Representantes del Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) participaron en la conferencia “Observación General 26: Relativa a los derechos del niño y el medio ambiente, con especial atención al cambio climático”.

Este evento fue organizado en colaboración con la ONG ORMUSA y reunió a colaboradores y secretarios judiciales enfocados en los temas de niñez, adolescencia, paz y medio ambiente, así como a personal del Ministerio Público de la zona occidental.

Durante la conferencia, los asistentes analizaron en profundidad los derechos y principios que protegen a la niñez en el contexto del derecho a un medio ambiente sano. Este enfoque busca no sólo sensibilizar a los actores judiciales sobre la interconexión entre los derechos de los niños y el entorno, sino también promover el alineamiento con las normativas nacionales e internacionales vigentes.

La participación del CNJ resalta su compromiso con la formación continua y el fortalecimiento de capacidades en temas críticos como la protección de la niñez frente a los desafíos del cambio climático. Este tipo de eventos son fundamentales para generar conciencia y establecer estrategias efectivas que garanticen un futuro más seguro y sostenible para las nuevas generaciones.

Con estas acciones, se busca fomentar un marco legal más robusto que asegure la protección integral de los derechos de los niños, integrando la dimensión ambiental como un aspecto clave en su desarrollo y bienestar.

La Fiscalía General anunció la captura de seis personas, entre ellas abogados y notarios de la república, acusados de expropiar inmuebles a diversas víctimas mediante el uso de documentos falsos. Las propiedades en cuestión tienen un valor total aproximado de $400,000, según el reporte oficial.

Las investigaciones, que se desarrollaron entre 2018 y 2023, revelaron un esquema delictivo en el que los detenidos utilizaban escrituras y poderes falsificados para despojar a las víctimas de sus bienes. Entre los arrestados destaca Janet Celina Cruz de Ramos, quien, aprovechando su cargo como notario, otorgó una escritura pública falsa para transferir un inmueble valorado en $151,000 a otra persona.

Otro caso relevante es el de Evelyn Xiomara Muñóz Flores, quien presuntamente despojó a su pareja de un inmueble mientras este se encontraba fuera del país. Muñóz elaboró un poder falso que le permitió vender la propiedad por $25,000.

“Entre esas personas que han sido capturadas se encuentran dos notarios, entre ellos la señora Janeth Celina Cruz de Ramos. esta persona, valiéndose de su cargo de notario, otorgó una escritura pública en la cual se hizo constar una donación, donde se despojó de un inmueble a una persona”, dijo una fiscal.

Los detenidos enfrentan acusaciones por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, así como uso y tenencia de documentos falsos.

Los arrestos se llevaron a cabo en diferentes localidades, incluyendo San Salvador, Soyapango, Apopa y Santa Tecla, donde se realizaron allanamientos simultáneos.
La Fiscalía junto a la Policía Nacional Civil desarrollaron los allanamientos para las capturas.

La Procuraduría General de la República (PGR) emitió un recordatorio sobre la importancia de conocer y ejercer los derechos laborales dentro de los plazos establecidos.

La entidad enfatizó que, si los ciudadanos no reclaman sus derechos dentro del tiempo legal, estos pueden prescribir, lo que significa que se pierde la posibilidad de demandar.

Entre los plazos importantes que los trabajadores deben tener en cuenta se destacan:

Despido injustificado: Los trabajadores tienen 60 días, contados a partir de la notificación del despido, para presentar una demanda.

Vacaciones: se dispone de 180 días a partir de la fecha en que debieron ser pagadas para reclamar este derecho.

La PGR aclaró que la prescripción es la pérdida del derecho a demandar por no haber ejercido el reclamo dentro del plazo estipulado, un aspecto crucial que puede afectar a muchos trabajadores.

Para quienes necesiten apoyo, asesoría o acompañamiento en procesos laborales, la Procuraduría invita a acercarse a sus sedes a nivel nacional, donde se brinda orientación sobre cómo hacer valer estos derechos de manera efectiva.

El libro “Judicialización de la violencia sexual” ha comenzado a ser socializado por la magistrada Elsy Dueñas Lovos, miembro de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ), y jueces de Paz.

En un evento, realizado en colaboración con la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y el proyecto de Fortalecimiento del Estado de Derecho en América Central y El Caribe (FEDACC), reunió a jueces de paz que participan en la implementación del servicio.
Dueñas subrayó la importancia del texto como una herramienta valiosa para los jueces de paz, quienes colaboran estrechamente con los facilitadores judiciales para acercar la justicia a las comunidades.

“Este libro es indispensable para fortalecer nuestro trabajo”, afirmó.
Thietmar Bachmann, embajador en funciones de la República Federal Alemana, destacó que la publicación busca mejorar la justicia para las víctimas de violencia sexual, promoviendo procesos penales que sean diligentes y respetuosos de la dignidad humana, además de implementar medidas que prevengan la revictimización y la discriminación.

El evento incluyó un seminario con jueces, fiscales y defensores, donde se compartieron experiencias y se discutieron temas relacionados con la justicia penal, estableciendo las bases para la publicación.

La abogada colombiana Gloria Bernal presentó el contenido del libro, que se estructura en 5 capítulos clave, abordando aspectos como el contexto del consentimiento en delitos de violencia sexual, perspectivas de género, la tipificación de delitos de violencia sexual en El Salvador y enfoques victimológicos.

Durante la actividad, se reconoció a los directores de las escuelas de formación encargados de la difusión del libro: Bessy Aguirre, Elsy Amaya, Jesenia Martínez y Jorge Olmedo. También estuvieron presentes Benjamín Chicas Guevara, jefe de la Unidad Coordinadora del SNFJ, así como representantes de organismos nacionales e internacionales y del Consejo Nacional de la Judicatura.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendrá un incremento del 9 % respecto al de 2024 y este contempla inversión en nueva infraestructura. Este aumento incluye proyectos que deberían finalizar en diciembre de 2025.

Sin embargo, esto ha sido objeto de críticas, ya que a pesar de la disponibilidad de fondos, algunos proyectos que estaban programados para completarse este año no han avanzado.
La asignación presupuestaria proyectada para el Órgano Judicial es de $485,725,285 (este año fue de $43,069,655).

Entre los proyectos incluidos están la construcción de un Centro Judicial en Chalatenango, que figuró en el presupuesto de 2024 y que tendría un costo de $5.6 millones. Figura también la construcción del Centro Judicial en Materia Penal de Santa Ana, con un monto de 10.3 millones.

La CSJ enfrenta otros desafíos, ya que las áreas de administración de justicia también están experimentando un crecimiento significativo en su asignación, que pasará de $24,3 millones a $27,5 millones en 2025.

Por otro lado, el área de asuntos jurídicos verá una reducción en su presupuesto.
La expectativa es que el nuevo presidente de la CSJ, Henry Mejía, ofrezca claridad sobre el uso de estos recursos y las estrategias para garantizar que los proyectos de construcción se realicen de manera efectiva.

Con el incremento del presupuesto y la inclusión de nuevos proyectos de construcción, la CSJ busca mejorar la infraestructura del sistema judicial, aunque el éxito de estas iniciativas dependerá de una ejecución eficiente y de la supervisión adecuada de los