra el abogado ambientalista Steven Donziger, derivado del litigio Chevron Corporation–Ecuador.
El grupo calificó el procedimiento como una “asombrosa demostración de falta de objetividad e imparcialidad” y sostuvo que la detención de Donziger fue arbitraria. Entre los señalamientos figuraron la designación de fiscales privados tras la negativa del Ministerio Público federal y la admisión de testimonios controvertidos.
Aquella resolución no fue un episodio aislado. Decenas de premios Nobel y organizaciones jurídicas internacionales expresaron preocupación por el precedente. Aunque el caso Donziger es distinto al de Continental Towers, el patrón procesal descrito por la ONU reaparece hoy en los cuestionamientos formulados por actores centroamericanos.
El laudo que cruzó fronteras
La confirmación judicial del arbitraje en Nueva York parecía cerrar una disputa corporativa. Sin embargo, en paralelo, tribunales penales de El Salvador y Guatemala avanzaban en investigaciones propias.
En El Salvador, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado emitió difusiones rojas de INTERPOL contra ejecutivos de TPG Peppertree —entre ellos Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri— junto a empresarios guatemaltecos. Las acusaciones incluyen fraude millonario, estafa, extorsión y agrupaciones ilícitas en perjuicio de Continental Towers.
En Guatemala, el Ministerio Público dio un paso inusual: levantó la confidencialidad del arbitraje neoyorquino al considerar que la reserva no puede anteponerse a investigaciones penales de interés público. Además, advirtió que descalificar procesos soberanos desde un foro arbitral extranjero podría interpretarse como obstrucción de justicia.
La tensión jurídica es evidente: ¿puede un laudo privado limitar o desacreditar la persecución penal de un Estado?
En el texto del laudo confirmado por Kaplan, se consignan expresiones de descalificación hacia expedientes centroamericanos, lo que ha encendido aún más el debate en la región.
Conexiones bajo escrutinio
El trasfondo financiero tampoco ha pasado inadvertido. Entre los beneficiarios del laudo figura AMLQ Holdings, subsidiaria de Goldman Sachs, entidad que mantuvo relaciones comerciales con Jeffrey Epstein hasta 2010.
Kaplan fue socio durante más de dos décadas del bufete Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, cuyo expresidente, Brad Karp, y la exdirectora legal de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler, renunciaron en febrero de 2026 tras revelaciones del Departamento de Justicia estadounidense relacionadas con los archivos Epstein.
No existe, hasta ahora, una determinación judicial que establezca conflicto de interés directo. Sin embargo, el entramado corporativo ha alimentado cuestionamientos sobre la apariencia de independencia en un proceso que impacta a más de 1,100 empleados en ocho países latinoamericanos.
Soberanía vs. arbitraje: el choque de fondo
Lo que comenzó como una disputa accionaria entre TPG Peppertree y la guatemalteca Terra Towers por el control de Continental Towers se ha convertido en un caso testigo sobre los límites del arbitraje internacional frente a la jurisdicción penal de los Estados.
Para fiscales centroamericanos, ningún tribunal extranjero puede invalidar la persecución de delitos económicos cometidos dentro de su territorio. Para defensores del laudo, el arbitraje es un mecanismo legítimo de resolución de controversias comerciales.
En medio de esa colisión está Kaplan.
Un juez, múltiples controversias
El nombre de Lewis A. Kaplan vuelve así al centro de una tormenta jurídica internacional. No es la primera vez que su conducción de un proceso genera críticas formales de organismos multilaterales y asociaciones de abogados. Pero sí es la primera vez que una de sus decisiones tiene efectos tan directos sobre investigaciones penales soberanas en Centroamérica.
La pregunta que recorre despachos judiciales en San Salvador y Ciudad de Guatemala no es únicamente si el laudo fue correctamente validado bajo estándares neoyorquinos. Es si el magistrado que lo confirmó arrastraba antecedentes suficientes como para exigir un escrutinio más profundo.
Mientras tanto, el conflicto escala y la línea entre arbitraje privado y justicia penal pública se vuelve cada vez más delgada. Y en ese delicado equilibrio, el nombre del juez federal estadounidense continúa generando más interrogantes que certezas
Judicial
Ministro de Seguridad anuncia que cinco pandilleros salvadoreños detenidos en México enfrentarán cadena perpetua
El ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, anunció este lunes que cinco pandilleros detenidos en México enfrentarán procesos judiciales en su país y, según afirmó, “recibirán cadena perpetua”.
Entre los detenidos figura Remberto Ismael Colindres Rajo, alias “Little Man”, identificado por las autoridades como integrante del Barrio 18. Villatoro aseguró en sus redes sociales que los cinco capturados tienen antecedentes penales en El Salvador, aunque no detalló todos los delitos atribuidos a cada uno.
