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Guatemala en estado de sitio por 30 días tras escalada de violencia de pandillas
El Gobierno de Guatemala declaró estado de sitio por un plazo de 30 días desde la noche del domingo, en respuesta a una serie de hechos violentos atribuidos a pandillas y estructuras criminales, que incluyen ataques coordinados contra fuerzas de seguridad, disturbios en centros penitenciarios y asesinatos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
La decisión presidencial busca restablecer el orden público y fortalecer el control del Estado en zonas consideradas bajo amenaza criminal.
Según el Ejecutivo, la aplicación de este régimen excepcional no altera el funcionamiento de la administración pública ni la prestación de servicios esenciales, pero sí representa un endurecimiento del marco legal para enfrentar intentos de desestabilización. Las autoridades sostienen que la ofensiva criminal es una reacción directa a la pérdida de privilegios de estos grupos tras recientes reformas y operativos de seguridad.
Poderes especiales y rol del Ejército
Con el estado de sitio en vigor, el presidente de la República asume la conducción nacional como Comandante General del Ejército, delegando la ejecución operativa al Ministerio de la Defensa Nacional. Durante este período, todas las instituciones del Estado están obligadas a colaborar con la autoridad militar.
La legislación guatemalteca establece que este mecanismo puede activarse ante actos terroristas, sediciosos, asesinatos, secuestros o ataques armados que pongan en riesgo el orden constitucional o la seguridad del Estado. Bajo este marco, las fuerzas armadas y de seguridad reciben facultades para disolver organizaciones criminales, aun sin personería jurídica, y detener a personas sospechosas de alterar el orden público sin necesidad de orden judicial previa. También se autoriza el uso de medios preventivos, defensivos u ofensivos para restablecer la normalidad.
Violencia, víctimas y luto nacional
Los ataques registrados en distintos puntos del país dejaron al menos ocho policías fallecidos y más de diez agentes heridos, de acuerdo con datos oficiales. En respuesta, el Gobierno decretó tres días de luto nacional, durante los cuales el pabellón del Palacio Nacional ondea a media asta en honor a los agentes caídos.
Las autoridades subrayaron el impacto humano de la crisis, recordando que detrás de cada víctima hay familias afectadas de manera irreversible. En este contexto, el Ejecutivo reafirmó que la prioridad estatal es garantizar la seguridad ciudadana y evitar que los actos de intimidación criminal debiliten la autoridad del Estado.
Motines carcelarios y rescate de rehenes
El fin de semana estuvo marcado por disturbios simultáneos en varios centros penitenciarios, donde se registraron motines y toma de rehenes. Operativos conjuntos de fuerzas policiales y militares permitieron rescatar a más de 40 personas privadas de libertad, asegurar armas y trasladar a heridos para atención médica, sin que se reportaran víctimas fatales entre los rehenes.
En operativos paralelos, las autoridades informaron sobre la captura y neutralización de integrantes de pandillas, incluidos miembros del Barrio 18 en sectores de la capital, como parte de la estrategia para desarticular estructuras criminales.
Respaldo del Congreso y apoyo institucional
Desde el Organismo Legislativo, el presidente del Congreso de la República, Luis Alberto Contreras Colíndres, expresó el respaldo institucional a la Policía Nacional Civil y a las fuerzas de seguridad. En un pronunciamiento oficial, manifestó su solidaridad con las familias de los agentes fallecidos y reconoció el sacrificio de quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber.
El Congreso calificó los ataques como actos de barbarie y terrorismo que representan un desafío directo al Estado de derecho y a la convivencia pacífica de la población, y aseguró que la memoria de los agentes caídos será honrada con acciones concretas y apoyo a las instituciones de seguridad.
Medidas preventivas y reacción internacional
La gravedad de los hechos llevó a la suspensión de clases a nivel nacional, la reducción del transporte público y la cancelación de actividades recreativas y religiosas, incluidas celebraciones de la Iglesia católica. Asimismo, la embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió una alerta de emergencia dirigida a sus ciudadanos residentes en el país, ante el deterioro del panorama de seguridad.
