La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se unió a los llamados a prevenir el fenómeno de la conducción peligrosa, pidiendo a la ciudadanía a tomar conciencia sobre los riesgos legales que esta práctica conlleva.

A través de mensajes en redes sociales, la CJS instó a los conductores a ser más responsables al volante, haciendo especial énfasis en el respeto por las leyes de tránsito, que buscan salvaguardar tanto la seguridad de los conductores como de los peatones.

Conducción peligrosa y su riesgo legal

El Código Penal de El Salvador establece que la conducción peligrosa no sólo pone en riesgo la vida de las personas, sino que también está sujeta a severas sanciones.
Según la legislación vigente, existen tres acciones principales que son consideradas conducción peligrosa y que pueden derivar en consecuencias legales graves:

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas: Esta es una de las infracciones más comunes y graves, ya que el consumo de sustancias psicoactivas afecta la capacidad de reacción y el juicio del conductor, aumentando significativamente el riesgo de accidentes.

Participar en competencias o carreras en la vía pública: La realización de competencias de velocidad en calles y carreteras, también conocida como “street racing”, es una de las conductas más peligrosas, pues pone en riesgo la vida no solo de los participantes, sino también de los transeúntes y otros conductores.

Disputar la vía con otro vehículo: El desafío entre conductores por obtener la preferencia de paso o por adelantarse de manera imprudente, puede dar lugar a accidentes graves, especialmente cuando se realiza a altas velocidades o sin el debido respeto por las señales de tránsito.

Sanciones severas

Las consecuencias legales para quienes sean detenidos por conducción peligrosa son significativas. De acuerdo con el Código Penal, las sanciones pueden incluir:

Prisión: La pena privativa de libertad varía según la gravedad del delito. En algunos casos, puede ser de hasta 3 años de prisión, especialmente cuando se causa daño a otras personas o se pone en grave riesgo la seguridad pública (en algunos casos con agravantes puede conllevar penas de hasta 8 años).

Multas económicas: Además de la prisión, los infractores pueden enfrentar fuertes multas que buscan disuadir la repetición de estas conductas.

Suspensión de la licencia de conducir: En muchos casos, el conductor puede perder temporal o permanentemente su derecho a conducir, lo que implica una restricción significativa en su libertad para moverse por el país.

Un llamado a la prudencia

La Corte Suprema recordó que, si bien la conducción peligrosa es un delito, también es un comportamiento que se puede evitar con mayor conciencia y responsabilidad al volante. En este sentido, el mensaje es claro: “Maneja con prudencia y respeta las leyes”.
Las autoridades también han señalado que, además de las sanciones penales, la conducción peligrosa contribuye al incremento de los accidentes de tránsito, que siguen siendo una de las principales causas de muerte en el país.

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El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que los conductores que sean infraccionados a través del sistema de fotomultas en El Salvador tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para presentar su apelación.

Esta nueva medida, parte de la estrategia de control de tránsito, busca garantizar la transparencia y la posibilidad de defenderse ante cualquier error en la aplicación de las multas.

En una entrevista televisiva, Rodríguez detalló que aquellos que reciban una fotomulta podrán acceder a una plataforma en línea habilitada en el portal web del Viceministerio de Transporte (VMT), donde podrán presentar su objeción si consideran que la infracción no fue correctamente aplicada.

Tres etapas de validación

El proceso para imponer una fotomulta no es inmediato ni automático. Según explicó el ministro, se realizarán tres etapas de validación para asegurar la precisión en la aplicación de las sanciones:

Identificación inicial: El sistema de cámaras y el pesaje dinámico identificarán al conductor que cometió la infracción. Este paso se realizará mediante tecnología avanzada que garantiza una identificación precisa.

Verificación técnica: Tras la identificación, un equipo especializado revisará la información del conductor y de la infracción, asegurándose de que todos los datos sean correctos y la infracción haya sido correctamente cometida.

Revisión final: El último paso involucra una verificación adicional por parte de los equipos del VMT, quienes comprobarán que los equipos hayan operado correctamente antes de proceder a la aplicación definitiva de la multa en el sistema.

Estas validaciones están diseñadas para reducir los márgenes de error y asegurar que las multas sean aplicadas de manera justa.

¿Cómo apelar?

Los conductores podrán acceder al portal web del VMT para consultar las fotomultas impuestas en su contra, donde podrán ver no solo el detalle de la infracción, sino también las imágenes capturadas por las cámaras, las cuales servirán como prueba.
Rodríguez enfatizó que la transparencia es clave en este proceso y los ciudadanos podrán informarse de manera fácil y clara a través de las plataformas en línea de las autoridades de transporte, como el VMT y Sertracen.

Iniciativa en el bulevar Monseñor Romero

La implementación de las fotomultas comenzará en una de las zonas más conflictivas del país: el bulevar Monseñor Romero, donde, según el ministro, se han registrado varios accidentes en lo que va del año.

Algunos de estos siniestros involucraron vehículos con defectos mecánicos y rastras sobrecargadas, que circulan a altas velocidades sin control.

La incorporación de cámaras y sistemas de pesaje dinámico en esta zona busca justamente prevenir estos accidentes y mejorar la seguridad vial.
Según Rodríguez, el sistema de fotomultas tiene como objetivo no sólo sancionar a los infractores, sino también disuadir comportamientos peligrosos en las carreteras, contribuyendo a la reducción de accidentes y muertes en el tránsito.

Un proceso más ágil y seguro

Con la implementación de estas medidas, las autoridades esperan reducir la cantidad de infracciones sin sancionar y garantizar un sistema de transporte más seguro y ordenado.

Las fotomultas y el sistema de apelación permitirán, además, una gestión más eficiente y transparente de las infracciones viales.

