La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente el plazo de medianoche de este lunes impuesto para repatriar a Kilmar Armando Ábrego García, un hombre de Maryland que fue deportado por error a El Salvador y encarcelado.
La suspensión, solicitada por el presidente Donald Trump, concede más tiempo para que ambas partes presenten sus argumentos.
La decisión fue tomada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien manejó el caso de emergencia, extendiendo el plazo hasta que se emita una decisión definitiva, lo que se espera en los próximos días.
Ábrego García, ciudadano salvadoreño, fue deportado el 15 de marzo, y actualmente permanece en una prisión de alta seguridad en El Salvador.
La apelación llegó a la Corte Suprema minutos antes de la fecha límite, que obligaba al gobierno de Estados Unidos a devolverlo antes de las 11:59 p.m. del lunes. Los abogados del presidente Trump reconocieron que la deportación fue un error administrativo, pero argumentaron que no era posible traerlo de vuelta debido a que está bajo custodia salvadoreña.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó en su intervención que ordenar la repatriación de Ábrego carece de precedentes y subrayó que la Constitución otorga al presidente la responsabilidad de gestionar la diplomacia exterior y las expulsiones, sin la intervención de los tribunales federales.
A pesar del reconocimiento del error en la deportación, el gobierno estadounidense mantiene que Ábrego debería estar encarcelado, incluso en El Salvador.
El caso ha generado una serie de controversias legales en torno a las políticas de inmigración de la administración Trump, que continúa con una drástica reducción de la inmigración y la deportación de personas, independientemente de su estatus legal en el país.
Este caso es particularmente significativo, ya que es la primera vez que el gobierno de Trump admite un error relacionado con las deportaciones a El Salvador.
El conflicto legal se remonta a hace varios años, cuando Ábrego fue considerado erróneamente miembro de la pandilla MS-13.
A pesar de que la acusación nunca fue corroborada, y de que en 2019 un juez de inmigración le concedió el estatus de protegido, evitando su deportación, Ábrego fue arrestado en marzo de este año, mientras viajaba con su hijo.
El Departamento de Policía del Condado de Prince George había etiquetado a Ábrego como miembro de la pandilla debido a su vestimenta, una acusación que él y sus abogados han desmentido.
En un fallo la semana pasada, la jueza de distrito Paula Xinis calificó la deportación de Ábrego como un “grave error” y un acto “totalmente ilegal”, destacando que el gobierno no tenía justificación para arrestarlo ni para enviarlo a una de las prisiones más peligrosas de El Salvador.
Mientras tanto, el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito rechazó la solicitud del gobierno de levantar la orden de repatriación, destacando que la administración no tenía autoridad para deportar a una persona legalmente residente en el país sin el debido proceso. La jueza Stephanie Thacker, que formó parte de la panel de apelaciones, subrayó que el daño irreparable en este caso es el sufrimiento de Ábrego mientras se encuentra detenido en El Salvador.
La Corte Suprema continúa evaluando el caso y decidirá en los próximos días si se debe permitir su regreso a Estados Unidos o si la deportación será definitiva.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio un paso importante hacia la modernización de sus servicios al recibir la certificación de inscripción en el Registro Nacional de Trámites de cinco procedimientos clave.
La entrega de los certificados estuvo a cargo de la directora del Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), Mariana Gómez, al presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía.

El objetivo de este reconocimiento es eliminar las barreras burocráticas, optimizar la regulación y agilizar los trámites que la institución ofrece a los ciudadanos.

En su intervención, el presidente de la CSJ resaltó que este logro es fruto de un esfuerzo constante por modernizar los servicios judiciales.

“Con el esfuerzo permanente que ha realizado la institución en el marco del plan de modernización de los servicios, en estos seis meses de mi gestión, estamos alcanzando un momento clave para concretizar los planes de mejora regulatoria y obtener las certificaciones correspondientes”, afirmó.

Los cinco trámites registrados son: la autorización de abogados, la solicitud para la elaboración de sellos de abogado, la autorización de abogados para la función pública en el ejercicio del notariado, la solicitud para la elaboración de sellos de notario y la autorización de las hojas de Libro de Protocolo. Estos procedimientos, al ser certificados, buscan simplificar y agilizar los procesos administrativos dentro del sistema judicial.

La directora del OMR destacó la importancia de avanzar hacia una administración pública más moderna y eficiente. “La Ley de Mejora Regulatoria, el Registro Nacional de Trámites y la Ley de Procedimientos Administrativos son elementos fundamentales en la modernización de la administración pública. Estas herramientas no solo mejoran la eficiencia de los trámites, sino que también contribuyen a la transparencia de la gestión pública y crean un entorno más favorable para los ciudadanos, las empresas y la inversión pública”, aseguró Gómez.