Gobierno reafirma continuidad institucional
El Ejecutivo insistió en que el estado de sitio en Guatemala no implica la interrupción de la vida democrática ni de las actividades cotidianas, y aseguró que la estrategia de seguridad ya está dando resultados visibles.
Según el Gobierno, el avance estatal sobre estructuras criminales ha sido clave para recuperar el control de instituciones que habían sido infiltradas por el crimen organizado.
Mientras el país atraviesa uno de los episodios más complejos y dolorosos de los últimos años, las autoridades reiteran que la medida busca restablecer la normalidad, proteger a la ciudadanía y fortalecer el Estado de derecho, frente a una ofensiva violenta de organizaciones criminales
El Compliance Summit 2026 reunió hoy en San Salvador a expertos y representantes públicos y privados para analizar los nuevos retos del cumplimiento.
El encuentro, organizado por la Cámara Americana de Comercio de El Salvador (AmCham), abordó regulación, tecnología, integridad y gestión de riesgos.
Tecnología cambia la gestión de riesgos
Durante la jornada, los participantes analizaron el uso de herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial en los procesos de cumplimiento.
Estas tecnologías permiten apoyar tareas como la debida diligencia, el monitoreo de operaciones y la detección de posibles riesgos de fraude.
Además, los expertos discutieron los cambios que enfrenta el sector ante nuevas exigencias regulatorias y sociales.
Integridad gana espacio en las organizaciones
El magistrado Héctor Nahun Martínez García, de la Sala de lo Constitucional, vinculó el cumplimiento con la confianza.
También destacó la necesidad de impulsar una cultura basada en ética, valores, integridad y respeto de las normas.
La magistrada Lidia Patricia Castillo Amaya participó en un panel sobre integridad como ventaja competitiva.
El magistrado José Ernesto Clímaco Valiente intervino en un conversatorio sobre el futuro del cumplimiento empresarial en El Salvador.
Sector público y privado intercambian experiencias
El foro reunió a representantes de instituciones públicas, empresas, especialistas legales y profesionales dedicados al cumplimiento.
Los participantes abordaron la prevención del lavado de dinero y activos, la lucha contra la corrupción y la gobernanza corporativa.
Asimismo, analizaron la cooperación entre organismos públicos y empresas para mejorar las prácticas de cumplimiento.
El programa incluyó conferencias, paneles y espacios de intercambio entre profesionales vinculados con la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.
La inversión privada comienza a concentrarse en nuevos polos de desarrollo del Área Metropolitana de San Salvador, con 299 proyectos en dos corredores.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) identificó 173 proyectos entre La Libertad Sur y La Libertad Este. Además, registró otros 126 en San Salvador Oeste.
Los datos forman parte de un mapa de calor presentado por el director ejecutivo de la Opamss, Luis Rodríguez.
La Libertad concentra proyectos de uso mixto
El corredor entre La Libertad Sur y La Libertad Este reúne 173 proyectos privados, según el registro presentado.
Santa Tecla concentra 82 proyectos en La Libertad Sur. En La Libertad Este, Antiguo Cuscatlán suma 71, Nuevo Cuscatlán 16 y Zaragoza tres.
San José Villanueva completa el corredor con un proyecto identificado.
Rodríguez explicó que la zona registra una actividad importante, especialmente por proyectos de uso mixto desarrollados desde cero.
La Opamss busca aprovechar este crecimiento para impulsar las llamadas ciudades de 15 minutos. Este modelo acerca vivienda, empleo y servicios dentro de distancias reducidas.
Un distrito logístico toma forma en el occidente
El segundo eje se ubica en San Salvador Oeste, integrado por Apopa y Nejapa.
