De 40 universidades e institutos de educación superior autorizados por el Ministerio de Educación en el país, sólo 20 ofrecen la carrera de licenciatura en ciencias jurídicas.
La comúnmente llamada derecho y ocasionalmente abogacía es, sin embargo, una de las 10 carreras más demandadas en El Salvador.

Aunque algunos de los centros de educación superior ofrecen la posibilidad de cursar las materias en línea, de las 2 decenas de universidades y escuelas que imparten la formación académica en jurisprudencia están en la capital o en sus inmediaciones.

Son 13 las universidades situadas en San Salvador, 1 en Santa Ana, 1 en Sonsonate, 3 en La Libertad, 1 en Chalatenango y 1 en San Miguel.
La proximidad geográfica de los centros de estudios incide en el acceso a la formación académica y las universidades situadas en áreas urbanas suelen ser más accesibles para los estudiantes, ya que cuentan con mejores infraestructuras de transporte y servicios.

La decana de la carrera, la UES

La primera y más grande universidad del país, la de El Salvador, comúnmente llamada “la Nacional”, fundada en 1841, es la institución de estudios superiores en servir la carrera desde hace más tiempo. A partir de 1843 se estableció la cátedra de “Cánones y Jurisprudencia”.

La segunda universidad más antigua, la Centroamericana (UCA), que data de 1965, ofrece la carrera desde su fundación.

La José Matías Delgado, fundada en 1977, ofrece desde ese mismo año la carrera.
Con el paso de los años, otras universidades surgieron y la oferta académica creció.

La Universidad Tecnológica (UTEC), nacida en 1981, es otro de los centros de estudios superiores con más tiempo formando abogados.

El Salvador, con casi 32,000 abogados, es uno de los países centroamericanos con mayor número de profesionales en esta rama.

Estas son las universidades salvadoreñas que forman abogados:

Universidad Católica de El Salvador (UES)
Universidad Centroamericana (UCA)
Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios
Universidad de Oriente (UNIVO)
Universidad de Sonsonate
Universidad Andrés Bello
Universidad José Matías Delgado
Universidad Evangélica de El Salvador
Universidad de El Salvador
Universidad Francisco Gavidia (UFG)
Universidad Luterana de El Salvador
Universidad Modular Abierta (UMA)
Universidad Nueva San Salvador (UNSSA)
Universidad Panamericana
Universidad Politécnica
Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM)
Universidad Monseñor Romero
Universidad Pedagógica
Universidad Tecnológica (UTEC)
Escuela Superior de Negocios (ESEN)

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha emitido un recordatorio a la comunidad jurídica sobre los pasos necesarios para obtener la autorización como abogado o notario, a través del Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados.

Los interesados deben ingresar al sistema (https://servicios.csj.gob.sv) y, si es su primera vez, realizar una actualización de su información personal.
El proceso inicia con el acceso utilizando su número de Documento Único de Identidad (DUI), junto con el número y la fecha del acuerdo de autorización de abogado o su Cuenta Electrónica Única (CEU) del Sistema de Notificación Electrónica (SNE).

Una vez dentro del sistema, los usuarios deben hacer clic en la pestaña “acuerdos” para visualizar y descargar los documentos relacionados con su autorización, ya sea como abogado o notario.

Además, para consultar la etapa del trámite de autorización, deben desplazarse hacia la opción correspondiente en el portal, donde podrán ingresar su DUI o número de expediente para verificar el estado de su solicitud.

La CSJ también enfatizó la importancia de la firma electrónica en este proceso, la cual garantiza la autenticidad de los documentos. Los abogados y notarios pueden validar sus documentos utilizando el validador de firma electrónica disponible en (https://vol.uanataca.com/es). Para ello, deben seleccionar el documento firmado, validar su autenticidad y generar un reporte en formato PDF.
Este procedimiento es universal y aplicable tanto para abogados como para notarios, reafirmando el compromiso de la CSJ con la modernización y transparencia en los procesos legales.

