El Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala ordenó prisión preventiva contra Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y Marisabel Umaña Velásquez, acusadas de fraude y extracción irregular de información corporativa contra la empresa Terra Towers S.A. y sus filiales.

Con la resolución el tribunal revocó de oficio las medidas sustitutivas que beneficiaban a ambas procesadas. Además, ordenó su traslado inmediato al Centro Preventivo para Mujeres Santa Teresa, ubicado en la Zona 18 de Ciudad de Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas habían capturado a las dos mujeres en junio de 2025. Desde entonces, enfrentaban el proceso penal bajo medidas alternas a la detención.

Caso en Guatemala coincide con proceso judicial en El Salvador

La decisión judicial en Guatemala ocurrió pocos días después de otra resolución emitida en El Salvador contra las mismas acusadas.

El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador ordenó la captura de Carol Echeverría y Marisabel Umaña por delitos relacionados con presunto fraude contra filiales de Terra Towers en territorio salvadoreño.

Según información judicial, las autoridades salvadoreñas iniciarán un proceso de extradición para ambas procesadas.

En el expediente salvadoreño también figura el guatemalteco Juan Ignacio Berger Giménez, señalado por supuesta administración fraudulenta contra las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales Ltda. de C.V.

Fiscalía investiga presunto desfalco millonario

La Fiscalía General de la República de El Salvador sostiene que los acusados integraban una estructura dedicada al desvío de fondos de Terra Towers Corp y Continental Towers El Salvador.

De acuerdo con las investigaciones, los imputados habrían cobrado viáticos, comisiones y gastos laborales sin autorización entre 2016 y 2020.

El monto bajo investigación asciende a 1.2 millones de dólares. Las pesquisas también incluyen a Jorge Alberto Gaitán Castro, Jeni Celina Torres Zepeda y Selvin Martín Torres Andrade.

Además, el empresario guatemalteco Jorge Leonel Gaitán Paredes formó parte del proceso.

Las autoridades lo extraditaron a El Salvador en septiembre de 2025. Sin embargo, falleció en enero de 2026 por problemas de salud.

Capturas ocurrieron en distintos operativos

La Policía Nacional Civil de Guatemala reportó las capturas de Carol Echeverría y Marisabel Umaña en junio de 2025.

Interpol detuvo a Echeverría en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando llegaba desde Nueva York.

Por otra parte, agentes policiales capturaron a Umaña durante un operativo realizado en la zona 14 de Ciudad de Guatemala.

Ambas eran requeridas por delitos de hurto agravado y asociación ilícita.

Investigación incluye análisis de información corporativa

Las autoridades guatemaltecas vinculan el caso con investigaciones iniciadas en El Salvador alrededor de Terra Towers, empresa dedicada al desarrollo y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones.

Según las pesquisas, Jorge Gaitán Paredes y su hijo Jorge Alberto Gaitán Castro habrían utilizado la estructura empresarial para autorizar transferencias, viajes, viáticos y emisión de cheques sin autorización societaria.

Las autoridades estiman que las supuestas extracciones irregulares superaron un millón de dólares.

Además, la investigación señala que en Guatemala se habría replicado un esquema enfocado en la extracción de información sensible de la compañía para beneficiar a estructuras empresariales rivales.

Dentro de ese contexto, los investigadores identificaron presuntos vínculos operativos entre los Gaitán, Carol Echeverría y Marisabel Umaña.

Tribunal discutió ausencia de acusado y abogado defensor

Durante la audiencia realizada el pasado martes, el tribunal también conoció nuevos hechos relacionados con la ausencia de Jorge Alberto Gaitán Castro y de su abogado defensor.

El Ministerio Público de Guatemala afirmó que existían antecedentes jurisprudenciales que calificaban la conducta del defensor como “desleal y reticente”.

Por ello, la fiscalía solicitó nombrar defensa pública y certificar posibles hechos punibles relacionados con la falta de traslado del acusado hacia la audiencia judicial.
Caso Terra Towers escala a disputa regional

El expediente evolucionó de una investigación patrimonial hacia un conflicto regional que involucra procesos penales, arbitrajes internacionales y disputas corporativas vinculadas con Continental Towers.

Terra Towers mantiene una disputa empresarial con la firma estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers.

El conflicto también derivó en arbitrajes internacionales desarrollados en Nueva York y en investigaciones penales abiertas en Guatemala y El Salvador.

Además, las autoridades salvadoreñas emitieron órdenes de captura y notificaciones internacionales contra empresarios y ejecutivos vinculados al caso.

Investigación impacta al sector de telecomunicaciones

El proceso judicial se convirtió en uno de los casos corporativos más relevantes de Centroamérica debido a sus implicaciones económicas y legales.

Las empresas involucradas administran infraestructura clave para telecomunicaciones en la región. Por ello, el caso mantiene atención sobre la seguridad jurídica y el manejo de activos estratégicos vinculados a la conectividad centroamericana.

La Fiscalía General de la República informó que este martes se reanudó la audiencia única abierta contra 486 cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.

El proceso judicial llegó inicia cuarta semana y es considerado el juicio masivo más grande contra la estructura de mando de esa organización criminal en El Salvador.

