La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente el plazo de medianoche de este lunes impuesto para repatriar a Kilmar Armando Ábrego García, un hombre de Maryland que fue deportado por error a El Salvador y encarcelado.
La suspensión, solicitada por el presidente Donald Trump, concede más tiempo para que ambas partes presenten sus argumentos.
La decisión fue tomada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien manejó el caso de emergencia, extendiendo el plazo hasta que se emita una decisión definitiva, lo que se espera en los próximos días.
Ábrego García, ciudadano salvadoreño, fue deportado el 15 de marzo, y actualmente permanece en una prisión de alta seguridad en El Salvador.
La apelación llegó a la Corte Suprema minutos antes de la fecha límite, que obligaba al gobierno de Estados Unidos a devolverlo antes de las 11:59 p.m. del lunes. Los abogados del presidente Trump reconocieron que la deportación fue un error administrativo, pero argumentaron que no era posible traerlo de vuelta debido a que está bajo custodia salvadoreña.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó en su intervención que ordenar la repatriación de Ábrego carece de precedentes y subrayó que la Constitución otorga al presidente la responsabilidad de gestionar la diplomacia exterior y las expulsiones, sin la intervención de los tribunales federales.
A pesar del reconocimiento del error en la deportación, el gobierno estadounidense mantiene que Ábrego debería estar encarcelado, incluso en El Salvador.
El caso ha generado una serie de controversias legales en torno a las políticas de inmigración de la administración Trump, que continúa con una drástica reducción de la inmigración y la deportación de personas, independientemente de su estatus legal en el país.
Este caso es particularmente significativo, ya que es la primera vez que el gobierno de Trump admite un error relacionado con las deportaciones a El Salvador.
El conflicto legal se remonta a hace varios años, cuando Ábrego fue considerado erróneamente miembro de la pandilla MS-13.
A pesar de que la acusación nunca fue corroborada, y de que en 2019 un juez de inmigración le concedió el estatus de protegido, evitando su deportación, Ábrego fue arrestado en marzo de este año, mientras viajaba con su hijo.
El Departamento de Policía del Condado de Prince George había etiquetado a Ábrego como miembro de la pandilla debido a su vestimenta, una acusación que él y sus abogados han desmentido.
En un fallo la semana pasada, la jueza de distrito Paula Xinis calificó la deportación de Ábrego como un “grave error” y un acto “totalmente ilegal”, destacando que el gobierno no tenía justificación para arrestarlo ni para enviarlo a una de las prisiones más peligrosas de El Salvador.
Mientras tanto, el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito rechazó la solicitud del gobierno de levantar la orden de repatriación, destacando que la administración no tenía autoridad para deportar a una persona legalmente residente en el país sin el debido proceso. La jueza Stephanie Thacker, que formó parte de la panel de apelaciones, subrayó que el daño irreparable en este caso es el sufrimiento de Ábrego mientras se encuentra detenido en El Salvador.
La Corte Suprema continúa evaluando el caso y decidirá en los próximos días si se debe permitir su regreso a Estados Unidos o si la deportación será definitiva.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio un paso importante hacia la modernización de sus servicios al recibir la certificación de inscripción en el Registro Nacional de Trámites de cinco procedimientos clave.
La entrega de los certificados estuvo a cargo de la directora del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), Mariana Gómez, al presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía.

El objetivo de este reconocimiento es eliminar las barreras burocráticas, optimizar la regulación y agilizar los trámites que la institución ofrece a los ciudadanos.

En su intervención, el presidente de la CSJ resaltó que este logro es fruto de un esfuerzo constante por modernizar los servicios judiciales.

“Con el esfuerzo permanente que ha realizado la institución en el marco del plan de modernización de los servicios, en estos seis meses de mi gestión, estamos alcanzando un momento clave para concretizar los planes de mejora regulatoria y obtener las certificaciones correspondientes”, afirmó.

Los cinco trámites registrados son: la autorización de abogados, la solicitud para la elaboración de sellos de abogado, la autorización de abogados para la función pública en el ejercicio del notariado, la solicitud para la elaboración de sellos de notario y la autorización de las hojas de Libro de Protocolo. Estos procedimientos, al ser certificados, buscan simplificar y agilizar los procesos administrativos dentro del sistema judicial.

