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Ley Crecer Juntos entrará en vigencia el primero de enero del próximo año

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La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, la nueva normativa derogará la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y entrará en vigencia el primero de julio del 2023.

Además, se contempla la fusión del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), dicha fusión dará vida al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), el cual, dentro de sus funciones analizará periódicamente, en coordinación con esta Cartera de Estado, la inversión social y las prioridades presupuestarias para el efectivo cumplimiento y pleno goce de los derechos de la niñez y adolescencia.

El cuerpo normativo está divido en tres libros, el primero trata sobre derechos, garantías, deberes y principios rectores de la niñez y adolescencia; el segundo libro contiene aspectos sobre la institucionalidad, es decir, las entidades que conforman el Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en donde se detallan sus funciones.

El tercer libro trata sobre los procedimientos de las juntas de protección y el papel del Ministerio Público con estas. Se incluyen procedimientos administrativos y se establecen plazos ágiles en los procesos.

Luego de aprobada la normativa, se creará el Instituto Crecer Juntos, con énfasis en la atención de niñas y niños desde su gestación hasta cumplir los cuatro años y formará parte del Sistema Nacional de Protección. Para efectos presupuestarios, se relacionará a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

Sus funciones primordiales serán la articulación y provisión de los servicios de atención integral para niñas y niños en su primera infancia; el fortalecimiento familiar para la generación de habilidades parentales y la generación de alianzas estratégicas que promuevan su desarrollo integral.

Por otro lado, el Estado instalará los Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI), que serán de carácter público y gratuito, para la atención integral de niñas y niños desde los 45 días de nacidos.

De igual manera, las municipalidades instalarán al menos un CAPI de carácter público y gratuito, pero podrán ofertar sus servicios a las empresas privadas o instituciones públicas que lo soliciten, las cuales pagarán la cuota respectiva.

La jurisdicción de familia y niñez tendrán la obligación de aplicar esta ley, en el proceso general de protección que es parte de la jurisdicción de los jueces de niñez se conocerán las pretensiones del cuidado personal, de régimen de protección y trato, alimentos y perdida suspensión de autoridad parental, entre otros, cuando son pretensiones autónomas.

En el proceso abreviado se conocerán rectificaciones de partidas, estado familiar subsidiario, declaratoria de discapacidad, entre otros aspectos, como salidas del país y pasaporte; contribuyendo a la disminución de recursos y agilidad en el tiempo de resolución del proceso.

La Ley Crecer Juntos brinda aportes en el uso de la tecnología, el abandono total del uso del papel, las demandas, resoluciones, notificaciones y escritos serán presentados de forma electrónica. Se contempla que las audiencias se mantengan de forma presencial, salvo aquellas especiales que requieran videoconferencia.  

En materia tributaria, la Ley establece dos aspectos importantes: el primero se trata de una deducción al Impuesto sobre la Renta (ISR) a los gastos que incurran los patronos en el marco del cumplimiento de la obligación de instalar, mantener o contratar Centros de Atención a la Primera Infancia para hijos/as de  sus empleados.

Y el segundo hace referencia a una regulación de una exención en el pago de los tributos, así como para publicaciones en el Diario Oficial y derechos registrales de toda certificación en el Centro Nacional de Registro (CNR) o cualquier otra institución a favor del CONAPINA y del Instituto Crecer Juntos.

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Corte Suprema amplía acceso a la justicia con implementación de facilitadores judiciales

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El Salvador completó la implementación nacional del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales con la incorporación del departamento de Cuscatlán, una medida que busca ampliar el acceso a la justicia y fortalecer el vínculo entre las comunidades y el sistema judicial.

La oficialización se realizó durante un acto inaugural en San Rafael Cedros, Cuscatlán Sur. Con esta incorporación, el programa alcanza presencia en los 14 departamentos del país.

Las autoridades señalaron que los facilitadores judiciales desempeñan funciones de apoyo comunitario y sirven como enlace entre la población y las instituciones judiciales. Además, el sistema busca acercar los servicios de justicia a zonas con menos acceso a orientación legal.

