Ayer, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó al expresidente Mauricio Funes a ocho años de cárcel por el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos.

Según la sentencia se demostró que Funes favoreció a una empresa guatemalteca en la adjudicación de la construcción del puente San Isidro sobre el río Lempa.

La investigación reveló que, a cambio de adjudicar el contrato a la empresa constructora, Mauricio Funes recibió una avioneta como dádiva. Este acto de corrupción y el subsecuente lavado de dinero fueron elementos clave en el juicio que llevaron a la condena del exmandatario.

El Tribunal, además de dictar la condena, emitió una nueva orden de captura para que Funes Cartagena sea puesto a disposición de la justicia salvadoreña y cumpla su pena en un centro carcelario del país.

La Asamblea Legislativa aprobó ampliar el periodo de Óscar López Jerez como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Sala de lo Constitucional hasta el 23 de septiembre de este año.

Las funciones de López Jerez culminan el próximo 30 de junio, según el decreto 80 aprobado el pasado 30 de junio de 2021. El 24 de septiembre de 2015, el jurista fue electo como magistrado de la CSJ. Luego, el 1 de mayo de 2021 llegó a la presidencia de la Corte luego de que la Asamblea Legislativa así lo aprobara y su trabajo culminó el 30 de junio de 2021.

Tras esto, en esa misma fecha los parlamentarios lo eligieron nuevamente como presidente de la CSJ, Órgano Judicial y de la Sala de lo Constitucional desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2024.

Según la Asamblea, la decisión de extender el mandato de López Jerez se basa en el desempeño que ha demostrado durante su gestión. Bajo su liderazgo, la CSJ ha avanzado en diversas áreas críticas para el sistema judicial salvadoreño.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto denegar la solicitud de audiencia pública presentada para el seguimiento del cumplimiento de la sentencia dictada en el proceso de inconstitucionalidad acumulado bajo las referencias 33-2016 y 195-2016.

Este caso fue promovido por Carlos Armando Avelar Orellana (Karla Avelar Orellana), Rubidia Jeannette Hernández Hernández, y otros, quienes cuestionaron la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley del Nombre de la Persona Natural (LNPN).

En una sentencia emitida el 18 de febrero de 2022, la Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 23 de la LNPN, debido a la falta de regulación que permite a las personas cambiar su nombre conforme a su identidad de género. Esta omisión fue considerada una violación de los derechos constitucionales de igualdad y no discriminación. La sentencia ordenó a la Asamblea Legislativa reformar la LNPN en un plazo de un año, mandato que no ha sido cumplido.

El 22 de mayo de 2023, Carlos Antonio Solís Guevara, Bianca Gabriela Rodríguez Figueroa, Josselyn Vanessa Barahona Escobar (Gabriel Benjamín Barahona Escobar), Karla Xiomara Navas Salas (Joshua Alejandro Navas Salas), Elsy Margarita Rodríguez Hernández (Luka Santiago Rodríguez Hernández), Carlos Alberto Gómez (Maia Sofía Gómez), Henri Paúl Fino Solórzano, Héctor Josué Carrillo Portillo y Kerlin Yanet Belloso Martínez presentaron una solicitud para la realización de una audiencia de seguimiento. El objetivo era asegurar el cumplimiento de la sentencia de 2022 que ordenaba la reforma de la LNPN.

La Corte Suprema de Justicia, en resolución firmada el 3 de junio de 2024, decidió rechazar la solicitud de audiencia pública. La resolución se fundamenta en que los solicitantes no cumplen con los requisitos necesarios para intervenir en el proceso de inconstitucionalidad. La Corte enfatizó su rol como entidad independiente y destacó que los debates políticos y legislativos deben ser manejados en la Asamblea Legislativa.

La Sala de lo Constitucional subrayó que, conforme a su competencia, tiene la facultad de supervisar la ejecución de sus sentencias. Sin embargo, dicho seguimiento debe ser iniciado de oficio o a petición de las partes directamente involucradas en el proceso original de inconstitucionalidad.

La Fiscalía General de la República presentó un recurso de apelación ante el Juzgado Primero de Instrucción de Santa Tecla en contra de René Alfredo Escobar Sánchez, Hilario Antonio Flores Cabezas, Vicente Elías Gómez González, Edgardo Antonio Pintín Martínez y Eder Ovidio Salazar Molina.

Los imputados son acusados de complicidad en delitos de privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz agravada, agresión sexual en menor e incapaz agravada, lesiones y amenazas con agravación especial.

Estos delitos fueron cometidos en perjuicio de una menor en septiembre de 2023 en Mizata, La Libertad. Según la Fiscalía, el caso cuenta con evidencias contundentes que no fueron consideradas adecuadamente por el juzgado al momento de dictar su resolución. En su decisión inicial, el tribunal solo envió a juicio a Héctor Ovidio Alvarado Rivera por los delitos de privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz agravada y agresión sexual en menor e incapaz agravada, mientras que los otros cinco imputados fueron sobreseídos.

La Fiscalía busca revertir esta resolución para que los cinco acusados también sean llevados a juicio por los graves delitos cometidos contra la menor.

El pasado sábado, la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (Fedaes) llevó a cabo una jornada electoral en la que el gremio de abogados del país eligieron a 15 candidatos para ocupar magistraturas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las elecciones comenzaron a las 8:33 a.m. en el Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia en San Salvador, donde más de 15 juntas receptoras de voto se prepararon para recibir a los votantes.

Los abogados empadronados tuvieron hasta las 5:00 p.m. para emitir su voto en cualquiera de las 14 sedes judiciales departamentales habilitadas para la ocasión. El único requisito era que los sufragistas fueran abogados con carnet vigente.

Una vez finalizado el proceso, la Fedaes deberá proponer 15 candidatos seleccionados el sábado, mientras que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevará a cabo un proceso paralelo para seleccionar otros 15 abogados. Finalmente, el CNJ presentará un listado con 30 propuestas a la Asamblea Legislativa, que elegirá a cinco magistrados propietarios y cinco suplentes.

El presidente de la Fedaes, José Alvarenga, informó que aproximadamente 3,700 abogados acudieron a votar, superando las expectativas iniciales, aunque el número representa solo un 9.7 % de los 38,000 abogados habilitados en el padrón.