En una rápida sesión, la comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este sábado el dictamen favorable para la Ley General de Minería Metálica, un proyecto enviado por el Ejecutivo que busca regular la minería en el país.
La minería, prohibida en 2017, será discutida en el pleno el próximo lunes, con posibilidad de ser ratificada.
El dictamen fue aprobado en un encuentro marcado por intensos intercambios de opiniones.
Durante la reunión, el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y actual director de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, presentó el anteproyecto y defendió sus aspectos clave.
En su intervención, destacó que la nueva ley garantizaría una minería “responsable y amigable con el medio ambiente”, y subrayó la prohibición del uso de mercurio, uno de los elementos más contaminantes en las prácticas mineras.
«Esta ley establece los estándares más altos para proteger el medio ambiente y evitar el uso de metales pesados», insistió Álvarez, quien también señaló que el objetivo principal de la normativa es regular la minería de manera que minimice sus impactos negativos.

Oposición cuestiona falta de estudios previos
Pese a las afirmaciones del funcionario, la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, fue crítica sobre la falta de estudios técnicos, ambientales y económicos que respaldaran la reforma.
Ortiz recordó que El Salvador cuenta desde 2017 con una ley que prohíbe la minería metálica, y cuestionó la rapidez con que se está proponiendo un cambio sin la evidencia necesaria.
Aunque Álvarez reconoció que aún no se han realizado dichos estudios, justificó la medida señalando que la nueva ley permitiría al Estado realizar las investigaciones correspondientes a través de organismos como el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).
El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, también expresó su preocupación por los impactos ambientales de la minería.
Recordó la contaminación sufrida por el río San Sebastián en La Unión durante gobiernos anteriores, pero reconoció que la propuesta de la ley actual busca evitar que se repitan estos errores.

Ajustes al proyecto
Luego del debate, Álvarez propuso una serie de modificaciones al proyecto original, buscando fortalecer las sanciones para quienes realicen actividades mineras ilegales.
Las multas por faltas graves se incrementaron de 10 a 100 salarios mínimos, mientras que las faltas muy graves podrían acarrear sanciones de entre 500 y 1,000 salarios mínimos. Además, se incluyó en el proyecto la posibilidad de participación de las sociedades de economía mixta en la explotación minera.
Antes de que se sometiera el dictamen a votación, la diputada propuso escuchar la opinión de expertos y organizaciones ambientalistas para enriquecer el debate. Sin embargo, su sugerencia fue rechazada por los legisladores oficialistas.
Ortiz calificó el proceso de aprobación como «exprés», acusando a sus colegas de evitar un debate adecuado sobre el tema.
La presidenta de la comisión, Dania González, respondió que las observaciones de Ortiz serían incluidas en el acta de la sesión, pero subrayó que el proceso seguiría adelante sin modificaciones significativas.
A las 1:03 p.m. de ese sábado, el dictamen fue aprobado por unanimidad por los diputados de la bancada oficialista.
Ahora, será presentado en el pleno de la Asamblea Legislativa el próximo lunes 23 de diciembre para su ratificación.

La comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa comienza a discutir este sábado la propuesta del gobierno central de aprobar la minería metálica en el país, que está vetada por ley desde 2017.

El ministerio de Economía presentó la solicitud ante el legislativo y los diputados que tendrán a su cargo el análisis de esta están convocados para este 21 de diciembre. 

En una sesión plenaria del viernes, el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, además convocó a los diputados a discutir el tema el próximo lunes 23 de diciembre.

La propuesta al pleno fue introducida por Christian Guevara, jefe de la bancada de Nuevas Ideas y con dispensa de trámite, fue avalada por 56 votos a favor, todos provenientes del bloque oficialista. 

Los únicos tres votos en contra provinieron de la oposición.

De acuerdo con Ernesto Castro, la medida busca establecer un marco legal para la exploración y explotación de metales en el país. 

“La iniciativa del presidente de la República, por medio de la ministra de Economía, busca la creación de la Ley General de Minería Metálica para permitir la exploración y explotación de recursos naturales en nuestro país”, declaró Castro durante la sesión.

El anuncio ha generado un intenso debate en la sociedad salvadoreña, ya que la prohibición de la minería metálica en 2017 fue considerada un hito en la protección ambiental y de la salud pública. 

Diversos sectores sociales han expresado su rechazo a la reactivación de esta industria, calificándola de “absurda” y advirtiendo sobre los potenciales daños ambientales y sociales.

