La evolución de Empresas ADOC se ha construido sobre ajustes concretos en su forma de operar, en cómo se relaciona con el cliente y en la integración de canales físicos y digitales. Ese proceso ha llevado a la compañía a reorganizar su modelo hacia una estructura más ágil, con presencia regional y una oferta que combina retail, mayoreo y manufactura.

En el último año, la empresa ha consolidado su operación en más de siete países de Centroamérica, apoyada en un portafolio diversificado de marcas y formatos de negocio. Parte de ese crecimiento se explica por la expansión de su red comercial, con la apertura de más de 95 tiendas en los últimos años y el desarrollo de 30 plataformas de comercio electrónico.

“Hemos evolucionado de una operación tradicional hacia un modelo más ágil, omnicanal y centrado en el cliente”, explica Javier Castillo, CEO de Empresas ADOC.

Este cambio ha implicado pasar de un enfoque transaccional a uno basado en relaciones de valor, donde la experiencia del cliente se convierte en un eje de decisión.

Expansión comercial y modelo digital

La compañía ha fortalecido su ecosistema digital con herramientas que integran distintos puntos de contacto. Entre ellos, la aplicación de lealtad Puntos ADOC, canales de atención en WhatsApp, redes sociales y un centro de servicio al cliente que permite una interacción continua.

Este sistema se complementa con un modelo de escucha activa que recoge información tanto de clientes como de colaboradores, lo que permite ajustar decisiones operativas y comerciales con base en datos.

“La innovación en ADOC se centra en mejorar la experiencia del cliente y fortalecer nuestra competitividad regional”, señala Castillo.

En el plano de producto, la empresa ha incorporado marcas internacionales y desarrollado propuestas que combinan diseño y funcionalidad, con el objetivo de competir en mercados más amplios.

El impacto de esta operación se refleja también en indicadores económicos y sociales. La empresa ha generado más de 2,300 empleos directos en la región y ha donado más de 30,000 pares de calzado a través de su programa Calzando Sonrisas.

Cultura organizacional y sostenibilidad

El desarrollo interno de la empresa se apoya en una cultura organizacional que prioriza la ejecución, la agilidad y el enfoque en resultados. Bajo el concepto de cultura ADOCKER, la compañía promueve principios como servicio al cliente, innovación y trabajo en equipo.

“El talento es uno de nuestros pilares estratégicos, con una cultura enfocada en entender y resolver las necesidades reales del cliente”, afirma el CEO.

Este enfoque se traduce en programas de formación y oportunidades de crecimiento interno que buscan fortalecer las capacidades del equipo y sostener la evolución del negocio.

En paralelo, la empresa ha incorporado criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su toma de decisiones. Esto incluye reportes de sostenibilidad bajo estándares internacionales y una estructura de gobierno corporativo que permite gestionar riesgos y asegurar cumplimiento.

Para los próximos años, ADOC proyecta profundizar su ecosistema digital, expandir su presencia en nuevos mercados y fortalecer su operación de manufactura.

“Creemos que el liderazgo empresarial se construye a partir de la confianza, la coherencia y la generación de valor compartido”, concluye Castillo.

La industria turística continúa ganando peso dentro de la economía salvadoreña. De acuerdo con datos presentados por la ministra de Turismo, Morena Valdez, el sector genera cerca de 340,000 empleos directos e indirectos y representa alrededor del 10 % de la producción económica del país.

El desempeño de esta actividad coincide con un aumento constante en la llegada de viajeros internacionales y con la expansión de la oferta de destinos para visitantes nacionales y extranjeros.

Entre enero y abril de 2026, El Salvador registró el ingreso de 1.7 millones de visitantes. Además, las proyecciones oficiales apuntan a cerrar el año con 4.2 millones de turistas.

Más viajeros impulsan servicios, comercio y desarrollo local

El flujo de visitantes beneficia a hoteles, restaurantes, operadores turísticos, comercios y empresas de transporte. Según las autoridades, esta dinámica ha permitido ampliar las oportunidades laborales en distintas zonas del país.

La ministra señaló que factores como las condiciones de seguridad, la promoción internacional y la creación de nuevos atractivos han contribuido al crecimiento del sector durante los últimos años.

Asimismo, destacó que el turismo se ha convertido en una fuente relevante de ingresos para numerosas comunidades vinculadas a la cadena de servicios.