Expansión nacional cierra cobertura pendiente

La magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Elsy Dueñas Lovos, afirmó que la incorporación de Cuscatlán marca un paso relevante dentro del proceso de expansión nacional.

Durante su intervención, explicó que ese departamento era el único del país que aún no contaba con el servicio.

“Con esta incorporación se alcanza una meta trascendental para la Corte Suprema de Justicia y para El Salvador, ya que Cuscatlán era el único departamento que aún no contaba con este valioso servicio”, expresó la funcionaria.

Además, indicó que la iniciativa busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y promover una cultura de paz en las comunidades.

Nuevos participantes reciben funciones y herramientas

Como parte de la actividad, las autoridades juramentaron a nuevos facilitadores judiciales que asumirán tareas de acompañamiento comunitario y orientación ciudadana.

Asimismo, entregaron equipo destinado a apoyar el desarrollo de sus funciones en distintas localidades.

Las autoridades esperan que estos recursos permitan fortalecer el trabajo territorial y mejorar la comunicación entre la población y el sistema judicial.

Modelo busca ampliar el vínculo con la población

El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales opera como un mecanismo de apoyo comunitario que acerca información y orientación a la ciudadanía.

Con la ampliación de cobertura, el programa busca fortalecer la relación entre las comunidades y las instituciones encargadas de la administración de justicia en todo el territorio salvadoreño.

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Corte Suprema de Justicia abre convocatoria para integrar el Consejo Nacional de la Judicatura 2026-2031

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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador, junto con el Comité Electoral Judicial, abrió la convocatoria para jueces, juezas, magistradas y magistrados propietarios interesados en participar en la elección de candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura para el período 2026-2031.

La institución informó que el período de inscripción estará vigente del 22 al 29 de junio de 2026. Durante ese plazo, los aspirantes deberán presentar su solicitud ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Además, los participantes deberán entregar documentación que respalde el cumplimiento de requisitos constitucionales y legales.

Aspirantes deberán acreditar requisitos y presentar declaración jurada

Las autoridades detallaron que podrán participar jueces y magistrados propietarios interesados en integrar el proceso.

Los postulantes deberán cumplir requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura.

Asimismo, cada participante deberá presentar una declaración jurada que confirme que no posee impedimentos legales o inhabilidades para optar al cargo.

La convocatoria también establece la entrega de una fotografía reciente en formato digital.

El Comité Electoral Judicial verificará el cumplimiento de cada requisito y podrá emitir observaciones si encuentra información pendiente.

Causales de rechazo incluyen expedientes incompletos y suspensión del cargo

Las autoridades indicaron que el proceso contempla motivos específicos para rechazar solicitudes.

Entre las causas figura la presentación de documentación incompleta que no sea corregida dentro del plazo establecido.

Además, el comité podrá denegar la inscripción a personas suspendidas para ejercer funciones judiciales.

La Corte también pidió a los participantes mantenerse atentos a los canales oficiales relacionados con el proceso electoral.

Calendario fija actividades hasta mediados de julio

La agenda electoral establece varias etapas antes de la elección final.

El 30 de junio será la fecha límite para revisar los expedientes recibidos. Posteriormente, el 1 y 2 de julio, los aspirantes podrán corregir observaciones o responder impugnaciones.

Entre el 4 y el 10 de julio se desarrollará el período de proselitismo electoral. Paralelamente, las autoridades efectuarán validaciones de datos, auditorías y pruebas técnicas de la plataforma electrónica.

La Asamblea General de juezas, jueces, magistradas y magistrados se celebrará el 11 de julio. Durante esa jornada se realizará la elección, el escrutinio final y la comunicación de resultados.

Después, el proceso incluirá un período para presentar y resolver impugnaciones.

Finalmente, el Comité Electoral Judicial certificará los resultados el 17 de julio y enviará las ternas a la Corte Suprema de Justicia para su posterior remisión a la Asamblea Legislativa.

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FIFA advierte sobre la comercialización ilegal de transmisiones del Mundial en El Salvador

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La representación legal de la FIFA en El Salvador alertó sobre el aumento de transmisiones no autorizadas de partidos del Mundial 2026 y de actividades comerciales que utilizan la imagen del torneo sin licencia.