Por su parte, el gobierno ha defendido la propuesta, argumentando que una regulación adecuada y el uso de tecnologías modernas permitirían que la minería se convierta en una fuente significativa de ingresos y desarrollo para El Salvador.

La Conferencia Episcopal también ha manifestado su oposición a las intenciones del gobierno, sumándose a las voces críticas que advierten sobre las posibles consecuencias negativas de esta medida.

La Asamblea Legislativa aprobó este viernes, con 60 votos a favor, una reforma al Código Penal que establece como delito de conducción peligrosa cualquier nivel de alcohol en el organismo al momento de conducir.
La iniciativa, que busca endurecer las medidas contra el manejo bajo los efectos del alcohol, fue avalada de manera unánime por todos los diputados.
Ahora, la reforma será enviada al presidente de la República, Nayib Bukele, para su sanción y posterior publicación en el Diario Oficial, momento en el cual entrará en vigencia.

Principales cambios en la legislación
Previo a esta modificación, el artículo 147-E consideraba conducción peligrosa cuando una persona manejara en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas que limitaran su capacidad de conducir.
Con la reforma, cualquier cantidad de alcohol detectada en el conductor será motivo para ser detenido por este delito.

Las penas también han sido endurecidas:

2 a 5 años de prisión para quienes conduzcan peligrosamente en vehículos comunes.
5 a 10 años de prisión si se trata de vehículos de transporte público o de carga.
Hasta 10 años de prisión si el acto provoca un homicidio culposo en vehículos comunes.
Hasta 15 años de prisión si el homicidio culposo ocurre con vehículos de transporte público o de carga.
Además, las pruebas de alcoholemia, alcotest y antidoping tendrán valor probatorio obligatorio en los procedimientos.
La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, propuso una enmienda adicional para que el delito de conducción peligrosa excluya el fuero legislativo, asegurando que este tipo de privilegios no deberían aplicarse en casos de flagrancia.
“Solicito una modificación para agregar un inciso que establezca que no se permitirá fuero ni privilegios en estos procedimientos”, manifestó.
No obstante, su propuesta no logró reunir los votos necesarios, obteniendo solo tres respaldos de la oposición y un voto adicional a favor.
Rivas recordó casos previos donde diputados habían incurrido en incidentes relacionados con alcohol al volante, incluyendo uno que resultó en la muerte de una persona en 2020.

El fiscal general y candidato a la reelección en el cargo, Rodolfo Delgado, dijo que algunos de los principales retos que afrontará en caso de continuar en su puesto, es la modernización y la eficiencia de la institución, junto al acercamiento de la misma hacia la sociedad, para lograr consolidar una entidad que, dijo, por años pasó “desconectada” de muchos esfuerzos estatales para combatir efectivamente el delito.

Tras destacar ante los miembros Comisión Política de la Asamblea Legislativa los logros obtenidos desde 2021, entre los que figura la agilización del trabajo en el marco del régimen de excepción, Delgado sostuvo que ahora hay más fiscales auxiliares laborando.

Según él, en 2021 el 51 % de la institución era de áreas administrativas y ahora el 54 % son abogados o estudiantes de derecho sumados a las diferentes investigaciones.

De acuerdo al funcionario, han creado diferentes unidades que son el principal soporte de su trabajo y que todas están enfocadas a servir con eficiencia a la sociedad.

Explicó que la Fiscalía ha sido un actor clave en la desarticulación de pandillas, en colaboración con el Órgano Ejecutivo. 

Delgado destacó que en el régimen de excepción, los homicidios se han reducido a solo 111 este año, con una tasa de resolución del 96 %, una cifra histórica comparada con el 5 % registrado en 2015.

Su apuesta, añadió, es garantizar no sólo buenos resultados, sino un trato digno y especializado a las víctimas de los diferentes delitos, además de lograr una modernización tecnológica que permita simplificar procesos llegando a reducir el uso de papel y avanzar en diferentes instancias a los procesos virtuales.

Delgado también reconoció que la FGR enfrenta importantes desafíos en esta nueva etapa, entre los que destacó la consolidación de un modelo integral de desarrollo del fiscal y buscar la regionalización de la infraestructura de la Fiscalía para garantizar instalaciones adecuadas en todo el país.

Buscará implementar sistemas para reducir la carga laboral de los fiscales y potenciar sus habilidades mediante capacitación continua y el fortalecimiento de la fiscalía electoral que permita diseñar ejes estratégicos que garanticen un desempeño eficaz en los procesos electorales futuros.

