Karla Patricia Alas | Socia y Managing Partner de Estudio Kapadu Tech and Law Firm

A partir de ahora, El Salvador cuenta con el mecanismo legal y la institucionalidad, que definirá líneas de acción, y políticas de protección para estructurar, regular, auditar y fiscalizar las medidas de ciberseguridad en poder de las instituciones estatales que son en primera medida, los organismos obligados a cumplir y velar por lo establecido en la ley.

El pasado mes de noviembre de 2024, fueron aprobadas dos iniciativas de ley, por parte de la Asamblea Legislativa, que, hasta entonces, era una tarea pendiente para El Salvador y me refiero a la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la información, así como la Ley de Protección de Datos Personales, ya ambas publicadas en el Diario Oficial de fecha 15 de Noviembre de este 2024 y por lo tanto ya leyes de la República pues entraron en vigencia, 8 días después de su publicación.

En este artículo me referiré a la nueva Ley de Ciberseguridad, con la que se espera alcanzar un hito fundamental, en el esfuerzo que nuestro país estará haciendo para asegurar la infraestructura crítica de la información, así como la mejora, la coordinación, prevención y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

Hasta antes esto, era frecuente escuchar algunas fallas y brechas de seguridad de la información que están afectando a instituciones del Estado. Cierto o no, ha habido mucha especulación sobre el tema, y con ello aumento de zozobra, incertidumbre, malestar y miedo, ya que por qué no decirlo, son sentimientos latentes ante una población desprotegida hasta entonces, por la falta de regulación, ya que la información hoy por hoy es un intangible demasiado valioso y costoso en recuperar.

A partir de ahora, El Salvador cuenta con el mecanismo legal y la institucionalidad, que definirá líneas de acción, y políticas de protección para estructurar, regular, auditar y fiscalizar las medidas de ciberseguridad en poder de las instituciones estatales que son en primera medida, los organismos obligados a cumplir y velar por lo establecido en la ley.
Y en efecto, la ley debía definir por lo menos, los principios con los cuales estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad y así prevenir las actividades relacionadas a la ciberdelincuencia.

¿Quiénes son en consecuencia los entes obligados a cumplir con la ley?

Son todos los órganos de gobierno, sus dependencias y las instituciones oficiales autónomas las municipales. Pero será obligada cualquier entidad u organismo, independientemente de su forma naturaleza o situación jurídica mediante las cuales se administran recursos públicos, bienes del estado o ejecuten actos de administración pública en general y que posean incidencia en la infraestructura crítica del Estado, incluyendo a todos los servidores públicos dentro o fuera del territorio de la República y las personas que elaboran en entidades ya mencionadas.

Importante esta aclaración porque pareciera que lo privado queda totalmente ajeno a esto, sin embargo, es ilógico pensar de esta forma. Y por ello no podemos decir que esta ley no impacta, pues nadie está exento de un incidente informático hoy día, y menos podemos alegar ignorancia de ley, y lo que sí es factible, es que una brecha de seguridad puede llegar por cualquier frente, ya sea desde una broma, una curiosidad, o con premeditación, alevosía y ventaja.

La ley considera como recursos públicos para este tópico, aquellos fondos procedentes de convenios o tratados internacionales con otros países u organismos que determinen requisitos en materia de ciberseguridad, y para es necesario implementar normativas, protocolos, lineamientos estándares y criterios técnicos que cuenten con el reconocimiento de la industria, ya sea por sus aportes a la estandarización del rubro en cuestión o que cuenten con experiencia probada a nivel internacional, siempre que esté demostrada la funcionalidad eficiencia y beneficio de dicho requerimientos o estándares en materia de ciberseguridad y seguridad de la información.

De ahí que es determinante contar con socios estratégicos, o implementar buenas prácticas que dentro de la industria de la seguridad de la información se han ejecutado y tener alianzas con terceros expertos, siendo ello clave para la consecución de este fin.
Si notamos el alcance es gigante, y otros países como por ejemplo Chile, al momento de definir sus políticas y marcos regulatorios se definieron servicios esenciales y operadores de importancia vital públicos y privados, así como se han analizado y considerado otros posibles afectados, para que el riesgo de incumplimiento sea lo menos posible.

¿Quién será la Agencia de Ciberseguridad del Estado?