La directora del OMR destacó la importancia de avanzar hacia una administración pública más moderna y eficiente. “La Ley de Mejora Regulatoria, el Registro Nacional de Trámites y la Ley de Procedimientos Administrativos son elementos fundamentales en la modernización de la administración pública. Estas herramientas no solo mejoran la eficiencia de los trámites, sino que también contribuyen a la transparencia de la gestión pública y crean un entorno más favorable para los ciudadanos, las empresas y la inversión pública”, aseguró Gómez.

Además, la ceremonia incluyó la entrega simbólica de los certificados a los jefes de las dependencias responsables de los trámites, como Rubén Atilio Meléndez, de la Sección de Investigación Profesional; José Roberto Hernández, de la Sección de Notariado; y Julia El Cid, de la Secretaría General.

Durante el evento también se entregaron diplomas de participación a los asistentes al Taller sobre Mejora Regulatoria, realizado en modalidad virtual durante el período 2024-2025, impartido por el OMR.

El taller, cuyo objetivo fue fortalecer el conocimiento institucional sobre la Ley de Mejora Regulatoria, abordó temas clave como la agenda regulatoria, los planes de mejora, el Registro Nacional de Trámites, la evaluación del impacto regulatorio y la plataforma tecnológica “Sí Mejora”.

La actividad contó con la participación de jefaturas, directores y personal administrativo de la CSJ, así como representantes del OMR, quienes ratificaron su compromiso con el proceso de modernización y eficiencia en el sistema judicial.

El gobierno de Donald Trump mantiene su postura firme respecto a la deportación de Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que, según medios de comunicación estadounidenses, fue deportado erróneamente a El Salvador, donde está encarcelado.
Los abogados del Ejecutivo estadounidense han argumentado que no puede ser obligada una nación extranjera a aceptar la repatriación de una persona, en este caso, Ábrego García.
Este sábado, los representantes legales del gobierno Trump expresaron que una orden judicial no puede forzar a un país a recibir a un individuo, y consideraron «constitucionalmente inaceptable» que una corte federal obligue a repatriar a Ábrego García a Estados Unidos.
El joven, quien fue deportado a El Salvador para cumplir una condena en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ha estado en el centro de una controversia legal debido a su estatus migratorio.
El gobierno de Estados Unidos había reconocido previamente que la deportación de Ábrego García fue un error, dado que el salvadoreño tiene estatus legal en el país. En respuesta a esta situación, la jueza federal Paula Xinis emitió el viernes pasado una orden que instruye al gobierno estadounidense a «facilitar y concretar» el retorno de Ábrego García.
La jueza calificó de «ilegal» la deportación y otorgó un plazo hasta el lunes 7 de abril a las 11:59 p.m. para que la repatriación se lleve a cabo.
Sin embargo, los abogados del gobierno de Trump sostienen que una orden judicial que exige a un gobierno interactuar de manera específica con otro país es «constitucionalmente intolerable».
Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia, manifestó su frustración por la situación, subrayando que Ábrego «no debió haber sido deportado» y lamentó la falta de respuestas claras sobre el caso.
Kilmar Ábrego García, de 29 años, llegó a Estados Unidos en 2019 bajo un estatus migratorio protegido, tras argumentar que huía de amenazas de pandillas en El Salvador.
A pesar de su estatus legal, la administración Trump sostiene que Ábrego pertenece a la pandilla MS13, una acusación que ha generado polémica y ha intensificado el debate sobre la legalidad de su deportación.

ECIJA El Salvador, uno de los despachos legales más destacados del país, celebró con gran éxito la inauguración de su nueva sede corporativa, marcando un importante avance en su trayectoria y consolidando su posición como líder en el ámbito legal de la región.
Este importante evento, que refleja su crecimiento sostenido y su firme compromiso con la excelencia, también coincidió con un momento trascendental: la reciente fusión estratégica de ECIJA con LEXARTIS.

