El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, del oficialista Nuevas Ideas, dijo que buscan la optimización de los recursos en la Asamblea Legislativa, destacando una reducción de $18.6 millones en los presupuestos asignados a las fracciones legislativas en comparación con administraciones anteriores.

Esta decisión se enmarca en un esfuerzo más amplio por reducir el gasto público y mejorar la transparencia en la gestión de los recursos del Estado. Castro sostuvo que, desde 2021, se ha estado trabajando para disminuir los presupuestos de las fracciones parlamentarias, y que este enfoque continuará en el futuro.

“Hemos cerrado la legislatura anterior con 400 plazas menos en relación a los períodos anteriores, y la nueva propuesta es trabajar con 1,000 plazas menos en las fracciones legislativas”, explicó.

Además, el diputado hizo hincapié en la importancia del derecho a la manifestación, reafirmando que “vivimos en un país democrático” y que el empoderamiento del pueblo es fundamental.

“Ahora, el pueblo está empoderado y eso no sucedía con los gobiernos anteriores”, afirmó, aludiendo a un cambio en la relación entre el gobierno y la ciudadanía.

Este nuevo enfoque se presenta como una respuesta a los 30 años de descontento social que ha caracterizado la historia reciente del país.

De 40 universidades e institutos de educación superior autorizados por el Ministerio de Educación en el país, sólo 20 ofrecen la carrera de licenciatura en ciencias jurídicas.
La comúnmente llamada derecho y ocasionalmente abogacía es, sin embargo, una de las 10 carreras más demandadas en El Salvador.

Aunque algunos de los centros de educación superior ofrecen la posibilidad de cursar las materias en línea, de las 2 decenas de universidades y escuelas que imparten la formación académica en jurisprudencia están en la capital o en sus inmediaciones.

Son 13 las universidades situadas en San Salvador, 1 en Santa Ana, 1 en Sonsonate, 3 en La Libertad, 1 en Chalatenango y 1 en San Miguel.
La proximidad geográfica de los centros de estudios incide en el acceso a la formación académica y las universidades situadas en áreas urbanas suelen ser más accesibles para los estudiantes, ya que cuentan con mejores infraestructuras de transporte y servicios.

La decana de la carrera, la UES

La primera y más grande universidad del país, la de El Salvador, comúnmente llamada “la Nacional”, fundada en 1841, es la institución de estudios superiores en servir la carrera desde hace más tiempo. A partir de 1843 se estableció la cátedra de “Cánones y Jurisprudencia”.

La segunda universidad más antigua, la Centroamericana (UCA), que data de 1965, ofrece la carrera desde su fundación.

La José Matías Delgado, fundada en 1977, ofrece desde ese mismo año la carrera.
Con el paso de los años, otras universidades surgieron y la oferta académica creció.

La Universidad Tecnológica (UTEC), nacida en 1981, es otro de los centros de estudios superiores con más tiempo formando abogados.

El Salvador, con casi 32,000 abogados, es uno de los países centroamericanos con mayor número de profesionales en esta rama.

Estas son las universidades salvadoreñas que forman abogados:

Universidad Católica de El Salvador (UES)
Universidad Centroamericana (UCA)
Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios
Universidad de Oriente (UNIVO)
Universidad de Sonsonate
Universidad Andrés Bello
Universidad José Matías Delgado
Universidad Evangélica de El Salvador
Universidad de El Salvador
Universidad Francisco Gavidia (UFG)
Universidad Luterana de El Salvador
Universidad Modular Abierta (UMA)
Universidad Nueva San Salvador (UNSSA)
Universidad Panamericana
Universidad Politécnica
Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer (USAM)
Universidad Monseñor Romero
Universidad Pedagógica
Universidad Tecnológica (UTEC)
Escuela Superior de Negocios (ESEN)

Representantes del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) participaron en la conferencia “Observación General 26: Relativa a los derechos del niño y el medio ambiente, con especial atención al cambio climático”.

Este evento fue organizado en colaboración con la ONG ORMUSA y reunió a colaboradores y secretarios judiciales enfocados en los temas de niñez, adolescencia, paz y medio ambiente, así como a personal del Ministerio Público de la zona occidental.

