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OUDH advierte deterioro del cumplimiento de derechos humanos por parte del Gobierno

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El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) presentó el informe de derechos humanos del año 2021, el cual ha concluido como «negativo» en la mayoría de indicadores evaluados.

Este es el tercer documento de la serie, a través del cual se busca aportar datos, información y análisis basados en una metodología mixta, es decir combinando elementos cuantitativos y cualitativos.

El informe desarrolla cinco derechos humanos de forma prioritaria, estos son: el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad personal, al acceso a la justicia y a la reparación integral de las víctimas.

«El año 2021 ha sido un periodo de profundos y negativos cambios para El Salvador. En primer lugar, el sistema de protección de derechos humanos se vio estructuralmente dañado debido al quebrantamiento del orden constitucional y a la afrenta a la independencia de los Órganos del Estado», tiene como una de sus conclusiones el informe.

El OUDH advierte que el nuevo escenario institucional se ha caracterizado por una cooptación del Estado por parte de una sola fuerza política y por la concentración del poder político en el Presidente de la República.

Denuncian una tendencia progresiva de reducción de acceso a la información pública, escenarios críticos propicios a las vulneraciones a los derechos humanos por parte de las autoridades policiales y militares, sumado al hallazgo de fosas clandestinas, y a la continua desarticulación de grupos de exterminio.

Señalan que el listado de índices delictivos han aumentado en 2021, tomando como ejemplo el Índice de letalidad policial, relación de particulares fallecidos respecto de agentes estatales fallecidos en contextos de enfrentamientos armados, muertes violentas de mujeres y feminicidios, limitación ilegal a la libertad de circulación, violencia sexual, número de personas desaparecidas, porcentaje de personas desaparecidas que siguen activos al final del año, violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer.

Señalan una política de impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos del pasado permanece, ya que, «si bien, hubo avances importantes en la reapertura de algunos casos emblemáticos, la intervención política y anulación de la independencia del Órgano Judicial es un obstáculo insubsanable hasta en tanto no se restituya el Estado de derecho».

El OUDH recomienda que se revisen todas las políticas públicas, a través de un enfoque de derechos humanos con el fin de adecuarlas a dicho enfoque, en particular, aquellas del sector de seguridad pública y justicia.

Así también, que se cree un mecanismo de amplia participación ciudadana y estatal para la implementación de las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, incluyendo las emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de país publicado en octubre del 2021.

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Judicial

Corte Suprema advierte sobre la prevención del lavado de dinero en el ejercicio profesional de abogados y notarios

La CSJ ha llamado a los profesionales del derecho a tener cuidado en la práctica de su trabajo para evitar ser instrumentalizados en lavado de dinero.

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La Corte Suprema de Justicia emitió un mensaje dirigido a los abogados y notarios del país, enfatizando la necesidad de implementar buenas prácticas para evitar su instrumentalización en el delito de lavado de dinero y activos.

Este llamado se enmarca en el contexto de un creciente enfoque en la prevención de actividades ilícitas que socavan la integridad del sistema financiero y legal.

Los abogados y notarios, como profesionales del derecho, desempeñan un papel crucial en la estructura legal del país, pero también pueden ser utilizados, sin saberlo, como herramientas para facilitar el lavado de dinero.

La Corte ha identificado varias prácticas comunes que podrían poner en riesgo la integridad de estos profesionales y, por ende, del sistema judicial.

Una de las formas más alarmantes de instrumentalización es la constitución de sociedades como negocios de fachada. Estos profesionales pueden, mediante sus oficios notariales, crear entidades que sirven únicamente como un vehículo para la entrada de fondos ilegales, ocultando así el verdadero origen del dinero.

Además, la creación de estructuras legales complejas puede dificultar el rastreo de los beneficiarios finales de las transacciones.

Este tipo de maniobras no solo compromete a los abogados y notarios, sino que también representa un desafío significativo para las autoridades en su labor de investigación y prevención del delito.

El asesoramiento legal también puede ser un punto crítico. Si bien es parte de su función ofrecer orientación, algunos abogados podrían inadvertidamente ayudar a sus clientes a llevar a cabo transacciones que aparentan ser legales, pero que en realidad están diseñadas para encubrir actividades ilícitas.

Finalmente, la compra y venta de inmuebles es otro ámbito de riesgo. Los notarios, al llevar a cabo escrituras de compraventa de bienes a precios inusuales, pueden facilitar la legitimación de dinero proveniente de actividades delictivas, lo que refuerza la necesidad de que estos profesionales ejerzan un control riguroso sobre las operaciones que manejan.

La Corte Suprema ha subrayado que la aplicación de buenas prácticas es esencial para mitigar estos riesgos.

Esto incluye la capacitación constante de los profesionales del derecho en materia de prevención del lavado de activos, así como la adopción de medidas que garanticen la transparencia y la legalidad en sus operaciones.

Con este mensaje, la Corte busca no solo proteger a los abogados y notarios de ser cómplices involuntarios en el lavado de dinero, sino también salvaguardar la confianza pública en el sistema judicial y financiero del país.

La prevención del lavado de activos es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los actores involucrados en el ejercicio de la ley.

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Legal

Ministro de Justicia y Seguridad solicita aprobación de ley para fortalecer la ciberseguridad en instituciones públicas

Según Gustavo Villatoro, la ley busca proteger información estatal de ciberataques.

