El procurador general, René Escobar, sostuvo una reunión con Guillermo García, director de Whole Child International-El Salvador, para analizar y fortalecer las acciones conjuntas en favor de la niñez y adolescencia usuaria de los servicios de la institución.

Durante el encuentro, Escobar destacó el compromiso de la procuraduría con la mejora continua de los servicios que se brindan a esta población vulnerable, enfatizando el esfuerzo por establecer alianzas estratégicas que contribuyan a la garantía y protección de los derechos de los menores.

“Como Procuraduría General, estamos comprometidos con la mejora continua y con el fortalecimiento de alianzas que nos permitan beneficiar a esta población, así como velar por la garantía de sus derechos”, informó la institución.

Por su parte, Guillermo García expresó el interés de Whole Child International-El Salvador de continuar trabajando en conjunto con la PGR, asegurando que la colaboración entre ambas entidades es esencial para avanzar en la protección y bienestar de los niños, niñas y adolescentes que más lo necesitan en el país.

Esta ONG busca mejorar la calidad de vida de los niños en situación de abandono, abuso o institucionalización. Su objetivo es elevar la calidad de cuidado infantil en todo el mundo. Se enfoca en las causas específicas que dañan a los niños, como la baja calidad de atención y la falta de relaciones de cuidado estables, nutritivas y de alta calidad.

La Procuraduría General de la República emitió un recordatorio a todas las personas obligadas al pago de pensiones alimenticias sobre los plazos establecidos para la remisión de los pagos adicionales correspondientes a los “aguinaldos” de diciembre.

De acuerdo con el Decreto Legislativo número 140 de 1997, reformado en el año 2000, todos los responsables del pago de cuotas alimenticias deben realizar un pago adicional durante el mes de diciembre.

Este “aguinaldo” tiene características específicas dependiendo del tipo de ingreso de quien realiza el pago.

Para los asalariados, el pago adicional corresponde al 30% de su compensación económica o aguinaldo. Lo mismo aplica para aquellos que entregan personalmente o mediante depósito las cuotas alimenticias.

En el caso de las personas no asalariadas, el pago adicional debe ser equivalente al monto de la cuota alimenticia mensual que ya se haya establecido a favor de sus hijos o hijas.

Plazo para el pago y consecuencias legales

El plazo para la remisión de estos pagos adicionales es hasta el 1 de diciembre de 2024. La PGR advirtió que el incumplimiento de esta obligación puede generar responsabilidades legales tanto en el ámbito del Código de Familia como del Código Penal, lo que podría acarrear consecuencias jurídicas para quienes no cumplan con el pago en tiempo y forma.

Las instituciones públicas, autónomas, municipalidades, empresas privadas y personas naturales que están obligadas a realizar estos pagos deberán cumplir con esta normativa para evitar sanciones.

Atención al público y horarios de atención

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la PGR ha dispuesto un horario de atención especial en sus Unidades de Control de Fondos de Terceros, que estarán abiertas de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, sin interrupción al mediodía.

Además, las unidades también estarán abiertas los sábados 30 de noviembre, y los 14 y 21 de diciembre de 2024, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, para atender a los pagadores de las cuotas alimenticias.

El Ministerio de Hacienda recordó que la amnistía fiscal 2024, que permite a los contribuyentes con deudas tributarias ponerse al día sin recargos, intereses o multas, está por concluir.

El plazo de gracia vence el próximo 1 de diciembre.

La amnistía es una oportunidad única para aquellos que aún tienen pendientes declaraciones o pagos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Tesorería (DGT).

Marvin Sorto, director general de Impuestos Internos, destacó que, a través de esta amnistía, los salvadoreños pueden regularizar su situación tributaria de forma voluntaria y sin sanciones adicionales.

El funcionario subrayó que para facilitar el proceso, el Ministerio ha habilitado más de 17 Centros de Atención Express en todo el país, donde se brinda asesoría especializada y gratuita a los contribuyentes. Esta medida busca garantizar que todos tengan acceso a la información necesaria para aprovechar el beneficio antes de que termine el plazo.

La amnistía cubre una variedad de impuestos, incluidos aquellos gestionados por la DGII, DGA y los pagos pendientes ante la DGT cuya fecha de vencimiento haya sido antes del 31 de julio de 2024.

Además, se extiende a los intereses generados por multas de tránsito, aunque es importante aclarar que las multas en sí mismas no se exoneran. En su lugar, el contribuyente podrá eliminar los recargos por intereses si se pone al día con el pago de la deuda. Para quienes tengan multas de tránsito, también existe la posibilidad de fraccionar el pago en hasta nueve cuotas mensuales.

Sorto también informó que, para mayor comodidad, los contribuyentes pueden optar por un plan de pagos flexible, que permite saldar la deuda en hasta nueve cuotas.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció que la comisión política llevará a cabo una serie de entrevistas a los 11 candidatos inscritos para ocupar la presidencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR), tras la vacante dejada por Roxana Soriano.

La elección del nuevo titular de la institución contralora será para completar el período para el que fue seleccionada Soriano y que finaliza en agosto de 2026.

