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Gestión moderna del riesgo de LA/FT en El Salvador

Por: Nadia Marcela Mira Rosa | Gerente de Cumplimiento en BITCAPITAL SOLUTIONS

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“Este marco legal actualiza la legislación nacional para la prevención de delitos financieros, siguiendo los estándares internacionales de GAFI y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La entrada en vigor de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva marcó la evolución de un nuevo régimen para El Salvador en términos de prevención de delitos financieros. 

La Ley Especial deroga expresamente la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos contenida en el Decreto Legislativo No. 498, de fecha 2 de diciembre de 1998, así como cualquier regulación que la contradiga. Pero el legislador incluye una disposición transitoria práctica especial: el Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos (promulgado por el Decreto Ejecutivo No. 2 del 21 de enero de 2000) y la Instrucción para la Prevención, Detección y Control del Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva continuarán en vigor hasta que se proporcione la regulación e instrucción adecuada (bajo la nueva ley).

De cumplimiento a gestión de riesgos.

Uno de los principios fundamentales de la Ley Especial es la integración obligatoria de una lógica basada en riesgos como eje transversal del sistema. Bajo la legislación anterior, el cumplimiento se centraba en reportes estandarizados y respuestas automáticas, mientras que el nuevo marco demanda una metodología dinámica para identificar, analizar y mitigar riesgos, considerando el perfil del cliente, productos, canales, jurisdicciones y comportamiento transaccional.

Las organizaciones deben abandonar los sistemas estáticos y adoptar procedimientos documentados y adaptables a sus operaciones. La gestión de riesgos se convierte en una estrategia a largo plazo y un requisito que las entidades supervisoras deben justificar e implementar. La función de cumplimiento se consolida como parte estratégica de la gobernanza corporativa, influyendo directamente en la toma de decisiones.

Desafíos estructurales y de gobernanza.

La creación del Sistema Nacional para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Dinero y el Comité Interinstitucional para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Dinero (CIPLAFT) responde a la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional y armonizar la política pública en este ámbito. La inclusión de actores como el Banco Central de Reserva y la Comisión Nacional de Activos Digitales evidencia la ampliación del sistema hacia los sectores financieros y tecnológicos emergentes.

No obstante, el éxito de esta arquitectura depende de la coherencia técnica en los criterios y directrices aplicados. La falta de claridad o la interpretación variable de las normas puede generar confusión y transferir la carga regulatoria a los sujetos obligados.

Expansión del delito de lavado y su aplicabilidad.

La Ley Especial amplía la definición penal del lavado de dinero, abarcando nuevas conductas y recalibrando los delitos precedentes, reemplazando listas cerradas por elementos vinculados a la gravedad de las penas. Este enfoque, alineado con estándares internacionales, añade complejidad al análisis del riesgo criminal y exige a las entidades revisar sus métodos de evaluación, evitando una interpretación excesivamente amplia que derive en un cumplimiento defensivo y poco eficiente. La clave es evitar leer las cosas de manera demasiado amplia y resultar en un cumplimiento excesivo defensivo que podría socavar la capacidad preventiva del sistema o caer en el de-risking .

Sujetos obligados: exclusiones, nuevas inclusiones y retos

Uno de los cambios más relevantes respecto de la ley anterior es la redefinición del universo de sujetos obligados, que ahora se articula bajo un sistema nacional ampliado y coherente con la realidad financiera y tecnológica del país. La ley agrupa y actualiza sectores tradicionales, pero al mismo tiempo incorpora nuevos actores que antes no estaban expresamente comprendidos, elevando la cobertura preventiva del sistema antilavado.​

En sentido contrario, la lógica de la nueva ley permite una mejor delimitación de quiénes no deben ser tratados como sujetos obligados, reduciendo la tentación de aplicar regímenes de cumplimiento a actores que, por su naturaleza o exposición, no generan un riesgo proporcional. Para las entidades supervisadas, identificar correctamente qué actividades propias y de terceros quedan dentro o fuera del perímetro regulatorio se vuelve un ejercicio clave para evitar tanto omisiones sancionables como cargas desproporcionadas de cumplimiento.

Sujetos obligados en el ecosistema de activos digitales.