Fiscalía presenta nuevas pruebas en audiencia

Según la Fiscalía, ya ha presentado pruebas contundente contra los acusados (que ya guardan prisión) y durante la nueva jornada se prevé la reproducción de audios vinculados con supuestos casos de tráfico de drogas.

Las autoridades señalaron que esos registros servirán como evidencia sobre el funcionamiento interno y las actividades criminales atribuidas a los acusados.

Además, la institución reiteró que buscará condenas máximas para cada uno de los imputados por los delitos señalados en el proceso.

Acusan a líderes de la MS-13 de miles de delitos

El juicio comenzó el 21 de abril y reúne a presuntos fundadores, integrantes de la “ranfla” y cabecillas regionales de la MS-13.

De acuerdo con la Fiscalía salvadoreña, los acusados enfrentan cargos por aproximadamente 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022.

Entre esos hechos figuran alrededor de 29,000 homicidios, además de casos relacionados con narcotráfico, extorsión y otros delitos graves.

Las autoridades judiciales también señalaron que el grupo criminal es procesado por el delito de rebelión.

Según la acusación, la estructura buscaba mantener control territorial para operar como un supuesto estado paralelo dentro del país.

Contexto del juicio contra pandillas en El Salvador

La Fiscalía afirmó que el proceso busca establecer responsabilidades sobre crímenes atribuidos a la MS-13 durante más de una década.

Además, el caso ocurre en el contexto del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022.

El mandatario salvadoreño ha defendido el juicio masivo y cuestionado fuertemente a ONG y periodistas que lo critican.

Un tribunal de occidente continúa con la vista pública contra el exalcalde de El Congo, Santa Ana, Edwin Enrique Parada Quezada, acusado de presuntas irregularidades en 12 proyectos de construcción de calles ejecutados entre 2012 y 2015.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el exfuncionario enfrenta cargos por actos arbitrarios, negociaciones ilícitas, cohecho impropio y falsedad ideológica agravada. Parada Quezada es procesado en calidad de ausente.

Además, en el proceso judicial también figuran Eduardo Amílcar Jaco Estrada, Mercedes del Carmen Cabrera de Rivera y Efraín Alcides Castro Sánchez.

Fiscalía señala supuestas anomalías en proyectos de calles

Según la acusación fiscal, durante la administración municipal se ejecutaron al menos 12 proyectos de construcción de calles urbanas. Cada obra tuvo un costo aproximado de $35,000.

La FGR sostiene que el entonces alcalde solicitó autorización al concejo municipal para manejar directamente los proyectos de infraestructura vial.

De acuerdo con la investigación, las adjudicaciones habrían sido simuladas mediante empresas que emitían facturas por las obras. Sin embargo, la Fiscalía asegura que los trabajos se realizaban con maquinaria y personal de la alcaldía.

Además, la institución afirma que los empresarios involucrados recibían el 10 % del valor de cada proyecto por facilitar el nombre de sus compañías.

Acusados enfrentan diferentes delitos

La Fiscalía indicó que Eduardo Amílcar Jaco Estrada es acusado de complicidad en actos arbitrarios, negociaciones ilícitas y cohecho impropio.

Mientras tanto, Mercedes del Carmen Cabrera de Rivera enfrenta señalamientos por incumplimiento de deberes. Según la acusación, ella firmó facturas relacionadas con pagos de los proyectos investigados.

Por otra parte, Efraín Alcides Castro Sánchez, integrante del concejo municipal y refrendario de cheques, habría autorizado pagos vinculados con las obras cuestionadas.

La FGR también señala que Jaco Estrada colaboró con el exedil en las supuestas actividades ilícitas.

Juicio continuará con declaración de testigos y peritos

Durante la audiencia, la Fiscalía continuó la presentación de testigos relacionados con los hechos investigados.

El juicio se reanudará el próximo 13 de mayo. Además, el 15 de mayo está prevista la declaración de otros testigos y peritos vinculados al caso.

Exalcalde fue detenido en Estados Unidos

Parada Quezada fue detenido el 1 de septiembre de 2019 en Butler County, Ohio, Estados Unidos.

No obstante, desde su captura no se ha informado sobre una fecha de extradición hacia El Salvador.

El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador ordenó la captura de los guatemaltecos Juan Ignacio Berger Giménez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, así como de la salvadoreña María Isabel Umaña Velásquez. Los señalados están implicados en el desfalco contras la empresas Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.

La decisión surgió durante una audiencia especial de revisión de medidas. Según información conocida de forma extraoficial, los tres imputados no asistieron a la diligencia judicial, por lo que el tribunal modificó las medidas sustitutivas que habían recibido en la audiencia inicial.

El expediente permanece a la espera de la audiencia preliminar. En esa etapa, el juzgado decidirá si los acusados enfrentarán juicio público por el delito de administración fraudulenta.

Fiscalía investiga presunto fraude millonario

La Fiscalía General de la República sostiene que los procesados formaban parte de una estructura que habría defraudado a las sociedades Terra Towers Corp y Continental Towers El Salvador.

Entre los acusados también figura Jorge Alberto Gaitán Castro, junto a Jeni Celina Torres Zepeda y Selvin Martín Torres Andrade.