El ministro concluyó su intervención recordando a la población que, a través del portal web del VMT, podrán acceder a toda la información relacionada con las infracciones cometidas, lo que les permitirá conocer las multas a tiempo y ejercer su derecho a apelarlas dentro del plazo establecido.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció que la comisión política llevará a cabo una serie de entrevistas a los 11 candidatos inscritos para ocupar la presidencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR), tras la vacante dejada por Roxana Soriano.

La elección del nuevo titular de la institución contralora será para completar el período para el que fue seleccionada Soriano y que finaliza en agosto de 2026.

En su declaración, Castro detalló que las entrevistas se realizarán en dos jornadas, los días jueves 14 y viernes 15 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde.

Los candidatos serán evaluados por los miembros de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y las entrevistas estarán disponibles para ser seguidas en tiempo real a través de las redes y medios oficiales del Legislativo. “En la Comisión Política acordamos entrevistar, en dos jornadas, a los candidatos a presidente de la Corte de Cuentas”, dijo Castro por medio de su cuenta en la red social X.

Desde el 27 de septiembre de 2024, la presidencia de la Corte de Cuentas está vacante, luego de que Roxana Soriano asumiera el cargo de presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Actualmente se encuentra bajo la dirección de dos magistrados: Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores, quienes ocupan los puestos de primer y segundo magistrado, respectivamente.

Los 11 candidatos a la presidencia

Son 11 aspirantes para liderar la Corte de Cuentas. Los candidatos provienen de diversos campos del derecho, la contaduría y la administración pública:

Carol Beatriz Murcia Carrillo: Abogada y notaria, especializada en derechos de la mujer, niñez y adolescencia. Actualmente se desempeña como inspectora general de Seguridad Pública.

Julio César Chacón Flores: Abogado y notario.

Gonzalo Octavio Ayala López: Abogado conocido por su postulación anterior como fiscal general. En 2019, pidió la cancelación del partido ARENA ante el Tribunal Supremo Electoral.
Julio César Figueroa Grande: Exmagistrado suplente de la CCR durante el periodo 2020 – 2023

Harold Iván Córdova Solís: Juez Segundo de Instrucción, conocido por su trabajo en el Tribunal Contra Crimen Organizado.

Lila Margarita Rosa de Lemus: Especialista en derecho administrativo, con experiencia en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación.

Sigfredo Alexis Ventura Bonilla: Licenciado en contaduría pública, actual jefe de equipo de auditores gubernamentales de la CCR.

Walter Salvador Sosa Funes: Licenciado en Ciencias Jurídicas con maestría en Derecho de Familia, ha laborado en el Ministerio de Trabajo.

José Luis Montalván Martínez: Maestro en gerencia pública.

María Del Carmen Martínez Barahona: Exmagistrada de la CCR.

José Arnoldo Gaitán Castro: Actual juez de cuentas de la Corte de Cuentas.

Con 57 votos de 60 posibles, la Asamblea Legislativa aprobó las leyes de Ciberseguridad y Seguridad de la Información y la de Protección de Datos Personales, un paso considerado significativo hacia la modernización del marco legal en un mundo cada vez más digitalizado.

Las nuevas legislaciones tienen como objetivo proteger la información de los salvadoreños en un entorno digital cada vez más vulnerable a ciberataques y delitos informáticos.

Ambas leyes establecen un marco normativo robusto que regulará el manejo y la protección de los datos en poder de las instituciones públicas y privadas, así como los datos personales de los ciudadanos en diversas plataformas.

Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información

Esta tiene como propósito principal garantizar la protección de los sistemas informáticos e infraestructuras críticas del país. La ley obliga a las instituciones que manejan datos a adoptar medidas de seguridad adecuadas para proteger la información de los salvadoreños, un paso importante para mantener al país a la vanguardia en tecnología.

La legislación, de acuerdo al diputado oficialista Walter Coto, combina aspectos de ciberseguridad con la protección de datos personales, lo que la convierte en un marco integral y moderno.

También obliga a la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado, que será responsable de elaborar y supervisar la política nacional de ciberseguridad, crear un registro de amenazas e incidentes, y auditar las instituciones que manejan información sensible.

Ley de Protección de Datos Personales

Establece las normativas para el tratamiento, almacenamiento y uso de la información personal de los ciudadanos. Esta legislación busca garantizar la privacidad de los salvadoreños y fortalecer su confianza en los servicios digitales proporcionados por el Estado.

Caleb Navarro, subjefe de la fracción de Nuevas Ideas, destacó que esta ley no solo protegerá los derechos de los ciudadanos, sino que también alineará a El Salvador con los estándares internacionales, lo cual es crucial para fomentar la inversión extranjera.

Asimismo, los ciudadanos tendrán el derecho de acceder a sus datos personales, solicitar correcciones o eliminaciones si estos son inexactos o innecesarios.

“El derecho a la privacidad es fundamental, y con esta ley lo estamos garantizando en la era digital”, afirmó la diputada Alexia Rivas. Con estas leyes, El Salvador se suma a países como Argentina, Brasil y Chile que ya cuentan con normativas similares y se consolida así como un líder regional en términos de protección de datos y ciberseguridad.

La creación de una agencia estatal para supervisar y regular estos temas muestra el compromiso del país por crear un entorno digital seguro y confiable.

Además de proteger a los ciudadanos de los ciberdelitos como fraudes y suplantación de identidad, la legislación establece un régimen sancionador para aquellos que incumplan las normas, lo que refuerza la confianza tanto de los usuarios como de las empresas.

Las leyes entrarán en vigor 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, y con ello, El Salvador se prepara para enfrentar los desafíos del siglo XXI en el ámbito digital.