Ambos municipios suman 126 proyectos privados. Apopa concentra 107, mientras Nejapa registra 19.
En esta zona, la Opamss trabaja con el sector privado en el desarrollo de un distrito logístico.
La ubicación responde a factores como la topografía y la conectividad. Además, el proyecto se relaciona con inversiones públicas en carreteras, aduanas y facilitación del comercio.
La meta es convertir este sector en un centro de operaciones logísticas para el Área Metropolitana Ampliada.
La inversión supera los $7,126 millones
Los dos corredores forman parte de una cartera de 715 proyectos privados identificados por la Opamss.
La inversión liberada asociada a estos proyectos supera los $7,126 millones.
La institución busca cerrar el año con $9,000 millones en inversión liberada. Para ello, apuesta también por nuevos polos de desarrollo fuera del centro tradicional de San Salvador.
El mapa de calor forma parte de las herramientas de inteligencia territorial utilizadas para identificar las zonas donde crece la actividad privada.
Con información de Diario El Salvador
El Salvador registró un nuevo récord de demanda de energía el 20 de agosto, cuando el consumo máximo alcanzó 1,301 megavatios (MW).
Según el reporte de la Unidad de Transacciones (UT), el pico ocurrió a las 7:00 de la noche. La cifra superó los máximos registrados durante los meses anteriores.
El aumento coincidió con un período de altas temperaturas y una ola de calor registrada entre el 11 y el 20 de agosto.
La demanda eléctrica mantiene una tendencia al alza
La demanda máxima de potencia ha establecido nuevos récords de forma consecutiva durante 2026.
El 11 de marzo alcanzó 1,207 MW. Luego, subió a 1,242 MW en abril y a 1,286 MW en mayo.
En junio llegó a 1,288 MW y en julio alcanzó 1,297 MW. Finalmente, agosto elevó el máximo hasta los 1,301 MW.
Los primeros registros del año también mostraron incrementos. El 26 de enero la demanda llegó a 1,122 MW y el 16 de febrero alcanzó 1,153 MW.
Temperaturas superaron los 40 grados
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el 20 de agosto las temperaturas máximas oscilaron entre 30.5 y 40.3 grados Celsius.
La institución explicó que las altas temperaturas correspondieron al período canicular. Además, El Salvador enfrentó una ola de calor durante buena parte de agosto.
El fenómeno de El Niño también ha marcado las condiciones climáticas de 2026. Este fenómeno reduce las lluvias y puede favorecer períodos de sequía.
Generación térmica lidera el suministro
La demanda mensual de agosto cerró en 676.40 gigavatios hora (GWh). Esta cifra representa un crecimiento anual de 12.8 %.
La generación térmica aportó la mayor cantidad de electricidad durante el mes. El gas natural licuado suministró 226.91 GWh, equivalentes al 32.77 %.
Las plantas de búnker aportaron otros 181.24 GWh, con una participación del 26.17 %.
En tanto, la generación geotérmica aportó 106.72 GWh, equivalente al 15.41 %. La energía solar alcanzó 75.96 GWh, con 10.97 %.
La sequía reduce el aporte hidroeléctrico
La generación hidroeléctrica cubrió 59.80 GWh, equivalentes al 8.64 % de la demanda mensual.
La caída responde a los menores niveles de los embalses durante los períodos de sequía.
La energía eólica aportó 27.67 GWh, mientras las importaciones suministraron 12.45 GWh. Sus participaciones fueron de 4 % y 1.8 %, respectivamente.
Con información de Diario El Mundo
Noticias
Comité interinstitucional aprueba reglamento para reforzar la lucha contra el lavado de activos
El Salvador aprobó el reglamento que regulará el funcionamiento del comité encargado de coordinar las acciones estatales contra el lavado de activos y el financiamiento ilícito.
El Consejo Directivo del Comité Interinstitucional para la Prevención y Control del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aprobó la normativa durante su primera sesión ordinaria.
