La Corte Suprema de Justicia recordó a los abogados y a los ciudadanos en general que por medio su Departamento de Documentación Judicial se pueden realizar diferentes búsquedas en línea, con el objetivo de facilitar el acceso a información relevante sobre jurisprudencia y leyes.

Este departamento se convierte en un recurso importante para abogados, estudiantes de derecho y cualquier ciudadano que busque entender mejor el marco legal del país.
A través de una amplia base de datos, los usuarios pueden acceder a documentos legales sobre jurisprudencia, legislación, instrumentos internacionales y doctrina legal.

Por medio de jurisprudencia.gob.sv el interesado puede realizar sus búsquedas desde cualquier computadora o dispositivo.
La búsqueda es sencilla y en el apartado de “Legislación” se encuentras leyes, acuerdos, decretos institucionales, decretos ejecutivos y legislativos, entre otros.

En los “instrumentos internacionales» están los tratos y textos suscritos entre El Salvador y otros estados. En “Jurisprudencia”, resoluciones de Corte Plena, las diferentes salas, cáaras, tribunales d Sentencia y Juzgados.

Mientras que en “Doctrina”, están los artículos jurídicos escritos por diferentes juristas nacionales e internacionales.
Este esfuerzo busca, además, mejorar la transparencia y el acceso a la justicia, que se alinea con las iniciativas globales para modernizar los sistemas judiciales.

La Corte Suprema espera que, mediante la consulta y el uso de esta herramienta, se fomente una mayor comprensión de los derechos y deberes legales, así como una participación activa de la ciudadanía en el ámbito jurídico.

Representantes del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) asistieron al evento “Presentación sobre la definición de liderazgo e integridad en la toma de decisiones de la alta gerencia pública, con énfasis en el Sistema de Gestión Anticorrupción (SGA)”.

Esta actividad es parte del “Proyecto por la Transparencia e Integridad”, organizado por Counterpart International en colaboración con Wellington Page International (WPI), y cuenta con el respaldo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El proyecto busca fortalecer la capacidad del CNJ en su proceso de certificación bajo la norma ISO 37001, enfocándose en la identificación y mitigación de riesgos de soborno y corrupción.
Esto es considerado crucial para fomentar prácticas más seguras y transparentes dentro del sistema judicial.

Durante la presentación, se abordaron aspectos clave sobre la importancia del liderazgo ético y la integridad en la toma de decisiones en el ámbito público, resaltando la necesidad de implementar políticas efectivas que promuevan la transparencia en la gestión pública.

El CNJ mantiene particular interés en la lucha contra la corrupción y su dedicación a mejorar la confianza pública en el sistema judicial, alineándose con los estándares internacionales de integridad y transparencia.

Counterpart International es una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos que se dedica a promover el desarrollo sostenible y la justicia social a través de programas que fortalecen la gobernanza, la economía y la capacidad de las comunidades. Trabaja en colaboración con gobiernos, organizaciones locales y otros actores para implementar proyectos que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas y el empoderamiento de la sociedad civil.

Wellington Page International (WPI) es una consultora que se especializa en asesorar a organizaciones y gobiernos en la implementación de estándares internacionales, especialmente en áreas como la gobernanza, la gestión de riesgos y la lucha contra la corrupción. Su enfoque incluye el desarrollo de sistemas de gestión y capacitaciones que ayudan a las instituciones a mejorar su efectividad y transparencia.

Ambas organizaciones colaboran en proyectos que buscan fortalecer las capacidades institucionales y promover prácticas de buena gobernanza en diversas regiones

La Asamblea Legislativa inició el proceso para seleccionar al nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que se desempeñará por un período de tres años. La iniciativa fue presentada este 9 de octubre por Christian Guevara, jefe de fracción del partido oficialista Nuevas Ideas.

Con 57 votos a favor, los legisladores acordaron iniciar la recepción de propuestas para candidatos al cargo. Los aspirantes podrán presentar sus documentos entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde hasta el próximo 5 de noviembre.

Actualmente, el puesto de fiscal general es ocupado por Rodolfo Delgado, quien asumió el cargo el 1 de mayo de 2021, tras la destitución de Raúl Melara por parte de la Asamblea. Delgado fue reelecto el 22 de diciembre de 2021, recibiendo 66 votos a favor.

El subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, destacó que el estudio de los perfiles de los candidatos será un proceso “abierto” y se transmitirá a través de redes sociales.
“Invito a todos los profesionales que cumplan los requisitos legales a postularse. La inscripción de postulantes está oficialmente abierta”, comentó Navarro.

El del legislativo, Ernesto Castro, enfatizó la importancia de esta elección para la población.
“Me uno a la invitación para todos los profesionales interesados en ser candidatos a fiscal general de la República. Tienen desde hoy hasta el 5 de noviembre para postularse”, agregó.
El nuevo fiscal general asumirá oficialmente el cargo el 5 de enero de 2025 y se mantendrá en él hasta el 5 de enero de 2028.

El presidente de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Quinteros, sugirió ante la comisión de seguridad nacional y justicia de la Asamblea Legislativa que se modifiquen los plazos máximos de detención provisional.

En términos generales, dijo que con “las reformas propuestas, nos ponemos a la vanguardia en materia judicial. Me parece acertado que ahora que el país está viviendo una nueva realidad, reforcemos el ámbito de protección de otros bienes jurídicos que son relevantes para la colectividad. A todos nos preocupa el patrimonio», explicó.

Destacó que las reformas son esenciales para fortalecer la capacidad del órgano judicial y optimizar los mecanismos de solución inmediata para la población.

Entre las enmiendas propuestas, se contempla la ejecución de la responsabilidad civil de los condenados, asegurando así el derecho de las víctimas.

La iniciativa del Ejecutivo plantea que la detención provisional pueda extenderse hasta la mitad de la pena máxima del delito. Por ejemplo, en el caso de un delito con una pena máxima de 10 años, la detención podría prolongarse hasta 5 años.

Quinteros sugirió que se podría mitigar el riesgo de que esta medida se considere como una pena anticipada al abordar el asunto de manera diferente.
Propuso que se incluyan causas para la suspensión del plazo máximo de detención, lo que permitiría descontar del tiempo total aquellos periodos en los que el proceso judicial se retrase por factores como pericias complejas o conflictos de competencia.

Además, planteó la posibilidad de agregar un inciso al artículo 8 del Código Procesal Penal, que permitiría la suspensión del plazo de detención en casos excepcionales, a solicitud del fiscal o de oficio, considerando las particularidades de cada caso.

Quinteros también abordó la reforma al Código Penal, que propone el aumento de penas para delitos como hurto, robo y estafa.

En particular, el robo agravado podría ver un incremento significativo en su pena, pasando de 8 a 12 años a una condena de entre 20 y 30 años.

La Procuraduría General de la República (FGR) participó en la inauguración de la Semana Ética, un evento centrado en promover la integridad pública y combatir la corrupción.

Durante el primer día, se llevó a cabo un “Conversatorio de sociedad civil”, donde el Gerente de Integridad de la FGR subrayó el compromiso de la institución con la ética a través de la implementación de nuevos procesos de quejas y denuncias, asegurando un servicio integral y gratuito para la ciudadanía.

La FGR busca consolidarse como un referente en la promoción de la integridad pública.
En este sentido, está en marcha un sistema de integridad y antisoborno, diseñado para reforzar la confianza de los ciudadanos mediante la transparencia y el compromiso en sus canales de comunicación y procesos operativos.