El procurador general de la República, René Escobar, sostuvo una reunión de trabajo con Neus Bernabeu, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en El Salvador, en la que abordaron temas clave relacionados con la garantía de los derechos humanos, especialmente enfocados en las poblaciones más vulnerables del país.

Durante el encuentro, ambas partes destacaron la importancia de seguir fortaleciendo las instituciones encargadas de proteger los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, Escobar subrayó los avances de la Procuraduría General de la República (PGR) en la especialización de su servicio en estas áreas, afirmando que la institución ha venido trabajando intensamente para mejorar la atención a estos sectores con un enfoque integral.

“Nuestra institución ha fortalecido el servicio en todas las áreas, entre ellas, la especialización en la atención a mujeres y a niños, niñas y adolescentes”, dijo la PGR al destacar los esfuerzos continuos para garantizar que las políticas públicas y los servicios judiciales estén mejor alineados con las necesidades de estas poblaciones vulnerables.

Escobar agradeció a UNFPA por la confianza depositada en el trabajo de la Procuraduría y por facilitar el diálogo y la cooperación para futuros proyectos conjuntos. “Agradecemos a UNFPA por confiar en el trabajo de la Procuraduría y por facilitar el diálogo y la cooperación para futuros proyectos”, agregó la institución.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) reiteró su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades judiciales del país, destacando que iniciativas como la desarrollada este miércoles en Santa Ana, “Incidencia del recurso de casación civil y mercantil en la función judicial”, impulsan mejores desarrollos judiciales.

El propósito de la actividad, según las autoridades, es mejorar el acceso a la justicia y garantizar un sistema judicial más eficiente y transparente en beneficio de toda la ciudadanía.

El CNJ, en este caso, contó con la participación de su oficina regional en Santa Ana.
Las charlas forman parte de una serie de acciones que buscan mejorar la capacitación y el desarrollo dentro del sector judicial, con el fin de responder de manera más efectiva a las necesidades de los ciudadanos.

“Este espacio reunió a profesionales con funciones de secretarios y colaboradores de cámaras y juzgados con competencias en el área Civil, Mercantil, Laboral, Medio Ambiente y de Paz, de la zona occidental de nuestro país”, informó el Consejo Nacional de la Judicatura.

Con estas, el CNJ pretende además fortalecer la confianza de la población en el sistema judicial, asegurando que todos los ciudadanos, sin importar su estatus social, tengan acceso a una justicia pronta, imparcial y transparente.

La comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles el dictamen favorable para la ratificación del acuerdo de asistencia mutua aduanera entre El Salvador y Estados Unidos.

El acuerdo, suscrito el pasado 7 de octubre, busca fortalecer la cooperación en la gestión aduanera, mejorar la lucha contra las infracciones y asegurar una tasación precisa de los impuestos en las aduanas de ambos países.

El acuerdo permitirá a ambos gobiernos compartir prácticas y técnicas en la gestión aduanera, incluyendo métodos de tratamiento de pasajeros y carga, así como la aplicación de medidas coercitivas para enfrentar infracciones aduaneras.

También facilitará el intercambio de información sobre la importación ilegal de mercancías y permitirá la supervisión de personas y bienes sospechosos de estar involucrados en actividades ilícitas.

José Luis Maradiaga, subdirector de Aduanas de El Salvador, destacó que uno de los aspectos clave de este convenio es la creación de la Escuela de Formación Integral Aduanera, un proyecto que buscará capacitar de manera continua a los funcionarios aduaneros no solo en normas técnicas, sino también en principios éticos. Maradiaga subrayó que la iniciativa tiene como objetivo erradicar la corrupción en las fronteras, un problema históricamente asociado con las aduanas.

“Queremos que nuestra gente reciba capacitación constante. No sólo en conocimiento técnico, sino también en principios éticos para luchar contra la corrupción. Sabemos que antes las aduanas eran consideradas centros de corrupción, pero estamos avanzando en el proceso de superación de este problema”, indicó Maradiaga.

El convenio también contempla beneficios tangibles para la modernización de los servicios aduaneros en El Salvador, como la entrega de equipos tecnológicos, como tabletas y dispositivos móviles, para automatizar los procesos aduaneros. Además, se instalarán paneles solares en los recintos aduaneros y se mejorarán las oficinas de la Dirección General de Aduanas, lo cual contribuirá a mejorar la imagen de las instituciones encargadas de las fronteras y facilitará una mejor posición frente a otros países.