En su declaración, Castro detalló que las entrevistas se realizarán en dos jornadas, los días jueves 14 y viernes 15 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde.

Los candidatos serán evaluados por los miembros de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y las entrevistas estarán disponibles para ser seguidas en tiempo real a través de las redes y medios oficiales del Legislativo. “En la Comisión Política acordamos entrevistar, en dos jornadas, a los candidatos a presidente de la Corte de Cuentas”, dijo Castro por medio de su cuenta en la red social X.

Desde el 27 de septiembre de 2024, la presidencia de la Corte de Cuentas está vacante, luego de que Roxana Soriano asumiera el cargo de presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Actualmente se encuentra bajo la dirección de dos magistrados: Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores, quienes ocupan los puestos de primer y segundo magistrado, respectivamente.

Los 11 candidatos a la presidencia

Son 11 aspirantes para liderar la Corte de Cuentas. Los candidatos provienen de diversos campos del derecho, la contaduría y la administración pública:

Carol Beatriz Murcia Carrillo: Abogada y notaria, especializada en derechos de la mujer, niñez y adolescencia. Actualmente se desempeña como inspectora general de Seguridad Pública.

Julio César Chacón Flores: Abogado y notario.

Gonzalo Octavio Ayala López: Abogado conocido por su postulación anterior como fiscal general. En 2019, pidió la cancelación del partido ARENA ante el Tribunal Supremo Electoral.
Julio César Figueroa Grande: Exmagistrado suplente de la CCR durante el periodo 2020 – 2023

Harold Iván Córdova Solís: Juez Segundo de Instrucción, conocido por su trabajo en el Tribunal Contra Crimen Organizado.

Lila Margarita Rosa de Lemus: Especialista en derecho administrativo, con experiencia en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación.

Sigfredo Alexis Ventura Bonilla: Licenciado en contaduría pública, actual jefe de equipo de auditores gubernamentales de la CCR.

Walter Salvador Sosa Funes: Licenciado en Ciencias Jurídicas con maestría en Derecho de Familia, ha laborado en el Ministerio de Trabajo.

José Luis Montalván Martínez: Maestro en gerencia pública.

María Del Carmen Martínez Barahona: Exmagistrada de la CCR.

José Arnoldo Gaitán Castro: Actual juez de cuentas de la Corte de Cuentas.

Con 57 votos de 60 posibles, la Asamblea Legislativa aprobó las leyes de Ciberseguridad y Seguridad de la Información y la de Protección de Datos Personales, un paso considerado significativo hacia la modernización del marco legal en un mundo cada vez más digitalizado.

Las nuevas legislaciones tienen como objetivo proteger la información de los salvadoreños en un entorno digital cada vez más vulnerable a ciberataques y delitos informáticos.

Ambas leyes establecen un marco normativo robusto que regulará el manejo y la protección de los datos en poder de las instituciones públicas y privadas, así como los datos personales de los ciudadanos en diversas plataformas.

Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información

Esta tiene como propósito principal garantizar la protección de los sistemas informáticos e infraestructuras críticas del país. La ley obliga a las instituciones que manejan datos a adoptar medidas de seguridad adecuadas para proteger la información de los salvadoreños, un paso importante para mantener al país a la vanguardia en tecnología.

La legislación, de acuerdo al diputado oficialista Walter Coto, combina aspectos de ciberseguridad con la protección de datos personales, lo que la convierte en un marco integral y moderno.

También obliga a la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado, que será responsable de elaborar y supervisar la política nacional de ciberseguridad, crear un registro de amenazas e incidentes, y auditar las instituciones que manejan información sensible.

Ley de Protección de Datos Personales

Establece las normativas para el tratamiento, almacenamiento y uso de la información personal de los ciudadanos. Esta legislación busca garantizar la privacidad de los salvadoreños y fortalecer su confianza en los servicios digitales proporcionados por el Estado.

Caleb Navarro, subjefe de la fracción de Nuevas Ideas, destacó que esta ley no solo protegerá los derechos de los ciudadanos, sino que también alineará a El Salvador con los estándares internacionales, lo cual es crucial para fomentar la inversión extranjera.

Asimismo, los ciudadanos tendrán el derecho de acceder a sus datos personales, solicitar correcciones o eliminaciones si estos son inexactos o innecesarios.

“El derecho a la privacidad es fundamental, y con esta ley lo estamos garantizando en la era digital”, afirmó la diputada Alexia Rivas. Con estas leyes, El Salvador se suma a países como Argentina, Brasil y Chile que ya cuentan con normativas similares y se consolida así como un líder regional en términos de protección de datos y ciberseguridad.

La creación de una agencia estatal para supervisar y regular estos temas muestra el compromiso del país por crear un entorno digital seguro y confiable.

Además de proteger a los ciudadanos de los ciberdelitos como fraudes y suplantación de identidad, la legislación establece un régimen sancionador para aquellos que incumplan las normas, lo que refuerza la confianza tanto de los usuarios como de las empresas.

Las leyes entrarán en vigor 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, y con ello, El Salvador se prepara para enfrentar los desafíos del siglo XXI en el ámbito digital.