Además, instó a los profesionales del derecho a seguir estas indicaciones para asegurar una correcta tramitación de sus autorizaciones.

Sam Sasan Shoamanesh y su compromiso excepcional

El abogado canadiense Sam Sasan Shoamanesh fue galardonado con el Premio 2024 de la Asociación Internacional de Abogados (IBA) a la Contribución Destacada de un Profesional Jurídico a los Derechos Humanos. Este reconocimiento celebra su dedicación de más de dos décadas a la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho internacional, destacando su labor en la Corte Penal Internacional (CPI).

El anuncio del premio se realizó durante el Desayuno de Premios de la Sección de Interés Público y Profesional (SPPI) de la IBA, en el marco de su conferencia Anual 2024, que se llevó a cabo en la Ciudad de México.

Myra Garrett, presidenta de la SPPI, y las copresidentas del Comité de Derecho de los Derechos Humanos de la IBA, Wajiha Ahmed y Shirley Pouget, presentaron el galardón a Shoamanesh, subrayando su notable contribución a la promoción y protección de los derechos humanos.

Al recibir el premio, Shoamanesh expresó su agradecimiento a la IBA, señalando que este honor no solo refleja sus logros personales, sino también el trabajo colectivo y la importancia de la justicia penal internacional. “Debemos ser sinceros y consistentes en nuestro apoyo y aplicación de la justicia penal internacional”, afirmó, enfatizando que cada vida humana merece protección bajo la ley y que la civilización colectiva requiere más decencia y coraje en temas de justicia.

El abogado completó en junio de 2021 un mandato histórico como Jefe de Gabinete de la Fiscal de la CPI, donde jugó un papel crucial en la supervisión de operaciones y compromisos diplomáticos. Durante su gestión, la Corte amplió su trabajo a más de 14 investigaciones en conflictos globales, incluyendo crisis en regiones como Ucrania y Afganistán. Su liderazgo también fue fundamental en la implementación de reformas importantes y en la adopción de políticas pioneras relacionadas con los crímenes sexuales y de género.

Además de su labor en la CPI, Shoamanesh es cofundador del Instituto para las Preguntas del Siglo XXI (21CQ), que busca ofrecer soluciones a los problemas contemporáneos, incluyendo el fortalecimiento de la justicia penal internacional. El jurado del premio elogió su dedicación y compromiso con los derechos humanos, destacando que su trabajo ha inspirado a numerosas personas y organizaciones a unirse a la lucha por la dignidad humana y la justicia. Con este premio, la IBA reafirma su reconocimiento a aquellos que luchan incansablemente por los derechos humanos a nivel global.

San Sasan Shoamanesh, ganador del premio como abogado destacado en derechos humanos.

Vineetha MG comprometida con la justicia social

El Premio Pro Bono 2024 fue para la abogada india Vineetha MG, reconociendo su dedicación de más de 20 años en la defensa de comunidades y personas sin acceso a representación legal. Este galardón destaca su labor incansable en el ámbito del derecho pro bono.

Al enterarse de su selección, MG manifestó: “Me siento profundamente honrada y emocionada de recibir el Premio Pro Bono de la IBA. Agradezco a la IBA, LexisNexis y al Comité Pro Bono por este reconocimiento, que acepto con gratitud no solo en nombre de todos en Samvad, sino también en representación de los profesionales legales que luchan por la justicia igualitaria”.

Su discurso reflejó la importancia del trabajo pro bono y su impacto en las vidas de quienes más lo necesitan.