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El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de una “Ley de ciberseguridad y seguridad de la información”. Esta iniciativa busca establecer un marco regulatorio para vigilar y fiscalizar las medidas de ciberseguridad en las instituciones públicas.

El proyecto, presentado el 15 de octubre, fue recibido por el pleno de la Asamblea el 30 de octubre y ha sido asignado a la Comisión de Seguridad Nacional, que se reunirá el próximo lunes a las 2:00 de la tarde.

La ley propone la creación de una Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), cuyo director general será nombrado por el presidente de la República.

La propuesta tiene como objetivo establecer principios y políticas que regulen la protección de la información estatal, ante el creciente riesgo de compromisos a la confidencialidad e integridad de los sistemas informáticos de las entidades gubernamentales.

Villatoro advirtió sobre la «amenaza de ciertos comportamientos» que ponen en peligro el bienestar de la ciudadanía y la continuidad de las funciones del Estado. Entre las atribuciones de la nueva agencia se incluyen la facultad de requerir información a las entidades estatales en caso de incidentes de ciberseguridad y la creación de un Registro

Nacional de Amenazas e Incidentes. Asimismo, se prevé la posibilidad de sancionar a empleados o funcionarios por infracciones, que pueden ir desde despidos hasta multas que oscilan entre uno y 100 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta.

La ley también contempla sanciones severas para quienes obstaculicen las medidas de ciberseguridad o presenten información incorrecta a la agencia.

Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del Gobierno para mitigar los riesgos cibernéticos y garantizar la seguridad de la información en el sector público.

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Noticias

Presidente Bukele ofrece ayuda humanitaria para atender a víctimas de inundaciones en Valencia, España

El mandatario puso a disposición del gobierno español rescatistas, paramédicos e insumos para ser enviados a Valencia.

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El presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador ha ofrecido asistencia humanitaria al gobierno español a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para ayudar a las víctimas de las inundaciones en Valencia, que han dejado más de 155 fallecidos.

La ayuda consiste en el envío de 300 rescatistas y paramédicos, así como 20 toneladas de equipos médicos y suministros básicos, para apoyar a Valencia, que ha sido severamente afectada por inundaciones.

Bukele informó en su cuenta oficial de X que la oferta de ayuda ya ha sido realizada.

Entre las víctimas no figuran salvadoreños, pero el gesto de Bukele es parte de la solidaridad internacional con un país que históricamente ha contribuido con diferentes programas y proyectos sociales.

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Politica

Presidente Bukele viajará la próxima semana a Costa Rica en visita oficial

El mandatario salvadoreño se reunirá con su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, y con funcionarios. La visita oficial será del 7 al 13 de noviembre, según la cancillería de ese país.

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El popular presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llevará a cabo una Visita de Estado a Costa Rica del 7 al 13 de noviembre de 2024, confirmaron fuentes de ese país centroamericano.

La información fue divulgada por medios costarricenses y confirmada a través de un acuerdo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, que también convoca a la embajadora costarricense en El Salvador para integrarse a la comitiva que recibirá al mandatario.

El acuerdo menciona que “el señor Presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, realizará una Visita de Estado a la República de Costa Rica del 7 al 13 de noviembre de 2024, ambas fechas inclusive».

La planificación de esta visita se inició en julio, aunque hasta ahora no se había definido una fecha concreta.

El canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, también anunció que Bukele llevará a cabo diversas actividades oficiales durante su estancia en el país.

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Judicial

La Fiscalía reporta detención de varios presuntos miembros de una red de pedofilia

Los detenidos estarían ligados a una operación internacional que opera desde África, según el informe preliminar de la FGR.

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La Fiscalía General llevó a cabo un operativo en el que capturó a por los menos 11 personas acusados de compartir material pornográfico infantil. Esta acción se enmarca en una alerta regional sobre una red de pedofilia que opera desde África.

Las detenciones fueron realizadas por la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia, en colaboración con la Policía Nacional Civil. Las detenciones en diferentes localidades del país, incluyendo San Miguel, Cuscatlán, La Paz, La Libertad y San Salvador.

Los capturados son:

  • Adonis Adalberto Magaña (San Miguel)
  • Jefferson David Blanco Caballero (Cuscatlán)
  • Marcos Olayo Cortez Domínguez (La Paz)
  • Luis Ernesto González (Cuscatlán)
  • Boris David Torres (La Libertad)
  • Óscar Ernesto Ayala Martínez (San Salvador)
  • Marlon Daniel González Iraheta (La Libertad)
  • Jonathan Stanley Quijada (La Libertad)
  • Diego Alfonso Martínez (La Libertad)
  • Brandon Monge Panameño (San Salvador)
  • Kelvin Rafael Paz Hércules (San Salvador)


Durante el operativo, las autoridades decomisaron una cantidad significativa de dispositivos electrónicos, incluyendo celulares, memorias USB, laptops, CPU y tablets, que se utilizarán como parte de la investigación.

Los detenidos enfrentarán cargos por delitos relacionados con la posesión de pornografía infantil a través de tecnologías de comunicación, así como por la adquisición o posesión de material pornográfico que involucra a menores de edad o personas con discapacidad.

Se espera que los detenidos sean presentados ante los juzgados competentes en los próximos días, en un esfuerzo por combatir y erradicar estas prácticas delictivas en el país.

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