La ley reconoce explícitamente a los proveedores de servicios de activos digitales y bitcoin como sujetos obligados, reflejando la realidad económica local. Sin embargo, la implementación de esquemas de prevención en entornos digitales, móviles y blockchain plantea retos técnicos, como la identificación del cliente final, el rastreo de transacciones y la detección de actividades inusuales, requiriendo conocimientos especializados y un marco regulatorio preciso. Sin estos elementos, existe el riesgo de aplicar criterios rígidos sin métricas operativas adecuadas.

Debida diligencia, exclusión de clientes y enfoque en inclusión financiera

Otro quiebre respecto del marco anterior es el énfasis explícito en evitar la exclusión automática de clientes o sectores como respuesta defensiva al riesgo LA/FT, integrando principios de proporcionalidad e inclusión financiera. La ley deja claro que no es aceptable negar, restringir o cancelar servicios solo porque el cliente pertenece a cierto sector, tiene condición migratoria determinada, realiza actividades informales o ha sido objeto de señalamientos genéricos, sin un análisis de riesgo individual, objetivo y documentado.​

Desde una perspectiva operativa, esto obliga a los sujetos obligados a:

Diseñar y aplicar matrices de riesgo que permitan clasificar clientes en bajo, medio y alto riesgo, sustentando la decisión de aplicar debida diligencia simplificada, estándar o intensificada en criterios objetivos.​

Documentar de forma robusta las razones por las que se mantiene o cierra una relación, especialmente cuando se trata de sectores históricamente excluidos (por ejemplo, comercio informal, organizaciones de la sociedad civil o ciertas actividades en efectivo), evitando que el “de-risking” se convierta en la respuesta por defecto.​

Formar a oficiales de cumplimiento y áreas comerciales para que comprendan que la gestión de riesgo no es sinónimo de rechazo masivo, sino de analizar caso por caso y aplicar controles adecuados (monitoreo reforzado, límites transaccionales, revisiones periódicas, etc.).​

En este marco, la debida diligencia se articula en tres niveles: simplificada para clientes de bajo riesgo; estándar, que implica una identificación completa del cliente, beneficiario final, propósito de la relación y origen de fondos; e intensificada, dirigida a perfiles de alto riesgo, incluidos PEP, donde se exige análisis de fuente de riqueza, monitoreo permanente y mayor escrutinio de transacciones. Esta gradación permite, en teoría, equilibrar prevención y acceso, pero en la práctica exige inversión en sistemas, capacitación y metodologías de evaluación robustas

El desarrollo adicional de la Ley Especial es su posición sobre la reducción de riesgos. “La regulación establece expresamente que excluir automáticamente a clientes, sectores o actividades no es una práctica aceptable a menos que esté acompañada de una evaluación de riesgo individual, objetiva y documentada y debe seguir las reglas. Este enfoque reafirma el principio de proporcionalidad y apunta a un enfoque contra el lavado de dinero así como a la inclusión financiera. Su uso adecuado, sin embargo, requiere tanto madurez técnica de la parte obligada (es decir, las partes involucradas) como de supervisión (es decir, las contrapartes) para prevenir la supervisión de la exclusión defensiva.

Personas Políticamente Expuestas y regulación más estricta.

El tratamiento de las Personas Políticamente Expuestas (PEP) es una mejora con respecto a la legislación anterior. Para extender definiciones, alargar el período de exposición y proteger a familiares cercanos y asociados, la ley exige altos estándares de diligencia debida y monitoreo 24/7. Ya sea una regulación basada en evidencia o no, el contenido y la calidad de tales leyes estarán determinados por la disponibilidad de fuentes, la capacidad de actualizar los sistemas de filtrado o la capacidad de las entidades para analizar los datos. Un enfoque más formal puede sumar en el contexto de una carga operativa sustancial sin ahorros significativos en la mitigación de riesgos.

Cultura de cumplimiento y el papel del Oficial de Cumplimiento.