Destinos emblemáticos concentran la atención internacional

Entre los lugares con mayor afluencia de visitantes figuran Surf City y el Centro Histórico de San Salvador, que han incrementado su proyección fuera del país.

La lista también incluye el Lago de Coatepeque, la Ruta de las Flores y el Parque Nacional El Boquerón, reconocidos por sus paisajes, actividades al aire libre y oferta cultural.

Nueva ruta aérea conectará con Europa

Como parte de la estrategia para ampliar mercados, las autoridades confirmaron el inicio de vuelos directos entre Madrid y El Salvador a partir de septiembre.

La nueva conexión facilitará el acceso de viajeros europeos y podría incrementar el movimiento turístico en los próximos meses, fortaleciendo una actividad que mantiene un papel destacado en la economía nacional.

El Salvador avanza en la creación de un mercado alternativo de financiamiento mediante la tokenización de activos. Esta modalidad permite captar recursos para proyectos inmobiliarios, industriales y urbanísticos a través de plataformas digitales reguladas.

La Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) informó que ha autorizado 54 emisiones destinadas a recaudar deuda y capital para iniciativas como residenciales, torres de apartamentos, naves industriales y lotificaciones. Además, existen emisiones respaldadas por instrumentos financieros como acciones, fondos cotizados y bonos.

Según Juan Carlos Reyes, presidente de la entidad reguladora, la tokenización abre nuevas oportunidades para empresas que buscan inversión y para personas interesadas en participar en proyectos con montos más accesibles.

Tecnología busca ampliar el acceso a inversiones

La Comisión Nacional de Activos Digitales fue creada en 2023 mediante la Ley de Emisión de Activos Digitales. Su función consiste en supervisar y regular este ecosistema financiero emergente.

De acuerdo con Reyes, la tecnología blockchain aporta trazabilidad y transparencia a las operaciones. Además, facilita la representación digital de activos reales, lo que reduce costos y simplifica procesos para obtener financiamiento.

El funcionario explicó que esta herramienta permite ofrecer productos de inversión desde cantidades reducidas, ampliando el acceso a sectores que antes no participaban en este tipo de mercados.

Crece el interés de empresas internacionales

Desde el inicio de sus operaciones, la comisión ha aprobado cerca de 125 compañías de unas 450 solicitudes recibidas. La mayoría pertenece a sectores vinculados con activos digitales, plataformas financieras y servicios tecnológicos.

Asimismo, el organismo recibe entre cinco y diez solicitudes semanales de empresas interesadas en establecer operaciones en El Salvador. Estas compañías proceden principalmente de América Latina, Europa y Asia.

Las autoridades atribuyen este interés al marco regulatorio vigente y al proceso de supervisión que exige requisitos legales, financieros y tecnológicos antes de otorgar licencias.

Mientras tanto, la comisión sostiene que el próximo desafío consiste en desarrollar productos más sencillos y accesibles para la población, con el objetivo de impulsar una mayor adopción del financiamiento digital y las inversiones tokenizadas.

Con información de Diario El Mundo

Las remesas familiares recibidas en El Salvador a través de billeteras de criptomonedas registraron un crecimiento durante el primer cuatrimestre de 2026, según datos divulgados por el Banco Central de Reserva.

Las estadísticas oficiales indican que entre enero y abril ingresaron $23.1 millones por medio de activos digitales. La cifra supera en $7.1 millones los $16 millones reportados durante el mismo período de 2025.

El resultado representa un incremento de 44.3 % y marca una recuperación en este segmento de transferencias internacionales. De esta manera, las remesas en criptomonedas retomaron una tendencia de crecimiento tras los resultados observados durante el año anterior.

La mayor parte del dinero continúa llegando por canales tradicionales

A pesar del aumento registrado, las transferencias realizadas mediante carteras digitales mantienen una participación reducida dentro del flujo total de remesas que recibe el país.

De acuerdo con los datos oficiales, los $23.1 millones enviados mediante criptomonedas representaron el 0.70 % de los $3,286.72 millones en remesas totales recibidas entre enero y abril de 2026.

En comparación, durante el mismo período de 2025 las remesas digitales representaron el 0.52 % de un total de $3,076.93 millones.

Las cifras muestran que la mayoría de los recursos enviados por los salvadoreños residentes en el extranjero continúa ingresando mediante bancos, empresas remesadoras y otros mecanismos financieros convencionales.

