La Ley General de Minería Metálica entró en vigencia el 7 de enero, con lo que está reactivada la exploración, explotación y extracción de metales en el país, tras casi 8 años de prohibición. 

La nueva normativa, sancionada por la a presidencia el 23 de diciembre pasado, derogó la moratoria sobre la minería metálica que había estado vigente desde 2017.

La legislación autoriza la actividad minera en el suelo, subsuelo y el dominio marítimo de El Salvador, sin requerir una concesión aprobada por la Asamblea Legislativa. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DEHM) será la encargada de regular las operaciones mineras a través de su Dirección de Minas, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) velarán por la protección de los recursos hídricos y el cumplimiento de las normativas ambientales.

Un aspecto clave de la ley es que establece que solo el Estado podrá realizar la explotación minera, aunque podrá hacerlo a través de sociedades en las que tenga participación accionaria, incluidas las de modalidad de economía mixta. Sin embargo, la legislación no especifica el porcentaje mínimo de participación estatal en estas sociedades.

En cuanto a las restricciones, la ley prohíbe el uso de mercurio en los procesos de extracción, pero no establece limitaciones al uso de cianuro. Además, cualquier otra sustancia química utilizada en la minería deberá ser autorizada por la Dirección de Minas.

Aunque la ley fue sancionada el mismo día de su aprobación por la Asamblea Legislativa, el 23 de diciembre, su publicación en el Diario Oficial se retrasó.

Diversos sectores, especialmente las organizaciones sociales, han manifestado su preocupación sobre las implicaciones de esta nueva legislación, que marca un giro en la política minera del país. 

La reactivación de la minería metálica en El Salvador traerá consigo un nuevo desafío para equilibrar los intereses económicos con la protección del medio ambiente, en un escenario en el que los impactos sociales y ecológicos siguen siendo una preocupación central.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) continúa con su apuesta al rol de los facilitadores judiciales en El Salvador, un servicio que busca acercar la justicia a las comunidades más apartadas del país.
Actualmente, este programa cuenta con 725 facilitadores judiciales distribuidos en 78 municipios de 10 departamentos, abarcando las zonas occidental, central, paracentral y oriental.
Los facilitadores judiciales son líderes comunitarios que actúan como un puente entre la población y el sistema de justicia.
Su principal función es promover la cultura de paz, prevenir conflictos y orientar a las personas sobre los procedimientos legales.

Aunque no tienen la facultad de dictar sentencias ni actuar como abogados, son capacitados por el Organismo Judicial para brindar asesoría básica, resolver disputas menores mediante la mediación y canalizar a las personas hacia las instancias judiciales correspondientes cuando es necesario.
Este servicio se implementa principalmente a través de los Juzgados de Paz, lo que permite que las comunidades urbanas densamente pobladas, las rurales o de difícil acceso puedan recibir orientación legal sin necesidad de trasladarse grandes distancias.
Gracias a la labor de los facilitadores, se fomenta la solución pacífica de conflictos y se fortalece el acceso a la justicia en sectores vulnerables.
La presencia de facilitadores judiciales en distintas regiones del país refleja el compromiso de la Corte Suprema de Justicia con la descentralización de los servicios judiciales y la inclusión social.
Al ofrecer apoyo legal y promover la convivencia pacífica, estos líderes comunitarios contribuyen significativamente a la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Alexander Mejía, y el superintendente de Regulación Sanitaria (SRS), Noé Geovanni García, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el fin de mejorar la capacitación de los servidores judiciales en el ámbito del derecho sanitario.
La firma de este acuerdo tiene como objetivo principal el desarrollo de actividades formativas que fortalezcan tanto los conocimientos técnicos como prácticos en esta especialidad del derecho.
A través de este convenio, la CSJ se compromete a incluir el derecho sanitario en sus programas de formación y a facilitar las instalaciones necesarias para realizar las actividades formativas.
Por su parte, la SRS se encargará de capacitar a los servidores judiciales en temas clave relacionados con la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y otras normativas vinculadas a la salud pública y la regulación sanitaria.
En la ceremonia de firma, a la que asistieron delegados de ambas instituciones, el superintendente Noé García destacó la importancia de este acuerdo, subrayando que el mismo permitirá un intercambio de conocimientos que fortalecerá las capacidades de ambas entidades.
García afirmó que este esfuerzo conjunto contribuirá al respeto de los derechos de los usuarios y garantizará decisiones judiciales más sólidas y fundamentadas.
Por su parte, el presidente de la CSJ, expresó su satisfacción por el acuerdo y la oportunidad que representa para los jueces y demás servidores judiciales de contar con herramientas más completas en temas de derecho sanitario, un área cada vez más relevante en la legislación del país.

La alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, dijo que una red de estafadores está tratando de embaucar ciudadanos utilizando su nombre y su imagen por medio de plataformas, por lo que advirtió a no caer en la trampa.
Navas denunció en redes sociales que un grupo de “opositores” ha creado chats falsos con su fotografía y su nombre, con el fin de engañar a los ciudadanos.
A través de una publicación, la funcionaria expresó: “¡No se dejen engañar! Un grupo insignificante de opositores se dedica a mentirle a la población. No caigan en sus enredos. Su servidora nunca solicitaría aportes económicos de ningún tipo”.
La alcaldesa compartió una imagen de uno de los chats falsos, en los cuales se puede ver cómo los estafadores, haciéndose pasar por ella bajo el alias “Distrito Navas”, intentan involucrar a personas en engaños.
En uno de los mensajes se lee: “Eres bienvenido a mi chat privado”, seguido de una serie de preguntas sobre la ubicación y el interés en un supuesto programa de inversión vinculado al partido Nuevas Ideas.
Navas enfatizó que su administración busca promover la profesionalidad y la transparencia.
“En La Libertad Este, tenemos un modelo de excelencia en la administración pública, somos autosostenibles y profesionales en nuestro trabajo… Lástima que se les cae el teatro, buen intento”, comentó con tono crítico sobre el intento de fraude.
Este tipo de estafas digitales no es nuevo, ya que otros personajes han señalado casos similares en diversas ocasiones, instando a la ciudadanía a estar alerta y a denunciar cualquier intento de fraude.
La recomendación es clara: no confiar en solicitudes de dinero o información personal que provengan de canales no oficiales, y siempre verificar las fuentes antes de actuar.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, aseguró que el consumo chocolates con licor, uso de enjuague bucales o medicamentos no sería causal de un falso positivo en los los controles vehiculares antidoping, reforzados tras las recientes reformas a la Ley de Tránsito y la política de cero tolerancia al alcohol al conducir.

En redes sociales, han surgido preguntas sobre si el consumo de estos podría generar un falso positivo en las pruebas de alcotest y llevar a una detención injusta.

El ministro Rodríguez enfatizó que “ninguna persona por comerse chocolates con licor, medicamentos para la garganta o enjuague bucal va a ir detenida. Lo que sí no está permitido es tomarse una copa de vino o una cerveza. La idea es cero tolerancia al alcohol cuando conduces”, aseguró.

Asimismo, Rodríguez explicó que las autoridades han intensificado la distribución de material informativo en los controles antidoping para informar a los conductores sobre las nuevas disposiciones legales y evitar malentendidos.

Resultados de los controles antidoping

El titular de Obras Públicas destacó que los esfuerzos por sensibilizar a la población están dando resultados. 

“En los últimos 2 controles vehiculares de antidoping, entregamos folletos informativos. En el primero se detuvieron 29 conductores, y en el más reciente, solo 2 personas fueron detenidas», detalló Rodríguez.

Sanciones más severas para conductores peligrosos

El ministro recordó que conducir bajo los efectos del alcohol tiene graves consecuencias legales:

Primera infracción: Detención por tres días, multa de $150, y pérdida de la licencia por 12 meses.

Reincidencia: Pérdida definitiva de la licencia, otra multa de $150 y nueva detención.

Rodríguez también enfatizó que causar un accidente de tránsito con víctimas mortales podría derivar en penas de 5 a 10 años de prisión por homicidio culposo. En el caso de conductores de transporte colectivo, la condena puede llegar hasta los 15 años de cárcel.

Próximos anuncios sobre fotomultas

En la entrevista de este viernes de Frente a Frente, de TCS, el ministro adelantó que el próximo 6 de enero se hará un importante anuncio relacionado con el sistema de fotomultas, una medida que podría fortalecer aún más la seguridad vial en el país.

El funcionario insistió en la importancia de estas acciones para prevenir tragedias en las carreteras. 

“Sabemos que hay conductores irresponsables que han dejado personas con lesiones de por vida o que han causado muertes. A ello se deben las reformas”, concluyó Rodríguez.