Además, la ceremonia incluyó la entrega simbólica de los certificados a los jefes de las dependencias responsables de los trámites, como Rubén Atilio Meléndez, de la Sección de Investigación Profesional; José Roberto Hernández, de la Sección de Notariado; y Julia El Cid, de la Secretaría General.

Durante el evento también se entregaron diplomas de participación a los asistentes al Taller sobre Mejora Regulatoria, realizado en modalidad virtual durante el período 2024-2025, impartido por el OMR.

El taller, cuyo objetivo fue fortalecer el conocimiento institucional sobre la Ley de Mejora Regulatoria, abordó temas clave como la agenda regulatoria, los planes de mejora, el Registro Nacional de Trámites, la evaluación del impacto regulatorio y la plataforma tecnológica “Sí Mejora”.

La actividad contó con la participación de jefaturas, directores y personal administrativo de la CSJ, así como representantes del OMR, quienes ratificaron su compromiso con el proceso de modernización y eficiencia en el sistema judicial.

El Registro Federal de Estados Unidos publicó el 2 de abril de este año una certificación emitida por el secretario de Estado, Marco Rubio, en la que se reconoce que el gobierno de El Salvador está llevando a cabo esfuerzos significativos en varios frentes para combatir la corrupción y la impunidad, así como para fortalecer el Estado de derecho y la transparencia.
Además, se destaca la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, partidos de oposición, la sociedad civil y la independencia de los medios de comunicación.
En su informe, Rubio también resaltó que el gobierno salvadoreño está implementando políticas que buscan garantizar la independencia de las instituciones judiciales y electorales, así como mejorar la transparencia en el financiamiento de campañas políticas y partidos.
Asimismo, el secretario de Estado destacó la eficacia en la aplicación de leyes relacionadas con la seguridad, haciendo énfasis en la limitación de la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, siempre respetando el debido proceso legal.
El documento también menciona que El Salvador ha implementado programas para reducir la violencia contra las mujeres y las niñas, así como políticas destinadas a combatir la pobreza y reformas orientadas a fortalecer el sistema educativo.
En cuanto a la cooperación internacional, Rubio subrayó la colaboración del país centroamericano en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de personas y en la repatriación de migrantes. Además, destacó la cooperación en políticas de inversión.
La certificación, que se enmarca en el cumplimiento de la Sección 7045 (b) (2) (A) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, es un requisito legal para que Estados Unidos continúe brindando apoyo económico a El Salvador.
Esta normativa condiciona el 60 % de los fondos destinados a la ayuda económica a El Salvador, Guatemala y Honduras a la certificación por parte del secretario de Estado y su reporte al Congreso.
Sin embargo, a pesar de los elogios oficiales, diversos organismos no gubernamentales y movimientos sociales han reportado graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador, especialmente durante el régimen de excepción.
A pesar de esto, el gobierno de Estados Unidos continuó su relación con El Salvador, aunque suspendió desde enero de 2025 la ayuda canalizada a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID).
A pesar de esta suspensión, hasta el 7 de marzo de 2025, la USAID había comprometido más de 65 millones de dólares en obligaciones con El Salvador, con desembolsos cercanos a los 42 millones de dólares.
La certificación publicada es solo una parte de un proceso más amplio que incluye un Memorándum de Justificación, que también será enviado al Congreso de Estados Unidos, y refleja el interés de la administración estadounidense en monitorear los avances del gobierno salvadoreño en el cumplimiento de ciertos estándares democráticos y de derechos humanos

Los precios del petróleo continúan su desplome este lunes, alcanzando niveles no vistos desde la pandemia de Covid-19. Este retroceso se debe principalmente al temor de que un freno en el crecimiento económico mundial afecte la demanda de crudo, lo que está generando una presión bajista en los mercados.

A las 4:35 a.m. (hora de El Salvador), el barril de Brent del Mar del Norte, con entrega en junio, perdía un 2.70%, cotizando a 63.81 dólares, después de haber tocado un mínimo de 62.23 dólares, su nivel más bajo desde abril de 2021. Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense para entrega en mayo, caía un 2.84%, alcanzando los 60.23 dólares, después de haber tocado los 58.95 dólares, también su precio más bajo desde abril de 2021.

El análisis de DNB atribuye este retroceso a dos factores principales. En primer lugar, el aumento de los aranceles impulsados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afecta principalmente a países como China (34%) y la Unión Europea (20%), lo que ha reducido las perspectivas de demanda global de petróleo. 

Además, el presidente se mantiene firme en su postura de aplicar tarifas adicionales del 10% a productos provenientes de varios países.