Un entorno moderno para impulsar el futuro del Derecho
Las nuevas oficinas están diseñadas con un enfoque vanguardista, brindando un entorno de trabajo moderno y funcional que potenciará aún más la calidad y eficiencia de los servicios legales que ofrece ECIJA El Salvador.
En este espacio innovador, la firma continuará brindando soluciones legales especializadas en áreas clave como derecho corporativo, protección de datos, propiedad intelectual, tecnología y más. Con una visión clara hacia el futuro, ECIJA El Salvador apoya el crecimiento y la transformación digital de sus clientes, tanto en el país como en la región.

Compromiso con la innovación y el crecimiento regional
El evento de inauguración fue presidido por Alfredo Navas Duarte y Francisco Molina, socios directores de ECIJA, quienes destacaron la relevancia de este logro dentro del plan estratégico de expansión de la firma.
Ambos enfatizaron que la fusión con LEXARTIS ha reforzado significativamente su capacidad para ofrecer servicios legales de primer nivel, alineados con las necesidades actuales de un entorno empresarial cada vez más dinámico y globalizado.
Este nuevo capítulo en la historia de ECIJA El Salvador refleja el firme compromiso de la firma con el desarrollo del ecosistema empresarial del país, con un enfoque claro en la innovación y en ofrecer soluciones legales de vanguardia que impulsan el crecimiento sostenible de sus clientes.

Un encuentro de visión global
La inauguración no sólo fue una oportunidad para recorrer las modernas instalaciones, sino también para estrechar lazos dentro de la red global de ECIJA.
El evento contó con la presencia de socios de ECIJA Guatemala, México, Nicaragua y Colombia, quienes participaron activamente en esta celebración, reforzando así la visión de crecimiento regional y consolidando una red de colaboración estratégica en América Latina.
Además, la inauguración fue acompañada por figuras clave del ámbito gubernamental y empresarial, entre ellas la ministra de Economía, María Luisa Hayem, y el ministro de Educación, José Mauricio Pineda, quienes expresaron su apoyo al crecimiento y consolidación de ECIJA en El Salvador.
La presencia de representantes de diversas industrias también subrayó la importancia de este evento para el ecosistema empresarial del país.

ECIJA El Salvador: Un socio estratégico para el éxito legal y empresarial
Con más de 16 años de presencia internacional, ECIJA es una firma legal de renombre, conocida por su enfoque innovador y especializado en diversas ramas del derecho.
En El Salvador, esta se ha consolidado como un referente clave para empresas y particulares, brindando soluciones legales integrales que abarcan desde el derecho corporativo hasta la protección de datos y la propiedad intelectual.
La reciente fusión con LEXARTIS ha permitido a ECIJA El Salvador ofrecer una oferta aún más robusta, consolidando su liderazgo en el mercado y proporcionando a sus clientes soluciones legales a medida, adaptadas a los retos del mundo empresarial actual.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez García, participó en una visita a la Aduana Marítima del Puerto de Acajutla. Esta actividad se enmarca dentro del Diplomado en Anticorrupción Aduanera, que busca fortalecer los conocimientos técnicos y jurídicos en materia aduanera, con un enfoque en la lucha contra la corrupción en este sector.

La jornada estuvo centrada en el análisis de temas como la obligación tributaria aduanera y las implicaciones del comercio exterior. El Diplomado, en el que participan jueces y colaboradores de las jurisdicciones Contencioso Administrativa y Penal, abordó el módulo III, titulado «Obligación Tributaria Aduanera». 

Este módulo permitió a los participantes profundizar en cuestiones esenciales, como los tributos relacionados con las operaciones de comercio internacional, la clasificación arancelaria y el origen de las mercancías.

Como parte de la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones del puerto y observar los procesos operativos de carga y descarga de contenedores, lo que les permitió conectar de manera práctica los conocimientos adquiridos con los procesos reales que se desarrollan en el ámbito aduanero.

A esta visita asistieron Berta Nayelly Loya, jefa de la Oficina País de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito; Mylène Paradis, embajadora de Canadá; Benjamín Mayorga, director general de Aduanas; Luis Canto, gerente general de la Unión Portuaria del Pacífico; y Miguel Ángel Calero, presidente del Consejo Nacional de Judicatura, quien estuvo acompañado de los consejales del pleno.

Este tipo de actividades refuerzan la cooperación entre las diversas instituciones involucradas en la gestión aduanera y promueven la integración de esfuerzos en la lucha contra la corrupción en este campo clave para la economía nacional.