El Premio Pro Bono busca resaltar a los abogados que han demostrado un compromiso sobresaliente con el trabajo pro bono a lo largo de sus carreras. Vineetha MG, cofundadora y socia principal de Samvad Partners en Mumbai, es reconocida como una de las líderes en el campo del derecho, habiendo sido nombrada «Icono legal» y figurando en la lista de los «100 mejores abogados de la India» por la revista India Business Law Journal durante más de seis años.
A lo largo de su trayectoria, MG ha colaborado con numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) en diversas áreas, como la igualdad de género, la microfinanciación, la violencia de género, el abuso sexual infantil y la abolición del matrimonio infantil. Su enfoque basado en derechos ha sido clave en su trabajo pro bono, que también incluye la mentoría a nuevos graduados y colegas abogados, contribuyendo a la formación de la próxima generación de profesionales legales.

El jurado del premio elogió la dedicación de Vineetha MG al trabajo pro bono, destacando su influencia significativa en la India. En una declaración conjunta, el comité subrayó su sensibilidad hacia los problemas de marginación y su papel en la creación de un marco de políticas para la inclusión financiera.

Cineetha MG, ganadora del premio como abogada pro bono.

Mashal Aamir, la joven de premio

El Premio Anual al Joven Abogado Destacado de 2024 fue para Mashal Aamir, de Pakistán, por su incansable labor en la defensa de los derechos humanos en Corea del Norte y su compromiso académico con las minorías y comunidades vulnerables, especialmente las comunidades transgénero.

Durante la Conferencia Anual de la IBA 2024, Erika Villarreal, tesorera del Comité de Jóvenes Abogados de la IBA, entregó el premio.

Al recibir el galardón, Aamir expresó su agradecimiento, afirmando: “Este premio reconoce a las personas que represento. La violación del estado de derecho compromete nuestra responsabilidad colectiva en esta profesión. Necesitamos rendición de cuentas y recordar a quienes están alejados de sus poderes que la ley también puede alcanzarlos”.
Actualmente, Aamir trabaja con PSCORE, una ONG de derechos humanos con sede en Corea del Sur, donde aborda complejas disposiciones legales para proteger los derechos de los norcoreanos.

Ha representado a PSCORE ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ha promovido campañas para que el acceso a Internet sea considerado un derecho humano fundamental. Aunque no tiene afiliaciones directas con Corea del Norte, su labor busca asegurar que el estado de derecho sea respetado en esa región y en áreas vecinas.

Además de su trabajo con PSCORE, Aamir ha colaborado en el Examen Periódico Universal de Corea del Norte y ha elaborado informes sobre las condiciones de trabajo forzado de norcoreanos en Rusia. Su compromiso con los derechos humanos también se refleja en su investigación sobre las cárceles de Peshawar, donde entrevistó a prisioneros transgénero, mujeres y niños. En 2022, presentó sus hallazgos en la Universidad de Cambridge, donde su trabajo recibió reconocimiento público.

El jurado del premio destacó la excepcional trayectoria de Aamir, señalando su impacto en múltiples frentes, desde los derechos de las mujeres y niños en Pakistán hasta los derechos humanos en Corea del Norte. “Mashal está dejando su huella positiva en todas partes. A pesar de su corta carrera, ya ha abordado temas complejos y sensibles y, lo más impresionante, apenas está comenzando», afirmó el comité.

Mas Hala Aanir, ganadora del premio como Joven Abogada Destacada.

El abogado salvadoreño Eduardo Villacorta ha sido reconocido como el primer compatriota en recibir el Top Lawyers Awards, otorgado anualmente por el periódico Herald Community de Long Island, Estados Unidos.

Su destacado trabajo en casos de asilo, residencia y ciudadanía ha sido fundamental para este reconocimiento, tras más de una década de labor en Estados Unidos, donde reside desde 2011.
La carrera legal de Villacorta se inició en 2010 con su graduación en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana (UCA) en El Salvador. Posteriormente, continuó su formación en la Universidad de West Virginia, donde se convirtió en un miembro clave de la Clínica de Derecho de Inmigración.

“Me ofrecieron trabajar con el doctor Peñate, un abogado salvadoreño en Nueva York, quien me abrió las puertas en la ciudad”, relató Villacorta.
Su dedicación lo llevó a superar los exámenes de abogacía en Nueva York y Nueva Jersey, convirtiéndose en un abogado autorizado en ambos estados, así como en su país natal.