La Ley Especial también solidifica la figura del Oficial de Cumplimiento ya que su independencia funcional y vínculos directos se establecen con los organismos reguladores superiores. Este marco regulatorio se construye alrededor del principio de que el cumplimiento no puede ocurrir en un vacío, ni puede sacrificarse a una consideración comercial a corto plazo. Pero la regla no es garantía de una cultura de cumplimiento por sí sola. Esto requiere liderazgo, suficientes recursos y una comprensión institucional de que la prevención del lavado de dinero es imperativa para la sostenibilidad organizacional.

Régimen sancionatorio: mayor presión y necesidad de evidencia

La nueva Ley Especial introduce un régimen sancionatorio más robusto y graduado, que refuerza el carácter vinculante de las obligaciones de prevención y gestión del riesgo. Para las personas jurídicas, las infracciones graves y muy graves pueden conllevar multas que oscilan desde varias decenas hasta más de mil salarios mínimos, lo que en la práctica puede representar montos capaces de afectar de forma seria la solvencia y continuidad operativa de una entidad.​

Además de las multas, la ley habilita sanciones estructurales como la suspensión de operaciones, la inhabilitación de funcionarios, la cancelación de licencias e incluso la disolución de la entidad, medidas que antes estaban menos sistematizadas o se aplicaban de forma más restringida. En el ámbito penal, se mantiene y refuerza la severidad del delito de lavado de activos, con penas que pueden alcanzar hasta 15 años de prisión, acompañadas de la ampliación de las conductas típicas y de los delitos precedentes en un marco más abierto y alineado con estándares internacionales.​

En el día a día de los sujetos obligados, esto significa que ya no basta con tener políticas “en papel”; es imprescindible demostrar cómo estas se ejecutan, cómo se documentan los análisis de riesgo y cómo se justifican las decisiones de no reportar, de mantener o de cerrar relaciones comerciales. Cada omisión relevante (por ejemplo, no reportar una operación sospechosa dentro de los plazos, no implementar debida diligencia intensificada en clientes de alto riesgo o no conservar registros durante 15 años) puede desencadenar sanciones significativas, tanto económicas como reputacionales.

Al final, tanto el incumplimiento como un cumplimiento meramente defensivo o exagerado terminan debilitando el sistema: el primero por abrir brechas, el segundo por generar fricciones innecesarias y afectar la inclusión financiera. El verdadero desafío para los sujetos obligados en El Salvador es encontrar ese punto de equilibrio en el que cumplir la ley y gestionar bien el riesgo vayan de la mano y contribuyan a un sistema más íntegro, transparente y resiliente.

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Serfinsa fortalece plataformas tecnológicas para bancos y fintechs en Centroamérica

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La operación de los pagos digitales depende de plataformas tecnológicas capaces de conectar a bancos, fintechs y comercios dentro de un mismo sistema, un escenario donde la empresa Serfinsa se ha convertido en un referente. Ha desarrollado infraestructura para el procesamiento de pagos y hoy participa en la operación de instituciones financieras y plataformas digitales en Centroamérica.

Durante el último año la compañía ha reforzado su papel dentro del ecosistema financiero regional. Su estrategia se ha centrado en fortalecer una arquitectura tecnológica que permite procesar transacciones y habilitar servicios financieros digitales para distintos actores del mercado.

Leandro Guini, CEO de Serfinsa, explica que el enfoque de la empresa ha evolucionado hacia el desarrollo de infraestructura que conecta al sistema financiero regional. “Nuestra evolución ha estado marcada por el fortalecimiento de una arquitectura de pagos moderna, flexible y escalable”, afirma.

Según el ejecutivo, el rol de la empresa no se limita al procesamiento de transacciones. La infraestructura tecnológica también permite que bancos y plataformas de pago desarrollen nuevos modelos de negocio dentro de la economía digital.

“Hoy no solo procesamos transacciones; habilitamos modelos de negocio financieros más ágiles y preparados para competir en una economía cada vez más digital”, señala Guini.

Tecnología que habilita la digitalización de pagos

El impacto de estas plataformas se refleja en la operación diaria de bancos, facilitadores de pago y comercios que utilizan esta infraestructura para integrarse al ecosistema financiero digital. Serfinsa facilita que instituciones financieras y empresas integren servicios de pago dentro de su operación. Este modelo permite que comercios, emprendedores y empresas participen en el sistema financiero digital.