Surge la necesidad de crear al ente regulador, a ser ejercido por la Agencia de Ciberseguridad del Estado, quien tendrá la obligación de garantizar la seguridad informática de los ciudadanos.
La Agencia de Ciberseguridad del Estado (en adelante ACE), será una dependencia del Estado con diferentes y variadas funciones entre ellas:

• Elaborar la política de ciberseguridad y seguridad de la información de la Nación que contiene los lineamientos y planes de acción.
• Emitir normas protocolos lineamientos estándares y criterios técnicos tanto generales como específicos basados en buenas prácticas y marcos de referencia internacional en materia de ciberseguridad
• Implementar programas de acción para responder ante amenazas o incidentes de seguridad que involucran a los sujetos obligados.
• Requerir a las entidades obligadas donde estas se hayan visto afectadas en sus sistemas informáticos equipos o infraestructuras por un incidente de ciberseguridad y ejecutará las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.
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  Surge a partir de este momento la atribución de crear un registro Nacional de amenazas e incidentes, así como calificar mediante resolución fundamentada a los operadores de infraestructuras críticas y someterlo a ratificación del Presidente de la República.
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  La ACE podrá retirar la calificación de los operadores de infraestructuras críticas si no cumplen con sus funciones y someterlo a ratificación del Presidente, así como podrá requerir a las entidades obligadas, que entreguen a los potenciales afectados o autoridades de investigación, información veraz sobre lo ocurrido y diseñar o implementar planes y campañas de formación ciudadana para fortalecer los pilares de la ciberseguridad.
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  Todo lo anterior en concordancia con la Política de Ciberseguridad y Seguridad de Información de la Nación, por ello deberá elaborar normativas, protocolos lineamientos estándares y criterios técnicos tanto generales como específicos en materia de ciberseguridad a más tardar 90 días contados a partir de la vigencia de la ley.
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  Además, la ACE, creará e implementará los programas de acción necesarios para responder ante las amenazas o incidentes de ciberseguridad y seguridad de la información que involucren a los sujetos obligados por la presente ley. De la misma manera, la entidad creará y administrará un Registro Nacional de Amenazas e Incidentes de Ciberseguridad.
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  La ACE puede tomar medidas adicionales y ordenar al infractor que adopte aquellas que fueran necesarias para restablecer la legalidad e incluso puede imponer multas coercitivas.
  La ACE tendrá un Director General y un Director de Ciberseguridad y Seguridad de la Información y las dependencias o unidades administrativas que establezca su reglamento interno y éste último al ser nombrado, asistirá al Director General en el ejercicio de sus atribuciones y facultades, en cumplimiento de la ley.
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  El patrimonio de la ACE será constituido por recursos que el Estado le dé, las asignaciones que anualmente se establezcan en presupuestos especiales, recursos que reciba en virtud de programas de asistencia de gobiernos u organismos nacionales e internacionales, bienes muebles e inmuebles que adquiera a cualquier título y estará sujeto a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República.
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  La ley no es muy grande, pero define inicialmente, los principios rectores, infracciones y sanciones en caso de incumplimiento, el procedimiento sancionador que se estará promoviendo en estos casos. Vale decir que las sanciones e infracciones definidas en la ley, prescribirán a los 5 años.
  Contar con una ley no es suficiente y son necesarias muchas iniciativas, pero aplaudo el hecho de que tengamos por fin un primer esfuerzo y de ahí que, los actores inmersos estos temas, debemos apoyar, ya que sumándolos todos, hacemos ciberseguridad.

El año 2024 ha sido trascendental para AFP CONFIA, pues fue el escenario de su evolución. Su imagen corporativa renovada reafirmó su liderazgo, su compromiso con la excelencia y su enfoque en brindar soluciones innovadoras a sus clientes. Bajo el lema “CONFIA siempre en tu futuro”, la compañía consolidó su posición como líder en el sector previsional salvadoreño.
“Esta transformación refleja nuestro firme compromiso con la excelencia y el servicio. Como parte del Grupo Financiero Atlántida, con una plataforma tecnológica renovada y el respaldo de un equipo altamente capacitado, reafirmamos la convicción y dedicación de cuidar el presente, mientras construimos, junto a nuestros afiliados, un futuro sólido y seguro. Este será nuestro principal enfoque en 2025”, aseguró René Hernández, Director de Comunicaciones y Mercadeo de AFP CONFIA.