La decisión establece el marco para organizar el trabajo del comité y coordinar las acciones de las instituciones que lo integran.
Entre los miembros del comité están los presidentes de la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, Ernesto Castro y Henry Alexánder Mejía, respectivamente; el fiscal general, Rodolfo Delgado; y los ministros de Economía, el de Seguridad y el de la Defensa, María Luisa Hayem, Gustavo Villatoro y Francis Merino.
Nueva etapa para la coordinación estatal
El comité funciona como un organismo permanente de consulta y coordinación estratégica. Su objetivo es impulsar políticas, estrategias y planes para prevenir y combatir delitos financieros.
Además, debe promover una respuesta coordinada frente al financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Con el reglamento, el Consejo Directivo inicia formalmente una nueva etapa de trabajo. La normativa define las bases para desarrollar las funciones asignadas al organismo.
El mecanismo también busca articular las acciones estatales con la normativa nacional y los compromisos internacionales de El Salvador.
Un sistema que reúne a varias instituciones
La estructura del comité permite reunir a instituciones con responsabilidades relacionadas con prevención, supervisión, investigación y persecución de delitos financieros.
Esta coordinación facilita el intercambio de información y la definición de acciones conjuntas frente a los riesgos asociados al lavado de activos.
Asimismo, el organismo puede proponer al Órgano Ejecutivo políticas y estrategias para fortalecer el sistema nacional de prevención.
El lavado genera riesgos para el sistema financiero
El lavado de activos permite ocultar o dar apariencia legal a recursos provenientes de actividades delictivas. Por ello, los sistemas de prevención buscan detectar operaciones y movimientos financieros sospechosos.
El financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva también requieren mecanismos de control y cooperación entre instituciones.
La aprobación del reglamento fija así las reglas internas para el funcionamiento del comité y formaliza su coordinación estratégica en estas áreas.
Legal
Corte Suprema refuerza prevención del lavado y pide a abogados y notarios conocer a sus clientes
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene su campaña de prevención del lavado de activos y recuerda a abogados y notarios sus obligaciones para detectar riesgos.
La institución destaca la importancia de la debida diligencia del cliente para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.
La identificación permite detectar riesgos
La Corte explica que la debida diligencia permite identificar y verificar la identidad de los clientes. También ayuda a conocer sus relaciones profesionales y comerciales.
Además, los profesionales deben comprender el propósito de cada relación y determinar el origen de los fondos.
Con esa información, abogados y notarios pueden crear un perfil del cliente y establecer su nivel de riesgo.
La medida también permite gestionar los riesgos durante la relación profesional y detectar cambios que requieran mayor atención.
El nivel de riesgo define las medidas
La Corte establece tres niveles de debida diligencia, según el riesgo identificado en cada cliente.
La modalidad simplificada corresponde a clientes considerados de bajo riesgo. La estándar debe aplicarse a todos los clientes.
En cambio, la diligencia intensificada corresponde a personas consideradas de alto riesgo.
Entre ellas figuran las personas políticamente expuestas. En estos casos, los profesionales deben solicitar información adicional sobre la fuente de riqueza y el origen de los fondos.
Abogados y notarios tienen obligaciones específicas
La Corte recuerda que estos profesionales deben registrarse ante la Unidad de Investigación Financiera y ante la propia institución.
El trámite se realiza mediante la Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción.
Asimismo, deben mantener registros y presentar los reportes de operaciones reguladas cuando corresponda.
También deben comunicar operaciones sospechosas, operaciones tentadas y actividades sospechosas, según las obligaciones aplicables.
La prevención busca cerrar espacios al dinero ilícito
La Corte señala que estas medidas forman parte del sistema nacional de prevención del lavado de activos.
El esquema también contempla el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La institución anunció que continuará difundiendo herramientas prácticas para facilitar que abogados y notarios apliquen las medidas preventivas en su actividad profesional.
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Quinto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 165
Cuarto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 164
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