En segundo lugar, la aceleración de la producción por parte de la OPEP+ está contribuyendo a la caída de los precios. Este jueves, el cártel anunció que aumentará la producción de petróleo en 411,000 barriles diarios para mayo de 2025, tres veces más de lo inicialmente previsto. Este aumento podría seguir presionando los precios hacia abajo, a medida que la oferta mundial se incrementa.

En este escenario de incertidumbre económica y tensiones comerciales, los expertos de DNB advierten que un escenario de «guerra comercial» podría resultar en una desaceleración de la demanda mundial de petróleo, estimando una caída de 0.1 millones de barriles diarios por cada reducción de 0.1 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto (PIB). Esto podría generar un impacto negativo en los precios a corto y medio plazo.

Este panorama evidencia cómo los cambios en la política comercial y la producción global de petróleo siguen siendo factores cruciales para la estabilidad de los mercados energéticos.

La dirigencia empresarial salvadoreña tiene altas expectativas sobre el acuerdo alcanzado entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que podría abrir nuevas puertas para la inversión extranjera en el país. 

Este acuerdo de financiamiento por un total de $1,400 millones fue sellado el pasado 26 de febrero, después de un largo proceso de negociaciones que se extendió por más de cuatro años, marcado por obstáculos como la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en 2021.

Con las reformas a la ley del bitcoin y la reciente aprobación de una ley anticorrupción, El Salvador ha asumido compromisos para fortalecer su economía, una medida que, según la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), tiene el potencial de generar un entorno favorable para atraer inversiones.

Waldo Jiménez, director de asuntos económicos de la ANEP, expresó su esperanza de que las decisiones gubernamentales tomadas hasta ahora impacten positivamente en la economía del país. 

En palabras de Jiménez: “Lo que buscamos es que estas decisiones sirvan para que más inversión llegue, lo que a su vez generará más y mejores empleos. El Salvador necesita entre 40,000 y 50,000 nuevos empleos anualmente”.

Uno de los compromisos clave de El Salvador bajo este acuerdo es el fortalecimiento de las finanzas públicas, con medidas orientadas a reducir el déficit fiscal y reformar el sistema de pensiones. En cuanto al cumplimiento de estos compromisos, Jiménez afirmó que la ANEP confía en que el gobierno tiene la capacidad para cumplir con lo pactado, y observan con optimismo el futuro económico del país.

Por otro lado, Jorge Arriaza, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), se mostró igualmente optimista acerca de los efectos de este acuerdo. Para él, el estrechamiento de la relación con el FMI representa una oportunidad para mejorar la confianza de los inversionistas, al tiempo que facilita el acceso a créditos. Arriaza destacó que el acuerdo subraya avances importantes en la gestión de la deuda pública, lo cual considera un paso positivo para la economía.

“Hay un periodo de 40 meses para trabajar en la deuda, el déficit fiscal y comercial, pero se está avanzando por el camino correcto”, afirmó Arriaza. A pesar de los desafíos, destacó que el sector industrial debe aprovechar este impulso para fortalecer la producción y la exportación.

Visión de futuro, un impacto gradual

Laura Clavijo, directora ejecutiva de investigaciones económicas de Bancolombia, señaló que los efectos de este acuerdo sobre la confianza en el país serán más evidentes a largo plazo. Según Clavijo, el éxito dependerá del cumplimiento riguroso de las políticas de reforma y de la implementación de medidas que fomenten el crecimiento económico sostenido.

«Los países que logran pactar acuerdos con el FMI deben seguir ciertas políticas de reformas a largo plazo para asegurar el crecimiento de sus economías», explicó Clavijo, quien también destacó que el acceso a créditos de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) son señales positivas que refuerzan la confianza en el país.

La experta agregó que uno de los mayores retos de la región es potenciar el crecimiento económico a mediano plazo, lo cual exige una fuerte inversión en infraestructura y capacitación de la fuerza laboral.

Inyección de $1,000 millones para impulsar la economía

Mientras tanto, en un esfuerzo por dinamizar la economía, el presidente Nayib Bukele anunció que, gracias al acuerdo con el FMI, el gobierno de El Salvador destinará $1,000 millones a la economía local en los próximos días. 

Esta cifra representa alrededor del 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y busca reactivar la actividad económica a corto plazo.

Los fondos se distribuirán principalmente en pagos anticipados a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), adelantos a proveedores y la amortización de créditos internos. Según el presidente Bukele, esta medida está diseñada para mejorar el flujo de capital en el mercado interno, lo que impulsará tanto el consumo como las ventas en el sector comercial, favoreciendo la recuperación de la economía.

Una de las ventajas de este enfoque, según el mandatario, es que estos recursos provienen de divisas ya disponibles en los mercados internacionales, evitando así la necesidad de emitir más moneda local. 

Con esta inyección de capital, el gobierno salvadoreño espera fortalecer el tejido productivo del país y sentar las bases para un crecimiento económico sostenido en el futuro.