Una imagen renovada para un futuro sólido
Este año, AFP CONFIA dio un paso importante al presentar su renovada imagen corporativa, un cambio visual que refleja su compromiso con la evolución, la excelencia y la innovación. Basada en tres pilares fundamentales: confianza, cercanía y compromiso, la Administradora modernizó su presencia en el mercado, y consiguió resaltar la adaptabilidad y visión de futuro de la empresa.
Además, con este cambio, CONFIA reafirmó su liderazgo en el sector previsional y su dedicación a construir un futuro sólido para sus afiliados, manteniendo siempre un enfoque centrado en la calidad del servicio y la satisfacción del cliente.

1. Confianza: respaldo por 26 años de liderazgo
   Con una trayectoria de más de 26 años en el sector previsional, la empresa ha sido un referente en El Salvador y la región, gestionando el mayor fondo de pensiones de Centroamérica y el Caribe. Esta confianza se fortalece aún más con su pertenencia al Grupo Financiero Atlántida, una organización financiera con más de 111 años de experiencia y un sólido liderazgo. El compromiso de CONFIA de cuidar el futuro de sus más de 1.8 millones de afiliados queda reflejado en cada aspecto de la renovación de su marca.
2. Cercanía: con un enfoque cada vez más cercano al cliente
   El segundo pilar es la cercanía, un valor esencial que impulsa la conexión directa y personal con los afiliados y pensionados. La nueva imagen refleja este esfuerzo por brindar un servicio más cercano, basado en la atención personalizada y la proximidad en las relaciones. CONFIA ha transformado la manera en que interactúa con sus clientes mediante la adopción de soluciones digitales, permitiendo a los afiliados realizar trámites de manera ágil, segura y desde cualquier lugar, a través de canales como la AFP CONFIA APP, mensajería instantánea y un renovado sitio web.
3. Compromiso: con un equipo altamente capacitado y una visión de futuro
   El tercer pilar es el compromiso, que se manifiesta en el equipo profesional de CONFIA, siempre preparado para ofrecer un servicio excepcional. La renovación de la imagen también refleja el enfoque de la empresa en la capacitación continua de su personal, asegurando que los colaboradores estén a la vanguardia en temas de inversión y gestión de fondos de pensiones. El ambiente laboral positivo y colaborativo fomenta la innovación y el desarrollo profesional, lo que se traduce en un servicio de alta calidad y soluciones personalizadas para los clientes.
   CONFIA reafirma su propósito de seguir construyendo un futuro sólido y seguro para sus afiliados, garantizando un servicio de excelencia y manteniendo su liderazgo en el sector previsional.
   Para conocer más sobre CONFIA, visita www.confia.com o búscalos en sus redes sociales como AFP CONFIA. Conoce más sobre Grupo Financiero Atlántida en www.grupofinancieroatlantida.com

La firma Oliva & Oliva tiene más de 50 años en el derecho administrativo, practicante desde que esta área de Derecho era desconocida hasta que hoy en día, que es de las áreas más importantes en la práctica abogadil en El Salvador.

Entrevista principal a Roberto Oliva (RO), padre y Roberto Oliva de la Cotera (ROC) hijo, abogados referentes en el derecho administrativo.

Por Claudia Espinoza.
 

 La visión de la firma es la protección ciudadana frente a la administración. Creo que ese es un punto importante, porque para eso nace el derecho administrativo, para proteger a los  ciudadanos de las arbitrariedades que puede ejercer el poder ejecutivo

ECIJA El Salvador fue reconocida en varias áreas por el directorio mundial The Legal 500. Hablamos con los socios de esta firma Alfredo Navas (AN), Carlos Gil (CG) y Carlos Quintanilla (CQ) para que nos cuenten al respecto.    

The Legal 500 en su edición 2021 para Latinoamérica, destacó el trabajo de ECIJA El Salvador en tres áreas: Banking & Finance, Corporate & M&A e Intellectual Property. ¿Cómo perciben estos reconocimientos?

AN: Recibimos estas menciones con toda la humildad que debemos, pero con la convicción de que el trabajo y el esfuerzo realizado a lo largo del tiempo están rindiendo frutos.

