La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Mariella Portal, junto con la directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS, Patricia Flamenco, oficializaron un acuerdo estratégico para implementar un proyecto destinado a prevenir la migración irregular y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en contexto migratorio.

Este proyecto, respaldado por la Cooperación Alemana, enfatiza el interés superior de la niñez y la igualdad de derechos.

El convenio tiene como objetivo equipar a niños, niñas y adolescentes de los departamentos de San Miguel y San Vicente con habilidades para la vida, ofreciéndoles herramientas para desarrollar proyectos personales y alternativas a la migración irregular.

Según la viceministra Portal, esta iniciativa refleja el compromiso del Gobierno de El Salvador, liderado por el Presidente Nayib Bukele, de ofrecer oportunidades significativas dentro del país, promoviendo la migración como una elección informada, no la única opción disponible.

El programa incluirá la formación de 1,150 participantes y sus familias en derechos humanos y conocimientos económicos, con el objetivo de fortalecer las comunidades locales y reducir la vulnerabilidad ante la migración forzada.

La directora nacional de Aldeas Infantiles SOS, Patricia Flamenco, destacó la importancia de esta colaboración para el bienestar de la niñez y las familias afectadas por la migración irregular, asegurando que este esfuerzo conjunto tendrá un impacto positivo y duradero.

El proyecto, denominado Transformando Vidas, tiene una duración prevista de tres años y contará con el apoyo continuo de la cooperación alemana. La firma del acuerdo fue celebrada con la presencia de representantes de Aldeas Infantiles SOS, funcionarios de la Cancillería y otros invitados especiales, marcando un compromiso firme hacia la protección y el desarrollo integral de los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad migratoria en El Salvador.

La primera edición del Concurso Regional de Movilidad Sostenible, promovido por la Iniciativa Mipymes Verdes II en Centroamérica, ha destacado la capacidad innovadora de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) salvadoreñas.

Este evento ha incentivado la adopción de soluciones hacia una movilidad más sostenible, enfrentando los desafíos del cambio climático en el país.

En El Salvador, tres mipymes fueron galardonadas con fondos no reembolsables para implementar proyectos que reducen la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Tricco, la empresa ganadora del primer lugar con US$7,000, ofrece una alternativa innovadora de electromovilidad mediante el alquiler y uso compartido de vehículos eléctricos.

Por su parte, Akiles Ride, segunda en el concurso con US$5,000, promueve la micro movilidad en la comunidad universitaria con bicicletas y scooters eléctricas compartidas. Javier Ayala, con su empresa URBE y US$3,000 en premios, se enfoca en talleres especializados y un sistema de alquiler de scooters y bicicletas eléctricas en San Salvador.

El evento de premiación, que contó con la participación de destacadas figuras del sector público y privado, marca un hito en la promoción de la movilidad sostenible en la región. La Iniciativa Mipymes Verdes II, que respalda estos esfuerzos, ha destinado más de US$40 millones en créditos y US$7 millones en garantías para proyectos que protegen el medioambiente y promueven la eficiencia energética y la producción limpia en más de 600 empresas, protegiendo así más de 10,000 empleos en Centroamérica.

Este concurso no solo impulsa la innovación tecnológica y empresarial, sino que también fortalece el compromiso regional hacia un futuro más sostenible y resiliente frente a los desafíos ambientales globales.

El Consejo Sectorial de Ministros de Transporte de Centroamérica (COMITRAN) celebró su LIII Reunión Ordinaria en la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), donde los titulares de Obras Públicas y Transporte de la región aprobaron diversas líneas de trabajo en el marco del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035.

El evento contó con la participación destacada del Sub Secretario de Transporte de Honduras, Bayardo Pagoada Figueroa, en calidad de Presidente Pro Tempore del COMITRAN, junto con ministros y viceministros de transportes y obras públicas de Guatemala, Panamá, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua.

