El Ministerio de Hacienda mantiene su campaña de divulgación de la amnistía fiscal provisional que ofrece a los ciudadanos una oportunidad para regularizar sus obligaciones tributarias. Marvin Sorto, director general de Impuestos Internos, subrayó la importancia de esta iniciativa, señalando que el período de gracia finalizará en solo 47 días.

La amnistía fiscal se presenta como una opción para que los contribuyentes se pongan al día con sus impuestos sin la carga de multas, recargos e intereses acumulados. Según Sorto, “la Amnistía Fiscal es la posibilidad para que la población no deje de pagar sus impuestos, pero sí que deje de pagar las multas, intereses o recargos que se generan al ser un período extemporáneo”.

Esto significa que aquellos que han incumplido con sus obligaciones tributarias pueden regularizar su situación sin enfrentar penalizaciones financieras adicionales. Es importante aclarar que el Ministerio de Hacienda no exonera las multas de tránsito, pero sí ofrece la posibilidad de exonerar los recargos e intereses que estas generan.

Además, los contribuyentes pueden optar por un plan de pago en hasta 9 cuotas, lo que facilita aún más el proceso de regularización. El director Sorto enfatizó que el proceso para acceder a la amnistía fiscal es sencillo y accesible gracias a la digitalización de los servicios del Ministerio.

Los ciudadanos pueden ingresar al portal del Ministerio de Hacienda, realizar las declaraciones pendientes o generar un nuevo Número de Identificación Tributaria (NPE) y completar el proceso con facilidad.

Con el tiempo corriendo, es esencial que los salvadoreños aprovechen esta oportunidad antes de que finalice el período de amnistía. Este esfuerzo no solo les permitirá regularizar sus obligaciones fiscales, sino que también contribuirá a fortalecer la economía del país al asegurar un mayor cumplimiento tributario.

Los tenedores de bonos salvadoreños presentaron ofertas para recomprar $1,756 millones al gobierno, dentro de un proceso que abarca un total de $7,199.5 millones en deuda con vencimientos entre 2027 y 2052.

El 4 de octubre, el gobierno salvadoreño lanzó una nueva invitación para que los inversionistas participaran en este proceso, el cual cerró el jueves a las 5:00 de la tarde (hora de Nueva York, 3:00 de la tarde de El Salvador).

Al finalizar la invitación, los inversionistas mostraron un interés notable, ofreciendo el 23.3 % del total pendiente en las nueve emisiones incluidas en la convocatoria, con una mayor demanda para los títulos con vencimientos próximos.

A través de un comunicado, el gobierno anunció que revelará el monto aceptado para cada serie de bonos después del cierre de la invitación el 15 de octubre de 2024, y la liquidación de las operaciones está programada para el 16 de octubre.

Para la emisión con vencimiento en 2027, los inversionistas ofrecieron $245.6 millones, lo que representa el 38.8 % de los $633.06 millones pendientes. Asimismo, se ofrecieron $172.9 millones, un 31.66 % de los $529.5 millones que vencen en 2029, y $354.66 millones de los $1,000 millones de la emisión de 2030, equivalente al 35.4 %.

En una nota de paso, el gobierno había ofrecido $1,000 millones, de los cuales los inversionistas mostraron interés por $182.6 millones, un 18.2 %. En cuanto a la emisión de 2034, se ofrecieron $38.7 millones de los $286.4 millones pendientes, un 13.36 %, mientras que para los bonos con vencimiento en 2035 hubo ofertas por $166.5 millones, un 16.6 %.

Para el vencimiento de 2041, los tenedores presentaron ofertas por $137.6 millones de una deuda total de $653.5 millones, lo que representa un 21.06 %. Además, se recibió interés del 30.41 % para los títulos que vencen en 2050, con $333.6 millones ofrecidos de un total de $1,097 millones.

En contraste, para los bonos con vencimiento en 2051 sólo se ofrecieron $124.4 millones, un 12.4 % de los $1,000 millones. Esta es la cuarta oferta de recompra lanzada por el gobierno de Nayib Bukele, un mecanismo utilizado por primera vez en 2022 durante una crisis de liquidez, ante el temor de no contar con los recursos suficientes para cumplir con un vencimiento en enero de 2023.

Desde entonces, se han realizado dos ofertas en 2022 y una tercera en abril de 2024 para títulos entre 2025 y 2029.

El vicepresidente de EXOR Estructuradores Financieros habló sobre los bonos soberanos de Paraguay y las oportunidades que abre el grado de inversión para dicho país.

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La ministra de Economía, María Luisa Hayem, presentó un ambicioso proyecto de Ley de Energía Nuclear ante la Asamblea Legislativa, con el objetivo de regular las actividades nucleares en El Salvador.

La propuesta otorga a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) la autoridad para conceder, suspender o revocar licencias relacionadas con el diseño, construcción y operación de instalaciones nucleares o radiactivas.

