La Corte Suprema de Justicia (CSJ) inició una serie de capacitaciones sobre el sistema de gestión anti soborno ISO 37001, que busca fortalecer la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones públicas.

Estas son impartidas por la Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos.
La inauguración de las jornadas estuvo a cargo del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez, quien también coordina la mencionada comisión.

El curso, dirigido a servidores públicos de diversas dependencias de la Corte, tiene como propósito dotar a los participantes de herramientas efectivas para detectar, prevenir y combatir las prácticas corruptas.

Durante su intervención, el magistrado Martínez destacó la importancia de este proceso formativo, invitando a los participantes a convertirse en agentes multiplicadores de una cultura de cumplimiento normativo.

“Les invitamos a aprovechar esta experiencia y fomentar una cultura de cumplimiento, cerrando las puertas a cualquier forma de corrupción que atente contra el patrimonio del país”, expresó.

Por su parte, Claudia Orozco, directora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Activos, enfatizó la relevancia de la norma ISO 37001 como un marco robusto para implementar un sistema de gestión antisoborno. Orozco subrayó que, a lo largo de las jornadas, se abordarán los principios fundamentales, las herramientas y las estrategias necesarias para prevenir, detectar y abordar el soborno en las actividades cotidianas de los servidores públicos.

Las jornadas de capacitación, que se extenderán a lo largo de 5 sesiones de 4 horas cada una, son organizadas por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Unidad de Recursos Humanos de la CSJ.

La inauguración del evento también contó con la presencia de Julio Alberto Chávez, gerente general de Administración y Finanzas de la Corte, quien expresó su respaldo a esta iniciativa en pro de la transparencia y la integridad institucional.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, anunció que hasta la noche del viernes las fuerzas del orden realizaron 34 detenciones en el cerco de seguridad montado en la populosa colonia 10 de Octubre, en el distrito de San Marcos, en San Salvador Sur. De estas, 13 están vinculadas a pandillas.

El funcionario aseguró en una entrevista televisiva que durante estas operaciones han incautado armas y droga, y se han utilizado agentes caninos (K9).

El lunes 28 de octubre, el presidente Nayib Bukele anunció una operación especial de seguridad con 2,000 militares y 500 policías para capturar a remanentes de las peligrosas pandillas que según los servicios de inteligencia del Estado se encontraban escondidos ahí.

Villatoro insistió en la importancia de transmitir confianza y tranquilidad a los más de 6 millones de salvadoreños, resaltando que el país ha avanzado significativamente en su lucha contra el crimen organizado.

“Hemos desmantelado ese Estado criminal paralelo. Nuestra estrategia avanza tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y cada día estamos más cerca de capturar a estos asesinos seriales”, agregó.

Villatoro también mencionó que El Salvador se ha convertido en un referente mundial en materia de seguridad, destacando que ha pasado de ser la capital del crimen a ser uno de los países más seguros del continente americano y del mundo.

“Cerrar octubre con sólo 4 homicidios intencionales es un logro significativo. A pesar de que esto pueda incomodar a algunos globalistas, contamos con el respaldo de la población salvadoreña, que apoya nuestro trabajo”, afirmó.

El Ministro explicó que, en el pasado, la impunidad en el país alcanzaba el 97%, lo que significaba que solo se resolvía el 3% de los homicidios. Sin embargo, la tasa de impunidad se redujo al 5% el año pasado. “Estamos destruyendo la rentabilidad del crimen”, concluyó Villatoro.

Josué Otoniel Guevara Alemán fue detenido por orden de la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser acusado de ejercicio ilegal de la profesión y despacho indebido de medicina.

La intervención de las autoridades se produjo después de una inspección rutinaria realizada el 10 de junio por el Consejo Superior de Salud Pública, en la que se constató que Guevara no contaba con las credenciales necesarias para ejercer la medicina.

Durante la inspección, el Consejo encontró que la clínica operada por Guevara no cumplía con los estándares requeridos, lo que llevó al cierre inmediato del establecimiento.

Posteriormente, las irregularidades fueron reportadas a la FGR, que procedió con la detención del acusado.
“Al momento del allanamiento (en la colonia Granillo) se incautaron medicamentos, cheques, equipo médico y otros objetos”, dijo la Fiscalía.

Ejercer la medicina sin la debida licencia y credenciales no solo pone en riesgo la salud de los pacientes, sino que también tiene graves consecuencias legales.