Además, el proceso incluyó al empresario guatemalteco Jorge Leonel Gaitán Paredes, quien fue extraditado a El Salvador el 30 de septiembre de 2025. El empresario falleció el 19 de enero de 2026 en el Hospital Nacional San Juan de Dios, en Santa Ana, debido a problemas de salud.

De acuerdo con la investigación fiscal, los imputados cobraron viáticos y comisiones por supuestos gastos laborales entre 2016 y 2020. El monto investigado asciende a $1.2 millones.

Investigación incluye análisis de correos electrónicos

Como parte del proceso judicial, en septiembre de 2024 las autoridades juramentaron a un experto en informática para analizar evidencia digital relacionada con el caso.

El perito recibió la tarea de revisar correos electrónicos enviados entre los procesados y verificar su autenticidad. Además, debía acceder al sistema contable de las sociedades afectadas para ampliar las investigaciones.

Caso Terra Towers escaló de disputa corporativa a proceso penal

Este caso está conectado a la disputa entre las empresas Terra Towers y TPG Pepertree por el control general de la empresa Continental Towers.

El conflicto derivó en arbitrajes internacionales desarrollados en Nueva York.

El caso avanzó hacia el ámbito penal en El Salvador y en Guatemala. La Fiscalía y el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado en El Salvador investigan una presunta red dedicada al desvío de fondos y al control irregular de activos estratégicos.

Las autoridades también emitieron órdenes de captura y difusiones rojas de INTERPOL contra varios empresarios y ejecutivos salvadoreños, guatemaltecos y estadounidenses señalados por delitos financieros y crimen organizado.

Investigación impacta a sector de telecomunicaciones

El proceso judicial se ha convertido en uno de los casos corporativos más relevantes en El Salvador por sus implicaciones económicas y legales.

Además, el caso mantiene atención sobre la seguridad jurídica y el manejo de infraestructura de telecomunicaciones en la región, debido a que las empresas involucradas administran torres clave para la conectividad centroamericana.

El juicio masivo contra cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador expuso nuevos detalles sobre la estructura financiera de la pandilla. Durante la séptima jornada de la audiencia, la Fiscalía General de la República presentó audios que evidencian un plan para recolectar más de $500,000 en 2016.

Los audios forman parte de un total de 125 escuchas telefónicas incorporadas como prueba en el proceso. En estas grabaciones, pandilleros coordinan la recolección de dinero para comprar armas, munición y vehículos.

En una de las conversaciones, un pandillero identificado como “El Infierno”, quien se encontraba en prisión, consulta sobre el avance de la recolección. Otro miembro en libertad le responde que ya habían reunido más de medio millón de dólares.

Pandilla buscaba armas más baratas y mayor capacidad de fuego

Pandilla buscaba armas más baratas y mayor capacidad de fuego
Según el audio, los pandilleros evaluaron precios de armas en distintos mercados. El objetivo era reducir costos y aumentar la cantidad de armamento disponible.
El interlocutor explicó que podían adquirir armas a un costo aproximado de $1,200 cada una. Con ese monto, estimaban comprar hasta 494 armas, conocidas como “juguetes” en su lenguaje interno.

Además, el plan incluía la compra de munición y armas de grueso calibre. También contemplaban la adquisición de vehículos para movilizar a los miembros de la estructura criminal.

MS-13 se preparaba para una posible confrontación

Los audios también reflejan que la pandilla anticipaba un conflicto con el Barrio 18. En las conversaciones, los miembros de la MS-13 mencionan que sus rivales ya contaban con entrenamiento y armamento.

Uno de los pandilleros advirtió que el grupo contrario tenía fusiles y otros recursos. Ante esto, insistió en que la MS-13 debía prepararse para una posible guerra.

El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, confirmó que el objetivo era financiar una ofensiva. Según explicó, la pandilla buscaba fortalecerse ante un escenario de confrontación.

Contexto legal impulsó la reorganización de la pandilla

La Fiscalía señaló que estos planes surgieron tras cambios legales en el sistema penitenciario. El 1 de abril de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 321, que estableció medidas extraordinarias en centros penales

Estas disposiciones incluyeron encierro permanente, bloqueo de señales telefónicas y restricciones a las comunicaciones. También limitaron la participación de reos en audiencias judiciales.

De acuerdo con los audios, los pandilleros interpretaron estas medidas como el fin de cualquier negociación. Por ello, aceleraron sus planes de financiamiento y reorganización.

Juicio masivo avanza contra 486 cabecillas de la MS-13

El proceso judicial se desarrolla en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado. En el juicio enfrentan cargos 486 presuntos cabecillas de la MS-13, incluidos 22 ranfleros, considerados líderes de la estructura.

La Fiscalía les imputa más de 47,000 delitos. Entre estos figuran homicidios cometidos entre 2012 y 2022. También incluyen los 86 asesinatos que derivaron en la implementación del régimen de excepción.
El juicio masivo continúa en fase probatoria. Las autoridades prevén seguir presentando evidencia en las próximas jornadas para sustentar las acusaciones contra la estructura criminal.