Alfredo Navas, socio ECIJA El Salvador

Hemos tenido un objetivo claro desde el primer día que comenzamos a operar, el brindar servicios legales especializados que cumplan con los más altos estándares de calidad internacionales, y el formar parte del Ranking The Legal 500 es prueba de que estamos en el camino correcto. Lo tomamos como un feedback sobre la percepción del mercado sobre nuestro trabajo. Por los resultados obtenidos, podemos decir que estamos cumpliendo con el objetivo de alcanzar estos estándares de servicio de calidad internacional.

Asimismo, concluimos que la ruta que nos hemos trazado no sólo para El Salvador sino que para todas nuestras oficinas en Latinoamérica es la correcta, ECIJA está creciendo en áreas de especialidad las cuales hemos identificado correctamente, esto nos acrecenta nuestra pasión, orgullo y ganas de seguir escalando en un mundo tan competido como en el que practicamos.

The legal 500 destaca en ECIJA “su pasión por su trabajo, el compromiso de los socios y su conocimiento del sector”. Son grandes cualidades, ¿por qué consideran que estos puntos son importantes de destacar en una firma regional?

Carlos Quintanilla, socio ECIJA El Salvador

CQ: Es que ser parte de ECIJA es practicar día a día estos valores. En nuestro despacho no nos gustan los atajos y siempre preferiremos el estudio y el esfuerzo para poder entregar un servicio que vale la pena a nuestros clientes, esto va íntimamente ligado al compromiso con la mejora continúa que tenemos internamente, somos muy críticos con nuestro trabajo y de los entregables a nuestros clientes. Es muy importante recordar que estos valores se replican en todas las oficinas de ECIJA en Iberoamérica.

ECIJA tiene tres años de estar en El Salvador y sigue expandiéndose, ¿cuáles son las proyecciones para el próximo año?

CG: Nos hace mucha ilusión que en un año extremadamente difícil en donde nuestro país y el mundo ha enfrentado una crisis sanitaria y económica, nuestra firma haya podido crecer por tercer año consecutivo.

Carlos Gil, socio ECIJA El Salvador

Este crecimiento se debe en parte a que nuestra estrategia va por el camino de poder generar interés en áreas del derecho no tradicionales, como el Derecho de las Nuevas Tecnologías, prueba de ello fue el lanzamiento de la línea de negocios ECIJA TECH, por medio de la cual, prestamos servicios relativos a temas como ciberseguridad, implementación de la firma electrónica, ecommerce, teletrabajo y cumplimiento de normativas relacionadas con la protección de la información y plantes de continuidad de negocios.

Nuestra apuesta es esa, seguir buscando la confianza de nuestros clientes que han creído en nosotros desde un inicio así como de nuevos clientes a los cuales tenemos la oportunidad de servir.

¿Cómo está creciendo ECIJA en Latinoamérica en los últimos años?

AN: El proceso de expansión de ECIJA en LATAM inició en 2018. El proceso ha sido más que exitoso, además de cubrir todo Centroamérica, tenemos operaciones en Chile, Ecuador, Panamá, México, Puerto Rico, República Dominicana y recientemente en Brasil. Esperamos a inicio de 2021 lanzar Argentina y Colombia.

Ha sido un esfuerzo liderado por nuestro LATAM Manager, Mauricio París, desde Costa Rica. Nuestra apuesta ha sido muy clara: convertirnos en el despacho con mayor presencia por medio de oficinas propias en Latinoamérica, enfocados en servicios de muy alto valor agregado, manteniendo el mismo estándar de calidad en todas las plazas en las cuales estamos presentes. Esto nos ha permitido crecer, no solo en la cantidad de abogados dentro del equipo, sino también acompañar a nuestros clientes a todo lugar en el cual tenemos presencia.

Flavia de Araujo Cuenca – Socia Cuenca & Asociados. 

Uno de los sectores que actualmente está siendo gravemente afectado con la pandemia del COVID- 19 es el sector turístico, por lo que hay que tomar en cuenta los desafíos y cambios que sean necesarios para la reactivación del turismo, sean ellos temporales o permanentes.

 Temas como la reactividad de las actividades turísticas de forma segura, requisitos de bioseguridad a las empresas y el fortalecimiento del uso de la tecnología como forma de evitar el contacto, son algunos de los temas en la agenda del sector.