En su discurso inaugural, el Presidente Pro Tempore destacó la importancia de impulsar la implementación del Plan Maestro 2035, subrayando los esfuerzos de la SIECA para buscar socios estratégicos que apoyen los proyectos regionales, en cumplimiento del mandato de los Jefes de Estado del SICA.

Entre los puntos principales discutidos se encontró la presentación del «Nuevo Ciclo de Cooperación de la Unión Europea, Proyecto ECOTRADE», destinado a fortalecer la integración económica regional y aprovechar el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE.

Además, se informó sobre cooperaciones adicionales de la JICA, el BID y el PNUMA para apoyar la implementación del Plan Maestro, reflejando un compromiso continuo con el desarrollo sostenible y la mejora de la infraestructura regional.

La reunión también incluyó la revisión de los resultados alcanzados en el primer semestre de 2024 y la presentación del Plan de Trabajo para el segundo semestre, consolidando así el compromiso del COMITRAN con la integración y el desarrollo regional.

Finalmente, se formalizó el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del COMITRAN de Honduras a Nicaragua, que dirigirá el consejo de julio a diciembre de este año, marcando una transición clave en la coordinación regional para el fortalecimiento del sector de transporte y movilidad en Centroamérica.

La Fiscalía General de la República ha acusado a Catalino Miranda, José Braulio Miranda, Adalberto Antonio Miranda y Josué Adalberto Segovia por los delitos de falsedad material y uso y tenencia de documentos falsos.

Según la investigación fiscal, los acusados, socios de una cooperativa de autobuses, obtuvieron un préstamo de 1,800,000 dólares utilizando dos inmuebles y 78 autobuses como garantía. Posteriormente, falsificaron documentos para simular la cancelación de la hipoteca, liberando los bienes sin haber saldado la deuda real.

La víctima del fraude declaró que la deuda no había sido liquidada, lo que generó perjuicio y malestar. Los hechos ocurrieron en el año 2021 y han sido investigados por las autoridades correspondientes.

En la audiencia inicial, el Juzgado 6° de Paz de San Salvador ordenó la instrucción formal y dictó detención provisional para los cuatro imputados: Catalino Miranda, José Braulio Miranda, Josué Adalberto Segovia y Adalberto Antonio Miranda.

En la segunda reunión de seguimiento con jueces de paz de occidente, se presentó el informe estadístico del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ) correspondiente al periodo de enero a mayo de 2024. Este informe detalla un total de 4,796 actividades realizadas a nivel nacional, reflejando la labor conjunta entre facilitadores judiciales y los juzgados correspondientes.

Durante este semestre, los facilitadores judiciales coordinaron con los juzgados domiciliarios para llevar a cabo diversas acciones, incluyendo 2,549 asesorías legales, 818 charlas informativas, 501 gestiones administrativas, 409 acompañamientos judiciales, 231 mediaciones de conflictos, 202 trámites judiciales dirigidos y 86 casos remitidos a instancias superiores. Estas actividades no solo facilitan el acceso a la justicia, sino que también promueven una cultura de paz y resolución alternativa de conflictos en las comunidades atendidas.

Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del SNFJ, elogió el impacto y la eficiencia del trabajo realizado, destacando el compromiso y la dedicación de los facilitadores judiciales en beneficio de las comunidades locales. Actualmente, el SNFJ está activo en 89 distritos del país y cuenta con el apoyo voluntario de 678 facilitadores judiciales.

Además del informe estadístico, el evento también incluyó el desarrollo de un proceso formativo sobre «Derechos Humanos de vivienda, tierra y propiedad en el contexto del desplazamiento forzado», organizado en colaboración con el Consejo Noruego para Refugiados. Este taller buscó fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios judiciales y fomentar un enfoque más integral en la resolución de conflictos legales.

La reunión contó con la participación de Sandra Lorena Recinos Calles, coordinadora del Programa de Información, Orientación y Asistencia Legal (ICLA), y Mónica Sales, oficial del mismo programa, quienes enfatizaron la importancia de integrar los derechos humanos en las decisiones judiciales para garantizar una justicia equitativa y accesible para todos los ciudadanos.