México inaugura elección judicial con baja participación y cuestionamientos a la reforma

El pasado 1 de junio, México vivió una jornada electoral sin precedentes: por primera vez, sus ciudadanos eligieron directamente a jueces y magistrados. Sin embargo, el ejercicio fue recibido con apatía y desinformación. La participación, de apenas entre 12.57 % y 13.32 %, expuso una realidad: la reforma judicial que prometía democratizar la justicia arrancó con más sombras que luces.

Una reforma impulsada desde el poder
La elección surge de una reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por su sucesora, Claudia Sheinbaum. El objetivo declarado: terminar con el nepotismo, la corrupción y la supuesta élite judicial alejada del pueblo.

El nuevo sistema sustituyó los nombramientos por méritos de carrera por una elección popular. Así, más de 3,400 candidatos compitieron por 2,600 cargos, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia. Pero la falta de antecedentes claros de muchos aspirantes, sumada a candidaturas polémicas —como la de una exabogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán o miembros de la iglesia La Luz del Mundo— sembraron dudas sobre la calidad del proceso.

Baja participación y confusión generalizada
A pesar del entusiasmo del oficialismo, que promovió el proceso como una conquista democrática, los votantes mostraron escaso interés o desconocimiento. Muchos ciudadanos confesaron no saber a quién elegir entre listas interminables, sin información clara ni debates previos.

El Instituto Nacional Electoral, que ya operaba con recursos recortados, se vio obligado a organizar una elección masiva con tiempo y presupuesto limitados. A esto se sumó una fuerte resistencia institucional: el Poder Judicial interpuso más de 600 recursos legales para intentar frenar la votación, sin éxito.

Además, diversos observadores reportaron irregularidades como la entrega de listas prellenadas con candidatos cercanos a Morena, presencia simultánea de varios votantes en las casillas y posible compra de votos.

¿Fracaso o éxito?
Para la presidenta Sheinbaum, el resultado fue un “éxito histórico”, destacando que se duplicó la participación respecto al referéndum de 2021 sobre investigar a expresidentes. Sin embargo, analistas como Laurence Pantin, de la ONG Juicio Justo, advierten que el proceso debilitó los controles del sistema y podría facilitar la captura del poder judicial por parte del Ejecutivo.

A nivel comparativo, la participación fue notablemente baja en relación con las elecciones federales del año pasado, donde votó alrededor del 60 % del electorado. Sheinbaum aspiraba a alcanzar al menos el 20 %.

Lo que viene
El INE prevé concluir el conteo el 15 de junio, fecha en la que se conocerán los nuevos magistrados. Aún quedan por elegirse la otra mitad de jueces en 2027. Para entonces, Morena tendrá que demostrar si esta reforma realmente mejora la justicia, como prometió.
En el fondo, la elección plantea un dilema estructural: ¿puede un sistema judicial profesional sostenerse con legitimidad si se convierte en otro campo de batalla electoral? ¿Y cómo garantizar la imparcialidad de jueces elegidos por voto popular en un país con fuertes estructuras clientelares?

Lo cierto es que, más allá de los porcentajes de participación, lo que está en juego es la independencia del poder judicial mexicano.

Con información de The New York Times y la agencia AFP