Los diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron con 59 votos a favor un convenio internacional para la gestión de cobros de cuotas alimenticias a favor de niños y familiares, aún cuando los responsables del pago se encuentren fuera del país.

La ratificación fue aprobada tras el dictamen emitido por la comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno.

El acuerdo, ya suscrito por 52 países, permitirá que las cuotas alimenticias sean reclamadas a nivel internacional.

La Procuraduría General de la República (PGR) será la encargada de gestionar las solicitudes de cobro con las autoridades de otros países, reemplazando al Ministerio de Relaciones Exteriores en este proceso.

Durante la sesión, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores expusieron los beneficios que este convenio traerá para los salvadoreños, entre los que se destacan la simplificación de los procesos, reduciendo tanto los tiempos como los costos, así como la posibilidad de recibir asistencia jurídica gratuita. Además, se garantizó la seguridad alimentaria y una mejor coordinación en la ejecución de resoluciones alimenticias.

La Asamblea Legislativa ratificó este martes un convenio de asistencia mutua con el gobierno de Estados Unidos, destinado a fortalecer la lucha contra la corrupción aduanera.

Esta fue aprobada con 58 votos de 60 durante la sesión plenaria, luego de que la comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno emitiera el dictamen favorable el miércoles pasado.

El acuerdo, firmado el 7 de octubre de este año, tiene como objetivo mejorar la transparencia y eficiencia en los procesos aduaneros en ambos países.

Entre sus principales propósitos se encuentran la identificación de infracciones y la correcta tasación de los derechos aduaneros, así como la implementación de medidas para enfrentar el contrabando y otras actividades ilícitas relacionadas.

El convenio busca una cooperación estrecha en diversas áreas clave, incluyendo:

• El intercambio de métodos y técnicas para el tratamiento de pasajeros y carga.
• La aplicación de técnicas coercitivas para hacer cumplir las normativas aduaneras.
• La represión de infracciones aduaneras y la identificación de nuevos métodos utilizados para cometer delitos en este ámbito.
• La obtención de información sobre la importación ilegal de mercancías y la supervisión de personas y bienes sospechosos de estar involucrados en actividades ilícitas.
• La facilitación mutua de información relacionada con medidas provisionales, decomisos y acciones conjuntas para abordar infracciones aduaneras.

Además, establece la creación de canales de comunicación entre ambos gobiernos para coordinar operaciones específicas y mejorar la efectividad en la lucha contra el tráfico ilícito.
Como parte de los compromisos del convenio, se prevé la mejora de la infraestructura de la Dirección General de Aduanas en El Salvador.

El esperado proyecto del periférico Gerardo Barrios o bypass de San Miguel será entregado a finales de este mes, anunció el titular del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez.

En una entrevista televisiva, Rodríguez confirmó que el proyecto ya está en su fase final y que la inauguración se llevará a cabo en “los próximos días”, destacando que el plan es tener la obra lista en las últimas dos semanas de este mes.

El ministro informó que el próximo fin de semana comenzarán a retirar el equipo de construcción y al personal de la zona, con el objetivo de habilitar los 21 kilómetros de la nueva carretera.

“No vamos a habilitar sólo 8 kilómetros, sino los 21 kilómetros del bypass de San Miguel de una sola vez», aseguró Rodríguez.

Esta obra, que representa un avance significativo en la infraestructura vial del país, facilitará el tránsito en una de las principales rutas hacia la zona oriental de El Salvador.

Rodríguez detalló que los trabajos que restan para completar el proyecto son principalmente de limpieza y ajustes en los taludes de la zona. A pesar de estos detalles finales, aseguró que la carretera ya está completamente pavimentada, señalizada y con los drenajes casi al 100%. “Ya las obras están prácticamente concluidas”, explicó.

El bypass incluye la ampliación de la Carretera Panamericana, la construcción de un intercambiador a desnivel y la construcción de dos puentes sobre los ríos Grande y Taisihuat.
La inversión total es de más de $160 millones.

La comisión de seguridad nacional y justicia de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable para los proyectos de ley relacionados con la ciberseguridad y la protección de datos personales.

Los diputados debatieron y escucharon las exposiciones del secretario de Innovación de la Presidencia, Daniel Ernesto Méndez Cabrera, quien detalló los objetivos de ambas normativas.

La Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información tiene como fin establecer un marco legal y político que permita a las instituciones públicas regular, vigilar y fiscalizar las medidas de ciberseguridad. Méndez explicó que esta ley busca estructurar las políticas de protección de datos y asegurar que las entidades gubernamentales cuenten con las herramientas necesarias para proteger la información que manejan.

Por su parte, la Ley de Protección de Datos Personales tiene el objetivo de garantizar el tratamiento legítimo de los datos personales, estableciendo los requisitos para su recolección, procesamiento y almacenamiento. Méndez subrayó que esta ley permitirá a los ciudadanos pedir la eliminación de datos personales de los buscadores de información en línea, especialmente cuando estos datos sean filtrados o compartidos sin su consentimiento.

“Con la Ley de Protección de Datos Personales combinada con la Ley de Ciberseguridad, podremos solicitar a los buscadores que eliminen información que no queramos que esté disponible públicamente”, afirmó Méndez, quien también explicó que ambas leyes permitirán la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado, un organismo que será responsable de supervisar y regular las políticas en materia de ciberseguridad y protección de datos personales.

El funcionario destacó que esta agencia será clave para garantizar los derechos de los ciudadanos salvadoreños, tanto en la protección de sus datos personales como en la seguridad de la información manejada por las instituciones públicas y privadas. Según Méndez, la nueva legislación establecerá los protocolos mínimos que deberán seguirse para proteger la seguridad de la población y la integridad de sus datos.

La inversión privada en el Centro Histórico de San Salvador sigue en aumento, alcanzando los $106 millones en 37 proyectos que abarcan más de 20 manzanas de la zona, según informó Edwin Ramírez, director de Modernización del Centro Histórico y directivo de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN).

La inversión, que representa un avance del 30% en el proceso de revitalización de las 80 manzanas del área, promete transformar la zona y generar nuevas oportunidades económicas.

Ramírez compartió los detalles durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, en respuesta a una pregunta del diputado Edgardo Mulato sobre los avances desde la implementación de la Ley de Creación de la APLAN.

El funcionario destacó que, además de las inversiones en infraestructura, diversas franquicias y empresas nacionales e internacionales están apostando por el Centro Histórico, lo que contribuirá a su reactivación.

Entre las marcas que se sumarán están cadenas internacionales de restaurantes y hoteles.
La APLAN tiene como objetivo reducir progresivamente el financiamiento proveniente del Fondo General del Estado y depender cada vez más de los fondos generados por estas iniciativas privadas en el Centro Histórico.

Además, las solicitudes de permisos para los proyectos se tramitan con eficiencia, con un plazo máximo de 90 días para su aprobación.

Ramírez también enfatizó que la inversión en la zona no sólo busca transformar el paisaje urbano, sino que también tiene un componente social importante.

Con la construcción de mercados como el de Hula Hula y San Miguelito, se busca ofrecer alternativas laborales a los 70,000 trabajadores informales que actualmente desempeñan su actividad en las calles del Centro Histórico.