Javier Mayorga, director de negocios de Serfinsa, explica que estas soluciones buscan mejorar la eficiencia de las instituciones que operan dentro del ecosistema de pagos. “Nuestro impacto se refleja en la capacidad que hoy tienen nuestros clientes para operar con mayor eficiencia y velocidad en el mercado”, afirma.

La compañía también ha fortalecido su portafolio tecnológico con plataformas que cubren distintas etapas del negocio de pagos. Entre ellas se encuentran soluciones de procesamiento adquirente end-to-end, herramientas para emisión de tarjetas, plataformas para comercio electrónico y programas de lealtad integrados dentro de un mismo entorno tecnológico.

Inteligencia artificial y expansión regional

La empresa también ha incorporado inteligencia artificial y analítica de datos dentro de su operación. Estas herramientas se utilizan principalmente en la detección y prevención de fraude dentro del ecosistema transaccional.

Guini explica que la seguridad es uno de los pilares del modelo tecnológico de la empresa. “La inteligencia artificial juega un papel fundamental en la protección del ecosistema transaccional que operamos”, señala.

Los sistemas de monitoreo permiten identificar patrones de riesgo en tiempo real. Estos procesos se complementan con certificaciones internacionales de seguridad como PCI DSS, que establecen estándares para el manejo de información financiera.

La infraestructura tecnológica de la compañía también ha permitido que bancos, fintechs y plataformas de pago amplíen su operación en la región. Su arquitectura modular facilita la integración de nuevos canales de pago y productos financieros.

Para Mayorga, este modelo permite que las instituciones financieras se adapten con mayor rapidez a los cambios del mercado. “La escalabilidad de nuestra infraestructura ha sido clave para acompañar el crecimiento de bancos, fintechs y plataformas de pago en la región”, explica.

El desarrollo de la empresa también se apoya en alianzas con redes internacionales de pago como Visa, Mastercard y UnionPay, además de colaboraciones con bancos y socios tecnológicos.

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Monetae impulsa infraestructura digital para ampliar el acceso a la inversión en América Latina

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La evolución de las finanzas digitales está abriendo nuevas posibilidades para el acceso a inversión en América Latina. La empresa tecnológica Monetae, con sede en El Salvador, surge para enfocar su desarrollo en construir infraestructura financiera tecnológica que conecte el sistema financiero tradicional con la economía digital.

Fundada en 2021 y operando bajo la razón social Fintech Americas, S.A. de C.V., la compañía se especializa en el desarrollo, estructuración y administración de activos digitales dentro de marcos regulatorios formales. Actualmente, cuenta con la autorización de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) como proveedor de servicios de activos digitales y posee la licencia de Proveedor de Servicios de Bitcoin (PSB), operando bajo la normativa técnica del Banco Central de Reserva y la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Para Eduardo Saca Bahaia, CEO de Monetae, el enfoque de la empresa ha evolucionado hacia la construcción de infraestructura tecnológica que permita modernizar la forma en que se gestiona el valor en los mercados.

“En el último año dejamos de ver la tecnología como un producto. Lo que estamos construyendo es infraestructura para modernizar cómo se protege, se mueve y se multiplica el valor en América Latina”, explica.

La plataforma busca facilitar la participación en proyectos de inversión mediante herramientas tecnológicas que priorizan claridad operativa, cumplimiento regulatorio y acceso a nuevos instrumentos financieros. El modelo combina la lógica de las finanzas tradicionales con las capacidades de la tecnología digital para estructurar oportunidades vinculadas a proyectos de la economía real.

Reducir barreras en el acceso a la inversión

Uno de los ejes de la estrategia de Monetae ha sido reducir obstáculos que históricamente han limitado la participación en mercados de inversión.

“El impacto más importante es que estamos reduciendo barreras de acceso, de costo y de confianza que han dejado fuera a demasiadas personas”, señala Saca.

Desde la perspectiva de la empresa, la tecnología no debe utilizarse únicamente para digitalizar procesos existentes, sino para crear estructuras más claras y eficientes que permitan a más personas participar en nuevas oportunidades de inversión.

Para fortalecer la operación de la plataforma, la compañía ha incorporado herramientas de automatización y analítica que permiten mejorar la consistencia de los procesos y la experiencia de los usuarios.