Durante la conferencia, los asistentes analizaron en profundidad los derechos y principios que protegen a la niñez en el contexto del derecho a un medio ambiente sano. Este enfoque busca no sólo sensibilizar a los actores judiciales sobre la interconexión entre los derechos de los niños y el entorno, sino también promover el alineamiento con las normativas nacionales e internacionales vigentes.

La participación del CNJ resalta su compromiso con la formación continua y el fortalecimiento de capacidades en temas críticos como la protección de la niñez frente a los desafíos del cambio climático. Este tipo de eventos son fundamentales para generar conciencia y establecer estrategias efectivas que garanticen un futuro más seguro y sostenible para las nuevas generaciones.

Con estas acciones, se busca fomentar un marco legal más robusto que asegure la protección integral de los derechos de los niños, integrando la dimensión ambiental como un aspecto clave en su desarrollo y bienestar.

El director ejecutivo del COAMSS/OPAMSS, Luis Rodríguez, informó que en los municipios de La Libertad Este y La Libertad Costa se están ejecutando proyectos de inversión privada por un total de $2,000 millones, lo que refleja un clima favorable para los negocios en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Rodríguez dijo, en una entrevista televisiva, que La Libertad Este cuenta con más de $1,200 millones en inversión, mientras que La Libertad Costa tiene aproximadamente $700 millones en ejecución.

La Libertad Este incluye los distritos de Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, Huizúcar y San José Villanueva, mientras que La Libertad Costa abarca La Libertad, Tamanique, Teotepeque, Chiltiupán y Jicalapa.

Ambos municipios fueron recientemente incorporados al COAMSS/OPAMSS, ampliando la zona de influencia del AMSS y creando un corredor atractivo para inversiones, especialmente del sector privado.
Rodríguez destacó que La Libertad Este es actualmente el municipio más dinámico en términos de proyectos de inversión, mientras que en La Libertad Costa se avanza en el desarrollo del proyecto Surf City fase I.

Los equipos técnicos del COAMSS/OPAMSS continúan explorando La Libertad Costa para identificar oportunidades de inversión que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Además, junto a la alcaldía de La Libertad Este, está gestionando la transición de más de 30 grandes proyectos de inversión privada.

Rodríguez también informó que hasta el pasado lunes se habían liberado $1,400 millones en proyectos de inversión privada en el AMSS. Se espera que la inversión en proyectos habitacionales,comerciales, industriales y logísticos en el área metropolitana alcance los $7,800 millones durante el quinquenio 2024-2029.

La Fiscalía General anunció la captura de seis personas, entre ellas abogados y notarios de la república, acusados de expropiar inmuebles a diversas víctimas mediante el uso de documentos falsos. Las propiedades en cuestión tienen un valor total aproximado de $400,000, según el reporte oficial.

Las investigaciones, que se desarrollaron entre 2018 y 2023, revelaron un esquema delictivo en el que los detenidos utilizaban escrituras y poderes falsificados para despojar a las víctimas de sus bienes. Entre los arrestados destaca Janet Celina Cruz de Ramos, quien, aprovechando su cargo como notario, otorgó una escritura pública falsa para transferir un inmueble valorado en $151,000 a otra persona.

Otro caso relevante es el de Evelyn Xiomara Muñóz Flores, quien presuntamente despojó a su pareja de un inmueble mientras este se encontraba fuera del país. Muñóz elaboró un poder falso que le permitió vender la propiedad por $25,000.

“Entre esas personas que han sido capturadas se encuentran dos notarios, entre ellos la señora Janeth Celina Cruz de Ramos. esta persona, valiéndose de su cargo de notario, otorgó una escritura pública en la cual se hizo constar una donación, donde se despojó de un inmueble a una persona”, dijo una fiscal.

Los detenidos enfrentan acusaciones por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, así como uso y tenencia de documentos falsos.

Los arrestos se llevaron a cabo en diferentes localidades, incluyendo San Salvador, Soyapango, Apopa y Santa Tecla, donde se realizaron allanamientos simultáneos.
La Fiscalía junto a la Policía Nacional Civil desarrollaron los allanamientos para las capturas.