Los acusados fueron entregados en la frontera con Guatemala
Las autoridades también identificaron a Diego Omar Cañas Méndez, alias “Hermano de la Andrea”; Josué Antonio Acevedo Cruz; Juan Carlos González Valiente, alias “Seco”; y Luis Roberto Jandres, alias “Adobe”.
El ministro publicó fotografías del operativo y señaló que las capturas fueron oficializadas en México. Posteriormente, la Policía Nacional Civil de Guatemala informó que recibió a los cinco acusados en la frontera de El Carmen, Malacatán, departamento de San Marcos, para su entrega a las autoridades salvadoreñas.
Autoridades atribuyen vínculos con pandillas y otros delitos
Según el reporte de la policía guatemalteca, los detenidos pertenecen a Mara Salvatrucha y Barrio 18, y cuatro de ellos presentan tatuajes visibles asociados a estructuras pandilleras.
Las autoridades indicaron que “Little Man” posee antecedentes por agrupaciones ilícitas y extorsión. Además, señalaron que Cañas Méndez está acusado de agrupaciones ilícitas y de supuestos vínculos con un cartel de narcotráfico mexicano para la presunta distribución de armas.
El informe también atribuye a Acevedo Cruz cargos por agrupaciones ilícitas; a González Valiente, conocido además como “Kriky”, “Cachucha” o “Humilde”, cargos por agrupaciones ilícitas; y a Jandres, alias “Adobe”, acusaciones por homicidio agravado, privación de libertad, organización terrorista y resistencia.
Judicial
El Salvador registra 11 solicitudes de cadena perpetua en menos de tres meses desde la reforma penal
El Salvador registra al menos 11 solicitudes de cadena perpetua entre el 28 de mayo y el 3 de agosto de 2026, según un monitoreo de publicaciones de la Fiscalía General y de los tribunales del país. Las solicitudes corresponden a procesos iniciados tras la entrada en vigor de la reforma constitucional que incorporó la pena perpetua revisable al sistema penal salvadoreño.
La reforma comenzó a aplicarse el 14 de mayo de 2026. La Asamblea Legislativa la aprobó a finales de abril a petición del Ejecutivo. El nuevo texto constitucional establece que la cadena perpetua solo podrá imponerse por homicidio, violación y terrorismo, categoría que la legislación salvadoreña aplica a miembros de pandillas.
Además, el paquete incluyó 33 reformas adicionales al Código Penal, el Código Procesal Penal y otras leyes especiales.
Los primeros expedientes bajo la nueva legislación
El primer caso conocido ocurrió en el Juzgado de lo Criminal de Santa Ana. La Fiscalía solicitó cadena perpetua para dos hombres acusados de violación agravada contra una adolescente de 15 años. El hecho ocurrió el 21 de mayo y las autoridades lo divulgaron el 28 de mayo.
Posteriormente, el 31 de mayo, un tribunal de San Salvador abrió otro proceso contra un exagente policial de 65 años, acusado de violar a un menor de 12 años.
Durante junio, los juzgados reportaron seis procesos adicionales: dos por feminicidio agravado, dos por homicidio agravado y dos por violación.
El recuento de solicitudes fue divulgado por La Prensa Gráfica.
La norma prevé revisiones periódicas
La cadena perpetua en El Salvador es una pena revisable. Los tribunales podrán evaluarla cada 30 años para adultos y cada 25 años para menores.
Los hechos cometidos antes del 14 de mayo siguen sujetos a las sanciones anteriores.
Judicial
Tribunal especializado condena a más de 1,000 años de prisión a cabecillas de una red de narcotráfico y a abogados vinculados al caso
Un tribunal especializado de El Salvador condenó a 38 integrantes de la estructura criminal conocida como El Gremio, dedicada al tráfico de cocaína, por delitos relacionados con el narcotráfico. Entre los sentenciados figuran dos abogados, mientras tres de los principales cabecillas recibieron penas superiores a 1,000 años de prisión.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de Santa Ana, en el occidente del país, declaró culpables a los acusados por tráfico ilícito de drogas, agrupaciones ilícitas y conspiración y proposición para cometer tráfico ilícito.
Los principales líderes recibieron las penas más altas
El tribunal impuso 1,048 años de prisión a Leopoldo Ernesto Ramírez Godoy y Miguel Ángel Mazariego Martínez, alias “Rolex”, por los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito y conspiración y proposición para el tráfico de drogas.
Además, René Ernesto Martínez Salgado fue condenado a 1,038 años de cárcel por los mismos delitos.