Desde su llegada a Long Island en 2015, Villacorta ha emergido como una figura prominente en el ámbito de la inmigración. En 2021, fundó la firma Villacorta Law Group, P.C., que ha asistido a numerosos salvadoreños en la obtención de residencias y ciudadanía, además de haber ganado múltiples casos de asilo.

“Estoy contento de ayudar a la población”, aseguró.
La creación de su propia firma presentó desafíos significativos, pero Villacorta los superó al confiar en su equipo y en el apoyo de la comunidad.
“Nuestros clientes saben que su caso es personal para nosotros”, enfatizó.

Adicionalmente, Villacorta es director legal de la Clínica de Inmigración de Long Island, establecida en 2023 por las Hermanas de San José para ofrecer servicios legales gratuitos a inmigrantes que no pueden contratar un abogado.
“Todos merecen una representación legal adecuada para proteger sus derechos”, afirmó.

Villacorta espera que su trayectoria sirva de inspiración para otros salvadoreños en Estados Unidos, recordando que las metas son alcanzables con esfuerzo y perseverancia.

Esta mañana, durante un programa televisivo, los aspirantes Augusto Romero Barrios, Francisco Díaz Rodríguez, Jorge Alfonso Quinteros y Jaime Mauricio Campos, manifestaron el porqué de sus intenciones de llegar a una silla en el Órgano Judicial.

Francisco Díaz, ex superintendente de competencias, mencionó que «Hace tres años me propusieron participar como candidato a Magistrado y lo había rechazado, pero en esta ocasión lo que me motiva a participar es la situación que tenemos en el país de desacato a las leyes».  A la vez, destacó que «La democracia y el estado de derecho son las formas perfectas para vivir en sociedad, pero requiere de ciertos requisitos como el respeto a la independencia de poderes. El Órgano Judicial debe de ser el fiel de la balanza en los pesos y contrapesos».

Por su parte, Augusto Romero Barrios, representante de la Asociación de abogados de oriente, manifestó que su experiencia como profesional del derecho es lo que me mueve a participar en la elección de candidatos a Magistrados. «Debemos de mejorar la imagen del órgano judicial para tener más autoridades y sus decisiones tengan peso», aseguró.

Así también, Jorge Quinteros, quien tiene más de 26 años de ejercer la judicatura y que actualmente se desempeña como magistrado suplente de la CSJ, mencionó que los funcionarios se deben a la población y creo que las sesiones de Corte Plena, con algunas excepciones, deben de ser públicas. Sobre el proceso de elección, dijo que «Entre los Abogados y la población hay desconfianza en el proceso de selección de cargos de segundo grado. La decisión de este nombramiento corre por parte de la Asamblea y deben de tomarse en cuenta los baremos, más que los padrinos políticos»

Jaime Campos, quien también ha desempeñado cargos en el sector público, informó que la «Motivación principal es el fortalecimiento de las instituciones en el marco del respeto al estado de derecho. La CSJ es muy mal evaluada y considero que debe de recuperar la confianza de la población».  Campos, aseguró que en la medida que haya buenos candidatos, “tendremos mejores magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es importante la transparencia al interior de la CSJ… la Corte Suprema es el último reducto del estado de derecho en el país, ante la controversia entre órganos de estado debe de prevalecer el criterio independiente y técnico de la CSJ»

Para elegir a los nuevos magistrados en la CSJ, se define una lista de 30 candidatos que es enviada a la Asamblea Legislativa. Los primeros 15 seleccionados se definen en elecciones abiertas, supervisadas y organizadas por la Federación de Asociaciones de Abogados (FEDAES) y los otros 15 candidatos se definen en el Consejo Nacional de la Judicatura, por medio de un proceso de inscripción y luego una votación en el pleno.