El presidente de la Asamblea Legislativa, el oficialista Ernesto Castro, considera que la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, que permitiría que los cambios constitucionales sean aprobados por una sola legislatura en lugar de dos (como hasta este momento) podría ser ratificada hacia finales de 2024 o a principios de 2025.

Castro explicó que, aunque aún no han comenzado formalmente con el proceso de ratificación, la Asamblea se tomará el tiempo necesario para evaluar la reforma.

“Nosotros en su momento dijimos que no íbamos a hacer esto apresuradamente, que tomaríamos el tiempo necesario. Aún no hemos comenzado, pero cuando lo hagamos será de cara a la población», afirmó.

El 29 de abril de 2024, durante la última sesión de la legislatura anterior, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma al artículo 248, que establece que las reformas constitucionales ya no necesitarían ser ratificadas por una segunda legislatura.

En su lugar, una reforma podría ser validada por la misma Asamblea Legislativa si obtiene el apoyo de las tres cuartas partes de los diputados, es decir, 45 de 60 votos.
A pesar de que la reforma fue acordada, Castro indicó que aún no han discutido específicamente qué aspectos de la Constitución podrían modificarse una vez que la ratificación esté en marcha.

“No hemos hablado de ningún tema aún», señaló el presidente legislativo.
En cuanto a la ratificación, Castro aseguró que el proceso será «totalmente abierto a la prensa», como sucedió con otros temas importantes durante la legislatura anterior.

Es importante destacar que, para que la reforma al artículo 248 entre en vigor, debe ser ratificada por la nueva Asamblea Legislativa (2024-2027) con el respaldo de al menos 40 votos (dos tercios de los diputados). Este paso es fundamental, ya que, por el momento, el contenido de la reforma no tiene validez constitucional.

Por último, el artículo 248 también establece que no podrán reformarse ciertos aspectos fundamentales de la Constitución, como la forma y sistema de gobierno, el territorio de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

En este último punto, la Sala de lo Constitucional ya ha emitido una interpretación sobre la alternabilidad, que fue modificada en septiembre de 2021 tras la elección de la nueva Sala, luego de la destitución de la anterior.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la noche de este martes una nueva prórroga del régimen de excepción, que se extenderá por 30 días más, consolidándose como uno de los pilares de la política de seguridad pública del gobierno de Nayib Bukele.

La medida fue ratificada con 57 votos a favor, de un total de 60 diputados, mientras que los tres opositores fueron los únicos en rechazarla: Claudia Ortiz, de Vamos, votó en contra, y los dos legisladores de Arena se abstuvieron.

El régimen de excepción, en vigor desde marzo de 2022, ha permitido al gobierno llevar a cabo un operativo de gran escala contra las pandillas, con más de 83,100 detenciones, según datos oficiales.

La prórroga, sin embargo, mantiene suspendidos tres derechos constitucionales fundamentales: la garantía de defensa, el plazo máximo de detención y la privacidad de las telecomunicaciones.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la necesidad de la medida, argumentando que la suspensión de estos derechos es crucial para continuar con las operaciones de seguridad y el monitoreo de las pandillas.

Villatoro explicó que las autoridades siguen detectando comunicaciones entre miembros de grupos criminales a través de tecnologías, lo que requiere la vigilancia constante de redes sociales y otros medios.

“El monitoreo de las comunicaciones es indispensable para desarticular las estructuras criminales. Las pandillas siguen utilizando diversos recursos tecnológicos para reorganizarse y atacar a la sociedad. La suspensión de estos derechos permite que las autoridades puedan seguir avanzando con las labores operativas y los cercos de seguridad en las comunidades”, aseguró el ministro.

Preocupación por un posible retroceso

El gobierno también advirtió que, de no erradicarse por completo las pandillas, el país podría enfrentar un retroceso en los avances logrados en la lucha contra la violencia.

Según el Ministerio de Seguridad, las estructuras criminales persisten en su intento de reagruparse mediante tácticas como el reclutamiento de menores y el uso de mujeres para ocultar sus actividades.

Estos esfuerzos, explicó Villatoro, subrayan la necesidad de continuar con las medidas extraordinarias.