“La automatización y la analítica funcionan como un músculo silencioso del negocio. No reemplazan el criterio humano, pero ayudan a ordenar, detectar y responder con mayor claridad”, afirma el ejecutivo.

Tecnología y regulación en los mercados digitales

El modelo de Monetae también incorpora tecnología blockchain para conectar activos del mundo real con instrumentos digitales. Entre sus iniciativas se encuentra la estructuración de emisiones de activos digitales respaldados por proyectos reales, incluyendo desarrollos inmobiliarios tokenizados bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador.

La empresa también trabaja con proyectos que utilizan esta infraestructura digital para estructurar instrumentos regulados, como iniciativas vinculadas a desarrollos productivos y financieros.

Para Saca, operar dentro de marcos regulatorios claros es un elemento central del modelo de negocio. “Innovar dentro de un marco regulatorio formal permite construir credibilidad a largo plazo y ofrecer claridad tanto a emisores como a inversionistas”, sostiene.

Con un equipo de aproximadamente 40 profesionales y una visión regional, Monetae proyecta continuar desarrollando su infraestructura tecnológica para conectar instituciones, empresas y personas en nuevos modelos de financiamiento e inversión en América Latina.

“El liderazgo tecnológico no consiste en ir más rápido que los demás, sino en construir sistemas que protejan, incluyan y operen con transparencia”, concluye Saca.

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DataTrust acompaña la transformación digital de sectores clave en El Salvador

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Aristos Technologies ha concentrado su crecimiento reciente en el desarrollo de capacidades que permiten a empresas operar con mayor estabilidad en entornos digitales. A través de su proyecto DataTrust, la compañía ha ampliado su alcance dentro del mercado local y regional, atendiendo la demanda de organizaciones que requieren soportar procesos críticos con altos niveles de disponibilidad y seguridad.

Durante el último año, la empresa ha evolucionado hacia un rol más activo dentro de la operación tecnológica de distintas industrias. Su propuesta se orienta a acompañar procesos de transformación digital en sectores que dependen del manejo continuo de información y de plataformas que no pueden detenerse.

“Durante el último año, Aristos Technologies con su proyecto DataTrust se ha consolidado como una de las plataformas de infraestructura digital más relevantes del país”, señala René Ramos, Gerente General, Grupo Aristos.

El data center de la empresa, certificado bajo estándar Tier III, permite alojar sistemas críticos y mantener la continuidad operativa de organizaciones que operan en entornos digitales.

Operación digital y continuidad empresarial

La disponibilidad de servicios tecnológicos con certificaciones internacionales ha facilitado que empresas locales y regionales trasladen sus operaciones hacia entornos más controlados. Esto incluye la gestión de datos, el desarrollo de plataformas digitales y la adopción de servicios en la nube.

“Al ofrecer infraestructura de data center con certificaciones internacionales, la compañía ha permitido que organizaciones locales y regionales migren hacia entornos tecnológicos más robustos”, indica Ramos.

Entre los avances recientes se encuentran certificaciones como PCI DSS, ISO 9001 e ISO 27001. Estos estándares permiten operar con procesos definidos para el manejo de información financiera, gestión de calidad y control de riesgos.

La empresa también ha incorporado herramientas de inteligencia artificial para optimizar procesos internos. Estas soluciones han permitido acelerar la implementación de estándares y mejorar la gestión de información en sus operaciones.

Escalabilidad, talento y alianzas

El crecimiento de DataTrust ha permitido atender a empresas de sectores como servicios financieros, comercio, telecomunicaciones, tecnología y manufactura. Estas organizaciones utilizan la plataforma para alojar sistemas, proteger datos y asegurar la continuidad de sus operaciones.

Este desarrollo ha estado acompañado por una estrategia enfocada en talento especializado. La empresa promueve la formación en tecnologías emergentes y estándares internacionales para fortalecer sus capacidades operativas.

A nivel de alianzas, Aristos Technologies trabaja con socios tecnológicos como Schneider Electric para el desarrollo de soluciones, y mantiene coordinación con entidades como el Ministerio de Economía e Invest in El Salvador para promover el país como destino de inversión tecnológica.

