La inteligencia artificial comienza a ocupar un espacio más relevante en la modernización de la justicia salvadoreña. Ahora, incluso los aspirantes al Consejo Nacional de la Judicatura plantean cómo incorporarla sin trasladar las decisiones judiciales a las máquinas.

Al menos 5 de los 12 candidatos a magistrados entrevistados han incluido la IA entre sus propuestas. Sus planteamientos aparecen mientras distintas instituciones avanzan en herramientas digitales para procesar información, gestionar expedientes y apoyar investigaciones.

El cambio tecnológico, por tanto, ya no se limita a digitalizar documentos. El siguiente paso consiste en utilizar sistemas capaces de analizar grandes volúmenes de información y asistir a los funcionarios en tareas específicas.

El sistema judicial entra en una nueva etapa tecnológica

La Fiscalía General de la República ha impulsado una plataforma soberana de inteligencia artificial. La herramienta busca apoyar la gestión de expedientes y el análisis de grandes cantidades de datos.

Además, la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado actividades de capacitación sobre tecnologías emergentes y análisis de información.

Estos avances modifican el escenario en el que deberá trabajar el próximo Consejo Nacional de la Judicatura. El organismo tiene entre sus funciones la formación y evaluación de jueces y magistrados.

Por ello, la discusión sobre IA no se reduce a comprar programas o incorporar nuevas plataformas. También implica preparar a los funcionarios para utilizarlas correctamente.

Los aspirantes plantean distintos usos para la IA

Las propuestas conocidas hasta ahora muestran coincidencias, aunque también abren diferentes posibilidades.

Maritza Venancia Zapata Cañas plantea incorporar IA en la capacitación de funcionarios judiciales. Su propuesta prioriza el aprendizaje y los controles para evitar un uso sin supervisión.

Magdaleno de Jesús Novelo Rodríguez identifica otro beneficio: reducir tiempos en la tramitación de procesos. Sin embargo, considera que el análisis jurídico debe continuar bajo responsabilidad del juez.

Karla Cecilia Roque de Rodríguez propone avanzar hacia una transformación digital responsable. Entre los usos posibles menciona el apoyo para consultar jurisprudencia y doctrina.

Alba Geraldina Paredes de Bonifacio plantea crear un Departamento de Investigación e incorporar herramientas de inteligencia artificial. Eduardo Antonio Pérez Hernández también considera necesaria la transformación digital.

En conjunto, las propuestas apuntan hacia un modelo donde la tecnología acelere tareas, pero conserve al funcionario como responsable de las decisiones.

El principal limite está en quién toma la decisión

La discusión adquiere mayor relevancia porque una herramienta de IA puede procesar información rápidamente, pero no asume responsabilidad jurídica.

Ese punto aparece en las propuestas de los aspirantes. También coincide con los criterios establecidos por la Sala de lo Constitucional en marzo de 2026.

La Sala reconoció que la inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia de las instituciones. Sin embargo, alertó sobre riesgos como los sesgos algorítmicos y la discriminación.

Además, estableció que las labores judiciales deben contar con controles éticos y legales. La supervisión humana debe acompañar el uso de estas tecnologías.

El criterio también reconoce el derecho de las personas a contar con un juez humano y un procurador humano.

La capacitación será clave para la siguiente etapa

El avance de estas herramientas plantea una nueva exigencia para la formación judicial. Los jueces necesitarán conocer no solo las posibilidades de la IA, sino también sus límites.

Eso incluye identificar errores, detectar información sesgada y comprobar los resultados que produzca un sistema.

También será necesario establecer reglas sobre qué información puede introducirse en estas plataformas. La protección de datos y la confidencialidad de los
expedientes forman parte de ese desafío.

En este escenario, la propuesta de utilizar IA en las capacitaciones adquiere una dimensión más amplia. No se trata únicamente de enseñar a utilizar un programa.

El objetivo sería formar funcionarios capaces de decidir cuándo una herramienta resulta útil y cuándo puede generar riesgos para un proceso.

El debate ya no es si llegará la IA, sino cómo se utilizará

La expansión de herramientas tecnológicas en las instituciones salvadoreñas está llevando la discusión hacia una nueva fase.

La pregunta central para el próximo Consejo Nacional de la Judicatura será cómo integrar estas tecnologías en la administración de justicia sin debilitar las garantías judiciales.

Las propuestas de los candidatos muestran un punto de coincidencia: la IA puede asistir al sistema, pero no reemplazar el criterio humano.

El desafío estará en convertir ese principio en reglas, capacitación y controles concretos. De ello dependerá que la modernización tecnológica avance junto con la responsabilidad de quienes imparten justicia.

