Opinión
Una nueva generación de APP para transformar El Salvador
Por Christopher Cornejo | Analista de seguridad nacional, gobernanza e innovación.
Han pasado más de 10 años desde que El Salvador creó la Ley Especial de Asocios Público Privados (APP) que, en teoría, prometía modernizar la infraestructura nacional, atraer inversión y acelerar proyectos estratégicos para el desarrollo. Sin embargo, la realidad terminó siendo mucho más limitada que las expectativas que originalmente acompañaron aquella normativa aprobada en el año 2013.
Hoy, mientras la Asamblea Legislativa estudia una nueva Ley de Alianzas Público-Privadas, considero necesario abrir una discusión seria, técnica y responsable sobre por qué el modelo anterior no produjo los resultados esperados y por qué el país necesita una nueva generación de alianzas entre el Estado y el sector privado.
La discusión no debe centrarse en prejuicios ideológicos ni en discursos simplistas sobre “privatización” o “entrega del Estado”. Debe centrarse en algo mucho más importante: la capacidad real que tiene El Salvador para financiar, construir, operar y mantener infraestructura moderna en un contexto global cada vez más competitivo.
La ley vigente nació con buenas intenciones. Su objetivo era crear un marco jurídico que permitiera al Estado asociarse con empresas privadas para desarrollar infraestructura y servicios públicos mediante mecanismos de largo plazo.
La lógica detrás del modelo era clara: el Estado no siempre posee los recursos financieros, tecnológicos o técnicos suficientes para ejecutar grandes proyectos estratégicos, mientras que el sector privado sí puede aportar capital, innovación, eficiencia operativa y capacidad de ejecución.
Sin embargo, después de más de diez años de vigencia, el balance es difícil de ignorar: El Salvador prácticamente solo logró concretar un proyecto emblemático bajo esta normativa. Ese proyecto fue la modernización y ampliación de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, impulsado junto a CEPA y estructurado bajo el esquema APP.
Como es de conocimiento de todos, la iniciativa incluyó modernización logística, ampliación de capacidades y operación privada especializada, manteniendo la propiedad estatal de la infraestructura.
Más allá de este caso puntual, muchos otros proyectos quedaron atrapados entre estudios técnicos, procesos burocráticos, inseguridad jurídica, falta de decisión política o modelos institucionales demasiado lentos para responder a las necesidades del país.
Durante años se habló de concesiones portuarias, infraestructura ferroviaria, parques tecnológicos, sistemas logísticos y otros proyectos estratégicos que nunca llegaron a materializarse plenamente. Y aunque la ley sufrió reformas en 2014 y 2017 para mejorar su funcionamiento, los resultados continuaron siendo insuficientes.
Ese es precisamente el principal argumento detrás de la nueva legislación que actualmente estudia la Asamblea Legislativa: reconocer que el marco actual no logró convertir las APP en una verdadera herramienta que nos permitiera cumplir nuestros objetivos de desarrollo nacional.
Todos los que han comparecido ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión han sido claros al explicar que la nueva propuesta busca modernizar el modelo, reducir barreras, agilizar procesos y generar condiciones más atractivas para inversionistas nacionales e internacionales.
Entre los cambios más relevantes destacan la posibilidad de contratos de hasta 50 años, una mayor claridad institucional, mecanismos más robustos de supervisión fiscal y la creación de una Dirección Nacional de APP que permita centralizar capacidades técnicas y dar seguimiento especializado a los proyectos.
Y aquí es importante entender algo fundamental: los países que sí han logrado desarrollar modelos exitosos de alianzas público-privadas no lo hicieron únicamente por tener leyes bonitas.
Lo hicieron porque construyeron institucionalidad técnica sólida, seguridad jurídica, planificación estratégica y capacidad estatal para negociar y supervisar contratos complejos. Chile es probablemente uno de los mejores ejemplos en América Latina.
A través de su sistema de concesiones, logró modernizar carreteras, aeropuertos, hospitales y puertos durante décadas. Colombia avanzó agresivamente en infraestructura vial.
Perú desarrolló importantes concesiones aeroportuarias, energéticas y logísticas. Ninguno de esos países abandonó el rol del Estado; lo fortalecieron mediante mecanismos modernos de cooperación público-privada. Mientras nosotros en El Salvador debatíamos, otros países avanzaban.
Aquí, durante años predominó una mezcla de temor político, burocracia excesiva y poca capacidad técnica para estructurar proyectos bancables, competitivos y atractivos internacionalmente.
Por supuesto, eso no significa que toda APP sea automáticamente positiva. Las alianzas público/privadas deben tener límites claros, supervisión rigurosa, transparencia y mecanismos que garanticen la protección del interés público.
El Estado jamás debe renunciar a su capacidad regulatoria ni perder el control estratégico de sectores sensibles. Precisamente por eso considero importante que la nueva Ley mantenga restricciones relacionadas con seguridad nacional, inteligencia y áreas estratégicas del Estado. También entiendo que existan preocupaciones ciudadanas.
Parte del debate público reciente ha reflejado esos temores. Pero debemos evitar caer en extremos. Una APP no necesariamente significa privatización.
En la mayoría de modelos modernos, la infraestructura sigue siendo propiedad estatal mientras el privado participa en financiamiento, construcción, operación o mantenimiento bajo contratos supervisados y sujetos a fiscalización pública.
La verdadera pregunta no debería ser si el Estado debe asociarse o no con el sector privado. La pregunta correcta es: ¿Cómo construimos un modelo donde esas alianzas generen desarrollo real, inversión, empleo y mejores servicios sin comprometer el interés nacional?
Porque la realidad es evidente: El Salvador enfrenta enormes necesidades de infraestructura, logística, conectividad, modernización urbana, digitalización y servicios públicos.
Y pretender que el Estado podrá financiar absolutamente todo por sí solo resulta poco realista en el contexto económico actual, el Estado necesita ayuda del privado.
El mundo entero está compitiendo por atraer capital, cadenas logísticas, industrias tecnológicas y nuevas inversiones. Los países que no logren desarrollar infraestructura moderna y mecanismos ágiles de inversión quedarán rezagados.
Por eso considero acertado que la Asamblea Legislativa esté estudiando una nueva Ley de Alianzas Público-Privadas. No porque la Ley por sí sola resolverá todos los problemas estructurales del país, sino porque representa una oportunidad para corregir errores del pasado y construir un modelo más funcional, moderno y competitivo.
El verdadero desafío no será únicamente aprobar una nueva normativa. El reto será demostrar que esta vez El Salvador sí puede ejecutar proyectos estratégicos con eficiencia, transparencia y visión de largo plazo.
Si logramos combinar institucionalidad sólida, supervisión técnica, seguridad jurídica y planificación nacional, las APP podrían convertirse finalmente en una herramienta real para impulsar el desarrollo económico del país.
Y quizá entonces dejaremos atrás una década de leyes con pocas obras concretas para entrar, por fin, a una etapa donde las alianzas público-privadas sí generen resultados visibles para los salvadoreños.