Dos abogados fueron condenados por su participación en la estructura
Entre los condenados se encuentran los abogados Ronaldo Edgardo Carlos Hernández y Mario Eduardo Rogel Morales. El tribunal ordenó notificar a la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia para que inicie el procedimiento correspondiente sobre la suspensión del ejercicio de la abogacía mientras ambos cumplen las penas impuestas.
La sentencia también incluye a 10 imputados declarados en rebeldía. El juzgado emitió nuevas órdenes de captura para que, una vez sean localizados, ingresen a un centro penitenciario y cumplan las condenas.
Investigación permitió desarticular la organización
Las autoridades ejecutaron las capturas el 8 de noviembre de 2024 durante un operativo realizado en distintos puntos del departamento de Santa Ana. La investigación utilizó técnicas especiales que permitieron identificar y desarticular la estructura criminal.
Según el proceso judicial, El Gremio operaba principalmente en el occidente de El Salvador y utilizaba supuestos servicios de transporte como fachada para movilizar cocaína destinada a la distribución.
Judicial
Fiscalía General solicitará por primera vez cadena perpetua en El Salvador en un caso de homicidio
La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó que solicitará la pena de cadena perpetua contra Fredis Antonio Campos Álvarez, acusado de homicidio y lesiones tras un hecho de violencia ocurrido en el distrito de Yucuaiquín, departamento de La Unión, en el oriente del país.
La institución señaló que este es el primer caso conocido en el que solicita esa sanción desde que entró en vigor la reciente reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para determinados delitos graves.
Además del cargo de homicidio, el imputado enfrentará un proceso por lesiones en perjuicio de su sobrino.
La investigación apunta a una agresión dentro de una vivienda
Según la investigación fiscal, el crimen ocurrió durante una discusión entre dos hermanos en una vivienda.
La Fiscalía sostiene que Campos Álvarez atacó presuntamente a la víctima con un arma blanca. El hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.
Durante el mismo incidente, el hijo de la víctima intentó intervenir para defender a su padre. Sin embargo, también resultó lesionado, según la acusación del Ministerio Público.
La Fiscalía indicó que presentará al acusado ante los tribunales en los próximos días y solicitará que el proceso continúe con detención.
La nueva legislación amplió las penas para delitos graves
La posibilidad de solicitar cadena perpetua deriva del paquete de reformas penales aprobado por la Asamblea Legislativa en marzo de este año y vigente desde el 26 de abril.
La normativa permite imponer esa pena en delitos como homicidio simple y agravado, feminicidio, violación en sus distintas modalidades y pertenencia a organizaciones criminales o terroristas.
Con este requerimiento, la Fiscalía busca que los jueces determinen si el caso reúne los requisitos establecidos por la nueva legislación para imponer la pena máxima contemplada en el ordenamiento penal salvadoreño.
Judicial
Condenan hasta a 199 años de prisión a directivos del corporativo ARGOZ por estafa en El Salvador
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó hasta a 199 años de prisión a integrantes del corporativo ARGOZ por estafa agravada, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, en un proceso relacionado con la venta de terrenos que se remonta a la década de 1980.
La mayor pena fue impuesta a Leticia Farfán de Gómez, quien recibió 199 años de cárcel por 23 casos de estafa agravada, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. Sus hijos, Rodrigo Javier Gómez Farfán y Natalia Gómez Farfán, fueron condenados a 189 años de prisión por estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
Además, Edwin Omar Rivera López fue sentenciado a 37 años de cárcel; Mónica Iveth Sanabria de Uriarte, a 13 años; mientras que Javier Orlando Martínez Henríquez y Theodoro Portillo Pineda, juzgados en ausencia, recibieron cinco años de prisión por agrupaciones ilícitas.
Reparación para las víctimas
El tribunal ordenó que Leticia Farfán de Gómez, sus hijos, Edwin Omar Rivera López y Theodoro Portillo Pineda asuman la reparación civil. Los costos de legalización de las lotificaciones serán cubiertos con $297,000 incautados a Leticia Farfán de Gómez y un lote de joyas decomisado durante el proceso.
Investigación continuará en una segunda fase
Según la resolución judicial, ARGOZ creó varias sociedades que adquirían propiedades y posteriormente eran declaradas en quiebra. Esa práctica dejó a numerosos compradores sin escrituras, incluso después de haber pagado sus terrenos.
En esta primera fase, la Fiscalía presentó 23 casos de estafa agravada en perjuicio de 24 víctimas. El tribunal también aplicó la figura de autoría mediata en aparatos organizados de poder, al considerar que los principales responsables dirigían la estructura criminal.
La investigación continuará en una segunda etapa, que permanece en instrucción ante otro Tribunal Contra el Crimen Organizado de El Salvador.
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