Los abogados interesados en realizar el examen de notariado 2026 en El Salvador todavía pueden inscribirse al proceso. El plazo concluirá el 12 de septiembre.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó que la evaluación se realizará en modalidad en línea durante diciembre. Las jornadas están programadas para el 12 y 13 de diciembre de 2026.

Registro se realiza mediante expediente electrónico

Los profesionales del derecho deben completar el proceso de inscripción mediante el Expediente Electrónico Único de Abogados.

La plataforma habilitada por el Órgano Judicial concentra la información oficial sobre el examen notarial. También permite consultar los requisitos establecidos para participar en la evaluación.

El periodo de inscripción comenzó el 29 de agosto y permanecerá abierto hasta el 12 de septiembre. Para más información: https:// servicios.csj.gob.sv

Evaluación tendrá dos jornadas en diciembre

El examen de notariado 2026 se desarrollará durante dos días, según el calendario divulgado por la Corte Suprema de Justicia.

La evaluación se realizará completamente en línea. Por ello, los abogados deberán atender las indicaciones técnicas establecidas por las autoridades judiciales.

La CSJ recomienda consultar únicamente los canales oficiales para conocer los requisitos, instrucciones y demás detalles del proceso.

Solo 5.33% aprobó el examen en 2025

Los resultados de 2025 reflejan el nivel de aprobación de la convocatoria más reciente.

La Corte Suprema registró 9,505 abogados inscritos para ese proceso. De ellos, 7,843 cumplieron con el simulacro obligatorio y 7,533 asistieron al examen.

Finalmente, 7,496 abogados iniciaron la prueba. Otros 37 acudieron, pero no realizaron la evaluación.

La Corte reportó 418 aprobados, equivalentes al 5.33% de quienes iniciaron el examen. Además, anuló 107 pruebas.

El examen de 2025 se realizó los días 6 y 7 de diciembre. La Corte habilitó aulas virtuales con infraestructura tecnológica para apoyar el desarrollo de las jornadas.

2024 registró una aprobación cercana al 10%

La convocatoria de 2024 contó con más de 5,000 abogados examinados, de acuerdo con las cifras proporcionadas para este proceso.

La tasa de aprobación rondó el 10%. Ese porcentaje superó los registros de 2023 y 2025.

En términos generales, el resultado significó que aproximadamente uno de cada diez abogados evaluados consiguió superar la prueba.

El proceso de 2024 también estuvo marcado por reportes de la Corte Suprema sobre supuestos ciberataques durante las jornadas de evaluación virtual.

En 2023 aprobó alrededor del 6%

La convocatoria de 2023 registró 5,726 abogados que realizaron el examen.

La tasa de aprobación alcanzó aproximadamente 6%. Esto equivale a unos 336 aspirantes.

Por tanto, cerca del 94% de los participantes no consiguió superar la evaluación.

La cifra oficial que aparece en los registros de la Corte para 2023 es de 5.67% de aprobación.

La modalidad virtual comenzó en 2021

La Corte Suprema adoptó la modalidad en línea para el examen de notariado en 2021.

Ese año, la aprobación alcanzó 1.78%, según los datos presentados por la institución.

En 2022, el porcentaje aumentó a 7.93%.

Estos registros muestran variaciones entre convocatorias, aunque la mayoría de los participantes no logra aprobar la evaluación.

Los resultados muestran un filtro de alta exigencia

Las cifras de los últimos procesos reflejan una diferencia importante entre el número de abogados que realizan la prueba y quienes consiguen aprobarla.

En 2024, la aprobación rondó el 10%. Un año después, bajó a 5.33%, según el informe de la Corte Suprema.

Para 2026, los abogados interesados deberán completar la inscripción dentro del plazo establecido y prepararse para una evaluación que volverá a desarrollarse en línea.

Dónde consultar los requisitos

La información oficial sobre el examen de notariado 2026 está disponible mediante el Expediente Electrónico Único de Abogados.

Los interesados deben consultar esa plataforma para conocer los requisitos y las instrucciones correspondientes.

La Procuraduría General de la República (PGR) registró $35.2 millones en ingresos relacionados con obligaciones alimenticias entre junio de 2025 y mayo de 2026.

Durante ese período, las unidades encargadas de administrar estos fondos reportaron $34.9 millones en egresos. La gestión benefició, en promedio, a 28,740 personas activas.

Mujeres y hombres entre los beneficiarios

De acuerdo con la Memoria de Labores de la PGR, 14,503 mujeres y 14,237 hombres figuraron como beneficiarios activos durante el período.

Las Unidades Locales de Control de Fondos de Terceros gestionan la recepción y el pago de los recursos correspondientes a las obligaciones alimenticias.

Además, la institución implementó el Registro de Pensión Alimenticia (RPA). El mecanismo permite controlar y verificar estas obligaciones mediante coordinación con las unidades locales.