En El Salvador, el ejercicio ilegal de la profesión médica puede resultar en penas que incluyen multas significativas y, en casos extremos, prisión.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una nueva advertencia dirigida principalmente a los abogados, aunque aplica en términos generales a diferentes profesiones, instándolos a estar atentos a diversas señales de alerta en el ejercicio profesional.

Este llamado busca fortalecer la prevención de actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La CSJ señaló que ciertas acciones pueden considerarse atípicas y fuera de lo normal en la práctica legal, y es crucial que los profesionales estén atentos a ellas sean para identificarlas.

Entre las principales señales de alerta destacan:

Factores relacionados con el cliente: Los abogados deben prestar especial atención a las operaciones que no coinciden con la capacidad económica y el perfil del cliente. Esto incluye casos donde los ingresos o la actividad económica del cliente no justifican las transacciones que están realizando.

Factores relacionados con el servicio ofrecido: Se han identificado riesgos en situaciones donde los clientes realizan la compra de bienes inmuebles y efectúan el pago inicial en efectivo. Esta práctica, que puede parecer inusual, debe ser evaluada detenidamente, ya que podría ser indicativa de intentos de ocultar la procedencia de los fondos.

Factores geográficos: La CSJ también advierte sobre el origen de los clientes. Aquellos que provienen de países considerados de alto riesgo deben ser objeto de un escrutinio más riguroso. Las transacciones que involucran a personas de estas naciones pueden estar más propensas a actividades delictivas.

La advertencia de la CSJ insiste en la responsabilidad que tienen los abogados no solo de asesorar a sus clientes, sino también de actuar como guardianes del sistema legal, protegiendo la integridad del mismo al detectar y reportar posibles irregularidades.

El llamado a la vigilancia no es solo una medida preventiva, sino una obligación ética y legal que busca preservar la confianza en el sistema judicial de El Salvador.

La Corte Suprema enfatiza que la colaboración de los abogados es fundamental en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.

En un contexto donde la seguridad y la transparencia son prioridades, este recordatorio de la CSJ pone de manifiesto la necesidad de que los profesionales del derecho mantengan altos estándares en su práctica y estén alerta ante cualquier señal que pudiera comprometer la integridad del sistema.

La Corte Suprema de Justicia emitió un mensaje dirigido a los abogados y notarios del país, enfatizando la necesidad de implementar buenas prácticas para evitar su instrumentalización en el delito de lavado de dinero y activos.

Este llamado se enmarca en el contexto de un creciente enfoque en la prevención de actividades ilícitas que socavan la integridad del sistema financiero y legal.

Los abogados y notarios, como profesionales del derecho, desempeñan un papel crucial en la estructura legal del país, pero también pueden ser utilizados, sin saberlo, como herramientas para facilitar el lavado de dinero.

La Corte ha identificado varias prácticas comunes que podrían poner en riesgo la integridad de estos profesionales y, por ende, del sistema judicial.

Una de las formas más alarmantes de instrumentalización es la constitución de sociedades como negocios de fachada. Estos profesionales pueden, mediante sus oficios notariales, crear entidades que sirven únicamente como un vehículo para la entrada de fondos ilegales, ocultando así el verdadero origen del dinero.

Además, la creación de estructuras legales complejas puede dificultar el rastreo de los beneficiarios finales de las transacciones.

Este tipo de maniobras no solo compromete a los abogados y notarios, sino que también representa un desafío significativo para las autoridades en su labor de investigación y prevención del delito.

El asesoramiento legal también puede ser un punto crítico. Si bien es parte de su función ofrecer orientación, algunos abogados podrían inadvertidamente ayudar a sus clientes a llevar a cabo transacciones que aparentan ser legales, pero que en realidad están diseñadas para encubrir actividades ilícitas.

Finalmente, la compra y venta de inmuebles es otro ámbito de riesgo. Los notarios, al llevar a cabo escrituras de compraventa de bienes a precios inusuales, pueden facilitar la legitimación de dinero proveniente de actividades delictivas, lo que refuerza la necesidad de que estos profesionales ejerzan un control riguroso sobre las operaciones que manejan.

La Corte Suprema ha subrayado que la aplicación de buenas prácticas es esencial para mitigar estos riesgos.

Esto incluye la capacitación constante de los profesionales del derecho en materia de prevención del lavado de activos, así como la adopción de medidas que garanticen la transparencia y la legalidad en sus operaciones.

Con este mensaje, la Corte busca no solo proteger a los abogados y notarios de ser cómplices involuntarios en el lavado de dinero, sino también salvaguardar la confianza pública en el sistema judicial y financiero del país.

La prevención del lavado de activos es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los actores involucrados en el ejercicio de la ley.