Carlos Enrique Castillo, socio y director de la firma Romero Pineda, que representa a la FIFA en el país, explicó en una entrevista exclusiva con Derecho y Negocios que bares, restaurantes y otros negocios no pueden utilizar las señales del Mundial con fines comerciales sin contar con una autorización específica.

Según el abogado, la señal disponible para hogares está destinada al uso privado y domiciliar. Por ello, utilizarla para atraer clientes o generar ingresos requiere una licencia comercial otorgada por el operador autorizado.

“Lo que no se puede es divulgar un evento privado y monetizarlo o sacarle lucro a favor personal”, afirmó.

Negocios pueden obtener permisos para exhibir los partidos

Castillo señaló que los establecimientos interesados en transmitir encuentros del Mundial pueden solicitar una licencia comercial a los operadores que poseen los derechos de transmisión.

El representante legal indicó que la alternativa existe y permite realizar estas actividades dentro del marco legal.

Carlos Enrique Castillo, socio y director de la firma Romero Pineda, representante legal de la FIFA en El Salvador.

Sin embargo, advirtió que quienes utilicen las transmisiones sin autorización se exponen a multas y otras sanciones previstas por la legislación salvadoreña.

Además, recordó que la normativa mercantil contempla consecuencias para las sociedades que desarrollen actividades ilícitas de forma comprobada.

Vigilancia tecnológica detecta emisiones no autorizadas

La FIFA y sus representantes utilizan herramientas tecnológicas para identificar retransmisiones ilegales y posibles infracciones relacionadas con los derechos audiovisuales del torneo.

De acuerdo con Castillo, los sistemas actuales permiten rastrear desvíos de señal, captaciones no autorizadas y emisiones realizadas a través de plataformas digitales.

Una vez detectadas, las transmisiones pueden ser reportadas y suspendidas mediante los mecanismos previstos por la ley y por los proveedores de servicios digitales.

El abogado aseguró que estas acciones ya se realizan en El Salvador y en otros países que forman parte de la organización del Mundial 2026.

Venta de productos falsificados también genera preocupación

La vigilancia no se limita a las transmisiones deportivas. La representación legal de la FIFA también monitorea la comercialización de camisetas, balones, stickers, álbumes y otros artículos relacionados con el torneo.

Según Castillo, cualquier producto que utilice marcas, imágenes o elementos protegidos sin una licencia oficial constituye una infracción a los derechos de propiedad intelectual.

Asimismo, explicó que agencias de publicidad, distribuidores autorizados y particulares envían reportes constantes sobre posibles irregularidades detectadas en redes sociales y plataformas de comercio electrónico.

Cuando se identifica una publicación relacionada con mercancía presuntamente ilegal, los responsables pueden solicitar su retiro ante las plataformas digitales correspondientes.

Autoridades coordinan acciones de control

El representante legal destacó la participación de varias instituciones salvadoreñas en la protección de los derechos asociados al Mundial.

Entre ellas mencionó a la Unidad de Protección de la Propiedad Intelectual de la Fiscalía General de la República, la Dirección General de Aduanas, el Instituto de la Propiedad Intelectual y la Defensoría del Consumidor.

Según explicó, estas entidades pueden actuar ante posibles delitos relacionados con la piratería, la falsificación de productos y el uso indebido de marcas registradas.

Además, indicó que ya existen casos en los que se han emitido advertencias formales a personas y negocios señalados por infringir derechos vinculados al torneo.

Llamado a cumplir la normativa vigente

Castillo hizo un llamado a los comerciantes y emprendedores para que regularicen sus actividades y eviten exponerse a sanciones.

El abogado sostuvo que obtener una licencia para transmitir los partidos o comercializar productos autorizados resulta menos costoso que enfrentar procesos legales.

También insistió en que el Mundial es un evento privado cuyos derechos de explotación comercial están protegidos por contratos y normas de propiedad intelectual.

“Disfrutemos de un evento privado de manera responsable”, concluyó.