Resultados contrastan con la caída observada durante 2025

El desempeño registrado en los primeros meses de 2026 contrasta con los resultados acumulados durante 2025.

Según el Banco Central de Reserva, las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas alcanzaron $57.67 millones al cierre de ese año. El monto representó una disminución de 32.5 % frente a los $85.5 millones contabilizados en 2024.

La reducción equivalió a $27.83 millones menos respecto al año anterior, reflejando una menor actividad en este tipo de operaciones durante ese período.

Cambios regulatorios modificaron el panorama de los activos digitales

El Salvador adoptó el bitcóin como moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense en septiembre de 2021. Con esa decisión se convirtió en el primer país del mundo en implementar esa medida.

La iniciativa formó parte de la estrategia económica impulsada por el presidente Nayib Bukele para promover el uso de activos digitales y atraer inversiones relacionadas con la industria de las criptomonedas.

Sin embargo, distintos estudios y encuestas reportaron una adopción limitada del bitcóin para las transacciones cotidianas entre la población.

Posteriormente, El Salvador acordó un programa de financiamiento por $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional. Como parte de ese proceso, la Asamblea Legislativa aprobó reformas que eliminaron el carácter de moneda de curso legal del bitcóin y redujeron la participación estatal en el uso y circulación de la criptomoneda.

Mientras tanto, las cifras más recientes reflejan que las remesas en criptomonedas continúan creciendo en términos interanuales, aunque todavía representan una porción pequeña del total de dinero que reciben los hogares salvadoreños desde el exterior.

Con información de EFE

Por Christopher Cornejo | Analista de seguridad nacional, gobernanza e innovación.  

Han pasado más de 10 años desde que El Salvador creó la Ley Especial de Asocios Público Privados (APP) que, en teoría, prometía modernizar la infraestructura nacional, atraer inversión y acelerar proyectos estratégicos para el desarrollo. Sin embargo, la realidad terminó siendo mucho más limitada que las expectativas que originalmente acompañaron aquella normativa aprobada en el año 2013. 

Hoy, mientras la Asamblea Legislativa estudia una nueva Ley de Alianzas Público-Privadas, considero necesario abrir una discusión seria, técnica y responsable sobre por qué el modelo anterior no produjo los resultados esperados y por qué el país necesita una nueva generación de alianzas entre el Estado y el sector privado. 

La discusión no debe centrarse en prejuicios ideológicos ni en discursos simplistas sobre “privatización” o “entrega del Estado”. Debe centrarse en algo mucho más importante: la capacidad real que tiene El Salvador para financiar, construir, operar y mantener infraestructura moderna en un contexto global cada vez más competitivo. 

La ley vigente nació con buenas intenciones. Su objetivo era crear un marco jurídico que permitiera al Estado asociarse con empresas privadas para desarrollar infraestructura y servicios públicos mediante mecanismos de largo plazo. 

La lógica detrás del modelo era clara: el Estado no siempre posee los recursos financieros, tecnológicos o técnicos suficientes para ejecutar grandes proyectos estratégicos, mientras que el sector privado sí puede aportar capital, innovación, eficiencia operativa y capacidad de ejecución. 

Sin embargo, después de más de diez años de vigencia, el balance es difícil de ignorar: El Salvador prácticamente solo logró concretar un proyecto emblemático bajo esta normativa. Ese proyecto fue la modernización y ampliación de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, impulsado junto a CEPA y estructurado bajo el esquema APP. 

Como es de conocimiento de todos, la iniciativa incluyó modernización logística, ampliación de capacidades y operación privada especializada, manteniendo la propiedad estatal de la infraestructura.  

Más allá de este caso puntual, muchos otros proyectos quedaron atrapados entre estudios técnicos, procesos burocráticos, inseguridad jurídica, falta de decisión política o modelos institucionales demasiado lentos para responder a las necesidades del país. 

Durante años se habló de concesiones portuarias, infraestructura ferroviaria, parques tecnológicos, sistemas logísticos y otros proyectos estratégicos que nunca llegaron a materializarse plenamente. Y aunque la ley sufrió reformas en 2014 y 2017 para mejorar su funcionamiento, los resultados continuaron siendo insuficientes.  