La administración del presidente Nayib Bukele tiene la meta de contar con un reactor nuclear para el año 2030, y como parte de este proceso, se planea capacitar a 400 personas en el manejo y regulación de estas tecnologías.

El proyecto también incluye la creación de dos nuevas direcciones bajo la DGEHM: la Dirección de Regulación de Energía Nuclear y la Dirección de Control y Supervisión de Energía Nuclear.

Si se aprueba, la DGEHM será responsable de la emisión de licencias, la imposición de sanciones y el establecimiento de un Registro Nacional de Fuentes de Radiación.
Las solicitudes para realizar actividades nucleares deberán presentarse ante la nueva Dirección de Regulación, que abrirá un plazo de 15 días hábiles para que se presenten oposiciones, seguido de una audiencia en un máximo de 10 días hábiles y una resolución en otros 10 días.

En caso de incidentes nucleares, los operadores serán responsables de compensar a las víctimas y remediar los daños ambientales, mientras que el Estado deberá implementar medidas de protección ante posibles riesgos. Además, se prevé la creación de un Programa Nacional de Inspección y Control, así como un Plan Nacional de Emergencia Nuclear.

Las sanciones por infracciones, que incluyen la negativa a inspecciones o la operación sin licencia, podrían oscilar entre $10,000 y el 10 % del costo total de la instalación nuclear, con la posibilidad de revocación de la licencia. Asimismo, el proyecto establece una responsabilidad civil mínima de $150 millones ante daños nucleares, aunque los derechos de indemnización se extinguirían en un plazo de 10 años.

El pasado julio, la Asamblea Legislativa creó el Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador (OIPEN) y derogó una ley de 1961 que permitía la participación de la Universidad de El Salvador en la Comisión de Energía Nuclear.

Desde su establecimiento, el OIPEN ha firmado un acuerdo con la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina, lo que facilitará la llegada de expertos para capacitar a profesionales salvadoreños.

Además, El Salvador ha ratificado la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, con el objetivo de garantizar indemnizaciones por accidentes nucleares, incluso transfronterizos.

La energía nuclear para fines pacíficos se refiere al uso de la tecnología nuclear para generar energía de manera segura y sostenible, así como para aplicaciones no bélicas, como la producción de electricidad, la medicina nuclear, la investigación científica y la agricultura.

Este enfoque busca aprovechar la fisión nuclear —el proceso mediante el cual los núcleos de los átomos se dividen para liberar una gran cantidad de energía— con el fin de reducir la dependencia de combustibles fósiles, minimizar el impacto ambiental y proporcionar soluciones innovadoras en diversas áreas, siempre bajo estrictas normas de seguridad y regulación.

El Banco Mundial ha ajustado a la baja su previsión de crecimiento económico para El Salvador, disminuyéndola del 3.2 % al 2.9 % para 2024. Esta modificación se dio a conocer durante la actualización de las perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, presentada por William Maloney, economista jefe de la institución, quien también pronosticó un crecimiento del 2.7 % para 2025.

Este es el tercer ajuste que realiza el Banco Mundial en relación con la economía salvadoreña para el próximo año. Inicialmente, en enero, se había proyectado un crecimiento del 2.3 %, que luego fue incrementado a 3.2 % en junio, alineándose con las proyecciones oficiales.
Maloney destacó el potencial de crecimiento en la región, incluyendo a El Salvador, Costa Rica y la República Dominicana, sugiriendo que un enfoque creativo y agresivo para atraer oportunidades de “nearshoring” podría ser clave para el desarrollo económico.

Por su parte, el Banco Central de Reserva (BCR) había estimado en junio que el crecimiento salvadoreño se situaría entre el 3 % y el 3.5 %. Sin embargo, el dinamismo económico del país se ha visto debilitado, especialmente después de reportar un crecimiento del 1.4 % en el segundo trimestre de 2024, la cifra más baja desde la pandemia de COVID-19.

Este crecimiento trimestral también se ha quedado rezagado respecto al 3.01 % del primer trimestre de 2024 y al 4.5 % registrado en el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con el BCR, siete de las 19 actividades económicas que componen el PIB experimentaron contracciones en el segundo trimestre.

Uno de los sectores más afectados ha sido la construcción, que sufrió una drástica contracción del 14.5 %, marcando el primer retroceso desde finales de 2021. Este sector había sido un motor clave de la actividad económica en los últimos dos años, con tasas de crecimiento de hasta 20 %.

Asimismo, la industria manufacturera, esencial para las exportaciones, ha acumulado nueve trimestres de contracción, cerrando en -0.49 % en el segundo trimestre.
El pronóstico del Banco Mundial para 2025 también se encuentra por debajo de la tasa del 3.2 % considerada para el presupuesto general de la nación para el próximo año. El ministro de Hacienda, Jerson Posada Molina, enfatizó que el gobierno está siendo “bastante cauteloso” con respecto a estas proyecciones.