Dijo que controlada la seguridad tras reducir las pandillas, los primeros agentes criminales que operaban en el país, ahora deben concentrarse en combatir delitos de contenido patrimonial, como estafas y estafas informáticas, cuyos fondos son frecuentemente transferidos a países de Oriente Medio y Sudamérica.

“Nos preparamos para combatir a otro tipo de delincuencia, hacia otras manifestaciones delictivas, de contenido patrimonial, que siguen afectando a los salvadoreños”, sostuvo. 

Aunque la FGR ha acompañado al Ejecutivo en el régimen de excepción, Delgado se mostró abierto a investigar cualquier denuncia de abuso en su aplicación y reconoció la importancia de fortalecer otras áreas de la institución.

Además ofreció impulsar la aprobación de una nueva Ley Orgánica de la FGR, que refleje las necesidades actuales y futuras, continuar avanzando en el uso de tecnologías en los actos de investigación y consolidar el sistema de gestión de procesos.

Delgado hizo un llamado a seguir apostando por el fortalecimiento de las unidades especializadas y a regionalizar la infraestructura de la FGR para optimizar la atención a la ciudadanía. 

Sostuvo que con la ejecución del proyecto para las oficinas centrales de la institución, un proyecto que sobrepasa los $70 millones, la institución ahorrará poco más de $5 millones anuales en alquileres de edificios (sólo en ese rubro invierte $4 millones cada año).

La Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto general del Estado para 2025, de $9,662,997,142, incluyendo una medida que restablece de forma parcial los escalafones salariales en los sectores de Salud y Educación.
Esta decisión fue respaldada por 57 votos, mientras que la modificación al artículo 4, que permite esta aplicación parcial, obtuvo 60 votos a favor.

Asignaciones presupuestarias para escalafones
El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, propuso cambiar el artículo 4 del presupuesto, que inicialmente congelaba los escalafones salariales.
Según el cambio aprobado, en el sector Salud los escalafones se aplicarán exclusivamente a empleados con salarios menores a $1,500 mensuales, con un refuerzo presupuestario de $8 millones.
En Educación, se asignaron $2 millones para financiar el escalafón conforme a las leyes General de Educación y de la Carrera Docente.

El texto del cambio indica: “Para el presente ejercicio fiscal, del escalafón salarial correspondiente al ramo de Salud se otorgará únicamente a empleados y funcionarios públicos cuyos salarios mensuales sean menores a $1,500 y su aplicación al sueldo mensual no podrá exceder al techo máximo antes establecido. Adiciónase la suma de $8 millones para financiar la aplicación de dicho escalafón. Adiciónese a Educación, Ciencia y Tecnología, $2 millones para financiar la aplicación de su escalafón conforme a lo establecido en la Ley General de Educación y Ley de la Carrera Docente”.

Críticas y debate en el pleno
La aprobación del presupuesto ocurrió en un ambiente de fuerte debate. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, criticó las reducciones presupuestarias en Salud y Educación, así como el aumento al Ministerio de Defensa Nacional.
Ortiz propuso incluir en el artículo 19 una disposición que blinde los fondos destinados a programas sociales, la Ley Crecer Juntos y la inversión pública, declarándolos intransferibles. Su propuesta sólo obtuvo tres votos.
Por su parte, el diputado William Soriano (Nuevas Ideas) celebró el restablecimiento parcial de los escalafones y aseguró que se mantiene el enfoque en seguridad. “Misión cumplida, estamos listos para arrancar un año más de trabajo y continuar con la estrategia y la promesa del presidente Nayib Bukele del milagro económico”, declaró.
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, también reconoció el restablecimiento de los escalafones, pero criticó la reducción del presupuesto en sectores clave. Cuestionó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sufrió un recorte del 45 % ($6 millones), mientras el presupuesto de Defensa aumentó en un 22 % ($48 millones).
La diputada oficialista Suecy Callejas desestimó las críticas de la oposición, asegurando que los subsidios no han sido eliminados y que los paquetes agrícolas contarán con $23 millones en 2025.
También destacó que el presupuesto de Educación alcanzará $1,537 millones.
“Por primera vez vamos a aprobar un presupuesto con cero dólares de brecha presupuestaria. Arena, cuyo sueño dorado era la privatización de salud, sigue mintiendo”, afirmó.
“Aprobamos el Presupuesto General de 2025, el primero de nuestra historia en estar completamente financiado, es decir, que no necesitará de deuda para su ejecución”, dijo el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, del partido Nuevas Ideas.