Ese es precisamente el principal argumento detrás de la nueva legislación que actualmente estudia la Asamblea Legislativa: reconocer que el marco actual no logró convertir las APP en una verdadera herramienta que nos permitiera cumplir nuestros objetivos de desarrollo nacional. 

Todos los que han comparecido ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión han sido claros al explicar que la nueva propuesta busca modernizar el modelo, reducir barreras, agilizar procesos y generar condiciones más atractivas para inversionistas nacionales e internacionales.  

Entre los cambios más relevantes destacan la posibilidad de contratos de hasta 50 años, una mayor claridad institucional, mecanismos más robustos de supervisión fiscal y la creación de una Dirección Nacional de APP que permita centralizar capacidades técnicas y dar seguimiento especializado a los proyectos.  

Y aquí es importante entender algo fundamental: los países que sí han logrado desarrollar modelos exitosos de alianzas público-privadas no lo hicieron únicamente por tener leyes bonitas. 

Lo hicieron porque construyeron institucionalidad técnica sólida, seguridad jurídica, planificación estratégica y capacidad estatal para negociar y supervisar contratos complejos. Chile es probablemente uno de los mejores ejemplos en América Latina. 

A través de su sistema de concesiones, logró modernizar carreteras, aeropuertos, hospitales y puertos durante décadas. Colombia avanzó agresivamente en infraestructura vial. 

Perú desarrolló importantes concesiones aeroportuarias, energéticas y logísticas. Ninguno de esos países abandonó el rol del Estado; lo fortalecieron mediante mecanismos modernos de cooperación público-privada. Mientras nosotros en El Salvador debatíamos, otros países avanzaban. 

Aquí, durante años predominó una mezcla de temor político, burocracia excesiva y poca capacidad técnica para estructurar proyectos bancables, competitivos y atractivos internacionalmente. 

Por supuesto, eso no significa que toda APP sea automáticamente positiva. Las alianzas público/privadas deben tener límites claros, supervisión rigurosa, transparencia y mecanismos que garanticen la protección del interés público. 

El Estado jamás debe renunciar a su capacidad regulatoria ni perder el control estratégico de sectores sensibles. Precisamente por eso considero importante que la nueva Ley mantenga restricciones relacionadas con seguridad nacional, inteligencia y áreas estratégicas del Estado. También entiendo que existan preocupaciones ciudadanas. 

Parte del debate público reciente ha reflejado esos temores.  Pero debemos evitar caer en extremos. Una APP no necesariamente significa privatización. 

En la mayoría de modelos modernos, la infraestructura sigue siendo propiedad estatal mientras el privado participa en financiamiento, construcción, operación o mantenimiento bajo contratos supervisados y sujetos a fiscalización pública. 

La verdadera pregunta no debería ser si el Estado debe asociarse o no con el sector privado. La pregunta correcta es: ¿Cómo construimos un modelo donde esas alianzas generen desarrollo real, inversión, empleo y mejores servicios sin comprometer el interés nacional? 

Porque la realidad es evidente: El Salvador enfrenta enormes necesidades de infraestructura, logística, conectividad, modernización urbana, digitalización y servicios públicos. 

Y pretender que el Estado podrá financiar absolutamente todo por sí solo resulta poco realista en el contexto económico actual, el Estado necesita ayuda del privado.  

El mundo entero está compitiendo por atraer capital, cadenas logísticas, industrias tecnológicas y nuevas inversiones. Los países que no logren desarrollar infraestructura moderna y mecanismos ágiles de inversión quedarán rezagados. 

Por eso considero acertado que la Asamblea Legislativa esté estudiando una nueva Ley de Alianzas Público-Privadas. No porque la Ley por sí sola resolverá todos los problemas estructurales del país, sino porque representa una oportunidad para corregir errores del pasado y construir un modelo más funcional, moderno y competitivo. 

El verdadero desafío no será únicamente aprobar una nueva normativa. El reto será demostrar que esta vez El Salvador sí puede ejecutar proyectos estratégicos con eficiencia, transparencia y visión de largo plazo. 

Si logramos combinar institucionalidad sólida, supervisión técnica, seguridad jurídica y planificación nacional, las APP podrían convertirse finalmente en una herramienta real para impulsar el desarrollo económico del país. 

Y quizá entonces dejaremos atrás una década de leyes con pocas obras concretas para entrar, por fin, a una etapa donde las alianzas público-privadas sí generen resultados visibles para los salvadoreños.