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Corte Suprema lanza Código de Ética para fortalecer la transparencia judicial

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La Corte Suprema de Justicia presentó este lunes el nuevo Código de Ética del Órgano Judicial, un instrumento que establece los principios, valores y normas que orientarán la actuación de jueces, funcionarios y empleados de la institución.

El lanzamiento estuvo encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, quien destacó la importancia de fortalecer la integridad y la transparencia dentro del sistema judicial salvadoreño.

“Reafirmo el compromiso de esta administración con la integridad, transparencia y ética que ha caracterizado a esta gestión. Servir con excelencia significa actuar con integridad, pero también con empatía, respeto y vocación de servicio hacia cada usuario que atendemos”, expresó el magistrado durante la actividad.

Capacitación para fortalecer la cultura institucional

Además de la presentación oficial del documento, el Órgano Judicial inició jornadas de capacitación dirigidas a su personal.

Estas actividades buscan promover el conocimiento y la aplicación de los principios contenidos en el Código de Ética. Asimismo, pretenden consolidar una cultura institucional basada en valores, responsabilidad y servicio público.

Las autoridades señalaron que la formación permitirá que los empleados judiciales conozcan los lineamientos establecidos y los incorporen en el desempeño diario de sus funciones.

Herramienta para orientar la conducta de los servidores públicos

El nuevo marco normativo define los criterios éticos que deben guiar la actuación de quienes trabajan en la administración de justicia.

De acuerdo con la institución, el documento busca fortalecer la confianza ciudadana mediante estándares de conducta alineados con la transparencia, el respeto y la responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

Además, establece principios destinados a promover una gestión orientada al servicio de la población y al cumplimiento de las obligaciones institucionales.

Participación de autoridades y organismos internos

En la actividad participaron integrantes de la Comisión de Ética Gubernamental del Órgano Judicial, así como funcionarios y empleados de diferentes dependencias.

El evento marcó el inicio de una nueva etapa de implementación y difusión de las normas éticas dentro de la institución. Con ello, el Órgano Judicial busca reforzar los mecanismos internos de integridad y fortalecer las buenas prácticas en la administración de justicia en El Salvador.

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Corte Suprema de Justicia recuerda uso de kiosco digital para agilizar trámites notariales

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La Corte Suprema de Justicia recordó a los usuarios la disponibilidad del kiosco digital de atención instalado en la Sección del Notariado de San Salvador para facilitar la realización de trámites notariales.

La herramienta permite obtener un turno de atención mediante el escaneo del Documento Único de Identidad (DUI), con el objetivo de agilizar el proceso y mejorar la organización del servicio.

Según informó la institución, el sistema busca ofrecer una atención más rápida, ordenada y segura a las personas que acuden a realizar gestiones en la sede central de la Sección del Notariado.

Acceso automatizado simplifica el registro de usuarios

El kiosco digital permite que los solicitantes registren su ingreso de forma inmediata al llegar a las instalaciones.

Mediante la lectura del documento de identidad, el sistema asigna un turno sin necesidad de procesos manuales. Además, facilita el control del flujo de usuarios durante la jornada de atención.

La Corte Suprema de Justicia indicó que esta modalidad contribuye a optimizar los servicios ofrecidos por la dependencia.

Herramienta busca mejorar la experiencia de atención

La institución destacó que la implementación de soluciones tecnológicas permite fortalecer la gestión de los servicios notariales.

Asimismo, señaló que el uso del kiosco ayuda a reducir tiempos de espera y mejora la organización de las solicitudes presentadas por los usuarios.

La medida forma parte de los esfuerzos para modernizar los mecanismos de atención al público.

Información disponible en la sede de San Salvador

El sistema opera en la sede central de la Sección del Notariado, ubicada en San Salvador.

La Corte Suprema de Justicia también recordó que los usuarios pueden obtener orientación adicional a través de los canales de atención habilitados por la institución para consultas relacionadas con trámites notariales.

Con este recordatorio, la entidad busca promover el uso de herramientas digitales que faciliten la atención y la realización de gestiones en la dependencia.

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