“Estas alianzas contribuyen a posicionar a El Salvador como un destino competitivo para el desarrollo de infraestructura digital”, explica el vocero de la empresa.

De cara a los próximos años, la compañía proyecta ampliar sus capacidades tecnológicas, fortalecer la conectividad para entornos híbridos y facilitar la adopción de herramientas como inteligencia artificial y analítica de datos.

Para Aristos Technologies, el desarrollo tecnológico está vinculado al crecimiento económico. “El liderazgo tecnológico implica generar infraestructura, conocimiento y confianza para que más organizaciones puedan desarrollarse en la economía digital”, concluye el ejecutivo de Grupo Aristos.

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Talento tecnológico salvadoreño impulsa proyectos globales desde Applaudo

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El desarrollo de software y las soluciones tecnológicas se han convertido en un componente clave para la operación de empresas y gobiernos.  Applaudo se ha desarrollado en la dirección correcta y ahora participa en proyectos de transformación digital para organizaciones en Estados Unidos, Europa y América Latina.

Durante el último año la compañía ha fortalecido su posición como socio nearshore para empresas que buscan acelerar procesos de innovación tecnológica. Su trabajo combina desarrollo de software, servicios de nube, análisis de datos e inteligencia artificial, con equipos que operan desde la región.

José Giammattei, CEO y cofundador de Applaudo, explica que la evolución de la empresa responde a una estrategia orientada a expandir sus capacidades tecnológicas y consolidar sus prácticas de ingeniería para acompañar a las organizaciones en procesos cada vez más complejos de transformación digital.

“Hoy las empresas necesitan socios tecnológicos que no solo desarrollen software, sino que entiendan el negocio, anticipen tendencias y ayuden a transformar ideas en soluciones escalables. Ese es el rol que buscamos jugar para nuestros clientes”, afirmó Giammattei.

Tecnología aplicada a empresas y gobiernos

La empresa también ha consolidado su presencia en proyectos para el sector público. Uno de los hitos recientes fue el reconocimiento Google Cloud Partner of the Year 2026 en la categoría de sector público para Latinoamérica.

“Esto demuestra cómo soluciones de alto impacto para los gobiernos nacen desde el talento salvadoreño de Applaudo y tienen el potencial de transformar realidades en distintos países”, afirma Giammattei.

Las soluciones que desarrolla la compañía se enfocan en modernizar plataformas digitales y mejorar la experiencia de los usuarios. El trabajo incluye desarrollo de aplicaciones web y móviles, automatización de procesos y adopción de inteligencia artificial dentro de organizaciones públicas y privadas.

Según Giammattei, el impacto de la tecnología se refleja en mejoras operativas dentro de las instituciones que implementan estas soluciones. “La tecnología reduce tiempos, mejora la competitividad y resuelve retos del día a día de empresas e instituciones”, explica.

Entre los proyectos desarrollados por la empresa se encuentran plataformas digitales para servicios públicos. Estas soluciones permiten a millones de personas acceder con mayor rapidez a trámites, servicios de salud y programas educativos en distintos países.

La compañía también utiliza metodologías de diseño centradas en el usuario para identificar oportunidades de innovación. Procesos como talleres de Design Thinking permiten analizar problemas y diseñar soluciones digitales que mejoren la experiencia de los usuarios.

Inteligencia artificial y talento tecnológico

La inteligencia artificial se ha convertido en un componente transversal dentro del modelo de trabajo de Applaudo. La empresa desarrolla herramientas internas basadas en IA para automatizar procesos y mejorar la eficiencia operativa.

“Applaudo es una empresa AI Native. Combinamos ingeniería escalable y talento regional para acelerar los ciclos de idea a resultado”, señala Giammattei.

Además del desarrollo tecnológico, la compañía ha puesto énfasis en la formación de talento digital en la región. Su estrategia incluye planes de crecimiento profesional, aprendizaje continuo y participación en proyectos internacionales.

“En Applaudo creemos que la transformación del país se acelera cuando conectamos oportunidades globales con capacidades locales”, afirma Giammattei.