Hasta mayo de 2026, el registro contabilizaba 3,257 personas beneficiarias. Entre ellas figuran niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas mayores.

La atención incluye otros servicios de familia

La administración de pensiones alimentarias forma parte de los servicios que ofrece la PGR en materia de protección familiar.

Entre junio de 2025 y mayo de 2026, la institución atendió a 631,289 personas. En total, brindó 1,470,656 servicios en todo el país.

Por otra parte, la Procuraduría Especializada de Familia ofrece servicios para establecer cuotas alimenticias y actuar ante posibles incumplimientos.

Esta área también atiende procesos relacionados con matrimonios civiles, divorcios y filiación. Además, brinda otras actuaciones vinculadas con el derecho de familia.

Durante el período reportado, la Procuraduría Especializada de Familia registró 151,113 servicios. Asimismo, reportó 33,633 personas usuarias beneficiadas.

Con información de Diario El Mundo

La Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales y Misión Internacional de Justicia realizaron la primera reunión de seguimiento.

El encuentro permitió revisar los resultados obtenidos entre abril y junio en 13 distritos de El Salvador.

Durante ese período, los equipos identificaron casos de violencia en sus diferentes manifestaciones. Además, establecieron mecanismos de respuesta según las necesidades de cada persona.

El programa reúne a jueces, facilitadores judiciales y equipos técnicos. Su objetivo consiste en acercar los servicios de justicia a las comunidades.

Asimismo, el modelo busca ofrecer atención física, emocional y legal a víctimas de violencia.

El modelo busca acercar la justicia a las comunidades

La magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Elsy Dueñas Lovos, destacó el alcance del proyecto.

Según Dueñas, el plan representa una oportunidad para fortalecer la atención judicial en las comunidades.

Además, señaló que el modelo busca ofrecer respuestas más efectivas a quienes necesitan orientación, apoyo y protección.

Entre los distritos incluidos figuran La Libertad, Tamanique, Zaragoza, San Miguel y Chinameca.

También buscan fortalecer la denuncia

El programa contempla acciones para promover la denuncia de hechos de violencia.

De igual forma, pretende fomentar una cultura de paz y mejorar la convivencia en las comunidades.

La evaluación del primer trimestre permitirá ajustar el modelo de atención durante las siguientes etapas del plan piloto.

La Sala de lo Constitucional estableció que las alcaldías no pueden crear cobros municipales sin definir un servicio concreto a cambio. El criterio surgió de una tasa de $100 aplicada por San Rafael Cedros a postes y torres.

El cobro figuraba en una ordenanza del distrito de San Rafael Cedros, perteneciente al municipio de Cuscatlán Sur.

La norma establecía un pago de $100 por derechos de uso de suelo para postes o torres de electricidad y telecomunicaciones.

Sin embargo, la Sala concluyó que la disposición violaba la reserva de ley en materia tributaria. El tribunal consideró que la ordenanza no establecía una contraprestación municipal.

Una tasa requiere que la municipalidad entregue un servicio, permiso, licencia o autorización específica al contribuyente.

El caso llegó desde un tribunal administrativo

El proceso comenzó ante el Juzgado Tercero de lo Contencioso Administrativo de San Salvador.

Ese tribunal declaró inaplicable la disposición al considerar que el cobro tenía características de un impuesto.

La Fiscalía General de la República coincidió con ese criterio durante el proceso.

Por su parte, la alcaldía defendió la medida. El gobierno local argumentó que actuaba dentro de su autonomía municipal y conforme a la Ley General Tributaria Municipal.

La Asamblea tiene competencia sobre los impuestos

La discusión se centró en diferenciar una tasa municipal de un impuesto.

La Constitución reserva a la Asamblea Legislativa la creación de impuestos. Por ello, una alcaldía no puede establecerlos mediante una ordenanza.

En cambio, los municipios pueden cobrar tasas cuando existe un servicio o actividad específica que justifique el pago.

Con ese criterio, la Sala declaró inconstitucional el cobro incluido en la ordenanza de San Rafael Cedros.

El concejo deberá modificar la disposición

La Sala concedió tres meses para que el concejo municipal corrija el aspecto formal señalado en la sentencia.

El tribunal también estableció que la decisión no afectará los pagos realizados antes del fallo.

La Sala resolvió el caso el 22 de julio de 2026. El Diario Oficial publicó la resolución el 13 de agosto.

El fallo se suma a una serie de cuestionamientos

La decisión sigue a otro pronunciamiento de la Sala sobre cobros municipales a instituciones financieras de ahorro y crédito en La Unión.

En ese caso, el tribunal también cuestionó que una obligación tributaria se estableciera mediante una ordenanza municipal.

Los dos fallos colocan nuevamente bajo análisis los límites de la potestad tributaria de los gobiernos locales.