 El Secretario General de las Naciones Unidas el 9 de junio de 2020 ha enviado el siguiente mensaje: “El mundo afronta en estos momentos las devastadoras consecuencias de la pandemia de COVID-19 y el sector turístico se encuentra entre los más gravemente afectados. Los viajes han disminuido, el miedo ha aumentado, y el futuro es incierto. El turismo es un pilar esencial de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (…) El turismo puede servir de puntal para superar la pandemia. Al reunir a las personas, el turismo puede promover la solidaridad y la confianza, ingredientes cruciales para impulsar la cooperación global que tan urgentemente se necesita ahora (…). Ánimo a todos los que de algún modo intervienen en el sector turístico a explorar cómo podemos recuperarnos mejor, mediante la acción por el clima y otras medidas que impulsen la sostenibilidad y la resiliencia. En nuestro viaje hacia un futuro mejor, debemos cumplir nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás”.

 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluye 17 Objetivos y 169 metas. La misma presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económica, social y ambiental. Los objetivos en los que figura el turismo son los objetivos 8, 12 y 14. El objetivo 8 consiste en “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.  El objetivo 12 consiste en “garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”. El objetivo 14 consiste en “conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”. En este sentido, el marco legal relacionado al sector turístico salvadoreño debe adecuarse para mejor responder a estos objetivos.

Para tanto, el país debe de contar con una nueva Ley de Turismo, en sustitución de la ley actual (Decreto Legislativo número 899, del 10 de diciembre del 2005), que tenga un enfoque de sostenibilidad y sea orientada a un turismo más responsable. En este sentido, las actividades turísticas deben de realizarse en resguardo al medio ambiente, patrimonio cultural y natural y que promueva el turismo social en un ambiente y condiciones saludables, seguras, accesibles y en garantía de los derechos laborales.

 Para la garantía de un turismo sostenible y con miras en alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, es necesario el apoyo compartido entre los diversos sectores e instituciones públicas y privadas, debiendo el nuevo marco legal del sector turístico prever mecanismos de articulación y coordinación nacional y local.

En 2019, fue creado el Gabinete Turístico por medio del Decreto Ejecutivo número 14, Tomo número 424, publicado en el D.O. de fecha 26 de julio de 2019, teniendo el mismo como objetivo, fomentar y promover la industria y los servicios turísticos del país. Sin embargo, se reconoce la importancia del surgimiento de una instancia de articulación interinstitucional y de gestión estratégica para la toma de decisiones para el sector turístico de manera permanente y de largo plazo. Por lo que se recomienda la creación de un Consejo Nacional de Turismo, como un mecanismo y plataforma de diálogo y concertación entre los Ministerios, gobiernos locales y sociedad civil.

Las actividades turísticas en el periodo pospandemia van a demandar mejor calidad y garantías a la salud y seguridad de los turistas. El nuevo marco legal del sector turístico deberá clasificar las empresas turísticas, sean de alojamiento, alimentación, transporte, recreación, entre otras, estipulándose obligaciones específicas para cada una de ellas, garantizándose que sus servicios sean prestados en un ambiente propicio. Asimismo, se vuelve obligatorio la inscripción de las mismas en el Registro Nacional de Turismo (RNT). En este sentido, el Sistema del RNT deberá garantizar una plataforma que sea virtual, accesible y eficiente.

Del mismo modo, nuevos instrumentos económicos y mecanismos financieros deben de ser implementados para la valorización de los activos ambientales y mejora de la infraestructura turística y desarrollo socioeconómico del país, bien como a manera de propiciar un mejor apoyo a las micro y pequeñas empresas, proporcionando a las mismas mejores incentivos y acceso crediticio. La creación por medio de una ley especial de un Fondo Nacional para el Desarrollo Turístico podría corresponder a una alternativa viable. Es tiempo de avanzar en el marco legal del sector turístico mediante un enfoque de sostenibilidad.

 Las actividades turísticas en el periodo pospandemia van a demandar mejor calidad y garantías a la salud y seguridad de los turistas. El nuevo marco legal del sector turístico deberá clasificar las empresas turísticas, sean de alojamiento, alimentación, transporte, recreación, entre otras, estipulándose obligaciones específicas para cada una de ellas, garantizándose que sus servicios sean prestados en un ambiente propicio