En ese camino, la empresa ha ampliado su presencia en mercados globales. Actualmente trabaja con compañías Fortune 500 en Estados Unidos y colabora con organizaciones en sectores como retail, bienes raíces, energía, hospitalidad y deportes.

Su capacidad técnica y alianzas con proveedores como Microsoft, Google, AWS, Fortinet, entre otros gigantes tecnológicos, le permiten adaptar soluciones innovadoras que satisfacen demandas en diversas industrias, evidenciando un impacto positivo de su escalabilidad y expansión.

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Tigo fortalece su inversión y acelera la conectividad en El Salvador

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El desarrollo de la economía digital en El Salvador depende cada vez más de la capacidad del país para ampliar su infraestructura de conectividad. Tigo El Salvador ha concentrado su estrategia en fortalecer la red de telecomunicaciones, ampliar la cobertura y desarrollar soluciones tecnológicas que acompañen la transformación digital de empresas y ciudadanos.

Con más de tres décadas de operación en el país, la compañía mantiene una apuesta sostenida por el desarrollo de infraestructura digital. Según Álvaro Mayora, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Tigo El Salvador, la visión de la empresa parte de una idea clara: “en Tigo estamos comprometidos con construir autopistas digitales para desarrollar la conectividad y la digitalización del país”.

Actualmente la empresa presta servicios a más de tres millones de salvadoreños mediante soluciones móviles, residenciales y corporativas. Este alcance ha requerido inversiones constantes para ampliar la capacidad de red y responder al crecimiento sostenido en la demanda de datos.

Expansión de cobertura y llegada del 5G

Durante el último año, la compañía ejecutó un plan de expansión de su red móvil que permitió fortalecer la capacidad de conectividad y ampliar la cobertura LTE 4G en distintas zonas del país. El proyecto incluyó la ampliación del servicio en 92 distritos y permitió llevar conectividad a más de 250 mil personas. Como resultado de estas inversiones, el 95% de la población salvadoreña tiene acceso a una red móvil renovada. 

Un paso adicional se dio en octubre de 2025 con la introducción de la tecnología 5G en El Salvador. Con esta iniciativa, Tigo se convirtió en el primer operador en lanzar esta red en el país, incorporándolo al grupo de naciones de América Latina que ya cuentan con esta infraestructura.

“La expansión de 5G se está realizando de forma progresiva, priorizando áreas con alto dinamismo tecnológico, turístico y empresarial”, explicó Mayora.

Actualmente la red 5G de la empresa está disponible para más de un millón de salvadoreños en distintas ciudades del país, incluyendo Santa Ana, San Miguel, Ahuachapán y San Vicente. 

Tecnología para empresas y usuarios

La estrategia tecnológica de la compañía también se ha enfocado en el desarrollo de soluciones digitales para empresas. A través de su unidad Tigo Business, la empresa ofrece servicios de conectividad avanzada, soluciones multinube, ciberseguridad y redes empresariales apoyadas en alianzas con proveedores tecnológicos globales.

Estas soluciones buscan acompañar los procesos de digitalización que muchas empresas iniciaron durante la pandemia y que ahora forman parte de su operación cotidiana. El modelo incluye acompañamiento técnico especializado desde el diseño hasta la implementación de los proyectos tecnológicos.

En paralelo, la empresa ha incorporado herramientas de inteligencia artificial y automatización para mejorar la experiencia de sus usuarios. Entre ellas destacan asistentes virtuales y sistemas automatizados que permiten a los clientes gestionar servicios, realizar consultas o resolver incidencias de forma directa desde los canales digitales.

“Hoy la inteligencia artificial es una pieza clave en nuestros canales digitales y nos permite ofrecer soluciones más ágiles y personalizadas”, señaló Mayora.

La compañía también mantiene programas de educación digital orientados a ampliar las habilidades tecnológicas de la población. En 2025 estas iniciativas alcanzaron a más de 2,900 salvadoreños a través de proyectos de formación en uso seguro del internet, mentoría y capacitación digital.

Para Mayora, el rol de la empresa trasciende la conectividad. “Nuestro compromiso con El Salvador sigue intacto. Continuamos invirtiendo en infraestructura digital y ampliando la cobertura para impulsar el desarrollo del país”, afirmó.

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